La semana pasada el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía dilucidó su postura sobre el alcance en términos de competencia de la operación de adquisición de Unión Fenosa por Gas Natural. Una operación que, al principio, transitó con cierta indiferencia debido a que el foco se había situado en el vendedor, es decir en Florentino Pérez, el presidente de ACS, y lo qué haría después con la “pasta”, en especial si la iba a emplear para aumentar su participación en Iberdrola. Sobre todo teniendo en cuenta que el precio pagado por Gas Natural por Unión Fenosa es considerado alto entre los informes de los analistas.

La segunda fase del proceso pasó a ser la fórmula de evitación del trámite de la función 14 aprovechando que el Tribunal Europeo pasa por la CNE (como el Pisuerga por Valladolid). El trámite de la función 14 estaba dirigido a comprobar si fruto de una operación se podrían ver afectadas las inversiones de las actividades reguladas y la garantía de suministro. Lo que pasó fue que esta función se amplió en su momento (de forma oportunista al caso E.ON), con un contenido más abierto, arbitrario, incorporando cuestiones de seguridad nacional, nucleares y en ese plan. Vamos una vía abierta para colocar exclusas a grupos que se pudieran considerar hostiles.

El hecho es que por esa vía o por la alternativa del examen previo a la aplicación de la función 14 al holding empresarial adquirente, que no desarrolla actividades reguladas, se ha logrado esquivar la función 14 en esta ocasión. Lo que no quiere decir que las condiciones exgidas en otras ocasiones a operaciones semejantes se cumplan, sobre todo después de las desinversiones, dado el grado de apalancamiento necesario para realizar la propia adquisición. Parece que había prisa en gobierno y oposición en agilizar la operación al máximo posible.

La tercera fase en que nos hemos quedado es la función 15. El análisis de la competencia en el sector energético que efectúa la CNE y que sirve de punto de partida para el dictamen que en este campo hace la Comisión Nacional de Competencia. Ahora la CNC tiene que hacer su propio análisis sobre competencia, lo que puede resultar o un paseo triunfal (como está siendo hasta ahora la operación) o que se convierta en una corona de espinas, en el caso de que se revise la operación con detenimiento en términos de competencia o con menor asentimiento que en la CNE y las desinversiones que fije competencia sean más duras y compliquen el desenvolver financiero de la operación. La operación en este sentido si que pasa a una fase decisiva.

Condiciones muy laxas

Centrándonos en el resultado del Consejo de la CNE en esta última cuestión, podemos decir que han sido unas condiciones laxas (¡en terminología de los cronistas más oficiales!) a la operación y tomadas de forma muy uniforme, casi por aclamación en las dos funciones votadas por el Consejo. Bueno, realmente el resultado que hemos podido conocer ha sido lo publicado por los medios de comunicación y la nota de prensa del organismo, porque a fecha de hoy, aún no se ha publicado en la web del organismo, ni se ha difundido por otra vía, el contenido del Informe aprobado. Aquí, hoy, lo público coincide con lo publicado, porque además se ha pasado casi de puntillas sobre lo dictaminado por la CNE a la vista de este ‘nihilismo’ informativo.

Eso, que la cosa parece que fue por aclamación, con vítores, ovación, orejas, rabo y vuelta al ruedo. Sin apenas oposición o enmienda, con gran consenso interno dentro de su consejo. Con la gran celeridad que tiene este organismo en difundir los anexos a sus dictámenes sobre las tarifas, cuando realiza Informes de Costes y Precios, no se puede conocer todavía el análisis que la CNE ha realizado de la competencia, ni hasta qué punto las condiciones se centran en la actividad eléctrica o gasística de la nueva empresa. Y, además teniendo en cuenta, las posibilidades de que el conflicto pueda acabar en Bruselas a cuenta de la participación de ENI en Unión Fenosa Gas, entre otras cuestiones controvertidas avanzadas por este medio la semana pasada y que han sido planteadas en el proceso de alegaciones.

El hecho de que un informe aprobado por instancia pública no se conozca a una semana de su deliberación, pone encima de la mesa otra cuestión. El de la necesaria transparencia de las instancias públicas. Y este no es buen ejemplo en uno de los elementos y mecanismos que sirven para autorregular la actividad de los organismos (las otras autorregulaciones son otra cosa, una forma de ‘silencio administrativo gestionado’): la disponibilidad de la información abierta, puntual y completa por todos los ciudadanos. El hecho de que los contenidos de los Informes y de las deliberaciones sean accesibles para todos los regulados, en este caso, como un ejercicio de buen gobierno y de derecho para la ciudadanía. España no figura entre los 22 de 27 Estados miembros de la UE que tienen ya una ley de acceso, a pesar de que el programa electoral del PSOE en las generales de 2004 y 2008 incluía el compromiso de adoptar una legislación específica al respecto. De hecho, hasta el presidente del Gobierno, ya en su momento, abogó por una ley «que garantice el mayor acceso posible a la información pública en España» en esta legislatura.

