Un nuevo frente se abre en la operación de adquisición de Unión Fenosa por Gas Natural y es una de las joyas de la corona de la empresa gasista: el contrato del gas de Argelia, que supone que Gas Natural tenga el 100 % del abastecimiento del gas natural procedente de ese país a través del gasoducto del Magreb hacia Europa. Una verdadera bomba de relojería en lo que se refiere a competencia, tanto en le plano nacional como en el europeo, ámbito en el que podría llegar a desenvolverse la resolución definitiva de la operación.

Una cuestión que, por sus efectos a nivel competitivo, está siendo señalada con el dedo en el momento en que se trata la operación por los órganos reguladores españoles en materia de competencia. Por tanto, este contrato, parece que se puede convertir en un argumento que puede esgrimirse en contra de la gasista, que podría “ir a por lana” y salir trasquilada”.

El contrato fue negociado por el gobierno socialista duratne el mandato de Felipe González y suscrito con Enagas, antes de convertirse en Gestor Técnico del Sistema. Posterormente este contrato fue cedido a favor de Gas Natural en su momento, lo que conlleva que sus condiciones supongan unos precios y volúmenes que son estratégicos para la compañía.

Ahora, según la información a la que ha tenido acceso Energía Diario, con esta operación abierta en manos de las autoridades de regulación y competencia, en las alegaciones formuladas a la misma, se insta a que la Comision Nacional de Energía recomiende a la Comisión Nacional de Competencia que este contrato se ceda a todos los operadores del mercado de aprovisionamiento de gas.

En este contexto los competidores de Gas Natural, consideran que este contrato sería una ventaja competitiva impropia del proceso de liberalización, y el momento en el que ponerlo de manifiesto, la concentración de actividades gasistas resultante de la operación Gas Natural-Unión Fenosa.

Por su parte, tal y como se ha conocido ayer, los servicios técnicos del organismo habrían propuesto en el informe de la función 15 de la compra de Unión Fenosa por gas natural, una desinversión de 800 MW en centrales de ciclo combinado a la empresa resultante, así como una mínima reducción en la actividad comercializadora. Según se ha podido conocer en los medios de comunicación, la propuesta ha sido tachada de inconcreta en el propio organismo.

De confirmarse esta posición, las desinversiones que propone la CNE se centran en la actividad eléctrica de la nueva empresa resultante de la operación. Por tanto, no habría propuestas de este regulador en lo que se refiere al mercado gasista, pese a las importantes cuotas de mercado resultantes , tanto en aprovisionamiento como en distribución y comercialización, algo que en determinadas comunidades autónomas es más apreciable y que Gas Natural justifica en la entrada prevista de Sonatrach en el mercado español.

Esta semana que comienza será decisiva para el desarrollo de la operación de adquisición de Unión Fenosa por Gas Natural. Y será relevante, pero no decisiva. La Comisión Nacional de Energía analizará la denominada función 15 de este organismo, es decir los efectos de esta operación sobre la competencia en los mercados energéticos que se ven afectados: aprovisionamiento y comercialización de gas y electricidad. Esta operación ya superó en la CNE el no trámite de la función 14 (si la operación tendría efecto sobre la inversión en las actividades reguladas y la garantía de suministro), justo en el momento en que los tribunales europeos cuestionaban el alcance de esta función.

En este caso, el informe de la función quince no es vinculante. Su informe será remitido a la Comisión Nacional de Competencia, que será quien finalmente determine como se lleva a cabo la operación, si se autoriza directamente, si se autoriza con condiciones o, por el contrario, propone que se prohíba la operación. Si el Gobierno no estuviera de acuerdo en la posición de este organismo, tendría que justificar las razones a su oposición.

Hasta el momento, ha existido una “calma chicha” en torno a la operación, aunque han empezado a aparecer las primeras disensiones. Una primera que señala el punto de riesgo para la competencia en la operación en las actividades gasistas de la nueva compañía. El argumento es que Gas Natural es uno de los principales operadores gasistas del mundo y con la adicción de la actividad de Unión Fenosa Gas esta capacidad se incrementa y más aún en el mercado ibérico.

