Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta destacó que la reforma del sector eléctrico es una de las más importantes del programa nacional y que garantizará la fortaleza y la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico «sin que sean los consumidores los que tengan que cargar en exclusividad los costes que genera este desequilibrio», puesto que, según Sáenz de Santamaría, se trata de un reparto «muy equitativo».

En esta línea, insistió en que se trata de una reforma que nace con vocación «de ser definitiva» y que no se queda en una regulación puntual y de aspectos particulares de ordenación del sector eléctrico. «Este Gobierno ha tenido el coraje de hacer una reforma que nadie antes se había planteado», dijo la vicepresidenta antes de felicitarse por «la pedazo de reforma que hemos aprobado hoy».

El Gobierno busca equilibrar el sistema eléctrico, evitar nuevos desequilibrios y garantizar el suministro al consumidor al menor coste posible y de la forma más transparente.

Sáenz de Santamaría indicó que, con la reforma, se pondrá «fin» a los «problemas» y «desequilibrios» del sector eléctrico, en forma de déficit tarifario, fruto de la diferencia entre los costes regulados e ingresos de la tarifa eléctrica y que, desde 2005, aumentó hasta alcanzar los 26.000 millones de euros y que suma 4.500 millones de euros cada año.

«Este es el agujero que nos hemos encontrado en el sector, un agujero que no se ha conseguido paliar pese a que entre 2005 y 2011 la subida de la luz fue del 63%», indicó la vicepresidenta.

Por último, Sáenz de Santamaría subrayó que se busca corregir «un desequilibrio clave en nuestra economía» y solucionar de manera definitiva «un agujero enorme que pesaba sobre todos».

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, destacó que la reforma energética aprobada «no se casa con nadie» y precisó que se optó por distribuir todos los costes entre los consumidores, los Presupuestos Generales del Estado y las empresas del sector. «Pero fundamentalmente es una reforma pensada para evitar que el consumidor sea el gran pagano de las distorsiones del sistema«, añadió.

Soria defendió que si no se tomaran estas medidas «el problema sería creciente» ya que el déficit de tarifa «iría en aumento». «Hemos hecho lo que teníamos que hacer» y, aunque reconoció que las medidas incluidas en la reforma son «totalmente imprescindibles», admitió que «no son fáciles para nadie».

Por ello, y para evitar que este desfase vuelva a parecer en el futuro, se incluirá un mecanismo de estabilidad financiera al sistema que ajustará de forma automática los ingresos y los costes, si apareciesen desajustes y se superase un umbral determinado, con el fin de que el sistema eléctrico esté en permanente equilibrio, según explicó el ministro de Industria. Además, se limita la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico sin que venga acompañada de un aumento equivalente de los ingresos y aquellos sobrecostes generados por las normativas autonómicas o locales deberán ser asumidos por éstas.

Junto al anteproyecto de ley, el Gobierno aprobó un real decreto de medidas urgentes que permitirá recortar en 4.500 millones de euros anuales el desequilibrio estructural del sistema eléctrico y que el ministro de Industria desglosó del siguiente modo: 2.700 millones vendrán de la reducción de costes de las actividades reguladas del sistema eléctrico (transporte, distribución y primas al régimen especial, entre ellas las renovables y la cogeneración) y que asumirán a medias los operadores del sistema ordinario y especial; 900 millones de euros serán asumidos por los Presupuestos Generales del Estado, (una cifra que deja entrever que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no cedió a la propuesta de Soria de financiar los sistemas extrapeninsulares con hasta 1.800 millones de euros); y otros 900 millones de euros más que irán a cuenta de los peajes, es decir, la parte regulada de la tarifa eléctrica y que será asumida por los consumidores a través de la Tarifa de Último Recurso (TUR), que a partir de ahora pasará a denominarse bajo el nombre de «Precio Voluntario al Pequeño Consumidor«.

Estos 4.500 millones de euros, se unen a los 6.000 millones de euros recaudados hasta la fecha con las medidas adoptadas durante 2012 y 2013, lo que suman la cifra global de 10.500 millones de euros, «el déficit tarifario estructural heredado del PSOE», según reconoció Soria.

Respecto a las medidas que afectan a la TUR, el ministro de Industria anunció que los peajes eléctricos subirán un 6,5% como parte de la reforma energética, lo que implicará un encarecimiento del 3,2% en el recibo final de la electricidad. Desde el año 2012 y hasta ahora el consumidor asumió una subida de la luz del 8%, frente al 63% que tuvo que afrontar durante la etapa de gobierno socialista. «El recibo de la luz será ahora similar al que tenían los consumidores el año pasado por estas fechas», aseveró Soria.

Soria advirtió de que de no adoptar estas medidas se produciría la quiebra del sistema o una subida de precios en la factura del 42%, «que es lo que no queremos». Por eso, «hemos intentado perseguir el interés general, que a veces puede coincidir o no con el de las empresas», apuntó.

En el capítulo de reducción de costes regulados, lo que cobran las empresas por estas actividades, Soria señaló que establecerá un nuevo régimen retributivo para las instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos, que recibirán un complemento por sus costes de inversión basado en estándares por tecnologías garantizando una rentabilidad razonable basada en las Obligaciones del Tesoro a diez años más trescientos puntos básicos, lo que equivale a una rentabilidad del 7,5%. Junto a esto, Soria destacó «la apuesta inequívoca y clara por del Gobierno por las renovables» antes de anunciar que habrá un sistema especial de retribución para las renovables en Canarias y Baleares, dónde la energía eólica y fotovoltaica es más barata que la generación convencional.

Sobre la moratoria a las renovables dijo que seguirá vigente, pero ahora se permitirán algunas excepciones mediante el criterio de la rentabilidad razonable.

