El fin de un modelo, ¿y por qué no?

Ayer conocíamos las cifras de la evolución del déficit tarifario eléctrico y de la evolución anual del mismo. Nuevamente, la CNE, con la liquidación al mes de mayo arrojaba un déficit tarifario desbocado de 2.553 millones de euros, creciendo un 28% en un mes, y superando los 1.500 millones de euros previstos para el ejercicio.

Dentro de lo que son los distintos capítulos que integra el coste del suministro, el mayor impacto es el de la evolución de los costes regulados. Y, dentro de ellos, la evolución de las primas a las renovables que alcanzaron hasta mayo los 3.873 millones de euros (incluyendo la cogeneración), con un crecimiento del 25% en términos interanuales y un 29,1% más que en abril. Sólo en el mes de mayo la factura fue de 879,4 millones de euros, de los que casi el 40% (347 millones de euros) correspondió a la fotovoltaica, que cubrió apenas el 4% de la demanda eléctrica en mayo.

Estas noticias, nos llegan en el momento en que está abierto el modelo u hoja de ruta para la resolución del problema del déficit tarifario eléctrico que parte de la fijación de tributos, tasas e ingresos fiscales, a cambio de detraer determinados costes del suministro (aún por ver cuáles son), y más en concreto, de determinados costes regulados. La fórmula fiscal, además, fija tributos a la generación de régimen general en mercado y, en concreto, un tributo específico a las tecnologías nuclear e hidráulica que destroza el mercado y afecta a estas instalaciones sobre manera, acabando con la rentabilidad del régimen general.

Además, de los sectores renovables el más penalizado por las tasas es el eólico, cuyo grado de maduración y participación en el mercado es mucho mayor y el volumen de primas que percibe mucho menor. Junto a esto, además, está la fuerte controversia levantada al respecto entre los distintos subsectores que participan en el coste del suministro. Son noticia, deberían hacer reflexionar nuevamente sobre los componentes del coste del suministro y la evolución de los mismos.

Y, en medio de ello, la batalla de los sectores fotovoltaico y termosolar, señala que la fijación de estos impuestos que rebajan la rentabilidad de las instalaciones, tal y como está concebida inicialmente, significaría el fin de un «modelo», tal y como se recoge en la crónica del diario El País de hoy.

Resumamos lo que ha sido este «modelo» desde el punto de vista económico para los no iniciados. De forma macro, el «modelo» se basaba en la inclusión de estos subsidios procedentes de la tarifa dentro del coste del suministro como parte exponencialmente creciente de los costes regulados, cuya decisión provenía de dos elementos, precio (primas) y cantidad (potencia instalada y, su consecuencia ,en términos de producción generada). En lo que se refiere a la cantidad, había mecanismos de cebado de las decisiones, se instrumentaba por tres vías: el aprovechamiento de la conciencia ecologista del buenismo poco matizado, el interés de las Comunidades Autónomas en los ingresos derivados del proceso concesional y, además, la provisión de crédito para convertir esta actividad en un negocio financiero con rentabilidades garantizadas de dos dígitos, cuya distribución de la generosa plusvalía era muy apetecible por todos los participantes.

Todo ello, financiado contra la tarifa eléctrica y conforme se articulaba su crecimiento, se promovía una asimétrica situación. Así, en la factura eléctrica se incorporaban costes ajenos al suministro de electricidad, que sufragaba el consumidor (si a esto le añadíamos la no traslación a precios de dichos costes, el problema está servido en forma de déficit tarifario y de una confrontación inaudita entre tecnologías de generación).

Además, el «modelo» estaba revestido de virtudes beatíficas: se trata de energías verdes, limpias, inacabables, no contaminantes y además, es un modelo de capitalismo popular distribuido, drenando el ahorro de familias y particulares a este desarrollo, de forma que se promovía de forma semejante a lo inmobiliario. Por tanto, se podía alimentar la tentación española que sospecha de todo lo «empresarial», proyectando la idea de que es nefando y que la lógica del beneficio y del mercado (muy por debajo de esos dos dígitos) es perjudicial, si además se podía añadir componentes demagógicos contra las tecnologías más eficientes y contra el mercado.

