El Consejo de Estado replica a Asece que cualquier enmienda a una ley puede aprobarse sin su informe

La institución respondió así a una denuncia de Asece acerca de la ausencia de informe del Consejo de Estado en la transposición de la normativa sobre eficiencia energética a la legislación española. En concreto, Asece denunciaba que la ley de racionalización del Sector Público, informada por el Consejo de Estado en su anteproyecto, había incorporado posteriormente en su paso por el Senado una enmienda que añadía una disposición adicional, la decimotercera, en la que se transponían normas comunitarias sobre eficiencia, sin ser sometidas también al análisis de la institución consultiva.

En su respuesta, el Consejo de Estado reconoce que el anteproyecto que le remitió el Gobierno «no contenía previsión alguna destinada a la transposición del Derecho Europeo» y que, efectivamente, esta transposición se realizó en el trámite parlamentario a través de una enmienda. No obstante, recuerda que las Cortes Generales representan al pueblo español, mientras que el Consejo de Estado es el «supremo órgano consultivo del Gobierno», de modo que su labor «no se extiende a las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, con independencia de si mediante ellas se incorporan previsiones del ordenamiento europeo».

El presidente de Asece, Adrián Sánchez Molina, respondió al Consejo de Estado indicando que, con esta práctica, «el Gobierno utiliza las enmiendas para saltarse al Consejo de Estado«. Asece entiende que, de esta forma, el Ejecutivo incurre en una «práctica abusiva» ya que la Ley 15/2014 y la Ley 18/2014 han incorporado parcialmente la Directiva Europea 2012/27/UE relativa a eficiencia energética sin el dictamen del Consejo de Estado. Por ello, Sánchez Molina lamenta que desde hace dos años demandaban diálogo con el Gobierno para la transposición de la citada Directiva.

Para el presidente de Asece, «la mediocridad legislativa del Gobierno es patética, sobre todo si está relacionada con la Energía«. La asociación también señala que en febrero el Gobierno abrió un periodo de información pública del proyecto de real decreto por el que se transpone la Directiva Europea 2012/27/UE, al que la asociación presentó alegaciones pero que «terminó en el limbo legislativo», según Sánchez Molina.