Si en el plano político, por ejemplo, algo tan importante como la educación en España ha sido un elemento de cambio y confrontación por parte de cada gobierno, con algo tan importante como son los reguladores «supuestamente» independientes, también se ha reproducido este comportamiento cainita. Y, lo ha sido tanto en el papel, en la ley, como en el comportamiento de facto alrededor suyo, consistente en todo lo que hay asociado, los procesos de selección de consejeros y presidentes, cobertura de puestos o las presiones ante decisiones concretas, o la forma de recabar su concurso en apoyo de los gobiernos de turno.

Así, desde que llegó al poder, el Gobierno popular había puesto en el punto de mira a los reguladores, merced al proceso final de renovación de los componentes de los mismos tras la última reforma que elaboró Elena Salgado materializada en la Ley de Sostenibilidad, que también se malogró en parte al final. Los populares entraron con ganas de pasar a cuchillo aquello que surgió del frío, más allá de garantizar la función de estos organismos en una sociedad económicamente occidental y con instituciones avanzadas.

Al final, se embarcó en una reforma impulsada por Moncloa que ha tenido varios frentes abiertos permanentemente. El más importante es la propia aparatosidad y polémica en el plano internacional y europeo con la que viene precedida esta norma, dado que no era presentable bajo ningún punto. En segundo lugar, si en el papel era de bochorno, la dinámica política de la política politizada puede empeorar aún más las previsiones que se hacen al amparo del diseño institucional, por llamarlo así, que se trasluce de la norma.

Un hecho es la conformación de un órgano centralizador tan anómalo como la nueva Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en un diseño bajo la coartada formal del «ahorro de costes» (demagógica, burda y ridícula por su volumen, pero en tiempos de crisis es esgrimible oportunistamente por su simplificación). Al mismo tiempo, se procede a un vaciamiento de funciones de estos órganos, de entrega al poder político y de reducción formal de su capacidad, autonomía e independencia. Concretamente, en el ámbito energético esto se centra en la Comisión Nacional de Energía y en la Comisión Nacional de Competencia, integradas en lo que podríamos titular en esa nueva CNCM, «el sueño de Berenguer». Mira por dónde, al final se implanta un modelo intervencionista. Y es que los extremos siempre se tocan.

Al mismo tiempo, esta ley posibilita la instrumentación desde el Gobierno de la intervención en operaciones corporativas, de forma que pueda «premiar a los buenos y castigar a los malos» bloqueando o propiciando, de forma discrecional y arbitraria desde los propios Ministerios, aquellas operaciones en las que intervengan operadores internacionales de los sectores económicos bajo su competencia, tras la desconstrucción de la función 14 a favor del propio Gobierno y una visión un tanto confusa y anárquica de lo que es regulado y lo que no (véase la posición de los sucesivos gobiernos sobre las actividades eléctricas; para echarse a temblar).

De hecho, desde el Gobierno, y sin ocultaciones (lo cual se agradece), se ha utilizado en sus argumentarios la necesidad de incrementar la alineación de estos órganos reguladores en otros países independientes con la política del ejecutivo, evitando favorecer su independencia. Perdón, una pregunta, ¿pero, en el caso de los órganos reguladores, el objetivo no debería ser el contrario?

A esta reducción formal, viene añadidamente la reducción de facto. Puesto que existen personas biempensantes convencidas de que el Estado es el Derecho y que el Derecho es el Estado. Y la constatación de que un diseño en el papel del BOE garantiza que no se deforman ni los objetivos, ni la intencionalidad de la norma. Pero en los tiempos de la política líquida en un país con escasa credibilidad de sus instituciones, empeñado en derribarlas aún más, eso es así.

La confrontación de la ley escrita con la realidad de su aplicación, en entornos como el español y su consiguiente perversión vía aprovechamiento ventajista de la realidad, es ya una tradición del desinstitucionalismo en nuestro país. En su momento, la última reorganización de los órganos reguladores proveniente de la etapa Zapatero era bastante razonable en el papel. Pero luego, la forma en que desde el Gobierno se ejecutó la renovación de los órganos reguladores dio al traste con el diseño normativo creado, para ser una verdadera burla y una pantomima a los teóricos de la regulación y las instituciones.

