Según la propuesta de orden ministerial elaborada por el Ministerio de Industria, la retribución media anual máxima que podrán obtener dichos consumidores por «interrumpibilidad» es de 35 megavatios hora (MWh) frente a los 20 MWh actuales.

La nueva normativa, que modifica la orden ITC/2370/2007, asigna una mayor retribución a los usuarios que aporta un mayor volumen de energía al sistema y que actualmente, por las características de funcionamiento de sus instalaciones, «no perciben una retribución adecuada a la potencia que ponen a disposición del sistema contribuyendo a una mayor seguridad».

Añade que la nueva regulación será de aplicación para los consumidores de energía eléctrica conectados en alta tensión que contraten su energía en el mercado de producción directamente, a través de comercializador o mediante contratos bilaterales.

Industria justifica la modificación en la necesidad de perfeccionar y ajustar la valoración de la prestación de dicho servicio al actual contexto de baja demanda, «primando a aquellos consumidores que aportan un valor de potencia más alto en todos los periodos horarios de una manera continuada y previsible».

Esta mejora, añade la memoria de la orden ministerial, se realiza teniendo en cuenta que la «interrumpibilidad» se configura como una herramienta que flexibiliza la operación del sistema y que permite dar respuestas rápidas y eficientes ante eventuales situaciones de emergencia, minimizando el impacto en la seguridad del sistema.

Dada la variedad de características de los consumidores interrumpibles, a la hora de realizar la modificación se han tenido en cuenta tanto el coste para el sistema como la situación actual de los consumidores que prestan este servicio, según la misma fuente.

Según datos aportados el pasado mes de julio por el ministro de Industria, José Manuel Soria, la industria recibió en concepto de interrumpibilidad unos 500 millones de euros en 2011, frente a los 400 que percibió en 2010 y los 385 millones que cobró en 2009.

Recientemente, Soria informó a la gran industria que trabajaba en asegurarle un coste energético competitivo, en respuesta a las quejas expresadas por el sector ante el fuerte incremento experimentado por el precio de la electricidad, uno de sus mayores costes.

En paralelo, las organizaciones industriales iniciaron contactos con los grupos parlamentarios para hacerles llegar sus propuestas de enmienda a la reforma energética, con el objetivo de suavizar una norma que, según el sector, minará su competitividad.

El Proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética aprobado por el Gobierno en septiembre se encuentra actualmente en trámite parlamentario y con el plazo de presentación de enmiendas abierto hasta el próximo 18 de octubre.