Lo mismo ocho que ochenta

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Además de dedicar a esta cuestión gran parte del informe, dirigido por el consejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Jaime González, sustentando el dictamen del Consejo de Administración, se han producido dos votos particulares de dos consejeros sobre esta cuestión. A lo que hay que añadir el cruce público de posiciones, inédito en otras cuestiones de naturaleza regulatoria, tanto o más controvertidas en teoría que ésta. Y, todo ello, dado que la CNE se ha mostrado en su informe falazmente «neutral» en la cuestión, dado que en realidad reproduce argumentos contrarios a que se produzca tal separación jurídica y de actividades (y mecanismos de garantía que eviten conflictos de intereses o ayuntamientos excesivos, que es lo mismo). Una dirección que choca por completo con la clara orientación que propugna la Unión Europea para separar estas actividades o unbundling.

En este sentido, cualquiera que lea el voto del consejero Luis Albentosa, se podría preguntar cuál es la razón de que el organismo regulador independiente, es decir, la CNE, renuncie de facto a sus funciones regulatorias para defender la autonomía, independencia y unidad del TSO, en beneficio de Red Eléctrica de España que, recordemos, es una empresa privada. Aunque sólo fuera por dar coherencia a la Teoría de la Elección Colectiva y del comportamiento de las burocracias, el regulador energético no debería renunciar a sus funciones, encomendadas por las Leyes del Sector Eléctrico e Hidrocarburos.

Y, quizá la primera respuesta es que, en el fondo, en la actual configuración del Consejo de Administración de la CNE, en general, no se comparte ideológicamente o intelectualmente las implicaciones de la separación de funciones y actividades, ni la liberalización realizada a finales de los noventa. De ahí que nos encontremos con que quien tiene que administrar el proceso de liberalización, lo repudia, como se puede evidenciar en propuestas como el Informe de Costes y Precios y diluidas en numerosos opúsculos ideológicos que se combinan con la labora que tiene encomendada de «Tendido 7 de la energía», al que ha quedado encapsulado.

Es paradójico, no obstante, que a la luz del Informe, los dos consejeros que emiten sendos votos particulares, Albentosa y Jorge Fabra, coincidan desde posiciones muy diferentes en la baja calidad de la ponencia que soporta las conclusiones elevadas al dictamen del Consejo de Administración y lo «flojo» del mismo. Se podría intentar utilizar algún resquicio de condescendencia y afirmar que es que la mayor parte de los consejeros que forman parte del actual consejo de Administración están en los denominados «minutos de la basura» y que por ello han tenido una posición laxa ante una propuesta tan deficiente y criticada desde dos puntos de vista diametralmente opuestos. Evidentemente, los nuevos consejeros tendrán que tomar nota de las dinámicas del organismo y plantearse la forma de construcción de dichos Informes, así como poner atención a los mismos.

Uno, grande y libre: el TSO

En todo caso, y entrando en el fondo de la cuestión, el hecho de oponerse a la separación jurídica de las funciones de gestor de red de transporte y operador de sistema en Red Eléctrica de España, con argumentos leguleyos (no hay obligación de la separación jurídica y de funciones), con argumentos insuficientes (como la apelación a sinergias no explicitas y riesgos convenientemente adjetivados pero tampoco enunciados), con argumentos falaces (no hay simetría entre el sector del gas y el eléctrico, pese a ser dos sectores en red) solo pretende apuntalar el modelo en el que REE ejercía una función sinérgica: más allá de una empresa, más allá de gestor de la red de transporte y operador de sistema conjuntamente, para decidir muchas más cuestiones en el sector eléctrico, relativas a las planificación, inversiones y retribución.

Produce escozor el recordar que, pese a su apariencia de empresa pública (de hecho no se hace nunca énfasis paradójicamente en su naturaleza privada empresarial), en un país en que lo público es «mejor» per sé, REE es una empresa privada. Y, del mismo modo, señalar que REE tiene incentivos a la maximización de beneficios provenientes de aumentar su participación en la tarifa de acceso, con una garantía retributiva y exenta de riesgos. Todo ello, sin acudir a las explicaciones demiúrgicas en las que al TSO se le deposita un carácter omnipotente y omnipresente, para conseguir el equilibrio del sistema y su configuración de república perfecta al reunir de forma esférica todo lo necesario para controlar a todos y que todos los agentes se conviertan en brazos ejecutores de sus decisiones. Y, por supuesto, partiendo de la enorme capacidad técnica de REE en sus dos funciones.

No es lo mismo pedir la independencia del TSO que el Operador de Sistema Independiente (ISO)

Del mismo modo, resulta no poco significativo, como se ha iniciado una campaña para hacer equivalente la independencia del TSO con el Operador Independiente de Sistema (no vinculado ni a la generación, ni al transporte), con afán de confusión, manteniendo así para nuestro TSO, REE, la capacidad autorregulatoria, autorretributiva y de decisión de sus propios ingresos en el proceso de planificación y de inversiones en infraestructuras.

En todo caso, es preciso dejar claro que no es lo mismo TSO independiente que ISO (Operador Independiente de Sistema). No da igual y su adecuación a lo que pretende las Directivas Europeas y la separación de actividades no puede ser interpretada de forma torcida o ampararse en la asimétrica situación de los países europeos en este campo. Ni es igual que las inversiones y la planificación se ejerzan de forma eficiente por parte de los órganos reguladores a que de facto la integración transporte-sistema actual, lo deje todo atado y bien atado, generando sinergias para la empresa y una autonomía e independencia mal sana para el sistema eléctrico.