Además, afirmó que habrá un nuevo régimen retributivo para las redes de transporte y distribución, «una actividad de bajo riesgo» y, en concreto, especificó que la rentabilidad para ambas actividades será del 6,5%, con bono a diez años más 200 puntos básicos. También se establecerá un volumen máximo de inversión asumido por el sistema eléctrico como coste anual.

Junto a estas menores rentabilidades, se reducirán los pagos por capacidad de las centrales de ciclo combinado, que es la cantidad que reciben algunas plantas por estar disponibles, y que pasarán de 26.000 euros por megavatio (MW) a 10.000 euros por MW, aunque lo cobrarán más años, de diez a veinte.

El Gobierno, además, permitirá «hibernar» o parar temporalmente, unos 6.000 megavatios (MW) de ciclos combinados, plantas que usan gas para generar electricidad, lo que supone una cuarta parte del total de estas instalaciones que llevan meses funcionando en mínimos, según anunció Soria, que añadió que estas paradas se harán «bajo estrictos criterios de garantía de suministro» y permitirán ahorrar parte de los costes fijos de estas centrales.

Las eléctricas pedían una solución ante la infrautilización de 25.175 megavatios (MW) instalados en este tipo de plantas, alrededor del 25% del total de la potencia total del sistema. Entre 2002 y 2010, Iberdrola, Endesa y Gas Natural pusieron en marcha en España el grueso de esta potencia siguiendo las indicaciones de las planificaciones energéticas elaboradas por el Gobierno, con unas previsiones de horas de funcionamiento y de ingresos fijos regulados para recuperar las inversiones realizadas.

La crisis, con la caída de la demanda, unida al creciente peso de las renovables y las obligaciones de quema de carbón nacional desplazaron a estas centrales de gas del mix de producción: desde 2008 la generación en ciclos se redujo un 55% y en el primer trimestre de este año, apenas funcionaron al 10% de su capacidad, lo que genera perdidas a las empresas.

Otras de las medidas expuestas por el ministro de Industria pasan por mantener el bono social para los sectores más vulnerables; dar cabida a nuevos comercializadores, con el objetivo de «mejorar la competencia y la capacidad de elección de los consumidores»; se simplificará y clarificará la factura de la luz; se agilizarán los trámites para cambiarse de compañía suministradora; y se refuerzan los mecanismos de atención al cliente.

La reforma también introduce medidas para disminuir el coste de producción eléctrica y mejorar la eficiencia de las centrales de fuel de los sistemas extrapeninsulares e insulares.

Por otra parte, la reforma reforzará la lucha contra el fraude, se modificará la estructura de peajes reduciendo el coste sobre el consumidor medio y penalizando las segundas viviendas y las viviendas vacías.

Soria admite tensiones con las eléctricas, pero no con Hacienda

Asimismo, Soria admitió tensiones durante el diseño de la reforma energética aprobada por el Consejo de Ministros, pero «no con ningún miembro del Gobierno, sino con el sector, porque este tipo de medidas, y lo entiendo perfectamente, tienen un impacto en las empresas y entiendo que no les guste».

«Hemos intentado perseguir el interés general», aunque «a veces no coincida con los intereses particulares y legítimos de las empresas», dijo al respecto.

No obstante, el titular de Industria subrayó que en la reforma hay una cuestión «buena para las empresas», que espera que «valoren y agradezcan en el medio plazo», que pasa por el «escenario de certidumbre y el mecanismo de estabilidad» que introduce.

Pese a ello, Soria reconoció que «si a las empresas no les gustan las medidas, están en absoluta libertad de interponer pleitos o ir al arbitraje», si bien recordó que son medidas «que salen de la doctrina del Tribunal Supremo, que establece que el conjunto de actividades reguladas debe regirse según al criterio de rentabilidad razonable».

La reforma no tendrá impacto significativo en el IPC

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, afirmó que la reforma eléctrica no tendrá un «impacto significativo sobre el IPC».

Preguntado sobre si la tarifa eléctrica se verá afectada por la reforma, Jiménez Latorre se limitó a decir que no tendrá un impacto importante sobre la tarifa.

En la rueda de prensa para analizar el dato de la inflación anual que subió tres décimas hasta situarse en el 2,1 % en junio, Jiménez Latorre achacó esta subida «moderada, transitoria y que entra dentro de las previsiones del Ministerio» a los elementos «más volátiles del índice, la energía y los alimentos no elaborados. Asimismo, insistió en que la inflación se moderará en los próximos meses y que terminará el año en niveles cercanos al 1%.

Las eléctricas hacen caer al Ibex un 2,32% y pierde los 8.000 puntos

El Ibex 35 cerró este viernes con una caída del 2,32%, lo que llevó al selectivo a perder la cota psicológica de los 8.000 enteros que había conquistado en los últimos días para instalarse en los 7.844,7 puntos básicos, lastrado por las compañías energéticas. La prima de riesgo se situó en 323,8 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a diez años en el 4,759%.

La reforma energética aprobada por el Consejo de Ministros hizo que las eléctricas se hayan sumido en la zona de pérdidas y hayan registrado caídas por encima del 8%. Esto tiñó de rojo al parqué madrileño, que acumuló una caída semanal del 0,3%.

Acciona se convirtió en el «farolillo rojo», con pérdidas del 8,52%, seguida de Gas Natural Fenosa (-8,05%), Red Eléctrica (-7,54%), Enagás (-6,05%), Endesa (-4,56%) e Iberdrola (-3,35%).

Por su parte, Abengoa fue uno de los tres valores que consiguió aguantar el tipo, con un repunte del 5,53%, seguido de Grifols (+0,49%) e IAG (+0,42%).