El Gobierno suspende la subasta eléctrica e implantará un nuevo mecanismo «objetivo y transparente»

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría explicó que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, firmó una resolución en la que certifica «a todos los efectos» que «el precio de la subasta no puede ser aplicado para calcular el precio de la energía» en el primer trimestre del año, por lo que «no se va a producir la subida del 10,5 % que establecía el precio de la subasta», subrayó.

La vicepresidenta también señaló que las órdenes ministeriales de 2009 y 2010 de funcionamiento de la subasta «no resuelven cómo fijar el precio» de la tarifa en caso de invalidación de la subasta, por lo que el Gobierno, y especialmente el Ministerio de Industria, «trabajan para establecer un procedimiento que permita establecer un precio de la energía conforme a criterios objetivos y transparentes».

En este sentido, reconoció que el regulador recomendó que el Gobierno debe «trabajar en un nuevo sistema de fijación de los precios de la energía», por lo que anunció que a partir de enero se implantará este nuevo mecanismo.

Sáenz de Santamaría aseguró que Industria llevó un informe al Consejo de Ministros en el que reseña que la subasta Cesur celebrada este jueves cerró con un encarecimiento de la energía del 25,6%, lo que repercutiría en la tarifa de último recurso (TUR), a la que están acogidos 16,2 millones de consumidores, del 10,5%.

A esto habría que sumar la subida de los peajes de acceso (con los que se retribuyen las actividades reguladas, como el transporte, la distribución o las primas a las renovables) prevista por el Gobierno, que supondría algo menos de un 1% adicional, según el ministro de Industria, José Manuel Soria.

Esta subasta fue declarada no válida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al considerar que habían concurrido «circunstancias atípicas» en los precios, el volumen subastado y el número de rondas celebradas, según explicó la vicepresidenta. Así, tal y como está previsto reglamentariamente, estas conclusiones tenían que ser analizadas por Industria para decidir la aplicación o no de este resultado.

De hecho, las «enormes» variaciones en los días anteriores en el precio del pool, dijo, ya estaban siendo investigadas «de oficio» por la CNMC.

La vicepresidenta del Gobierno también explicó que la subida de la tarifa eléctrica de último recurso o TUR, que a partir de enero se denominará precio voluntario al pequeño consumidor, afectaría a un total de 16,2 millones de consumidores, de los que 14,6 millones son hogares y el resto, empresas.

El Gobierno invalida la subasta eléctrica para arreglar «su problema»

Por su parte, el secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, manifestó que «el Gobierno ha pedido invalidar la subasta eléctrica para arreglar su problema, que no es otro que el del enorme descrédito político que le ha supuesto, y no para arreglar el problema de los ciudadanos, que es el de un sistema eléctrico cada vez más caro para las familias y la industria, y ruinoso para el país».

Para Morán, el problema no es la subasta, «el problema es el mercado que ha hecho posible que se manipulase esta subasta y, a su vez, la Ley en la que aparece recogido ese mecanismo de mercado».

El responsable de la ejecutiva federal en materia de energía recordó que «este jueves por la mañana el PP defendía contra todos su Ley del Sector Eléctrico y todo lo que la misma contiene, incluido este sistema de mercado eléctrico, es la mejor y por lo tanto incuestionable».

«Horas después el Gobierno arroja graves sospechas contra el pilar sobre el que se sostiene esa Ley. Por lo tanto, no cabe otra medida que la retirada inmediata de la Ley y la redefinición de un mercado que se demuestra viciado», indicó.

En este sentido, Morán pidió que se ponga en marcha «con carácter inmediato» una auditoría regulatoria de todo el sector, tanto para despejar las dudas de la ciudadanía, como para evitar que paguen «justos por pecadores».

Además, insistió en la necesidad de un gran acuerdo en materia energética. «El PSOE ofrece para el diálogo en un pacto de amplio espectro político y social su documento de reforma integral del sistema eléctrico y de definición de un nuevo mecanismo de mercado. Para ello el Ejecutivo debe comenzar por designar un nuevo equipo responsable de la política energética», sentenció.

Según Hugo Morán, «el Gobierno no puede pretender salir del paso con una medida excepcional como es pedir que se declare no válida la subasta y pasar página sin más». A su juicio, una decisión «tan grave» sólo se adopta si se tiene «plena seguridad» de que se han producido comportamientos no competitivos y, además, «no puede sustentarse sobre la sospecha generalizada, porque se estaría poniendo en cuestión todo un sector». «Cuanto antes deben identificar a los responsables, y liberar de sospechas al resto», añadió.

«De nuevo la improvisación se hace patente como la única política energética que este Gobierno es capaz de aplicar», algo que «supone unos costes económicos y sociales insoportables». «No podemos aceptar de ningún modo que se socialicen las consecuencias de la incompetencia de todo un Gobierno», denunció el dirigente socialista.