No es igual ocho que ochenta, aunque el Consejo de Administración de la CNE les parezca así y hayan decidido abdicar de sus funciones regulatorias por historia, por ideología, por vinculación o porque ya da lo mismo.

Albentosa denuncia la capacidad de REE para autorregularse y la dejación de funciones de la CNE

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El consejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Luis Albentosa emitió un voto particular contrario a la posición del Consejo de Administración del organismo respecto a la separación del gestor de la red de transporte (GRT) y operador de sistema (OS), ambas figuras desempeñadas actualmente por Red Eléctrica de España (TSO). Dicha separación se alinea con el modelo de separación de funciones (undbundling) que promueve la Comisión Europea a través de sus directivas comunitarias. En este sentido, la separación de funciones conlleva la separación del operador de transporte y de sistema, de forma que este último sea independiente (modelo ISO). Dicha cuestión es la que más polvareda ha levantado en todo el trámite de la transposicion de la Directiva Europea.

De hecho, se puede comprobar cómo, en el trámite de la transposición de la misma a la Ley del Sector Eléctrico al tercer paquete energético, este fue el punto en el que más incidió el Consejo de la CNE en su informe y con diferencia, convirtiéndose en el punto más polémico, en línea con las demandas de la propia REE que reclama que la «independencia» sea del operador de transporte y sistema, es decir, del TSO, o lo que es lo mismo, para sí misma.

El consejo de la CNE se apoyó en cuatro consideraciones para evitar posicionarse favorablemente respecto de esta separación jurídica, de forma que incluso mantiene una posición de facto contraria a la misma, pese a la fórmula empleada de «no lo obliga», pero «no lo impide». La primera, relativa a que no existe «obligación legal» por parte de la Unión Europea; segunda, el hecho de promover la independencia del OS y GRT integrados en el TSO, unidos e independientes frente al resto de agentes; tercera, la supuesta inexistencia de conflictos de interés entre Operador de Transporte y de Sistema (porque considera sus intereses son los mismos(¿?), porque la separación jurídica no podría tener vuelta atrás y, finalmente, en cuarto lugar, porque a su juicio, a pesar de ser dos sectores en red, no existe suficiente simetría entre los sectores eléctrico y gasista, donde ya existe esta separación recientemente aprobada.

Albentosa denuncia la debilidad del informe que soporta el dictamen de la CNE y de sus argumentos. El consejero pone en evidencia al Consejo, cuando denuncia que éste puede tener dificultades para comprender la diferencia de los dos, de forma que incluso, identifique el Operador de Sistema y Gestor de la Red de Transporte con expresiones en el informe como «el OS no va a ser más OS por el hecho de supervisar al GRT, sino que debe continuar coordinando y modificando los planes de mantenimiento de las redes de transporte, allí donde el OS y GRT sólo coordinaba y modificaba». Albentosa afea que el Consejo de Administración señale la no obligatoriedad de la separación en la transposición de la Directiva 2009/72/CE como argumento, cuando en su momento, en nuestro país se introdujo legalmente la figura del monopolio en la red de transporte y el transportista único, sin existir tampoco obligación, ni contar con pronunciamiento contrario del Consejo de Administración de la CNE.

Del mismo modo, ataca que el Consejo de Administración afirma que existen sinergias de estar unidas estas dos funciones y que no se explicitan, del mismo modo que augura riesgos de coordinación entre el operador de transporte y el operador de sistema. Albentosa ironiza respecto a que se haya producido alguna vez alguna instrucción del actual OS (integrado en REE) al Gestor de la Red de Transporte o le haya reconvenido algún comportamiento.

Red Eléctrica, privada, autorregulada e independiente

En definitiva, Albentosa señala que la conclusión de la postura de la CNE contraria al ISO y favorable al TSO «independiente del universo» es que REE pueda autorregular sus inversiones, las cuales van con cargo a la tarifa eléctrica vía tarifas de acceso, al tiempo que remarca el carácter privado de REE y sus objetivos de maximización de beneficio para sus accionistas, además de contar con la «elevada garantía de obtener una rentabilidad que puede considerarse alta para el riesgo en que incurre». Señala que la rentabilidad que obtiene el transportista único se obtiene de forma independiente a la rentabilidad social de las inversiones, señalando que esta se mide por que las infraestructuras permitan evacuar la energía eléctrica producida o abastecer a cierta área.

Allbentosa considera que los operadores de transporte y sistema deben estar separados, porque el sector eléctrico español precisa mejor planificación y mejor regulación ejercida por cada uno de los agentes, cada uno con sus funciones y sin dejación de responsabilidades. Propone que el ordenamiento energético español siga yendo por delante (sin contravenir el ordenamiento europeo) en la separación de funciones y el unbundling. Además, advierte en su informe de los numerosos criterios anteriores de la CNE en los que el organismo recoge el unbundling como piedra angular del sistema y del modelo energético y de si su utilización era retórica.

El final del último voto particular de Albentosa, pone el dedo en la llaga en la relación causa-efecto entre infraestructuras y tarifa que pagan los ciudadanos. Concluye que la regulación energética debe resolver sobre el mecanismo institucional para determinar el volumen de las infraestructuras y su composición, para evitar procesos de sobreinversión sufragados por los consumidores con unas más altas tarifas de acceso (que es donde se pagan las mismas), señalando que este papel lo deben tener el Ministerio de Industria y la CNE en esa función.