Mientras, quienes obtenían estas rentabilidades de dos dígitos se presentaban como unos benefactores, altruistas cruzados en la defensa del medioambiente, de forma que podían estar a favor ¡hasta de congelar las tarifas y, por tanto, de culpar al resto del sistema eléctrico del encarecimiento de la luz!. Por su parte, el esfuerzo masivo y general, para contar con un sistema eléctrico eficiente y no contaminante, y con rentabilidades mucho menores, eran penalizados por los partidarios de la distribución discrecional de las subvenciones. Paradójico.

Y, en esas tesituras nos encontramos con retroprogresivos que acatan sin chistar, incluso defienden, las rentabilidades de dos dígitos, con tal de esquilmar la parte más empresarial y competitiva del sistema eléctrico para rebanar los supuestos márgenes que se producen en el mercado para seguir cebando ese «modelo». De ahí, la gran paradoja de que, a su juicio sea preciso dañar tecnologías como la hidráulica, la nuclear o la eólica, a favor de que los efectos se suavicen para los inversionistas de rentabilidades de dos dígitos en otras tecnologías.

Y, en todo ello, hay una diferencia clave entre un negocio financiero y una empresa, entendida como conjunto de medios humanos, materiales, tecnológicos y financieros orientados a que de forma organizada provean de bienes, servicios y suministros a una comunidad frente a los negocios puramente financieros y de explotación de la plusvalía generada por actividades sin riesgo empresarial, basadas simplemente en ponerse a esperar sus rentas fijas reguladas. Sorpresivamente, tenemos a media clase económica más centrada en los negocios que en lo empresarial, de forma que la atribución de la plusvalía es más importante que la actividad, lo cual, debería preocuparnos.

En esta lógica, es en la que hay que inscribir la propuesta tributaria y la reforma planteada por Industria, como respuesta a estas presiones, a la falta de conciencia empresarial de nuestra clase política dirigente y a la ausencia de una formulación en serio de un sistema eléctrico eficiente, económica y medioambientalmente sostenible, con un exceso de capacidad sin precedentes. En realidad, la propuesta conocida es una fórmula de conciliar un supuesto modo de intentar resolver el problema, a partir de atender las presiones que recibe (con la salvaguarda de la aversión a lo empresarial y a varias tecnologías) y, por tanto, de venderlo con esta pátina a la opinión pública de forma burda (equilibrado, progresivo y verde, cuando no es ninguna de las tres). En esa trampa, cae el Ministerio de Industria.

La propuesta de cambio de «modelo», es decir del fin del modelo actual, tal y como lo entendemos, es más que lógica, necesaria. ¿No es razonable cambiar la naturaleza de estos subsidios encubiertos en la tarifa para que sean subvenciones y se empleen de una forma mucho más eficiente y rentable socialmente? ¿No es más razonable que el usuario pague el coste real del suministro y se decida a través del Parlamento en los Presupuestos Generales del Estado el volumen dedicado a subvenciones a las tecnologías renovables, en función de la demanda cubierta, de la investigación o del desarrollo de las distintas tecnologías? ¿No es razonable, con este exceso de capacidad, plantearse si es necesario, parar o no el derroche social y de recursos, en nueva capacidad ociosa? ¿No es razonable que el Parlamento decida a quién da o quien recibe estas subvenciones? ¿No es razonable distinguir tecnologías renovables para analizar cuáles deben formar parte del mix por su maduración y cuáles tienen una trayectoria más incipiente, dejándolo a efectos de investigación o piloto?. En todo caso, no se trata de renunciar a todo el desarrollo renovable, sino de racionalizarlo en función del bien común. A lo mejor tampoco está mal que este «modelo» se acabe, tal y como lo entendemos hoy y se resuelvan sus excesos, ¿no?