El Gobierno renuncia al derecho de veto para permitir a Enel hacerse con el 24,9% de Endesa

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes a la eléctrica italiana Enel a ejercer plenamente sus derechos políticos en Endesa, pese a contar con participación pública, con la única condición de que informe al Gobierno sobre los aspectos de su estrategia corporativa que afecten a la seguridad del suministro energético en España.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que el Ejecutivo ha seguido la recomendación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que aconsejó con condiciones que se levantara la restricción que pesa sobre los derechos de la eléctrica italiana.

La reseña del Consejo explica que la autorización se refiere únicamente al ejercicio de los derechos políticos por las acciones de Endesa adquiridas y comprometidas por Enel, que representan el 24,9 por ciento del capital de la eléctrica española.

Si la italiana supera en el futuro el umbral del 24,9 por ciento, algo previsible dado que ha presentado una opa junto a Acciona por el cien por cien de Endesa, deberá comunicarlo y recibir una nueva autorización.

Enel tiene directamente el 9,9 por ciento de Endesa y se ha asegurado el control de un 14,98 por ciento adicional mediante derivados financieros contratados con los bancos UBS y Mediobanca.

María Teresa Fernández de la Vega afirmó que el Gobierno ha impuesto a Enel «la única obligación» de informar sobre los acuerdos, decisiones y actuaciones corporativos que adopte que afecten a «intereses esenciales de la seguridad pública» de España.

El Gobierno considera que esta notificación, que deberá efectuarse con carácter previo, es necesaria para «garantizar el suministro de la energía a los ciudadanos», explica la reseña.

En su informe no vinculante, el Consejo del regulador energético pedía que se implantara un «derecho de veto ex-post» para proteger los intereses públicos españoles cuando «de forma suficientemente motivada y a la vista de la información recabada, éstos se pongan en riesgo por decisiones de Enel».

Sin embargo, tras estudiar las recomendaciones de la CNE, el Gobierno ha tenido en cuenta «la necesidad de impulsar una política energética consecuente con las directrices de la UE» que instan a eliminar los obstáculos a la libre circulación de capitales, según indica la reseña.

La denomina acción de oro, que permitía vetar la adquisición de compañías de sectores estratégicos, fue declarada ilegal por el Tribunal de Luxemburgo y el Gobierno la suprimió.

Además, la Comisión Europea (CE) ha recurrido ante los tribunales la denominada Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento para el año 2000, conocida como ‘Ley Rato’, la cual limita al 3 por ciento los derechos políticos de compañías extranjeras con capital público que tomen participaciones relevantes en empresas energéticas españolas.

La Comisión Europea escruta las condiciones de la CNE impuestas sobre Enel para adquirir el 24,9% de Endesa

La Comisión Europea está evaluando «cuidadosamente» las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para permitir a Enel adquirir hasta el 24,9% de Endesa, «pero todavía no ha llegado a ninguna conclusión» sobre si esas exigencias son compatibles con la legislación de la UE.

Así lo indicó este viernes a EFE el portavoz de Competencia del ejecutivo de la UE, Jonathan Todd.

Según el acuerdo alcanzado el pasado jueves por el Consejo de Administración de la CNE, Enel podrá elevar su participación en Endesa hasta el citado límite, pero el regulador tendrá capacidad para revocar las decisiones que tome en la eléctrica española si afectan negativamente «al interés general y la seguridad pública españoles».

La eléctrica italiana tendrá que informar a la CNE sobre los acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas y las reuniones del Consejo de Administración de Endesa en los aspectos que influyan en el interés general.

Desde el departamento de Mercado Interior, el portavoz de la CE, Oliver Drewes, indicó que «estamos estudiando» el dictamen del regulador español, pero precisó que «aún no tenemos información suficiente» para comentarlo.

España ya se enfrenta a sendos procedimientos de infracción por la imposición de condiciones a la opa de E.ON sobre Endesa (en el ámbito de Competencia, por inmiscuirse en una fusión de dimensión comunitaria) y por la ampliación de competencias de la CNE que le permitió fijar esas medidas (en el ámbito de Mercado Interior).

Ambos procesos han llegado ya al Tribunal de Justicia de la UE, que tardará todavía bastantes meses en pronunciarse.