Ahora, estamos en vísperas de una reedición de lo mismo. En los círculos políticos, se confirman ahora las posibilidades que tiene el actual presidente de la CNE, Alberto Lafuente, de que pase a ser vicepresidente del nuevo organismo, merced al meritoriaje, colaboracionismo con el equipo actual de Industria, a partir del acuerdo político para la remodelación que saldrá del desarrollo de esta ley.

Y, puestos en esto, ¿es razonable que se perpetúe el modelo de «El Gatopardo» (que todo cambie para que todo permanezca igual) en el ámbito de los reguladores sectoriales que no han sido independientes porque la política no tiene convicción ante ese concepto? Y, en conclusión, ¿hacía falta tanto escarnio y bochorno como el que ha infligido esta Ley de reguladores independientes, en las instituciones españolas, en la economía y en la política, para llegar a esto?

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de Reforma de 2013 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de España para 2012-2016

Consideración

(18) El déficit de la tarifa eléctrica, que implica un pasivo contingente de importe potencialmente considerable para el presupuesto, además de riesgos macroeconómicos no insignificantes, todavía no se ha abordado de manera completa, puesto que las medidas presentadas durante 2012 y a principios de 2013 no han sido suficientes. En el Programa Nacional de Reformas de 2013 el Gobierno anunció que para el final de junio de 2013 se iba a presentar un proyecto de ley de reforma adicional del sector eléctrico. Hay margen para seguir mejorando la competencia en el mercado minorista de la electricidad. La infraestructura de transporte es abundante, pero hay margen para que la selección de las inversiones sea más estricta y se dé prioridad al mantenimiento eficiente de las redes existentes. La creación de un observatorio independiente, tal como está previsto, sería de utilidad a este respecto. Al mismo tiempo, los obstáculos técnicos y legales impiden la competencia en el transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril.

Recomendación

8. Abordar el déficit de la tarifa eléctrica adoptando y aplicando una reforma estructural del sector de la electricidad antes del final de 2013; intensificar los esfuerzos para completar las interconexiones de gas y electricidad con los países vecinos; reducir el pasivo contingente de las finanzas públicas derivado de las infraestructuras de transporte no rentables; establecer una evaluación nacional independiente de los grandes proyectos de infraestructura futuros; adoptar medidas para garantizar la competencia efectiva en los servicios de transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril.

Ayer por la tarde se comenzó a difundir el resultado de las liquidaciones del sistema eléctrico de los meses de enero y febrero de 2013, con un resultado escalofriante: 1.003 millones de euros de déficit tarifario en los dos primeros meses del ejercicio. La CNE da margen a la política del Gobierno señalando que este déficit es menor del previsto y que, en parte, se compensará en los próximos meses con los nuevos ingresos que provendrán de las medidas fiscales y de las aplicaciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2013. Todo un elocuente espaldarazo al Gobierno derivado de los tiempos que corren en el organismo regulador, relativos a la coordinación con el Ejecutivo.

Una afirmación, en todo caso, que consigue crear un marco de azarismo, de imposibilidad de comparación y de extrema dificultad de cara a la estimación futura de final de año del desfase de ingresos y gastos del sistema eléctrico. En consecuencia, en el único aspecto donde cabe la comparación es en el interanual, manteniendo constantes los criterios de partida. Y, ahí, el déficit tarifario de 2013 se dispara un 35% respecto al mismo período de 2012.

En todo caso, la noticia se produce tras ese conjunto de medidas, no exentas de polémica por la forma en que se han tomado por parte del Ejecutivo. En este lote de medidas se incluye la Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética, cuyo mecanismo ha sido de carácter tributario y consistente en generar una batería de nuevos impuestos que deterioran el funcionamiento del mercado y encarecen el suministro. Junto a esto, encontramos la reducción de la retribución selectiva de determinados activos regulados y de determinadas tecnologías recientemente decretada, cambiando así el mecanismo de actualización de los ingresos.

Todo ello, después de acabar el ejercicio 2012 con un déficit tarifario apabullante en el entorno de los 5.200 millones de euros, muy lejos de las previsiones legales (1.500 millones de euros) y lejos de las balsámicas previsiones del Ejecutivo hasta el mismo mes de noviembre de 2012 (3.000 millones de euros), jugando con la demora en la apareción de las liquidaciones complementarias del organismo regulador y con la desmemoria que trata este problema como una cuestión de carácter político y no económico o gestor en una economía de mercado.