Eso apunta a que las condiciones de la operación tendrían que ir orientadas a moderar la configuración de un operador casi monopolístico en el mercado del gas en España. Algo que alcanza tanto al aprovisionamiento como a la comercialización. Gas Natural apela a la futura entrada de Sonantrach en sus argumentos para evitar condiciones severas en materia de desinversión, a sabiendas que el control del gas seria el elemento más estratégico de la operación, más que la actividad eléctrica.

Por otra parte, otro de los trasuntos que ha levantado esta operación es la conformación empresarial que tiene Unión Fenosa Gas, en la que participa en un 50 % ENI, y que merced a una cláusula muy ‘a la italiana’, esta empresa tiene un derecho de tanteo sobre el 50 % restante, caso de que se modificase la conformación accionarial de UF-Gas. Una “jugada” que además podría resultar muy cara a Gas Natural; caso de querer quedarse con el 50 % que actualmente tiene la empresa transalpina, hasta un 20 % más de lo que fijen los bancos de negocio.

Todo ello trae consecuencias desde el punto de vista de la operación y del precio fijado en la misma, así como del apalancamiento necesario para efectuarla. Algo que nos podría devolver al escenario inicial, en la medida que los ratios de deuda sean más elevados para la garantía en las actividades reguladas. Lo que si está claro es que el resto de competidores está muy atento a la operación y que un proceso que a priori parecía sencillo, parece que no acaba nada más que empezar.

La semana pasada las declaraciones del Ministro de Industria señalando que “querría perfiles técnicos” para el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, nos devolvía a la situación de interinidad en que está su actual composición. Entre otras cosas, porque ya han empezado a surgir propuestas y colocarse en posicines de proximidad.

Uno de los candidatos que más recientemente ha aparecido es el anterior Secretario General de Energía, Ramón Pérez Simarro, que procede del sector gasista, al ser consejero de ENAGAS y REPSOL. Su candidatura parece que ha recalado a través de la Vicepresidenta del Gobierno, Mª Fernández de la Vega. Una candidatura difícil por varios motivos, en primer lugar por que no parece razonable que pueda ocupar uno de los puestos que dejan los candidatos salientes, todos del PP. En segundo, por su propia cercanía a las propias empresas. Y, una tercera, que complicaría aún más la reducción de miembros del organismo que también se ha anunciado en varios medios de comunicación.

Por este motivo, por su cercanía al Partido Popular, ha cobrado fuerza el nombre de la actual secretaria del Consejo, Marina Serrano, Abogada del Estado (un cuerpo de tradición más próximo al partido conservador), ex directora general de Patrimonio del Estado, aunque según las fuentes consultadas en el Partido Popular también se apostaría por la continuidad de Javier Peón, actual consejero en el organismo. En el ámbito político, y sobre todo, en el de los partidos nacionalistas, parece que es el turno del Partido Nacionalista Vasco para ocupar uno de los puestos vacantes. Aunque ya se ha hablado del ex senador Xabier Albistur, parece que el equilibrio de fuerzas en esta formación no se decanta tanto hacia los hombres próximos al anterior presidente Josu Jon Imaz. En el PSOE, otro de los nombres procedentes de la política es el del ex Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, todavía en espera de destino.

Por su parte, Ignasi Nieto, anterior Secretario General de Energía, que sigue muy activo en el sector, pero desde posiciones menos expuestas, también podría ser otro candidato a tener en cuenta, lo que sería una “bomba” (nunca mejor dicho) dentro del sector, al volver de su experiencia en la empresa de sistemas militares ISDEFE. La virtualidad de esta candidatura estriba sobre todo porque sería también una forma para el actual ejecutivo de “gestionar” su presencia y su insistencia sectorial.

