«No es gravando los productos petrolíferos como se va a solucionar el déficit de tarifa», dijo Dominique de Riberolles en alusión a la diferencia negativa entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico y que «se tiene que solucionar por sí mismo», con aumentos del recibo de la luz o menores subvenciones a las energías renovables.

«No puede imponerse una tasa a los carburantes para mejorar la situación de las eléctricas» y «llenar la caja de otro sector», algo que «legalmente no se puede hacer», añadió.

De Riberolles explicó que el sector del refino está haciendo un «esfuerzo enorme para reducir las emisiones», de acuerdo con la nueva directiva que obligará a rebajarlas si no se quiere «pagar por ellas».

Para el consejero delegado de la petrolera, el cupo de las compañías de refino, en lo relativo a la apuesta por el medioambiente, ya está cubierto de la mano de los objetivos de reducción de emisiones y el progresivo aumento del porcentaje de biocarburantes. Por ello, «no necesita recibir más de otros sectores».

No obstante, el consejero delegado de Cepsa explicó que el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, y representantes de varios grupos parlamentarios le han asegurado que no está previsto imponer esa tasa, conocida como la tasa del céntimo verde. Sin embargo, fuentes del sector explicaron que persiste el temor entre las empresas petroleras.

Las declaraciones del consejero delegado de Cepsa se unen a las efectuadas a finales de septiembre por el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau.

Brufau dijo en aquella ocasión que gravar los carburantes con un nuevo impuesto para financiar las ayudas a las energías renovables no respondería a una política energética «sensata».

Brufau advirtió de que un nuevo impuesto sobre los hidrocarburos «tendría un impacto negativo en la renta disponible de las familias y en los costes de las empresas» y agravaría la situación del sector del transporte.

Los productores de energías renovables han propuesto a Industria que los consumidores de gas y productos petrolíferos paguen el 75 por ciento de las primas que recibe ese sector y que hasta ahora se financian a través del recibo de la luz.

La Subcomisión del Congreso encargada de definir la política energética de los próximos 25 años consideró oportuno estudiar esta posibilidad.

El gasoducto submarino entre España y Argelia empezará a operar en febrero

Por otro lado, Dominique de Riberolles adelantó que el gasoducto submarino que une España con Argelia entrará en operación comercial en febrero de 2011, puesto que ya está en fase de pruebas, etapa que se extenderá durante cuatro meses.

Según el consejero delegado de Cepsa, uno de los accionistas del consorcio Medgaz, que ha desarrollado el proyecto, los socios de Medgaz negocian ahora el porcentaje de capacidad del gasoducto que se utilizará cuando se ponga en funcionamiento.

Aunque la capacidad de la infraestructura es de 8 bcm (8.000 millones de metros cúbicos), eso no significa que el gasoducto vaya a empezar a operar con una ocupación total, precisó De Riberolles.

Además de Cepsa (20 por ciento), la sociedad Medgaz, que explotará el gasoducto, tiene como accionistas a la compañía estatal argelina Sonatrach (36 por ciento), a Iberdrola (20 por ciento), a Endesa y a la empresa francesa Gaz de France (cada una con un 12 por ciento).

La infraestructura, que ha supuesto una inversión de unos 900 millones de euros, tiene 210 kilómetros de longitud y une Almería con la localidad argelina de Beni-Saf.

Las obras comenzaron en septiembre de 2007 y la profundidad máxima del gasoducto alcanza los 2.000 metros.