El fuero y el huevo

Si no fuera porque se trata de un diálogo delirante de una comedia de los Hermanos Marx, se diría que este es el modelo que está empleando el Gobierno para presentar una supuesta «suavización» de la propuesta fiscal para absorber el déficit tarifario, tal y como lo conocíamos en días pasados por los medios de comunicación. Eso sí, sin negociación, por la vía entre despótica (graciabilidad del Ejecutivo, vía decisión unilateral) o por la vía de la asunción consciente de la barbaridad inquietante propuesta (v.g. ver las orejas al lobo), intentada por el procedimiento de la rebaja, sofocando la oposición al proyecto presentado.

El hecho es que el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética se encuentra en un proceso con muy difícil salida para el Gobierno que, por otra parte, se ha visto obligado a ampliar hasta cuatro veces el período de presentación de enmiendas a su tramitación en el Congreso. De hecho, la oposición es frontal y generalizada. Y, porque el Partido Popular tiene disciplina de partido y aplica su rodillo, si no, ya veríamos.

Acudir a la explicación del «descontento generalizado» con el anteproyecto de Ley no deja de ser caer en el absurdo mecanismo de presentación de los problemas y de las supuestas soluciones de la política politizada de la distribución de damnificados como coartada política para hacer una chapuza.

Esencialmente, ese ha sido el modelo seguido para la elaboración del Anteproyecto: el cálculo de beneficiados y perjudicados, más que la solvencia, estabilidad y coherencia de la propuesta, la negociación multilateral o la gestión del problema del déficit tarifario como Gobierno, como política económica o de Estado. Evidentemente, tampoco es procedente acudir a la pantalla argumental de lo medioambiental (las tecnologías más castigadas son las menos emisoras) o de la sostenibilidad energética, si se considera un concepto integral de economía, competitividad y medioambiente.

Por tanto, en realidad, no se trata de un problema de reacciones como trata de hacer ver el Ejecutivo, de posiciones encontradas o de intereses de unos contra otros. Porque, lo cierto es que se ha producido una «sublevación general» desde las empresas de las distintas tecnologías de generación eléctrica, al sector empresarial, el sector energético, los sectores industriales, los consumidores, la Comisión Europea, incluso del Gobierno portugués, etc…. Hay consenso en que es un desastre. Es un problema más profundo y con mucho más alcance dado que trastorna, violenta y fuerza al sector energético español. Es la diferencia entre el fuero y el huevo.

De hecho, incluso desde el Gobierno se jactaban de que el mejor test para probar que la reforma era «supuestamente buena» era haber conseguido cabrear a todos, esto es, que casi todos los sectores (menos los termosolares y los retroprogresivos, dado que sus postulados y propuestas se ven, en parte, recogidos), se quejasen. Pero se las ha ido la mano. En realidad, proferir este Anteproyecto de Ley es un problema de falta de diálogo, de carencia de capacidad gestora, de ausencia de voluntad y equipo negociador, de un erróneo diagnóstico, de falta de asunción de la naturaleza de una deuda que tiene un origen político (el continuo incremento de las elevaciones de los costes regulados sin asunción de las consecuencias en términos de precios por intervención pública de los mismos), de pretensión de mantener el sistema de captura de rentas de las clases extractivas y de desenlace de las tensiones internas del gobierno precipitando un exabrupto regulatorio.

Existe una convicción muy arraigada en el sector energético, en los expertos y en los analistas sectoriales y financieros, de que el proyecto es muy malo, tremendamente malo. Y, además, es perjudicial, tiene errores graves, medulares y esenciales de diseño, cuyas consecuencias son efectos imprevistos. Haber diseñado una estructura impositiva centrada en la generación y disparatada para abordar el problema del déficit tarifario, sin prever qué diseño quedaría de las tarifas de acceso y qué contrapartidas saldrían a los Presupuestos Generales del Estado, es una simplificación intelectual intolerable, que evidencia las carencias de quienes lo promueven. Es una cuestión de imprevisión, de improvisación, de ausencia de percepción de consecuencias empresariales, sectoriales, de mercado, de financiación, de inversión y de efectos sobre la garantía de suministro. En definitiva, un ejemplo de carencia de análisis, de modelo y de ausencia de política energética y económica.

Así, se lanza un globo sonda para valorar la condescendencia displicente de una supuesta suavización del anteproyecto, por la vía de rebajar los tipos impositivos y el ensanchamiento de los conceptos incluidos en la base imponible, en el impuesto a la generación y el céntimo verde. No olvidemos tampoco la promesa de Soria de elevar los pagos por interrumpibilidad de forma discrecional para determinados subsectores industriales (tres), provocando agravios entre sectores y evitando la negociación y resolución directa con el sector energético.

En todo caso, estamos en los minutos de la basura. Todas estas medidas no son sino el regateo y la comedia de Groucho Marx. Respuestas reactivas a la zozobra. De hecho, las propuestas no disminuyen los problemas de traslación fiscal, de distorsión en los mercados, de falta de neutralidad, los problemas de deterioro de la competencia en el mercado de generación y la competitividad del país.

Así, todas las medidas subsiguientes a la propuesta (parches adicionales, solapados y combinados sobre la chapuza): la rebaja de tipos, la ampliación de la base con pagos por capacidad o las promesas de ayudas de estado a determinadas empresas para la elevación de la retribución por interrumpibilidad, incrementando por otra parte las partidas de las tarifas de acceso, no sólo no suavizarán el calamitoso proyecto, sino que lo empeorarán aún más para todos.

Veremos.