Mientras esta ley llega y se dibuja de la forma más exigente, se puede predicar con el ejemplo y ser transparentes en cada acción diaria o cotidiana, en cada instancia pública. Sobre todo, cuando hay temas de esta transcendencia. Para no seguir colgados en la tercera fase.

En todo caso, la operación empieza ahora.

Como ya anticipábamos esta semana la Comisión Nacional de Energía tiene el primer plato fuerte del año en la operación de adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural. Una operación sobre la que se precipita ahora la amenaza de su revisión en el ámbito europeo. Según ha podido conocer Energía Diario, la italiana ENI podría acudir a la Comisión Europea, trasladando la operación en las instancias comunitarias.

Esta amenaza podría ser letal para la operación, puesto que la adquisición indirecta por parte de Gas Natural de la participación de Unión Fenosa Gas, que asciende al 50 % del capital de esta sociedad podría ser objeto de revisión si tuviera un tratamiento regulatorio como adquisición intracomunitaria. En este sentido, hay que tener en cuenta la propia actuación de la Unión Europea en las operaciones empresariales. Mientras que en las operaciones de otros sectores no energéticos, suelen tener una tramitación tranquila, en los sectores energéticos estas operaciones acaban en condiciones severas e incluso en prohibiciones. Uno de los casos paradigmáticos es el de la OPA de Gas Natural sobre Endesa, algo que seguramente tiene escamados al equipo de Gas Natural.

Unión Fenosa Gas tiene comprador natural

Como ya se hemos venido informando en este medio, la sociedad que mantiene la italiana ENI con Unión Fenosa al 50 %, mantiene unos pactos parasociales que son endiablados para el desarrollo de la operación. Los pactos implican que si se modifica la composición de esta sociedad, la otra tiene derecho de tanteo sobre la parte en venta y, en definitiva, puede adquirir la parte en venta, sobre la base de una valoración de bancos de negocios y un 20 % adicional.

En este sentido, parece que ENI esta haciendo valer sus posibilidades de adquisición con mucha firmeza en la operación. Así se desprende de las propias alegaciones que ha formulado a la Comisión Nacional de Energía y lo que se ha podido conocer por los medios de comunicación. Situación que puede incomodar ciertamente a Gas Natural que tendría que mejorar la oferta para hacerse con este 50 % y que sería estratégico para los intereses de la gasista. Todo ello, sin que las autoridades de competencia se hayan pronunciado hasta el momento, de forma que podrían ubicar las desinversiones a realizar de la operación en los activos gasistas y no en los eléctricos, lo que sería la opción más lógica. De hecho, la empresa resultante, contaría con una cuota muy alta en el mercado de aprovisionamiento y distribución. El paso a instancias europeas, desactivaría notablemente el papel de los órganos de regulación y competencia españoles.

La bajada fue menos pronunciada ayer, viernes, después de la aprobación del plan de rescate de Washington para los mercados financieros, lo que ha despertado una cautelosa esperanza de que estimule la economía y por ende el consumo de energía.

En Nueva York, el barril de crudo de Texas (WTI), referencia para Estados Unidos, concluyó ayer a 93,88 dólares, tan sólo 9 centavos menos que al cierre del jueves, pero con una caída de 13,01 dólares -un 13,8 por ciento- respecto al viernes anterior.

El abaratamiento acumulado desde mediados de julio, cuando este barril batió un récord histórico de más de 147 dólares, es del 36,4 por ciento.

Paralelamente descendió en Londres el crudo Brent, referente en Europa, y ayer, tras bajar hasta los 88 dólares por barril, terminó la sesión a 90,25 dólares/barril, un 14,7 por ciento menos que al cierre de la semana precedente (103,54 dólares).

Los operadores en los mercados del crudo estuvieron atentos al voto de los congresistas estadounidenses, que tras rechazar el lunes el mayor plan de rescate para el colapsado sistema bancario, fue finalmente modificado y aprobado el viernes.

En medio de una gran incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial, en los mercados petroleros ha prevalecido la percepción de que el empeoramiento de la situación financiera y macroeconómica frenará mucho la demanda de crudo.

A esta perspectiva contribuyó la noticia de la pérdida de empleos en EEUU, como también la advertencia del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, sobre un crecimiento aún más ralentizado de la economía para la zona euro.

«La realidad es que hay una gran incertidumbre», entre otros sobre la evolución de los precios del petróleo, dijo Trichet, y recordó que desde Europa se está transfiriendo «una enorme cantidad de dinero» a los países productores de crudo.

En cuanto a la demanda petrolera, la tendencia a la baja fue confirmada por un informe del Departamento de Energía (DOE) de EEUU que reveló un retroceso interanual del consumo de crudo.

Asimismo, la consultora especializada vienesa JBC Energy calcula que 2008 concluirá con una demanda estadounidense de gasolina inferior en unos 200.000 barriles diarios a la de 2007.

