Los primeros resultados de la denominada «Reforma Soria» para, supuestamente, terminar de terminar el problema del déficit tarifario eléctrico ya se vieron en el Ibex-35 el pasado viernes, con el fuerte impacto que sufrieron las empresas españolas. Eso quiere decir que la dimensión económica resultante de la barbaridad anunciada en el Consejo de Ministros se cumplió con toda precisión. Hoy, todas las asociaciones de los distintos sectores y subsectores que participan en el suministro eléctrico están reunidas para valorar el impacto de la reforma anunciada y actuar en consecuencia.

En estos últimos años, el problema del sector energético, en general, y del sector eléctrico, en particular, proviene de que únicamente ha operado la dimensión política a la hora de abordar la cuestión del déficit tarifario. Una suerte de ministros de claro matiz político, con la maldición de los ministros de Industria encima (Montilla, Clos, Sebastián…) cuya culminación es el modelo kirchnerista de José Manuel Soria, han llevado el funcionamiento del sector eléctrico por los derroteros políticos, sin comprensión económica, sectorial o empresarial (en un país con aversión a todas estas dimensiones; casi nada). No es desdeñable, además, la función de las dos últimas vicepresidentas del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega y Soraya Sáenz de Santamaría en semejante destrozo de la economía desde la política.

Sólo así es posible que se haya formado la burbuja de costes regulados y el agujero del déficit tarifario, en su combinación y en su naturaleza mixta. El hecho es que el problema del déficit tarifario eléctrico, un problema único en Europa, basado en la concesión sin medida de incrementos en los costes regulados y el control simultáneo de los precios, con origen en la política y en las clases extractivas españolas, se ha resuelto de la peor forma posible para los consumidores, para la economía, para las empresas y para la sociedad. A corto y a largo plazo.

Esa dimensión política se ha podido comprobar en la abrupta resolución de la reforma anunciada y publicada en su primera entrega en el Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. A falta del análisis preciso que se está haciendo todo el fin de semana, los planes del Gobierno son desastrosos:

– Recorte en la retribución de la distribución eléctrica decidido por pura discrecionalidad, que ya alcanza un 20% de su montante. De hecho, con el recorte en esta reforma «definitiva» ocurre que la distribución no ha llegado a tener un modelo definido, con la connivencia del presidente actual de Comisión Nacional de Energía que ha escondido el modelo retributivo sobre esta actividad. Por tanto, nadie sabrá jamás cuál debe ser la retribución necesaria de la distribución, configurando el carácter inestable, político y discrecional del funcionamiento de los sectores económicos en nuestro país.

– Financiación obligada del déficit por parte de las empresas (¡que siguen decidiendo los políticos!) y que vuelven a dejarse un colchón anual de 2.500 millones de euros hasta 2015.

– Revisión retroactiva del modelo retributivo de las tecnologías en régimen especial, más lesivo cuanto más antigua es la tecnología y más cercana en su retribución actual al mercado. Además, la retribución final se fija por debajo del coste financiero (recursos propios y ajenos) necesarios para la financiación de las empresas, además de escamotear el famoso cálculo del 7,5%.

– Atribución de la financiación del bono social a las «empresas integradas verticalmente» en su nuevo formato.

– Asunción de sólo 900 millones de euros de los costes regulados desde los Presupuestos Generales del Estado, frente a los 1.800 millones de euros que pretendía conseguir Soria de Hacienda para cubrir el 100% de los costes extrapeninsulares. Con esta cifra, sólo podrá financiar la mitad.

– Otros 900 millones de euros irán a cuenta de los peajes, es decir, la parte regulada de la tarifa eléctrica y que será asumida por los consumidores a través de la Tarifa de Último Recurso (TUR).

Volviendo al principio de todas estas trapisondas, básicamente, el primer problema consiste en que nos hemos acostumbrado a esta dimensión política de los hechos en el sector eléctrico, dimensión en la que José Manuel Soria nada como pez en el agua. Cuando se plantea la comunicación política de la reforma, la obsesión es la opinión pública.

