Costa, Ruscalleda, Fabra y González insisten en que hay sobreprecio de la nuclear y la hidroeléctrica

En un voto particular añadido a la propuesta de revisión de las tarifas eléctricas para el primer trimestre del año, Sebastiá Ruscalleda, Jorge Fabra y Jaime González señalan que es necesario restituir «el equilibrio retributivo» de la producción eléctrica del denominado régimen ordinario (que incluye las plantas nucleares, hidroeléctricas y térmicas) y se remiten a un informe aprobado en mayo pasado en el que analizaban este asunto.

Maite Costa se adhiere a la propuesta de estos tres consejeros, pero emite un voto particular distinto en el que añade otras consideraciones sobre la propuesta de incremento tarifario.

Según argumentan, el diseño del mercado eléctrico mayorista (pool) y el alza de los precios de los combustibles fósiles ha alterado el equilibrio en la retribución que existía en la Ley del Sector Eléctrico y sus primeras normas de desarrollo. En este sentido, los consejeros plantean que no se traslade la evolución de los precios energéticos a los consumidores.

En el sistema eléctrico los precios se determinan en el pool mediante un mecanismo marginal, como en cualquier mercado. La demanda se cubre primero (en base) con las centrales más baratas y, a medida que aumenta el consumo, se recurre a las plantas más caras. Sin embargo, todas cobran el precio en el que se cruza oferta y demanda en el mercado (precio marginal).

Ruscalleda, Fabra y González, muestran en el voto discrepante su «inquietud por los altos precios que con la normativa actual están abocados a pagar los consumidores» y opinan que los usuarios deben pagar un precio que sea «justo y equilibrado» y retribuya «adecuadamente, y no por exceso, los costes del mix energético».

Según los cálculos elaborados entonces por el organismo, en el tercer trimestre del año los ingresos obtenidos por las eléctricas por su producción serían 1.500 millones de euros superiores a los costes.

De esta cantidad, 1.100 millones corresponderían a las centrales hidroeléctricas y nucleares (dicen que no pagan combustibles fósiles ni CO2) y el resto a las demás tecnologías del régimen ordinario (ciclos combinados y centrales de carbón).

Los tres consejeros señalan que la CNE está elaborando un nuevo estudio en el que analizará «el divorcio existente entre los precios del mercado de electricidad y los costes de producir esa misma electricidad».

El pasado viernes la CNE aprobó su propuesta de revisión de tarifas eléctricas para el primer trimestre de 2009 en la que propone una subida media del 31 por ciento, acuerdo que fue inmediatamente desautorizado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El voto particular aduce que la CNE no tiene libertad suficiente para formular propuestas de incremento de tarifas distintas de las que resulten de aplicar cálculos matemáticos en función de la normativa vigente, que exige que las tarifas recojan todos los costes del sistema (principios de suficiencia y aditividad). Si no existiera déficit tarifario (situación que se produce cuando los ingresos de las tarifas son insuficientes para cubrir la factura global del sistema eléctrico) la subida sería sólo del 3 por ciento.

Voto contrario de Albentosa

En otro voto particular, el consejero Luis Albentosa señala que es imprescindible que desaparezcan las tarifas reguladas, excepto para un reducido número de consumidores domésticos que, en cualquier caso, deberán pagar las variaciones en el precio de los combustibles que sirven para generar la electricidad y los costes del sistema. Al mismo tiempo señala que el organismo tiene la capacidad y obligación de emitir revisiones concretas de propuestas de tarifas eléctricas, contrariamente al criterio de estos tres consejeros, además de señalar que modificar el régimen retributivo del mercado no es misión de la CNE y que, además, está delimitado por el marco jurídico europeo.