Por otra parte, dentro del organismo han surgido rumores que señalaban como posible candidata a María Jesús Martín Martínez, actual directora de Mercados Derivados de Energía, quien también puede tener una vía abierta de llegada a la consultora Intermoney. El puesto de Martínez, creado por Maite Costa, no ha llegado a “cuajar” en la estructura del organismo y hay quien lo ve en extinción, lo que ha levantado todo cúmulo de posibilidades dentro de la CNE. Martínez tiene buenas relaciones con Carlos Ocaña (actual Secretario de Estado de Hacienda, no el jefe de Gabinete de Sebastián, también Carlos Ocaña) y con Miguel Angel Lasheras, consejero de Enagas y presidente de Enervia.

El hecho de precisar mayor bagaje profesional y peso en el sector parece que se trata de un peso difícil de levantar para María Jesús Martín Martínez como candidata a Consejera, y para otro de los nombres que se han anunciado y circulado en las quinielas, el de Milagros Avedillo, ex CNE, ex Oficina Económica del Gobierno y actualmente colaboradora de David Vegara, Secretario de Estado de Economía. Se trata también de otro de los argumentos delirantes que forman parte de esta prolongada sustitución anunciada: la cuota femenina. Otro de los candidatos que se manejaba en el interior del organismo, era el propio José Manuel Revuelta, actual director de Regulación, del que ya se ha hecho público su vuelta a Endesa. En todo caso, todos estos nombres dan cuenta de la situación del organismo, sumido en su propia devanadera.

Mientras, siguen sin aparecer en las quinielas candidatos de peso. Parece que no se oyen nombres. A lo mejor hasta es positivo y hasta no los queman.

Esa espectacular alza se registró en el crudo de Texas (WTI), pero no se trasladó sin embargo a la cotización del día siguiente, pues afectó sólo a los contratos para entrega en octubre que vencieron ese mismo día en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX).

Así, la semana se inició con el barril del WTI para entrega en octubre disparándose hasta los 130 dólares, antes de concluir el lunes a 120,92 dólares, un 15,7 por ciento más que el cierre anterior (del viernes), que es la mayor subida en una sola jornada desde que estos contratos comenzaron a comercializarse en 1983.

Sin embargo, en comparación los contratos del mismo petróleo para entrega en noviembre subieron el mismo día «sólo» en poco más de 6 dólares, al igual que los del crudo Brent, referencia para Europa, en el Intercontinental Exchange Futures (ICE).

Durante el resto de la semana mantuvieron una volatilidad alta, dentro de la cual se impuso una tendencia a la baja: el WTI concluyó el viernes a 106,89 dólares, un uno por ciento menos que el jueves, y el Brent bajó 1,06 dólares, hasta los 103,54 dólares.

Sin embargo, estos precios superan a los del cierre de la semana anterior, de 104,55 y 99,61 dólares por barril, respectivamente, mientras que el barril del crudo referencial de la OPEP se movió esta semana entre los 99 y los 97,68 dólares, unos 10 dólares más que la media de la semana precedente (89,19 dólares).

Noticias de que Arabia Saudí está reduciendo sus exportaciones de crudo, mientras Nigeria y México registran asimismo reducciones en su bombeo sostuvieron a los precios, al tiempo que otros datos, como un fuerte descenso de la demanda de gasolina en Estados Unidos y de las ventas de automóviles en Europa, han presionado a la baja.

Pero la principal preocupación de los mercados es el temor a que la crisis financiera de EEUU se extienda al resto del planeta.

«En condiciones normales, los operadores estarían ponderando el impacto de los huracanes Gustav y Ike, que han detenido una parte importante de la capacidad de producción de crudo y derivados», señala la asesora especializada JBC Energy, con sede en Viena.

«Pero confrontados con un problema aún más dramático para todo el mundo, los mercados se concentran más en el desastre financiero que en la calamidad natural», añade.

Ahora, todos esperan que este fin de semana la Casa Blanca y los legisladores estadounidenses logren un acuerdo para aprobar el plan de rescate al sistema financiero, después de conseguir desbloquear anoche la negociación, en parte gracias a que el departamento del Tesoro aceptó un fraccionamiento en varias partidas de los 700.000 millones de dólares que compondrán el monto total del paquete.