El objetivo es cómo presentar una falaz «equidad», «que no se casa con nadie» o «cómo se han dado palos a todos» o si se distribuye la carga entre consumidores y empresas de forma «aceptable» desde el punto de vista de la opinión pública. Dirigida a la izquierda y derecha peronista española, unida por esa visión reducida y pobre de la política y de la economía basada en el peronismo y en la opinión pública. Esa era la pregunta de los tertulianos radiofónicos y televisivos, escandalizados por la subida del 3,2% y atemorizados convenientemente por la subida que debería haberse producido de haberse aplicado las decisiones pasadas.

Existen algunos medios de comunicación que dicen que podría haber sido peor o que incluso alardean de que por fin «Soria se ha atrevido a hacerlo» en plan Gary Cooper en «Sólo ante el peligro«, para darle un tinte mítico, muy valorado en el Partido Alfa. Indudablemente, José Manuel Soria es un ministro con fortaleza en el Gobierno, además de ser el verdadero portavoz del mismo, pero ese aislamiento de los sectores que gestiona con directriz exclusivamente política es fuertemente peligroso.

Pero en ambientes políticos más maduros, que no confunden la economía con la popularidad, esta visión no se comparte. En absoluto. ¿No hubiera sido mucho más razonable exonerar de esa condición política al problema del déficit tarifario, haber sido más medido, responsable, prudente y haber trabajado en su resolución como una carrera de fondo, asumiendo la raíz del problema y renegociando con todos los sectores? Más experiencia, más gestión y menos temeridad y atrevimiento, más respeto a los agentes, hubieran sido exigibles al Gobierno para afrontar unos problemas tan serios.

Eso también hubiera implicado aprovechar cada momento posible en que se pudiera haber absorbido el déficit y no dejarse seducir por las medidas demagógicas que han ensanchado el problema y a las que el propio Soria no se ha substraído. Desde las instancias políticas, incluyendo al ministro, se ha creado el problema del déficit tarifario, se ha agrandado y ahora se acaba de generar un nuevo escenario con un sinfín de nuevos problemas superpuestos y gravísimos añadidos a los de partida. No se resuelve uno y se añaden más.

Lo primero, porque la reforma es falsa y no es definitiva, ya que se auto concede nuevamente un déficit anual, límite que cada vez que se ha fijado se ha incumplido religiosamente por los sucesivos gobiernos en el pasado.

Y, segundo, porque lo que va a funcionar después de esta reforma son sus consecuencias: otros mecanismos económicos mucho más inexorables y coherentes con las medidas adoptadas y la argentinización de España en su gobierno económico y sectorial. A saber: expedientes de regulación de empleo, suspensiones de pagos en empresas, quiebras, deterioro de las redes de distribución, litigios, arbitrajes, conflictos económicos y diplomáticos internacionales, ventas de activos, asalto a las empresas españolas por parte de operadores foráneos, dado el castigo de la regulación y deterioro en el valor de las empresas que se solventa con mayores capacidades del Gobierno para prohibir operaciones corporativas.

Dimensión política como cortina de humo para el caso Bárcenas. Por tanto, es clave denunciar el tratamiento de la reforma para el déficit tarifario eléctrico mediante esa dimensión política mal entendida, ejercida por quienes no comprenden los mecanismos económicos, de financiación e inversión, quienes no tienen experiencia empresarial y abocan al país al desprestigio económico e institucional.

Y, José Manuel Soria, miembro del Consejo de Seguridad Nacional. Para echarse a temblar.

Los primeros resultados de la denominada «Reforma Soria» para, supuestamente, terminar de terminar el problema del déficit tarifario eléctrico ya se vieron en el Ibex-35 el pasado viernes, con el fuerte impacto que sufrieron las empresas españolas. Eso quiere decir que la dimensión económica resultante de la barbaridad anunciada en el Consejo de Ministros se cumplió con toda precisión. Hoy, todas las asociaciones de los distintos sectores y subsectores que participan en el suministro eléctrico están reunidas para valorar el impacto de la reforma anunciada y actuar en consecuencia.