Por su parte, el consejero Jorge Fabra, ex delegado del gobierno en REE y ex Presidente de REE, en la explicación de voto que realiza en este aspecto, considera también que el diagnóstico y la conclusión son flojos y dedica la mayor parte de su explicación a esta cuestión. Y lógicamente se postula a que la actividad de transporte y operación de sistema son inescindibles, por tener REE y el TSO, la misión de conseguir el «equilibrio del sistema», considerando que la separación de actividades en este campo un devaneo regulatorio. Fabra afirma que lo que la Unión Europea promueve es el TSO y el ISO como transición al ISO y recoge la situación actual de la Unión Europea en este campo, más retardada en el unbundling para señalar que el TSO es el modelo más usual en los países europeos, dada la integración vertical todavía existente.

La OPEP calcula que la demanda de crudo subirá un 2,6% en julio

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«Mirando lo que queda del año, la relación prevista entre la demanda y la oferta indica un mercado apretado«, señaló la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual de junio.

La advertencia se publicó dos días después de que el Consejo de Ministros de la OPEP cerrara en Viena su primera reunión del año sin conseguir acordar un aumento de la oferta de crudo propuesto por Arabia Saudí y esperado en los mercados.

El desacuerdo de los productores impulsó a «los petroprecios» al alza y el barril de Brent rozó los 120 dólares en Londres.

Las estimaciones del informe varían muy poco respecto a los cálculos del mes pasado. Según los expertos de la OPEP, la demanda mundial de crudo se situará en todo 2011 en una media de 88,14 millones de barriles diarios (mbd) este año.

Ello supone un crecimiento de 1,38 mbd ó un 1,59 por ciento respecto al consumo del año pasado, un aumento que acaparan en un 90 por ciento las economías en desarrollo, especialmente China e India.

El documento enfocó especialmente las previsiones para la segunda mitad de este año, cuando normalmente sube la demanda petrolera del planeta, primero por un mayor uso de gasolina y aire acondicionado durante las vacaciones de los ciudadanos del industrializado norte del planeta.Y a partir de octubre se dispara el consumo de calefacción.

Así, se espera que la demanda de crudo suba, desde los 86,79 mbd en el actual trimestre, hasta los 89,07 mbd a partir de julio, y a 89,31 en los últimos tres meses del año.

Los productores ajenos a la OPEP cubrirían esos requerimientos con cerca de 53 mbd, y el resto sería la llamada «demanda de crudo de la OPEP», pues debería ser satisfecha por los doce socios de la organización con el fin de mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda, y evitar una escasez.

Los expertos de la propia organización estimaron que a partir del 1 de julio (y hasta fines de septiembre), esa demanda de crudo de la OPEP sería de 30,91 mbd de la OPEP, casi 2 mbd más que el volumen extraído por el grupo en mayo (28,97 mbd).

Reconocieron sin embargo factores de incertidumbre que dificultan los pronósticos, como las consecuencias del fuerte terremoto, tsunami y emergencia nuclear en Japón, que «continúa impactando el consumo», sin saberse aún cuándo comenzará su recuperación.

En EEUU, donde «los últimos datos mensuales muestran una demanda petrolera mucho menor de lo esperado», preocupa el desempleo y la desaceleración de la actividad industrial; y en Europa, los problemas de las deudas soberanas.

Pero «a pesar de las incertidumbres», las cifras «apuntaron a una significante diferencia a salvar entre la producción actual y la demanda de crudo de la OPEP», se subrayaron en el informe.

Por otro lado, las cifras publicadas revelaron que Libia, uno de los países miembros de la OPEP, apenas ha bombeado 0,17 mbd en mayo, de los cerca de 1,6 mbd que producía antes de estallar la guerra civil entre los seguidores y los opositores al líder Muamar al Gadafi.

Sólo parcialmente, los socios suplieron esos suministros, que en su mayoría se exportaban a Europa, ya que se trata de un crudo de muy alta calidad que no es fácil conseguir en otros países de la OPEP, incluido Arabia Saudí, el mayor suministrador de petróleo del que se espera ahora que bombee, junto a sus socios del Golfo Pérsico, el «oro negro» que faltaría a partir de julio.

La energía: ese objeto tributario del deseo

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Y, también, en el caso de la generación de electricidad, los comportamientos en la actividad de generación son fuertemente inelásticos y más todavía con el estado de la demanda actual. El objeto de gravamen: la generación o suministro de energía reúne todos los requisitos de un buen impuesto a efectos recaudatorios. Consecuentemente, la «traslación» de las figuras tributarias al consumidor final es casi inevitable. Son, por tanto, tributos cuya elusión (concepto que alude a evitar incurrir en el objeto fiscal) es muy complicada.

En este sentido, el hecho de que se hayan desatado públicamente en el ámbito político, tras las elecciones municipales y autonómicas, los problemas financieros de estos entes territoriales, es consecutivo, con la propuesta abierta por algunas de ellas de promover impuestos medioambientales y con la posibilidad del establecimiento de los recargos tarifarios que podrían derivarse de las decisiones de entidades locales y autonómicas por sus requerimientos adicionales de calidad de suministro. Son dos tipos muy diferentes de instrumentos de carácter fiscal, con matices y consecuencias relevantes.

En estas dos opciones, hay una mezcla de problemáticas diferentes, que requieren su análisis particularizado y separado. En este sentido, hoy abordamos la propuesta de creación de nuevos impuestos, tasas, gravámenes y figuras impositivas a la generación de electricidad, en el bien entendido de que cualquier nuevo impuesto de estas características es una subida fiscal y se traslada a los precios del mercado de generación. Además, dicha subida fiscal tiene un efecto sobre la «unidad de mercado», en la medida de que el mercado de generación es único (con traslación incluso a efectos peninsulares, incluido Portugal).