«Las ventas de automóviles en Estados Unidos cayeron en septiembre un 21,5 por ciento (respecto al mismo mes de 2007)», fenómeno que la industria atribuye a las turbulencias financieras y la falta de créditos, recordó la asesora en un análisis.

Y en Japón, tercer consumidor mundial de crudo después de EEUU y China, la demanda de productos petroleros cayó en agosto al nivel más bajo en 21 años.

En cuanto a la oferta, destacó el fuerte aumento en Estados Unidos de las reservas almacenadas de crudo y gasolina, en 4,3 millones de barriles y en 900.000 barriles, respectivamente.

Por otro lado, los precios del «oro negro» mantuvieron estos días su correlación con el valor del dólar, moneda en la cual cotiza esta materia prima, y descendieron cuando el billete verde subió.

El euro cayó el viernes a su nivel más bajo desde septiembre del año pasado, y se vendió a 1,3701 dólares, aunque se recuperó ligeramente luego, tras la aprobación de Washington de la inyección de 700.000 millones de dólares a los mercados financieros.

La forma en que se ha resuelto la nueva legislación sobre energía solar fotovoltaica es una cuestión que no debe pasar desapercibida positivamente por lo que quiere transparentar de nuevas formas en la actuación del Ministerio de Industria y la Secretaria General de Energía. Nuevas formas que es preciso saludar y valorar en su justa medida. Sobre todo, porque si bien es cierto, que debería tratarse de un comportamiento habitual en la actuación del Ejecutivo, no ha sido la práctica más usual hasta el momento. En este sentido, la nueva Administración ha sabido recoger lo que era un problema “heredado” y resolverlo.

Lo primero que cabe señalarse es que hemos asistido a un proceso “normal” de negociación, partiendo de un mecanismo, el que se contenía en la propuesta de Real Decreto que ya dibujaba una máquina regulatoria mucho más perfeccionada: el denominado método alemán de adecuación de la retribución al cumplimento de los objetivos de instalación. Por tanto, se apreciaba desde el primer momento la búsqueda de un modelo más permanente en el tiempo y una sofisticación regulatoria a la que no estábamos acostumbrados, en la medida que se provenía del más absoluto coyunturalismo regulatorio. No hay más que ver la propia precipitación en la necesidad de abordar el propio marco de la energía fotovoltaica en el R.D. 661/2007 (la regulación de esta tecnología es una de las piezas más débiles), con el decreto de “cuerpo presente”.

También es preciso señalar como el propio Ministerio de Industria, fruto de las negociaciones con las asociaciones sectoriales, de los posicionamientos también recogidos en el trámite de la Comisión Nacional de Energía, ha modificado y suavizado su propuesta inicial, de forma que ha ampliado con cupos adicionales temporales la instalación en suelo y ha mejorado la retribución de estas instalaciones. Por tanto, ha sabido jugar con una posición negociadora hasta llegar a un equilibrio con el sector, pero al mismo tiempo ha querido dibujar las líneas de futuro del mismo, haciendo en este caso “política” respecto de la participación de esta energía en el mix de generación energético. Bienvenido sea porque al menos se percibe y con transparencia las intenciones de la Administración y se articula lo que es normal en los procesos de negociación latina: plazos, períodos, fórmulas de adecuación temporal, etc…

Por otra parte, hemos podido comprobar la existencia de posiciones “duras” de las partes en distintos momentos de la negociación, la existencia de canales de diálogo y negociación, sin necesidad de que suponga un entreguismo de unos o de otros. Nadie en un proceso de negociación transparente suele ganar por goleada, sino que se trata de buscar una solución razonable, más que intermedia. En este caso, desde el Ministerio de Industria se ha tenido conocimiento de la evolución tecnológica del sector, de su situación en términos de rentabilidad, de las posibilidades en términos de innovación, inversión y empleo y de su propia conformación sectorial, teniendo en cuenta las posibilidades que tenía de provocar un efecto indeseado en una parte de “burbuja” generada por la regulación precedente.

Esto contrasta notablemente con las formas regulatorias que estábamos acostumbrados con el equipo anterior, encabezado por Clos y Nieto: regulación muy espasmódica, desbocada, plagada de posibles correcciones de errores, con poca perspectiva sectorial y ausencia de vocación de estabilidad regulatoria (el BOE está para adecuarlo a los objetivos y coyunturas de cada momento), una forma de ejercer el diálogo con los sectores económicos y empresariales fuertemente disfuncional, con un ejercicio de tiempos desequilibrado en la relación de la Administración y las industrias, la inclusión de cuñas, recovecos y “morcillas” en los textos que desactivaban los acuerdos y generaban fuerte suspicacia entre los sectores, con una consecuente falta de confianza y con negociaciones en términos de poder muy diferentes dependiendo del interlocutor (la “negociación” de la retribución del transporte fue un ejemplo de esto último). Todos ellos signos de la última etapa, que esperemos pasen a mejor vida.