En estos últimos años, el problema del sector energético, en general, y del sector eléctrico, en particular, proviene de que únicamente ha operado la dimensión política a la hora de abordar la cuestión del déficit tarifario. Una suerte de ministros de claro matiz político, con la maldición de los ministros de Industria encima (Montilla, Clos, Sebastián…) cuya culminación es el modelo kirchnerista de José Manuel Soria, han llevado el funcionamiento del sector eléctrico por los derroteros políticos, sin comprensión económica, sectorial o empresarial (en un país con aversión a todas estas dimensiones; casi nada). No es desdeñable, además, la función de las dos últimas vicepresidentas del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega y Soraya Sáenz de Santamaría en semejante destrozo de la economía desde la política.

Sólo así es posible que se haya formado la burbuja de costes regulados y el agujero del déficit tarifario, en su combinación y en su naturaleza mixta. El hecho es que el problema del déficit tarifario eléctrico, un problema único en Europa, basado en la concesión sin medida de incrementos en los costes regulados y el control simultáneo de los precios, con origen en la política y en las clases extractivas españolas, se ha resuelto de la peor forma posible para los consumidores, para la economía, para las empresas y para la sociedad. A corto y a largo plazo.

Esa dimensión política se ha podido comprobar en la abrupta resolución de la reforma anunciada y publicada en su primera entrega en el Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. A falta del análisis preciso que se está haciendo todo el fin de semana, los planes del Gobierno son desastrosos:

– Recorte en la retribución de la distribución eléctrica decidido por pura discrecionalidad, que ya alcanza un 20% de su montante. De hecho, con el recorte en esta reforma «definitiva» ocurre que la distribución no ha llegado a tener un modelo definido, con la connivencia del presidente actual de Comisión Nacional de Energía que ha escondido el modelo retributivo sobre esta actividad. Por tanto, nadie sabrá jamás cuál debe ser la retribución necesaria de la distribución, configurando el carácter inestable, político y discrecional del funcionamiento de los sectores económicos en nuestro país.

– Financiación obligada del déficit por parte de las empresas (¡que siguen decidiendo los políticos!) y que vuelven a dejarse un colchón anual de 2.500 millones de euros hasta 2015.

– Revisión retroactiva del modelo retributivo de las tecnologías en régimen especial, más lesivo cuanto más antigua es la tecnología y más cercana en su retribución actual al mercado. Además, la retribución final se fija por debajo del coste financiero (recursos propios y ajenos) necesarios para la financiación de las empresas, además de escamotear el famoso cálculo del 7,5%.

– Atribución de la financiación del bono social a las «empresas integradas verticalmente» en su nuevo formato.

– Asunción de sólo 900 millones de euros de los costes regulados desde los Presupuestos Generales del Estado, frente a los 1.800 millones de euros que pretendía conseguir Soria de Hacienda para cubrir el 100% de los costes extrapeninsulares. Con esta cifra, sólo podrá financiar la mitad.

– Otros 900 millones de euros irán a cuenta de los peajes, es decir, la parte regulada de la tarifa eléctrica y que será asumida por los consumidores a través de la Tarifa de Último Recurso (TUR).

Volviendo al principio de todas estas trapisondas, básicamente, el primer problema consiste en que nos hemos acostumbrado a esta dimensión política de los hechos en el sector eléctrico, dimensión en la que José Manuel Soria nada como pez en el agua. Cuando se plantea la comunicación política de la reforma, la obsesión es la opinión pública.

El objetivo es cómo presentar una falaz «equidad», «que no se casa con nadie» o «cómo se han dado palos a todos» o si se distribuye la carga entre consumidores y empresas de forma «aceptable» desde el punto de vista de la opinión pública. Dirigida a la izquierda y derecha peronista española, unida por esa visión reducida y pobre de la política y de la economía basada en el peronismo y en la opinión pública. Esa era la pregunta de los tertulianos radiofónicos y televisivos, escandalizados por la subida del 3,2% y atemorizados convenientemente por la subida que debería haberse producido de haberse aplicado las decisiones pasadas.