Por eso, en ese contexto se puede inscribir la carrera abierta en ciertas Comunidades Autónomas por proponer impuestos con supuesto contenido medioambiental, aunque en su formulación práctica arroje muchas dudas. De igual modo, la carrera por fijar gravámenes de carácter por emplazamiento, radicación a otras instalaciones como eólicas o solares, tasas o cánones, subasta de licencias, etc., tienen efectos semejantes: el encarecimiento del suministro.

Las cuestiones abiertas son la introducción de nuevas figuras impositivas en el ámbito de la energía y, en algunos casos, de forma eufemística, con una utilización más o menos torcida de forma terminológica, de «impuestos medioambientales», sin que el objeto tributario sea en sí medioambiental, es decir para incentivar tecnologías más limpias o menos emisoras.

De hecho, la propuesta de una figura impositiva «medioambiental» a la generación, como la enunciada por la Junta de Castilla y León en su momento, perseguía gravar tecnologías como la nuclear o la hidráulica, limpias en términos de emisiones y salvaguardar de estos «impuestos medioambientales» a la generación térmica en sus distintas variantes, fruto además de un enfrentamiento por el real decreto del carbón y las presiones políticas que se pueden derivar de ello.

Sin mención al solapamiento o adulteración sobrevenida de los propios mecanismos derivados de la asignación, adquisición y detracción de derechos de emisión de emisiones contaminantes y sus objetivos de política medioambiental. Es decir, si se fijan impuestos a actividades no contaminantes para compensar los efectos de los instrumentos medioambientales con el fin de redistribuir los resultados de cada actividad de generación, se subvierte el sistema, además de hacer un pan como unas tortas, al no conseguir un mix de generación eficiente económicamente y medioambientalmente.

Además, de forma deliberadamente interesada, en este escenario aparecen también propuestas de determinados colectivos retroprogresivos de introducir «impuestos redistributivos» a la generación por tecnologías, formulados con la supuesta intencionalidad de reducir el déficit tarifario. Aunque, más bien, al contrario, lo que provocan los mismos es la necesidad elevación de la tarifa o del déficit.

Evitando las confusiones, la introducción de figuras impositivas tiene, por tanto, un efecto claro y directo de elevación de los precios de la energía para el consumidor final, sea un impuesto directo en la generación o un impuesto en el consumo. En el caso de la generación, resulta paradójico que propuestas para introducir impuestos directos a la generación de electricidad, sean generales o discrecionales por tecnologías que se traducirán en subidas de precios, puedan ser interpretadas como mecanismos de amortiguación del déficit tarifario.

Los impuestos y figuras impositivas a la generación, en definitiva, se trasladan a los precios de la electricidad. Tantos años de teoría fiscal y de la hacienda pública, además de sentido común, no se equivocan.

El fotógrafo del pánico

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Se trata de un hecho que, además, fue recogido con cierto alborozo por los colectivos antinucleares, que ven en los mismos una refutación argumental definitiva. La utilización del pánico como herramienta de comunicación. Desde la quiebra de las finanzas públicas de Castilla-La Mancha a la crisis del pepino. Algo que empieza a ser una constante.

Vayamos por partes. La decisión de trasladar el cierre de actividad de la central de Santa María de Garoña a 2013 fue bastante anterior, en todo caso, al accidente nuclear de Fukushima y, evidentemente, no estaba presente ni en las versiones más delirantes de los argumentarios de la Fundación Ideas, expuestos una mañana soleada en Galapagar por el Presidente del Gobierno. Y, por supuesto, tampoco estaba incluido en la exposición de motivos de la orden ministerial que establecía el cierre en ese espacio temporal anómalo e indefinido a la luz de los informes existentes.

Ha tenido que venir uno de los mayores terremotos de la historia y un tsunami después (junto con bastantes errores de emplazamiento y gestión de la seguridad de la propia central con una acumulación de riesgos muy particular) a proporcionar nuevos argumentos en el ínterin, que se alinearan con el cierre decretado de Garoña. Todos los argumentos que abocan al pánico colectivo siempre son infalibles para provocar alarma social y justificar las decisiones que sean precisas.
Todos pensábamos que lo que realmente se dilucidaba en este conflicto jurídico era el papel de los órganos de seguridad nuclear (en este caso del Consejo de Seguridad Nuclear), la fiabilidad de sus procedimientos, sus instrumentos y, a resultas del mismo, el ajuste a derecho de la decisión tomada por el Ejecutivo en lo que se refiere a la renovación de la central y su operativa. Y, por ello, de lo que se trataría es de determinar las consecuencias económicas para el Estado de una decisión así, con el margen de discrecionalidad que acumula la misma.

Es, por tanto, razonable, y forma parte de la lógica jurídica, que los argumentos e informes periciales para cuantificar el daño económico, lucro cesante e inversiones pendientes de amortización sean cuestionados por las partes. Seguramente es ese el terreno en el que habrá que jugar. De hecho, el concepto de perjuicio empresarial, social y comarcal está más que claro. Y el efecto que conlleva en términos de elevación de precios en el mercado de generación, también.

