El Gobierno podría acabar de una vez por todas con el carbón

A la propuesta del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética le siguen apareciendo efectos colaterales imprevistos, o mejor dicho, no contemplados. En este caso, se trata de la Directiva de Emisiones Industriales, cuya entrada en vigor supone un importante requerimiento para las instalaciones de generación térmica. En concreto, la Directiva de Emisiones Industriales reduce los límites máximos de emisión de SOX y de NOX a la mitad, lo que implica, de facto, la necesidad de revisión y adecuación de las plantas térmicas españolas, tanto de las que queman carbón nacional, como de aquéllas que queman carbón importado o gas natural.

Por tanto, se trata de una norma obligatoria para todas estas instalaciones y, en el caso del carbón, su aplicación afecta a la totalidad de las centrales en operación, tanto de carbón nacional como de carbón importado. En total, son 10.500 MW de potencia los que, de una u otra forma, se pueden ver afectados por la aplicación de la Directiva. Estas centrales tuvieron ya un proceso de renovación tecnológica para la reducción de sus emisiones, y esta nueva vuelta de tuerca a estos requerimientos es especialmente costosa.

Fuentes sectoriales cuantifican en 2.500 millones de euros la inversión que tendrían que efectuar las empresas para adecuar el funcionamiento de estas plantas a estos nuevos requerimientos europeos. El problema es que, de no realizarse estas inversiones, a partir de 2016 y una vez alcanzadas las 17.500 horas de funcionamiento de las centrales, entrarían en un período transitorio que abocaría al cierre de las mismas.

Por otra parte, tampoco se sabe el efecto que podría tener la aplicación de esta normativa para las centrales que funcionan con gas (ciclos combinados o CCGT), cuyas necesidades de adecuación a la nueva normativa están pendientes de cuantificación.

El problema, según las fuentes consultadas, es que nos podemos encontrar con unos efectos semejantes a los que han determinado la posición del Gobierno favorable al cierre de la Central de Garoña al ser inviable económicamente. Los números no salen tras el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética. Las inversiones a realizar en las centrales térmicas hacen inviable la operación en la presencia de estos impuestos y su efecto sobre los ingresos de las empresas.

Por otra parte, la inseguridad jurídica y regulatoria creada por la Administración energética, acrecentada tras el anuncio de una reforma complementaria a la propuesta fiscal y que está siendo elaborada a espaldas del sector, opera en contra de que las empresas puedan realizar las inversiones necesarias para que las plantas sigan en funcionamiento. El cierre de las mismas llevaría a problemas muy graves y generalizados, primero, en las zonas geográficas en las que operan y segundo, en el sector carbonífero español. Pero, además, se generaría un problema de seguridad de suministro de enormes proporciones e imprevisibles consecuencias, dado el volumen al que afecta esta medida, unos 10.500 MW.

Por una parte, el Gobierno, «confiado» de la existencia de excesos de capacidad, ha tenido un comportamiento especialmente displicente con el sector energético. Fuentes del Ejecutivo confesaban no hace mucho que este es un problema de medio plazo y que ya se resolvería en su momento. El problema es que las empresas tienen que decidir la realización de sus inversiones con mucha anticipación. Algunas debido al momento de entrada en funcionamiento de los centrales, tendrían que decidirse incluso en este año, con lo que el margen de maniobra se estrecha para las compañías.

Y es que la reforma, que por la creación de impuestos a las tecnologías menos contaminantes, ni es verde, ni es medioambiental, ni es nada, salvo contar con voracidad recaudatoria, podría acabar con la generación térmica y con el carbón nacional, sin pretenderlo. De forma inconsciente. Y, por otra parte, ya empieza la inquietud en los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas de las zonas afectadas. La estrategia de apaciguamiento a corto plazo del sector carbonífero español seguida por Industria puede saltar por los aires.