Existen algunos medios de comunicación que dicen que podría haber sido peor o que incluso alardean de que por fin «Soria se ha atrevido a hacerlo» en plan Gary Cooper en «Sólo ante el peligro«, para darle un tinte mítico, muy valorado en el Partido Alfa. Indudablemente, José Manuel Soria es un ministro con fortaleza en el Gobierno, además de ser el verdadero portavoz del mismo, pero ese aislamiento de los sectores que gestiona con directriz exclusivamente política es fuertemente peligroso.

Pero en ambientes políticos más maduros, que no confunden la economía con la popularidad, esta visión no se comparte. En absoluto. ¿No hubiera sido mucho más razonable exonerar de esa condición política al problema del déficit tarifario, haber sido más medido, responsable, prudente y haber trabajado en su resolución como una carrera de fondo, asumiendo la raíz del problema y renegociando con todos los sectores? Más experiencia, más gestión y menos temeridad y atrevimiento, más respeto a los agentes, hubieran sido exigibles al Gobierno para afrontar unos problemas tan serios.

Eso también hubiera implicado aprovechar cada momento posible en que se pudiera haber absorbido el déficit y no dejarse seducir por las medidas demagógicas que han ensanchado el problema y a las que el propio Soria no se ha substraído. Desde las instancias políticas, incluyendo al ministro, se ha creado el problema del déficit tarifario, se ha agrandado y ahora se acaba de generar un nuevo escenario con un sinfín de nuevos problemas superpuestos y gravísimos añadidos a los de partida. No se resuelve uno y se añaden más.

Lo primero, porque la reforma es falsa y no es definitiva, ya que se auto concede nuevamente un déficit anual, límite que cada vez que se ha fijado se ha incumplido religiosamente por los sucesivos gobiernos en el pasado.

Y, segundo, porque lo que va a funcionar después de esta reforma son sus consecuencias: otros mecanismos económicos mucho más inexorables y coherentes con las medidas adoptadas y la argentinización de España en su gobierno económico y sectorial. A saber: expedientes de regulación de empleo, suspensiones de pagos en empresas, quiebras, deterioro de las redes de distribución, litigios, arbitrajes, conflictos económicos y diplomáticos internacionales, ventas de activos, asalto a las empresas españolas por parte de operadores foráneos, dado el castigo de la regulación y deterioro en el valor de las empresas que se solventa con mayores capacidades del Gobierno para prohibir operaciones corporativas.

Dimensión política como cortina de humo para el caso Bárcenas. Por tanto, es clave denunciar el tratamiento de la reforma para el déficit tarifario eléctrico mediante esa dimensión política mal entendida, ejercida por quienes no comprenden los mecanismos económicos, de financiación e inversión, quienes no tienen experiencia empresarial y abocan al país al desprestigio económico e institucional.

Y, José Manuel Soria, miembro del Consejo de Seguridad Nacional. Para echarse a temblar.

Uno. Los intentos de sembrar cizaña alrededor del funcionamiento del mercado eléctrico han resultado más o menos infructuosos; unos con más cobertura institucional que otros (pero por parte de instituciones sin legitimidad, como la CNE, cuya oportunidad en tratar temas relativos al mercado inmediatamente antes de las subastas es pasmosa). Por otro lado, la fuerte bajada precedente no deja lugar a movimientos basculacionistas en los que, con las subidas, se genera escándalo y con las bajadas se amortizan.

Dos. La evolución de las tarifas de último recurso y del mercado eléctrico es coherente con la estacionalidad y las relaciones de oferta y demanda existentes en el mercado español; algo que vuelve a corroborar que el mercado funciona y que lo que es disfuncional es la política energética. Las insinuaciones y sombras de duda viven entre la inconsistencia y lo efímero del instante anterior a la subasta trimestral.