En todo caso, si los argumentos se expresan en estos términos, tal y como se recogía en los medios, es decir, por la eventualidad de la responsabilidad del Estado ante un accidente nuclear, dicha cuestión va mucho más allá de los procedimientos y mecanismos de seguridad. Supone ir más allá del propio caso de la renovación de la planta de Santa María de Garoña, ocurrida en un momento político diferente al actual. Lo que se está debatiendo, así expresado, es otra cosa, por la vía de un procedimiento jurídico y los argumentos empleados en esa defensa. Se está tratando el debate nuclear global en nuestro país de forma encubierta, puesto que este argumento es generalista. Si no es así, entonces es que, probablemente, Garoña, una central con una cultura de seguridad nuclear ejemplar, inversiones,…, le ha cogido un argumento, lejano y descontextualizado. Más razonable sería esperar al proceso de comprobación de la seguridad y de los test de las centrales nucleares instados por la Unión Europea, en lugar de apoyarse en los argumentos finiseculares y apocalípticos, y replantearse la decisión sobre la planta de Santa María de Garoña en ese escenario.

Se debe evitar coger el rábano por las hojas, por muy atractivo que sea el rábano para sus intereses. Y, por eso, apelar a Fukushima es más un ejercicio de apoyarse en la catástrofe que de iluminarse en sus aprendizajes. Y, por si fuera poco, comprobemos las enseñanzas de la crisis del pepino: más que un problema de la seguridad alimentaria de nuestras hortalizas, los daños para nuestros intereses en realidad han venido de la reacción de las autoridades alemanas y de la utilización indebida de la alarma social y del pánico.

La CNE analiza la transposición del tercer paquete energético de la Unión Europea

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La CNE celebra esta mañana una sesión adicional a la convocatoria ordinaria de los jueves de su Consejo de Administración con el objetivo de analizar los dos anteproyectos de ley remitidos por el Ministerio de Industria, que ya fueron aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 6 de mayo, y que transponen y adaptan la normativa española a las directivas comunitarias del que se conoce como tercer paquete legislativo del sector energético, que recoge las modificaciones en las leyes del sector eléctrico y del sector de hidrocarburos. Un paquete cuyo sentido es, sobre todo, avanzar en un mercado único de la energía.

El ponente en la reforma de la Ley 54/1997 de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico será el consejero Jaime González González.

Dentro de los puntos más fuertes a tratar, se encuentra la separación jurídica del operador de transporte y de sistema en el sector eléctrico, actividades que actualmente desarrolla Red Eléctrica de España (REE).

Asimismo, el anteproyecto de ley que modifica la Ley del Sector Eléctrico incorpora al ordenamiento jurídico español las previsiones contenidas en la directiva sobre normas comunes para el Mercado Interior de la Electricidad, de 2009. Dichas previsiones están centradas, fundamentalmente, en el refuerzo de las competencias y funciones de la autoridad reguladora, la CNE, así como de su independencia. En concreto, la normativa refuerza su papel en materia de tarifas de acceso.

Del mismo modo, se incluyen medidas relacionadas con la protección al consumidor, tales como el establecimiento de puntos de contacto únicos de información a los consumidores o la incorporación del concepto de «consumidor vulnerable». No obstante, el Gobierno aún no ha establecido qué criterios se utilizarán para determinar la renta ni los umbrales de ingresos por debajo de los cuales se considerará vulnerable al consumidor.

De hecho, Industria sostiene que este concepto de consumidor vulnerable «no excluye en modo alguno el ámbito contemplado en el bono social, sino que incluso lo refuerza o amplía». El bono social «no va a cambiar» con la transposición de la directiva, sólo se usa otra terminología», según afirmaron desde el ministerio.

La reforma también introduce proyectos experimentales de generación por bombeo, en referencia a los almacenamientos.

Por otra parte, el ponente de la reforma de la Ley 34/1998 de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos, será el consejero Luis Albentosa Puche. Dicho anteproyecto, tiene por objeto fundamental trasladar al ordenamiento jurídico español las especificaciones contempladas en la Directiva del Mercado Interior de Gas, de 2009.

Los principales puntos que transpondrá el anteproyecto de ley son la definición de «cliente vulnerable» o la introducción del bono social en el caso del butano, así como la separación jurídica y funcional del operador de transporte y sistema en el sector gasista, en torno a las actividades de producción y suministro, que ya había quedado resuelta recientemente a través de una enmienda introducida en el Senado por el grupo parlamentario del PNV.

Industria ya aseguró que contempla un mecanismo, posiblemente un bono social, para la tarifa de gas en el que se creen condiciones más favorables para el suministro energético a los consumidores más vulnerables.

Asimismo, en el contenido del anteproyecto se dota a la CNE de funciones y competencias adicionales de acuerdo con lo establecido en la citada directiva comunitaria.

Finalmente, se actualizan otros aspectos no derivados de la directiva comunitaria, relacionados con la adquisición, mantenimiento y gestión de las reservas estratégicas de gas natural, o el establecimiento de las bases para el desarrollo de un mercado organizado de gas, que busca dotar de una mayor liquidez y transparencia al mercado, así como una asignación más eficiente de los recursos y la entrada de nuevos agentes en el mercado.

La transposición de las citadas directivas está actualmente en período de consulta pública. Antes de iniciar su andadura en el Congreso, como proyecto de ley, el texto tendrá que volver al Consejo de Ministros.

Por lo que ha podido saber Energía Diario, a través de fuentes sectoriales, la preocupación de REE por la separación jurídica y funcional es latente, por lo que han existido intensos contactos entre sus representantes, los responsables de los servicios técnicos de la CNE y sus consejeros sobre esta cuestión.

