El déficit tarifario que sigue

En realidad, siendo objetivos, nunca se trató de una desaparición, puesto que nunca llegó a esfumarse, más allá de un voluntarismo o de los esfuerzos de la comunicación política. Todas las liquidaciones realizadas en lo que va de año reflejaban un déficit tarifario que, cuantitativamente, iba más allá del déficit de caja derivado de la aplicación de la recaudación de los nuevos impuestos, cuestión además, que entre los ministerios involucrados, Hacienda e Industria, se ha venido tratando con una cierta cicatería.

Por tanto, nos encontramos con la liquidación de agosto que, unida a la caída de demanda, ha hecho saltar todas las costuras de un problema que todos los expertos daban por «embalsado» y con posibilidad de que debutara con virulencia. Como venimos anunciando en Energía Diario, estamos con la «cosecha» (económica, financiera, de consumo, empresarial, inversora…) de los efectos de la normativa y la respuesta de los propios agentes a los incentivos introducidos en la misma. Además de con un número elementos relevantes de incertidumbre acerca del futuro más próximo: cómo crecerán los costes de acceso, la recaudación de los impuestos o la evolución de la demanda.

Junto a esto, el Ejecutivo coquetea con la idea de utilizar las tarifas de acceso para hacer arbitrariedades, sectoriales o territoriales, en respuesta a los acuerdos, a las demandas o al calendario de mítines de partido. El hecho de que Industria arrebate a la CNMC las competencias en materia de organización de la estructura tarifaria y de la distribución asociada de los costes de acceso, así lo acredita. Si, a eso, unimos el runrún creciente del efecto de las minoraciones de los usuarios en las potencias contratadas el panorama puede ser dantesco: más costes regulados, entre menos usuarios y/o con contratos de inferior potencia.

Además esta situación hay que encuadrarla en la dinámica política en la que está inmersa la sociedad española. Por un lado, el clima tumultuoso de los escándalos de corrupción, la irrupción de las fuerzas antisistema y antiempresa y, por el otro, entramos en período preelectoral, por lo que el escenario se complica para la próxima revisión de las tarifas de acceso, teóricamente de acuerdo a esta dinámica creciente.

De todas formas, lo que está pasando no es algo absolutamente «sorprendente» o «novedoso». Los acontecimientos respecto al déficit tarifario siguen una cierta lógica: la que se deriva de no haber abordado seriamente el problema desde la raíz unido a la cuestión intrínsecamente ligada de los precios de la electricidad y la liberalización completa pendiente, separando totalmente aquellos componentes que no forman parte intrínseca de los costes del suministro y atendiéndolos desde los Presupuestos Generales del Estado, con una concepción de política energética y económica coherente que no generase efectos perversos entre los agentes y consumidores.

Probablemente, en realidad, lo que ha pasado, es que ha reaparecido de debajo de las alfombras antes de lo esperado y, que además, lo ha hecho en el peor momento.