Tres. Las tarifas de acceso se mantienen inalteradas, intactas, pese a las advertencias y admoniciones de la reforma en ciernes: si baja el componente energético, se absorben y bajan; si sube el componente energético, se congelan. Podría parecer que en el segundo de los casos, los peajes «no suben». Pero, en realidad, sí suben; lo que ocurre es que no se trasladan.

Cuarto. Una lectura razonable es que, tras varios años didácticos, la distinción relativa a lo que son los costes regulados ha calado. En sentido contrario, se mantiene el componente político de las subidas de la luz y, aún más, la explicación de su origen y las decisiones que lo componen siguen siendo evanescentes, como si no perteneciesen a nadie. Consecuentemente, asistimos a un intento de abrir un arco ambiguo que dé cobertura a las medidas futuras, de tintes tenebrosos y desasosegantes, en proceso de cocción lenta. Eso sí, siempre interpretable en clave y en términos políticos y de opinión pública, ahora con la mirada muy atenta de Europa y las instituciones sobre nosotros. ¿Cómo justificar las subidas políticas y no subidas, las decisiones de costes regulados, la pérdida de seguridad jurídica y, a la vez, el crecimiento de este déficit y la creación de otros como el gasista o el del butano?

Quizás es un problema que se deriva de que, tras cada subida, un ministro tenga una alcachofa delante para hacer declaraciones y sea algo opinativo. Quizás el problema es que el desenlace en ciernes del problema del déficit tarifario (acrecentado por la falta de pericia económica, política y gestora), incorpore componentes interpretativos. El signo de los tiempos.

Uno. Los intentos de sembrar cizaña alrededor del funcionamiento del mercado eléctrico han resultado más o menos infructuosos; unos con más cobertura institucional que otros (pero por parte de instituciones sin legitimidad, como la CNE, cuya oportunidad en tratar temas relativos al mercado inmediatamente antes de las subastas es pasmosa). Por otro lado, la fuerte bajada precedente no deja lugar a movimientos basculacionistas en los que, con las subidas, se genera escándalo y con las bajadas se amortizan.

Dos. La evolución de las tarifas de último recurso y del mercado eléctrico es coherente con la estacionalidad y las relaciones de oferta y demanda existentes en el mercado español; algo que vuelve a corroborar que el mercado funciona y que lo que es disfuncional es la política energética. Las insinuaciones y sombras de duda viven entre la inconsistencia y lo efímero del instante anterior a la subasta trimestral.

Tres. Las tarifas de acceso se mantienen inalteradas, intactas, pese a las advertencias y admoniciones de la reforma en ciernes: si baja el componente energético, se absorben y bajan; si sube el componente energético, se congelan. Podría parecer que en el segundo de los casos, los peajes «no suben». Pero, en realidad, sí suben; lo que ocurre es que no se trasladan.

Cuarto. Una lectura razonable es que, tras varios años didácticos, la distinción relativa a lo que son los costes regulados ha calado. En sentido contrario, se mantiene el componente político de las subidas de la luz y, aún más, la explicación de su origen y las decisiones que lo componen siguen siendo evanescentes, como si no perteneciesen a nadie. Consecuentemente, asistimos a un intento de abrir un arco ambiguo que dé cobertura a las medidas futuras, de tintes tenebrosos y desasosegantes, en proceso de cocción lenta. Eso sí, siempre interpretable en clave y en términos políticos y de opinión pública, ahora con la mirada muy atenta de Europa y las instituciones sobre nosotros. ¿Cómo justificar las subidas políticas y no subidas, las decisiones de costes regulados, la pérdida de seguridad jurídica y, a la vez, el crecimiento de este déficit y la creación de otros como el gasista o el del butano?

Quizás es un problema que se deriva de que, tras cada subida, un ministro tenga una alcachofa delante para hacer declaraciones y sea algo opinativo. Quizás el problema es que el desenlace en ciernes del problema del déficit tarifario (acrecentado por la falta de pericia económica, política y gestora), incorpore componentes interpretativos. El signo de los tiempos.