Todo sigue abierto en la renovación de la CNE

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La más racional sería que, finalmente, se produjera un acuerdo entre Partido Popular y PSOE (que incluso podría incluir a CiU), para configurar un órgano estable, de prestigio y con capacidad técnica en sus distintos órdenes (técnico, económico, jurídico y de mercados). La siguiente, en el orden de posibilidades, la ruptura o glaciación de posiciones de los dos grandes partidos, deviniendo en una comisión monocolor designada por el Partido Socialista. Ahí la lógica lleva a que el Gobierno busque perfiles técnicos muy solventes (en la línea de Tomás Gómez San Román) y que, además, también contemple a CiU. Por tanto, que finalmente sea muy difícil un ejercicio de remoción futura masiva como el anticipado por Montoro en el Congreso en el caso de que la próxima legislatura fuera de mayoría popular arrolladora y además se emplease en términos «destroyer» cuando se produzca el relevo en el Ejecutivo. Es decir, esta alternativa partiría de que finalmente el Partido Popular optase por una decisión de automarginación actual (algo que se apunta como posible debido a la euforia en las huestes populares tras las elecciones autonómicas). La tercera, es una Comisión Nacional de Energía fuertemente politizada e ideologizada, puesto que el campo de batalla estaría servido derivando hacia las posiciones más intervencionistas.

Puestos en una u otra posición, la pregunta inmediata es quiénes pueden ser los nominados y cómo van las candidaturas de una y otra formación política. En el caso de que finalmente exista acuerdo entre PSOE y PP, no es excesivamente aventurado pensar que pudieran entrar dos señalados por cada formación política, más los grupos nacionalistas. Así, el PSOE ya ha designado a Tomás Gómez San Román. Por otra parte, quedaría pendiente el nombre del presidente o presidenta del organismo. El nombre que más insistentemente ha sonado ha sido el de Carlos Ocaña Pérez de Tudela (actual Secretario de Estado de Hacienda), pero no concita el acuerdo del Partido Popular por su condición de Secretario de Estado y militante socialista. Además, al PSOE le quedaría un nombre por proponer. Por tanto, y también en esa hipótesis, al Partido Popular probablemente le quedarían dos y razonablemente CiU designaría un consejero, cuyo nombre sería el de Julio Molinario.

En ese sentido, sigue apareciendo en las quinielas el nombre de Marcel Coderch, figura emergente del colectivo energista utópico («Nucleares, no gracias, cierre de estas instalaciones y generación renovable total»), con el apoyo de Jesús Caldera y la Fundación Ideas, donde radica la mayor parte de esta línea de pensamiento. La debacle de las elecciones del pasado domingo y no pertenecer oficialmente al PSOE operan fuertemente en su contra.

Otros nombres que siguen en la agenda son los de Miguel Ángel Lasheras y, dentro del colectivo retroprogresivo, José María Paz, Juan Temboury y Alberto Carbajo. Las opciones apuntadas hace unas semanas relativas a la entrada de Pedro Marín (ex Secretario de Estado de Energía) y de Jorge Sanz (ex Director General de Energía) parecen perder vigencia por motivos diferentes.

Lo que parece claro es que encontrar un pool de nombres para cubrir la totalidad de los puestos vacantes del consejo del organismo, no sería tarea fácil. En el caso del Partido Popular las opciones son mucho más opacas. Sólo ha traslucido de forma más o menos evidente el nombre de Marina Serrano, una mujer con mucha experiencia en el sector y de reconocida solvencia jurídica, actualmente Secretaria del Consejo de la CNE y Abogado del Estado, un colectivo muy influyente en el Partido Popular.

En todo caso, y a la vista de la opción Tomás Gómez San Román, Industria podría tener preparada una sorpresa, con técnicos no pertenecientes a los grupos clásicos, lo que podría proporcionar soluciones creativas más abiertas. En ese mix, se inscriben los nombres de alguno de los asesores del Ministro más cercanos a la energía como Juan Abascal. De hecho, en su momento, Sebastián ya nombró a Jorge Blázquez, presidente de CORES, lo que, por otra parte, descolocó el acuerdo forjado por debajo de la mesa para nombrar a Pedro Miras (Director de Petróleo y Biocarburantes de la CNE) al frente de este operador.

Por otra parte, esperando que el acuerdo entre Partido Popular y PSOE no fructifique, está fundamentalmente el sector «retroprogresivo» de la energía. Una situación de estas características, daría «chances» para la entrada de un número mayor de afines a esta rama de la familia. En este sentido, desde el Partido Popular afirman que hasta el momento la voluntad de negociación por parte del PSOE ha sido baja y que realmente el Ejecutivo lo que quiere es imponer y no pactar la renovación del organismo, algo que tampoco parece realista a la vista de la actual coyuntura política.

De hecho, fuentes solventes apuntan a la posibilidad de que, en este escenario, se pudiera producir la reentré del propio consejero Jorge Fabra Utray que se ha ido autopostulando para esta nueva etapa, fruto también de su insistencia en Moncloa, vía abierta gracias a la complicidad del también consejero Jaime González. El nombre de Jorge Fabra genera escalofríos en el Ministerio de Economía y recelo en Industria por sus posiciones dogmáticas y, especialmente, tras la rocambolesca ponencia en el caso de la OPA de E.ON sobre Endesa, que estuvo a punto de causar un serio disgusto al Ejecutivo con el gobierno alemán y Europa.

La CNC mete en un problema al Ministerio de Industria y a los grandes consumidores eléctricos

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Parece que el expediente de la Comisión Nacional de Competencia, abierto en forma de «coche escoba» al sector eléctrico, le puede reventar en las manos al propio Luis Berenguer, afectando al Ministerio de Industria. De hecho, estos días continuaba el torrente de declaraciones sobre las empresas del sector de hidrocarburos desde este organismo. Y, del mismo modo, se filtraba de forma selectiva desde la CNC, al diario «El Economista» el contenido de varios correos electrónicos relativos a las comunicaciones entre la patronal Unesa y AEGE, lo que ha generado un fuerte malestar en la propia Administración, donde piensan que la CNC está yendo demasiado lejos.