En todo caso, los analistas advierten de la complejidad de la situación, que dificulta asimismo prever la evolución de los precios del petróleo.

Por un lado, si la crisis afecta negativamente a la coyuntura mundial, como prevén muchos economistas, puede mermar la demanda energética y presionar a la baja sobre las cotizaciones, lo cual a su vez amenaza con frenar las inversiones en el sector.

Según la consultara, unos «precios del crudo en torno a los 90 dólares ya están apretando a varios productores de arenas (bituminosas)», una de las formas más caras de extraer crudo, y de forma similar, se calcula que la energía nuclear necesita, para obtener beneficios, que el barril de petróleo no baje de 70 dólares.

Por otro lado, los precios pueden volver al alza si la crisis va acompañada de un debilitamiento del dólar frente al euro y otras divisas, pues este fenómeno empuja a los inversores a refugiar su capital en las materias primas.

El consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía se reúne hoy para abordar su posición respecto de la denominada función 14 y su aplicación respecto de la operación de compra de Unión Fenosa por parte de Gas Natural. Esta decisión ha sido ya pospuesta una vez en el seno del Consejo, a la vista de la necesidad de seguir confrontando los efectos de la sentencia del tribunal europeo a la reforma que realizó el gobierno en su momento, de cara a la entrada de E.On en liza en Endesa.

Según ya se ha podido saber a través de los medios de comunicación, parece que la propuesta que tratará el Consejo es que no se aplicará la función 14 al caso de la operación Gas Natural, ni siquiera en su formulación previa (anterior a la entonces deseada disciplina española propuesta anti E.ON).

Por otra parte, ayer El Confidencial señalaba que existían “presiones insistentes” desde el entorno de Florentino Pérez (ACS) para que el Consejo de Administración del organismo resolviera la operación sin necesidad de aplicar esta función, paso previo en la tramitación habitual de estas operaciones.

Por otra parte, ayer el rotativo económico El Economista, recogía que la Comisión Nacional de Energía abogaba por que la empresa resultante de la operación tuviese un menor peso en el mercado del gas (aprovisionamiento y comercialización), lo que podría significar que se pudiera instrumentar condiciones que supusieran la venta de determinadas redes como serían las de Madrid y Galicia. Según esta información la cuota conjunta de mercado de la resultante puede ser muy elevada y, particularmente, en varias Comunidades Autónomas, lo que ha levantado las alarmas en lo que se refiere al ámbito de la competencia.

Una CNE, friendly

En todo caso, de los primeros pasos de esta operación, lo que parece claro es que la CNE seguirá siendo un organismo “friendly” con los intereses de ACS, en la medida que ha modificado sus posiciones y criterios anteriores concernientes al ejercicio de los derechos políticos en las Juntas Generales de Iberdrola, empresa en la que participa simultáneamente en el sector energético. En todo caso, es curioso como opera de forma maniquea la ley del péndulo en la aplicación de la función 14 del organismo, por una parte de pasar a ser un ‘fidelato’ que se estira y amplía hasta extremos inaprensibles (última formulación, ahora derogada por el Tribunal Europeo), hasta diluir cualquier observancia sobre el efecto en las actividades reguladas y en la inversión de operaciones que tienen que ver con dos operadores españoles y cuyas desinversiones y capacidad financiera tendrían que estar verificadas por los reguladores independientes.

La no existencia de la función 14 evidentemente entraña una serie de beneficios para la operación y su agilidad: el primero, el posible aborto de recursos posteriores que pudieran entorpecer la misma. En segundo, permitir mayores grados de libertad de cara a la cobertura de los requisitos financieros para la atención a lo que se denominan actividades reguladas, verdadero sentido de la función 14. Eso es una cuestión que se dilucidaría solamente a través de la función 15 (que valora cómo afecta la operación a la competencia) y cuyo papel realmente está en manos de la Comisión Nacional de Competencia. El informe de la CNE, en este caso, servirá para que este órgano fije su posición definitiva.