Toda la obra se desarrolla en un tono muy italiano y arrabalero, además de estar revestido por un punto histriónico. El premio Nobel, Darío Fo, cuyas cercanías políticas oscilan entre el comunismo y el anarquismo, sabía dar las dosis de esperpento necesarias para convertir la obra en una comedia bufa.

Si no fuera por la gravedad del trasfondo de la situación, esta comedia viene a colación de la situación desatada en varios Ayuntamientos, Administraciones Locales y Autonómicas concerniente a los cortes de suministro eléctrico debido a la falta de pago continuada en determinadas dependencias de los mismos. Algo que está causando una sorpresa inusitada y cierta agitación en los medios de comunicación, dado que existe una cierta tentación a pensar que los servicios y los suministros a las Administraciones deben recibir cheques en blanco respecto del uso que hacen de determinados bienes o suministros. Probablemente, esto sólo es posible en un país con un desarrollo institucional insuficiente y donde ha sido necesario regular (en vano) la obligación de pagar deudas en un plazo y donde se percibe con la más absoluta normalidad la morosidad, incluso directamente de la existencia de fallidos.

La primera sorpresa proviene de que se haya producido el hecho del corte de suministro eléctrico o el amago del mismo incluso en el despacho del presidente de la Generalitat Valenciana. Y segundo, porque se está produciendo en los medios de comunicación la sedición de las autoridades autonómicas y municipales concernidas. En realidad, esto no debería ser un asunto de opinión, porque los hechos se califican por sí mismos en una sociedad que funcione con seriedad. Lo que sí empiezan a reflejar las reacciones suscitadas es una cierta italianización de la vida pública, una sedición que parte de las autoridades autonómicas y municipales a cuenta de esta deuda y la forma de defender su existencia. Administraciones que son capaces de mantener sus aparatos de propaganda como televisiones autonómicas, por cierto, enormemente caras.

En principio, un servicio o suministro, cuando no se paga se pierde y tres años de impago de suministro eléctrico parece un tiempo más o menos suficiente, incluso paciente, para que se haya tomado una medida de estas características. Es más, incluso de manera mediática se da cobertura a estos comportamientos y no se comprende el alcance y corrosión social que produce el impago, ni el riesgo que genera en el funcionamiento de la economía, en la medida que su existencia se precipita sobre el resto de eslabones de la cadena en términos de necesidad de crédito, generación de costes financieros o generación de desempleo por cierre de las empresas que sufren en sus carnes el efecto de los morosos. Solución a eso: que las entidades financieras den más crédito para que el resto de operadores puedan soportar el impago.

Esta situación, incluso, es más condescendiente todavía con lo «publico», que parece que puede ostentar una patente de corso en lo que se refiere a los impagos. Si, además, el impago es a las grandes corporaciones, miel sobre hojuelas porque se puede escenificar un episodio de victimismo demagógico, como el que exhibió Rita Barberá en su versión de remedo de Hugo Chávez. El simplismo «las pérfidas empresas» contra los «servicios públicos» (mal gestionados, inflados en su tamaño, incluyendo chóferes, televisiones, etc…) es esgrimido de forma impúdica, como justificación de los impagos.

En el ámbito de lo municipal, si alguien conoce bien las ciudades de Europa, comprobará que los niveles de iluminación son muchos más bajos que en España tanto en vías públicas como en edificios. Y esto es así en nuestro país porque tradicionalmente hemos gozado de tarifas beneficiosas (que provocaban subsidios cruzados dado que eran financiados por el resto de consumidores en su recibo, que incorpora una presión fiscal encubierta). Ahora la solución es no pagar y desplegar la propaganda en lugar de una gestión más eficiente y razonable de los servicios públicos.

En realidad, se ha venido produciendo otra forma de intervencionismo, de corte semejante al del aparato institucional bolivariano, que va arraigando en una densa capa de instituciones y poderes que responden a la consigna de «para eso hemos ganado unas elecciones» y cuyo comportamiento no distingue el partido político. Empresas, grandes y pequeñas, y autónomos son elementos instrumentales en manos de poderes públicos que han actuado de forma discutible y que acaban no pudiendo pagar las facturas. El respeto por la economía de mercado, las empresas, la buena regulación y las reglas del juego en esos momentos brilla por su ausencia.

Porque son dos las cuestiones, aparte del corte de suministro eléctrico y la tolerancia social en nuestro país respecto de la morosidad mirando hacia otro lado, las que suscita la airada respuesta de determinadas autoridades. La primera tiene que ver con el valor que se le otorga a la política en las sociedades latinas, en una visión cuasi bananera del término política. La política se sitúa por encima de la economía y de los mercados, se sitúa al margen de la ley, de las reglas contractuales, mecantiles y de las empresas. La política todo lo puede y, por tanto, puede ordenar a las empresas que mantengan el suministro a instalaciones morosas, por ejemplo. La política o el poder público puede obligar a los farmacéuticos a que sigan expendiendo productos farmacéuticos y no cobrar a riesgo de una sanción. Ahí aparece una respuesta a la búlgara.

La segunda cuestión sería la aparición de las denominadas excusas de mal pagador, construidas a bases de falacias, que además, fruto de esa cultura excipiente y tolerante con el impago, revelan la voz grave de Rita Barberá o las amenazas de Cospedal por el corte de suministro en determinadas instalaciones públicas en Albacete (y el temor en los municipios de la Comunidad Autónoma que mantienen deudas importantes por el suministro). Y entre las excusas de mal pagador, está la de intentar la maniobra de acusar a las empresas porque tienen «grandes beneficios», demediar el mercado eléctrico con sospechas continuadas sin respaldo, para acabar bramando contra el capitalismo, clamar en plan adolescente contra «el sistema», contra la financiación municipal o la Ley de Haciendas Locales. Esta lógica argumental también es la que persiguen los «retroprogresivos» cuando tratan de demediar el mercado eléctrico o la subastas y son condescendientes con la escalada de costes regulados decididos graciosamente en el ámbito polítco. En esta situación se subvierten los términos: quienes han prestado sus servicios y suministros no cobran y además son estigmatizados. Vean el comportamiento de Dolores de Cospedal con los farmacéuticos de su tierra. Parece decirles que su deber es financiar el aparato estatal castellano manchego y no crear problemas a la Administración recién nombrada. Es el mundo al revés.

El hecho es que Rajoy se encuentra ya con una situación endiablada, de la que debe tomar nota. Esta situación no requiere de personajes que echen mano de la demagogia o del intervencionismo o de quienes dar coartada al irresponsable, al incumplidor o al derrochador. Requiere de gestores ortodoxos, expertos, eficientes, que pongan a prueba el trabajo del esfuerzo, del ajuste, de la negociación, de los mecanismos que generan confianza en una economía y su funcionamiento.

Evidentemente la que se puede liar puede ser gorda. Porque ahora da la impresión de que todos son Berlusconi. Veremos.