Pero, además, este déficit inicial o incipiente del año, llámemosle así, junto con las precauciones que emite la CNE en su evaluación para atemperar gaitas de lo voluminoso de esos 1.000 millones de euros en dos meses, también se produce con una inexplicable y política rebaja de la factura de la luz para este trimestre como bálsamo de los días de vino y rosas.

Rebaja que ha sido posible gracias a la estacionalidad, a la eficiencia del funcionamiento del mercado eléctrico y de las subastas CESUR con una disminución del precio de la electricidad del 6,6% (que sigue en la banda baja de la Unión Europea), que finalmente no se ha empleado en sofocar la sangría del déficit tarifario, consistente en endeudarse para pagar un suministro, y que posibilita generar medidas más dañinas y disruptivas en el futuro, por acumulación del problema. El hecho de que los precios de la electricidad se aborden dentro del cálculo político hacia la opinión pública de forma incluso condescendiente por parte de quienes comprenden esas coordenadas o las consideran lógicas, luego deriva en estas desagradables sorpresas.

En resumen, el problema del déficit tarifario está presente y sigue latente. Los días de vino y rosas y de patada hacia delante de los problemas pueden precipitarse en un futuro con un crujir de dientes y un arrastrar de cadenas.

El pasado viernes el diario El Economista anticipaba un nuevo plan del Gobierno para abordar el problema del déficit tarifario eléctrico. A diferencia de otros planes conocidos en el pasado, incluso con otras administraciones energéticas, éste tiene importantes visos de realidad, incluyendo las fuentes de que dispone el medio que lo publica. Quién sabe si su publicación responde al ejercicio del globo sonda, además del reconocimiento de que sería el penúltimo empujón tras el 2012 de dique seco sobre el problema del déficit tarifario.

¿Cuáles son las características positivas de este plan, con los elementos discutibles que el mismo pueda contener? Fundamentalmente, que es la primera vez que se aprecia una cierta hoja de ruta con enfoque global, que además está centrada en las cuestiones más relevantes: caída de la demanda, eficiencia del mercado de generación eléctrico (abandono, por tanto, de cuestionamientos pasados y de tentaciones retroprogresivas) y concentración de las medidas en los costes regulados.

Se trata de un plan que implicaría un recorte de 2.000 millones de euros, basado en el ajuste cada cinco años de las retribuciones reguladas: transporte, distribución y primas a las renovables. Además, se trata de articular la posibilidad de hibernar plantas de gas en consonancia con la caída de la demanda, y el hecho de que vaya cobrando forma la idea de constituir un «banco malo» para las renovables. Junto a esto, en dicho Plan se incluye el hecho de rebañar costes del suministro que irían a parar a los Presupuestos Generales del Estado por un montante de otros 2.000 millones de euros, en concreto, relativos al coste de la interrumpibilidad y de los sistemas extrapeninsulares.

Es, por tanto, algo que va más allá de una declaración de intenciones. Queda ahora el determinar cómo se va a llevar a cabo el mismo, con qué niveles de acuerdo y negociación se va a realizar (o si se va a presentar en modelo hechos consumados), con qué garantías y con qué precisión jurídica se va a realizar o, incluso, desde el punto de vista institucional, el papel en ello del nuevo órgano de competencia y mercados, tras la voladura de la Comisión Nacional de Energía, originada en la negociación de la legislatura anterior para la cobertura de puestos en los órganos reguladores, dado que la CNE, en su estado actual, tiene propuestas para modificar el esquema de revisión del sistema de tarifas.

Y, por último, queda por conocer la maniobrabilidad y la importancia de los obstáculos que puede tener un plan de esas características. En el primer supuesto, la ejecución podría llevarse a cabo por el propio Ministerio de Hacienda.

En el segundo, el de los obstáculos, hay que tener en cuenta los intereses de los Fondos, el papel de la Administración norteamericana, así como las resoluciones de los procesos judiciales en el ámbito europeo relativos a las energías renovables. Por otra parte, la sola enunciación de la reducción de las inversiones en transporte, revisión de su retribución y de la reducción de capacidad de centrales de gas como suministro hipergarantizado para el operador de transporte y sistema, puede generar también reacciones encontradas desde los accionistas de la entidad que preside José Folgado.

Queda mucha película por delante y hoy sólo sabemos retazos del argumento.