Algo que, además, puede desatar las más imprevisibles consecuencias, tanto en el proceso público a través de los medios de comunicación desplegado por los responsables de la Comisión Nacional de Competencia para soportar sus posiciones, como por el ejercicio de la defensa jurídica de las empresas sobre las que ha recaído el expediente de la CNC. De hecho, se ha conocido recientemente por distintos medios que el gabinete Garrigues ha sido contratado por UNESA para su defensa jurídica en este proceso.

Mientras tanto, crece la preocupación dentro del propio organismo relativa a la forma de incoar las sanciones, obviando documentos y pruebas contrarias a sus pretensiones iniciales. De hecho, el expediente de la CNC contenía información y documentación relativa a las admoniciones directas de la Administración, a través del entonces Secretario General de Energía, para instar a las empresas a promover condiciones ventajosas en la contratación de la electricidad para los grandes consumidores. De hecho en dicha documentación, la Secretaría General de Energía se situaba en el centro del proceso.

Así pues, el servicio de investigación de la CNC recoge en el expediente actas, registros, correos electrónicos y reuniones organizadas directamente, instadas o con conocimiento de la Secretaría General. Incluso, en algún caso, la Secretaría General de Energía se encargó de organizar una reunión con las empresas titulares de la tarifa G4. De hecho, incluso el Plan de Acción resultante elaborado tras los acuerdos con AEGE fue remitido a Industria, tal y como consta en el expediente. Industria habría promovido estos acuerdos para facilitar condiciones ventajosas a las empresas industriales con gran consumo de energía de cara a la liberalización y la finalización del sistema de tarifa regulada. Todos estos documentos han sido obviados en la decisión final del organismo que preside Luis Berenguer y han sido convenientemente expurgados de lo filtrado estos días a los medios.

La Comisión Nacional de Energía tampoco se escapa del posible revolcón de una tramitación poco pulcra y que, a la vez, está llevando a que la CNC redoble su ofensiva mediática de defensa en los medios para atrincherarse en sus posiciones. En efecto, el expediente que fue analizado por la CNE en el mes de mayo de 2010 a solicitud del área de investigación de la Comisión Nacional de Competencia fue resuelto sin adentrarse en el contenido de un anexo, dentro del pliego de concreción de hechos, en el que constaban todos los registros de estas reuniones, ninguneando estos documentos.

Sucede que al contenido de este expediente han tenido acceso empresas eléctricas, comercializadores, asociaciones y grandes consumidores. Lo que hace que la documentación que oculta la CNC sea conocida por muchos agentes y empresas. Comercializadoras e incluso alguno de los grandes consumidores, consultados por este medio, han expresado en privado su preocupación por este expediente y por el comportamiento de la Comisión Nacional de Competencia.

En los medios de comunicación existe un tópico y es el de que «a realidad no te arruine una noticia». Pues parece que se cumple especialmente en el caso de la Comisión Nacional de Competencia y sus procesos, siempre rodeados de un importante aparato tormentoso de difusión. Por tanto, que la prudencia, la medida, los hechos y las evidencias no maticen las posibilidades de protagonismo que ofrecen los hostigamientos, las sanciones y los titulares amarillos que parecen hechos a toda costa y al bulto.

Falta finura.

¿Cuánto nos costará el PANER?

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La propuesta relativa al Plan de Energías Renovables que hemos podido conocer ha arrojado una cifra en primas de 18.500 millones de euros hasta 2020. Pero, además de conocer esa cifra, sujeta a muchas críticas y supuestos cuestionados, la necesidad de que esta generación sea parte del sistema eléctrico en su conjunto y se aborde de forma conjunta, en términos de sostenibilidad económica, técnica y de capacidad, es indudable y necesaria más que nunca, dado el propio efecto de ‘expulsión’ que genera unas previsiones irreales, sobre una capacidad instalada existente, sobre unos costes asociados a la generación y sobre una relación oferta y demanda distorsionada en su percepción.

Al PANER, en principio, se le critican, por tanto, dos cuestiones. La primera, la supuesta rebaja de los objetivos de generación mediante tecnologías de régimen especial sujetas a mecanismos retributivos complementarios (primas) respecto a las ambiciones pretéritas y expresiones de intenciones políticas hechas públicas con anterioridad. El Gobierno, en su momento, estaba dispuesto a elevar por encima del 20% la participación de las renovables en el consumo de electricidad. En esta mayor modestia de objetivos han influido razones de exceso de capacidad general y de coste de estas energías.

De hecho, dichas previsiones y propósitos, se elaboraron en tiempos de importantes crecimientos de la demanda y con una capacidad instalada en situación mucho menos excedentaria que la de hoy. Algo que, además, desplazará a las tecnologías térmicas en el mix de generación. Asimismo, el desmadre en el sistema de primas y de acceso a las mismas de los últimos años ha generado un importante vértigo en la evolución de las tarifas de acceso, hasta tomar la parte principal de la factura en sus distintos componentes y creciendo a ritmos desbordantes.

