El Gobierno de la inseguridad jurídica

Las declaraciones del ministro de Industria el pasado jueves en el Fórum Nueva Economía han constituido un reguero de pólvora que ha incendiado el sector eléctrico, como no podía ser de otra manera. Declaraciones que se producen en el contexto de una comida y que seguramente tienen también como objetivo caldear el ambiente y lanzar un globo sonda sobre posibles soluciones al problema del déficit tarifario. Un día habrá que reflexionar sobre cómo los sectores económicos se enteran de propuestas de esta envergadura y calado en comidas y ágapes.

En el sector eléctrico, venía ya corriéndose la voz de forma insistente de un nuevo decreto ley antes de Semana Santa. Y Soria levantó la amenaza intervencionista y expropiatoria para solventar la deuda eléctrica, el déficit tarifario, por las bravas, sugiriendo un atajo muy peligroso, a la griega, que es ‘la quita’, palabra cada vez más frecuentemente utilizada. Eso o la suspensión de las titulizaciones del déficit. El problema es que esa forma de resolver el déficit tarifario tiene efectos muy graves y consecuencias para nuestra economía y nuestra prima de riesgo.

El Gobierno, por tanto, parece que quiere aprovechar esta primera ‘ola’ de acción de gobierno, utilizando la mayoría electoral y el apoyo masivo que registra en las encuestas, para mantener una cruzada particular con el objetivo de acabar con una decisión de fuerte contenido político contra el sector eléctrico, siendo, en realidad, una medida de corte económico y de consecuencias incalculables para la economía española.

Se trata de partir del esquematismo político que subyace en que las empresas existen para estar en manos de los políticos, como brazos instrumentales de la acción política y de que una cruzada con un sector empresarial siempre produce réditos demagógicos. Lo que pasa es que este partido no se dilucida ahí. Se dilucida en el largo plazo, en la confianza empresarial, en la economía, en el plano institucional, en las autoridades y en los mercados en nuestro país.

Así, Soria, en su intervención, señaló que ansiaba resolver el problema del déficit tarifario para lo que reclamó que hubiera consenso y apeló a una posible acción coactiva del ejecutivo (el Gobierno no dudará en legislar y tomar decisiones) a la hora de compartir el montante de esta deuda política, que es el déficit tarifario. El problema básico es que hay una parte del problema que no es de “consenso”. Se trata de aceptar una realidad inicial consistente en que el déficit tarifario es una deuda que se forma porque la tarifa que se fija por el poder político es insuficiente para cubrir el coste total del suministro eléctrico (y ahora gasista). Dicha premisa es básica para entender la naturaleza del problema que, fundamentalmente, es de corte político e intervencionista, en la medida en que los precios de la electricidad son el último reducto de los precios intervenidos, en un modelo de sensibilidad política ante el precio de la luz tan franquista como la legislación laboral precedente que ahora se reforma.

El ministro de Industria declamó un modelo de falso consenso para glosar un “cómo acabar de una vez por todas con el déficit tarifario”, pero utilizando el recurso de la imprecisión para señalar que éste debe ser compartido entre empresas, consumidores y los Presupuestos Generales del Estado, sin dejar muy claro el qué y el cómo, pudiendo ser por un mecanismo directo o indirecto. ¿Se podrá aplicar esta solución a las hipotecas de los ciudadanos que no puedan pagar? Al día siguiente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en la rueda de prensa en que este problema se abordará por la ‘vía del diálogo con consumidores y empresas”. De hecho, y abundando en soluciones compartidas o buenistas en su presentación pública, hoy en los medios de comunicación ya se incorpora a otras empresas como Acciona o Abengoa para que también participen en el ejercicio de enjugar el déficit tarifario actual (lo que, evidentemente, consistiría en modificar los parámetros retributivos de determinadas tecnologías).

Luego, podemos entrar en los componentes de esa deuda tarifaria y cómo han ido escalando los costes regulados integrados en la tarifa, las primas a las renovables, las inversiones en transporte u otros conceptos que, de forma impropia, se asumen dentro de la tarifa eléctrica (hasta casi 8.000 millones de euros). Decisión por decisión. O el supuesto de partida de que la energía debía tener un comportamiento semejante al IPC medio, cuando la demanda eléctrica se incrementaba fuertemente por la expansión económica. El hecho es que este Ministerio de Industria, Energía y Turismo se estrenó con un primer ejercicio de trilerismo con la primera decisión relativa a la tarifa de este trimestre, engordando aún más el déficit tarifario. Y, ¿cuál es la causa?: nuevamente los comportamientos políticos de evitación de la realidad, en un país que no dispone de fuentes propias de energía, y de las que dispone son muy caras o han sido altamente retribuidas.

Hay que partir, por tanto, de la naturaleza política de la decisión, dado que mientras que no se le desposea de ese manto, difícil solución tiene el déficit tarifario, con un modelo de política indolora o de compensación de los dolores. La solución es dura y no simplista. ¿Se imaginan a un gobierno promulgando la reforma laboral y, a la vez, subiendo la tarifa eléctrica en la medida que realmente debería elevarse el precio de este suministro? Partiendo del hecho de hacer la necesidad, virtud y de la debilidad, fortaleza, Soria interpretó este papel al dictado de la Oficina Económica del Presidente, con Álvaro Nadal a la cabeza, partidario de soluciones expropiatorias más o menos edulcoradas con la idea del reparto del déficit. Estas declaraciones vienen a refrendar la posibilidad de que la moratoria renovable no fue idea de Industria, lo que viene a confirmar que los primeros pasos de esta administración en lo energético provienen realmente de Moncloa.

Fuentes solventes confirman que el Gobierno está rebuscando alternativas jurídicas para intentar dar cobertura a la chapuza, pero no le está costando mucho encontrarlas. Incluso se ha estado barajando la posibilidad de revisar los famosos CTC, tan reclamada por los colectivos retroprogresivos. Y, por ello, resulta paradójico que se hayan tenido unos cuidados exquisitos con la moratoria renovable, de cara a no afectar, ni en primera instancia a los proyectos inscritos en los registros de preasignación o a la retribución actual de las tecnologías renovables, como fue la fijación del límite de horas primadas decretada para la solar fotovoltaica por Miguel Sebastián, mientras por otra parte se insinúa la palabra quita o la suspensión de las titulizaciones. Un gobierno con un peso tan importante del cuerpo de Abogados del Estado no puede perpetrar una ilegalidad que vaya incluso contra las Directivas Europeas, bajo la forma que se considere: un impuesto, una limitación retributiva o una intervención de mercado.

Promover una quita como solución al déficit tarifario o la suspensión de sus titulizaciones, además de una ilegalidad, de ir contra la naturaleza y origen de esta deuda, de generar inseguridad jurídica e inestabilidad regulatoria, es ejemplo de un fracaso económico y político, una señal muy peligrosa para nuestra economía, para nuestras instituciones y para la financiación de nuestras empresas. Es someter el funcionamiento de la economía a la arbitrariedad política. Es un final espantoso y un espanto sin fin.