El Ministerio de Industria convoca las cuotas del biodiésel con alegría del sector y sin agraviar a Argentina

De esta forma, el departamento dirigido por José Manuel Soria responde a una de las principales exigencias del sector español, cuyas plantas se encontraban prácticamente paradas por la llegada de biodiésel de importación, pero lo hace sin agraviar a Argentina, que había llegado a denunciar el nuevo sistema de cuotas ante la OMC.

La nueva fórmula, que permite la participación de agentes argentinos y de cualquier procedencia, asigna cantidades de producción durante un año e incluye la apertura de un plazo de 30 días a partir del 10 de febrero para la presentación de solicitudes, según consta en el BOE.

La convocatoria aparece recogida en una resolución de Industria con la que se pone en marcha de forma definitiva un mecanismo largamente esperado por el sector y sometido a retrasos y modificaciones para impedir denuncias internacionales.

El 20 de abril del año pasado, apenas cuatro días después de que Crsitina Fernández de Kirchner anunciara la expropiación a Repsol de un 51% de YPF, el Gobierno aprobó una orden ministerial de asignación de cuotas de biodiésel que restringía las importaciones argentinas y que fue interpretada como una represalia contra la nacionalización.

Además, la orden regulaba la asignación de cantidades de producción de biodiésel para el cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes con el objetivo de fomentar su uso en el transporte, proteger el medioambiente, reducir las emisiones y contribuir a la seguridad del abastecimiento energético.

Este procedimiento quedó sin efecto en octubre, cuando Industria suspendió la asignación de cupos de biodiésel por temor a que su aplicación pudiera tener una repercusión negativa en los precios de los combustibles de automoción, que en esos momentos se encontraban en máximos.

Asimismo, y sin que se publicase la convocatoria de cuotas que habría puesto en marcha el proceso, el Gobierno corrigió la orden anterior e introdujo unos nuevos términos que permitían la participación de plantas no solo de España y de la Unión Europea, sino de cualquier ubicación geográfica, incluidas las de Argentina e Indonesia.

Tras el cambio en la orden ministerial, el Gobierno argentino publicó un comunicado en el que consideraba que España había respondido a «su exigencia» y, de esta forma, evitaba un arbitraje internacional y una «condena» ante la OMC ante las advertencias de la Comisión Europea de la necesidad de cumplir con las normas del mercado único.

Por su parte, el director de la sección de biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Manuel Bustos, urgió a Industria a que, tras reformular la orden ministerial, convocase forma «inmediata» el procedimiento de asignación de cuotas a la producción de biodiésel.

«El sector lleva ya tres años esperando a que esta regulación se ponga en marcha y su situación sigue siendo muy crítica», indicó el responsable de la asociación.

Las importaciones de biodiésel de Argentina e Indonesia no han estado exentas de acusaciones de «dumping» entre los productores españoles. En el caso del primero de estos países, estas importaciones equivalieron a 719.473 toneladas en 2011 y alcanzaron un valor de 750 millones de euros.

APPA Biocarburantes pide su rápida aplicación

APPA Biocarburantes valoró «positivamente» la decisión del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de convocar el procedimiento de asignación de cantidades de biodiésel y espera que el reparto se haga de forma «rápida y diligente», según indicó el director de APPA.

La asociación realiza esta valoración positiva «tras la inesperada cancelación el pasado mes de octubre de la convocatoria inicial cuando estaba a punto de ser resuelta», recuerda Bustos.

«Dada su crítica situación económica, tras varios años sufriendo la competencia de importaciones desleales, la industria española productora de biodiésel espera que el Ministerio realice esta asignación de manera rápida y diligente, sin agotar el plazo máximo de seis meses legalmente previsto», añadió Bustos.