La segunda crítica que se le efectúa, es que en el PANER se minimiza el coste de las primas, dado que, paradójicamente, se prevé un incremento del precio en el mercado de generación, mientras se prevé la estabilización de los precios del crudo. Los mecanismos de compensación de las primas con respecto al precio del mercado estarían así permanentemente operando, lo que tampoco, previsiblemente, será cierto. Además, existen importantes discrepancias respecto de la fijación de los momentos en que las tecnologías son plenamente competitivas y las ganancias de eficiencia en estas tecnologías.

De esa forma, la magnitud del recorte a la nueva potencia instalada renovable, con ser cierto, estaría infradimensionado. De hecho, para el año 2011, las cifras contenidas en el PANER son inferiores a las que son inminentes que resultan de las liquidaciones en marcha, lo que resulta altamente preocupante, por lo que supone de negación de una realidad económica inminente. Algo que ha llamado la atención y se sitúa como un talón de Aquiles de la propuesta.

Por otra parte, la propia composición de tecnologías, con un aumento relevante de la generación termosolar (con unas primas muy onerosas para la tarifa por MWh, comparativamente con otras tecnologías) y la necesidad de establecer mecanismos de garantía de potencia a la generación renovable, apuntan a una importante elevación de la factura del PANER frente a sus previsiones.

Aunque las dos críticas pueden parecer contradictorias, pueden ser compatibles. Es posible que haya un recorte sobre las previsiones iniciales de nueva capacidad instalada en generación renovable subvencionada y que, al mismo tiempo, el volumen de primas resultante sea mucho mayor y esté calculado de manera irreal. Y, además, también es posible que el recorte a estas tecnologías sea insuficiente, si se reconoce la combinación caída de la demanda, incremento de las primas y evolución de las tarifas, como cierre del círculo, en un escenario en el que finaliza la capacidad de apelar al déficit tarifario (afortunadamente).

Razonablemente, hasta el momento, las reacciones a la propuesta han sido previsibles. Los representantes de las tecnologías renovables han puesto el inciso en el recorte sobre las expectativas. Pero hay dos posiciones más extravagantes. La primera es la de quienes censuran que se haya acabado el recurso al endeudamiento del déficit para cebar la bomba de la generación renovable, sin que los consumidores lo noten y sin aprovechar la capacidad de generación existente. La segunda, es la de quienes opinan que hay que violentar el funcionamiento del mercado incorporando «propuestas redistributivas» entre tecnologías, opción que abandera el consejero de la CNE, Jorge Fabra.

Lo que faltaba.

Una reorganización «in extremis» de la nomenklatura de la CNE

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Si ustedes han seguido en los últimos días la página de la Comisión Nacional de Energía habrán podido comprobar cómo ha cambiado de denominación dentro del organigrama del organismo la anterior Dirección de Petróleo, para denominarse Dirección de Petróleo y Biocarburantes, cambio que también alcanza a sus subdirecciones.

El cambio parece que ha seguido dos líneas básicas. La primera, la incorporación de los Biocarburantes a la denominación de la Dirección dentro de lo que sería el primer nivel del organigrama del organismo regulador independiente. Además, se ha incluido la palabra “sostenibilidad” en la denominación de la Subdirección de Biocarburantes.

La segunda, la elusión de cualquier cosa relativa a los mercados de los productos petrolíferos, precios, distribución y logística. Así, la Subdirección de Mercados de Productos Petrolíferos ha pasado a denominarse Subdirección de Mercados de Petróleo, lo que parece desplazar el enfoque del seguimiento de precios, mercados de gasolinas y carburantes, para pasar directa y exclusivamente al seguimiento del crudo en los mercados internacionales. Finalmente, la Subdirección de Refino, Logística y Comercialización pasa a denominarse Subdirección de Desarrollo Reglamentario.

Se da la circunstancia, además, de que dicho cambio se produce tras la difusión por la Comisión Nacional de Competencia de su informe sobre el sector de hidrocarburos y de un fuerte comentario editorial del ‘El País’ (Cara incompetencia) que acusaba de inacción a la CNE y que provocó un fuerte escozor dentro del organismo que preside Maite Costa. La CNE parece abdicar de cualquier función relativa a los mercados y evolución de los precios petrolíferos por la vía nominalista. La reorganización de la misma se produjo antes de la incorporación de los nuevos consejeros Tomás Gómez San Román e Idoia Zenarruzabeitia.

Además de este cambio en la «nomenklatura», otro hecho que ha llamado la atención es la prodigalidad de la presencia en los medios de comunicación del Director de Petróleo, Pedro Miras Salamanca, con entrevistas al único directivo del organismo que tiene presencia extensa (no circunscrita al petróleo). Esta cuestión ha desatado todo tipo de especulaciones en pleno proceso de renovación del Consejo de Administración de la organización. Se da la circunstancia de que las apariciones en los medios de comunicación de la CNE se centraban en la presidenta del organismo, sin presencia de los consejeros, ni mucho menos de otros directivos.

A continuación pueden comprobar los cambios de denominaciones en el organigrama del organismo, según su página web:

Dirección de Petróleo (anterior)

Director: Pedro Miras Salamanca

Subdirectora de Mercado de Productos Petrolíferos: Mamen Gómez de Barreda

Subdirector de Certificación de Biocarburantes: Carlos Martín Martínez

Subdirectora de Refino, Logística y Comercialización: Milagros Avedillo Carretero

Dirección de Petróleo y Biocarburantes (nueva)

Director: Pedro Miras Salamanca

Subdirectora de Mercados de Petróleo: Mamen Gómez de Barreda

Subdirector de Biocarburantes y Sostenibilidad: Carlos Martín Martínez

Subdirectora de Desarrollo Reglamentario: Milagros Avedillo Carretero