Duchas escocesas con la tarifa y el déficit tarifario eléctrico

En ese sentido, las declaraciones y sobreactuaciones del propio Soria no permiten rebajar tampoco el carácter político de dicha decisión, rodeada de una fuerte polvareda mediática y opinática. Todo ello, después de que el ministro afirmase en una de sus múltiples intervenciones radiofónicas, que el «Gobierno no es el que sube o baja la luz» y asegurando que «las eléctricas no tienen que subir la electricidad», tratando de concentrar la responsabilidad de la subida al coste de la energía en las empresas, al mercado de generación y sembrando (de forma irresponsable) dudas sobre el funcionamiento del mercado como institución.

Tampoco se puede descontextualizar todo este vodevil de lo sucedido en la tramitación de la Ley del Sector Eléctrico que hoy mismo se aprueba, casualmente el mismo día en que se produce la subasta eléctrica para el primer trimestre de 2014. Y es que, previamente, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, también aseguró que no se iban a producir grandes subidas del precio de la electricidad. Todo ello configura un Gobierno muy errático y sin política energética. O incapaz de abordar este problema, en su momento, con procesos de diálogo y negociación articulados, evitando su prolongación por dejadez, por evitación o por los sucesivos e incorrectos «aproach».

Por eso, conocimos el martes que el Gobierno tiene previsto elevar los peajes en un 1,3% (no de forma completa al que sería su montante total y real) y que, además, esto se va a producir anualmente durante quince años, para evacuar el déficit tarifario eléctrico por el procedimiento del gradualismo.

En todo caso, es positivo que, al final, el ministro haya señalado de forma unilateral, antes de que se conociese el resultado de la subasta de la Tarifa de Último Recurso, el crecimiento final que el Gobierno administrará de la parte regulada de la tarifa (y está bien dicho «administrará», porque no repercutirá su montante real). A esto hay que añadir la subida que se produzca en el precio de la energía en la subasta Cesur, conformando la subida trimestral resultante. Los precios en el mercado mayorista anticipan subidas más elevadas que las que se venían produciendo anteriormente.

En todo caso, el Gobierno, en realidad, sí que «administra» la tarifa y lo que entra en ella, en algunos momentos con fórmulas contrarias a las que la Ley permitía. Lo que es cierto es que a los poderes públicos y a los distintos Ministerios de Industria, presentes y pasados, les ha correspondido autorizar la entrada de los costes regulados que se integran dentro del suministro (como las primas y su composición por distintas tecnologías). A posteriori, a los sucesivos Ministerios (incluido éste) les ha correspondido determinar la Tarifa de Último Recurso, decisión que han tomado por debajo del montante total del coste del mismo. Por tanto, la responsabilidad de ese déficit, de los costes incorporados y de futuras subidas depende de la prodigalidad con la que han actuado en el pasado.

Por otra parte, ducha helada. Hay escándalo mediático, sobre todo, partiendo de la verbalidad porosa y errática de los responsables políticos. Esto ha sido calificado por varios medios de comunicación de «tarifazo«, aumentando presión y naturaleza política a la decisión tarifaria. ¡Hasta se ha olvidado la parte de responsabilidad que cada Gobierno ha tenido en conformar este déficit, lo que hubiera sido una solución fácil para el Gobierno!

Y eso que en los últimos años, con un esfuerzo denodado, se viene comprendiendo por capas más amplias de la sociedad el problema del déficit tarifario (la diferencia endémica entre ingresos regulados y el coste total del suministro). Cada vez se conocen mejor cuáles son los componentes que han crecido exponencialmente disparando el coste del suministro, como son las primas a las renovables y, en concreto, su concentración en las tecnologías más costosas por unidad de energía producida; algo que cada vez se percibe de forma más nítida, pese a los ejercicios de resistencia inspirados en los modelos retroprogresivos ideológicos de «hay que expropiar a unos para dar a otros».

De hecho, curiosamente la expansión de los costes regulados incluidos en el suministro, realizada mediante riego por aspersión en potencia y primas a ciertas tecnologías, no fue en su momento denominada el «primazo«, porque no se virtualizaba cómo y quién lo tenía que pagar en el presente o en el futuro. Un país como el nuestro, en que el 70% de los españoles es contrario al capitalismo, asume de forma socializada que no es lo mismo dar que recibir.

En todo caso, es preciso insistir en que todo este proceder sigue la estela de politizar esta decisión, que la subida, con ser alta, no es la que llevaría al equilibrio (cosa que seguramente es inasumible e imposible). Eso sí, el Gobierno, además de administrar la tarifa, debería haber administrado el porqué de ese crecimiento y su onerosidad, además de haber abordado con menos dosis de política politizada y con más profesionalidad, oficio y gestión la resolución de este problema, incluyendo explicaciones completas a la sociedad.