A mediados del pasado mes de enero, las asociaciones de consumidores denunciaron irregularidades y excesos en el nuevo sistema de facturación mensual de la electricidad, tras recibir numerosas quejas por parte de los usuarios que se mostraban alarmados al haber pagado unas facturas de la luz inusualmente elevadas, después de haber costeado un recibo anormalmente bajo el mes anterior. El problema radica en que las facturas emitidas no reflejan los consumos reales, sino los estimados. Según datos aportados por estas asociaciones, la diferencia entre ambas facturas podía alcanzar el 30% en algunos casos.

Todo este revuelo mediático llevó a los ministerios de Industria y Consumo a convocar una reunión urgente con representantes de varias asociaciones de usuarios, cuya exigencia era “abrir una investigación por cobros irregulares graves”. Finalmente, será la Comisión Nacional de Energía (CNE) la encargada de abrir un expediente informativo sobre la facturación mensual de la energía eléctrica, con el objetivo de investigar si los protocolos de cálculo que aplican las compañías eléctricas han vulnerado la legislación vigente y si han cometiendo abusos en el cobro de los recibos.

De este modo, la CNE solicitará información a las eléctricas sobre el método aplicado por cada una de ellas para realizar dicha facturación mensual. En caso de que existan irregularidades, la CNE remitirá el expediente a las comunidades autónomas competentes para que multen a las compañías y devuelvan el dinero cobrado indebidamente a los usuarios.

Legislación vigente: lectura bimestral, factura mensual

La aprobación, por parte de Industria, del Real Decreto 1578/2008 de 26 de septiembre obliga a las compañías eléctricas a facturar mensualmente al usuario desde el pasado mes de noviembre. En concreto, la disposición adicional séptima de este RD estipula que “la facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica social y domésticas (hasta 10 kW de potencia contratada) a partir del 1 de noviembre de 2008 se efectuará por la empresa distribuidora mensualmente, llevándose a cabo con base en la lectura bimestral de los equipos de medida instalados al efecto”.

Esto significa que, aunque la factura se emita ahora cada mes, la lectura de los contadores se sigue materializando de forma bimensual. Por tanto, los meses en los que no se realiza una lectura real, las eléctricas elaboran un cálculo estimado mediante el consumo anterior del usuario, lo que ha provocado estos desajustes, tanto al alza como a la baja, entre las facturas de un mes y el sucesivo. Las eléctricas defienden que, por ley, no están obligadas a realizar una lectura del contador de forma mensual, por lo que realizan estos cálculos estimados en la factura.

No obstante, el Ministerio de Industria se comprometió a revisar la normativa sobre lecturas estimadas, tras la petición formulada por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA).

Cálculo estimado: sobre los mismos consumos del año anterior

Desde Iberdrola se asegura que “procuramos que el consumo a facturar, sea lo más parecido al consumo con lectura real del mismo periodo del año anterior”. Es más, en una carta remitida a la CNE, la eléctrica que dirige Sánchez Galán insiste en que su facturación al cliente con el nuevo sistema mensual es “idéntica” a la que se hubiese producido con el anterior método. “La suma de la factura estimada del primer mes y la factura del segundo basada en lectura real, da el mismo resultado que hubiese dado el sistema de facturación bimestral anterior”, concluyen.

Por su parte, Unión Fenosa sostiene que “el nuevo sistema de facturación no implica un incremento en el recibo del cliente, puesto que la empresa está aplicando la normativa estatal” y concluye que todos estos ingresos forman parte de “un negocio regulado”.

En concreto, el cálculo estimado es realizado por las eléctricas tomando el mismo periodo del año anterior con lectura real. A este dato se divide el consumo total bimestral entre los días facturados, obteniendo la media de consumo diario para ese periodo. Posteriormente, se multiplica ese consumo medio diario por el número de días que se pretenden facturar y se obtiene el consumo mensual.

En cualquier caso, las compañías eléctricas aseguran que “tanto si hemos estimado de más, como si lo hemos hecho de menos, se regularizará con las lecturas reales en la próxima factura y con el precio que corresponda a cada período”.

Un invierno más frío y las nuevas penalizaciones de la tarifa a los consumos más altos.

En este sentido, las eléctricas quieren mostrar un mensaje de tranquilidad a sus clientes, ante las denuncias de las asociaciones de usuarios, que les acusan de haber facturado al precio vigente, hasta un 5,6% más caro desde el mes de enero, las facturas correspondientes a la electricidad consumida en los meses de noviembre y diciembre. Para que esto no ocurra, “se ha aplicado un prorrateo lineal en función de los días facturados en cada año con la correspondiente tarifa”, aseguran fuentes de Iberdrola.

Por último, desde Unión Fenosa destacan que “los incrementos de algunas facturas, pueden ser debidos a un mayor consumo, ya que los meses de diciembre y enero han sido más fríos que los del año anterior”.

Además, las mismas fuentes, ratifican que “desde enero de este año se aplica una subida de tarifa del 3,5% y se penalizan los consumos más elevados”, por lo que los montos finales pueden ser muy diferentes a los de meses anteriores.

Recordemos, que las subidas de la luz aprobadas por Industria, acarrean un recargo a todos aquellos consumidores que excedan el consumo contratado. Por tanto, algunos clientes pueden encontrarse en la situación de haber excedido su límite de consumo, debido al frío de este invierno, a lo que se sumaría la subida de la luz impuesta por el Gobierno y el cambio en la facturación que la nueva ley obliga a las eléctricas.

La semana pasada conocíamos por el diario Cinco Días la propuesta que hacía Gas Natural de cara al proceso de “negociación” de las condiciones de la operación de adquisición de Unión Fenosa con la Comisión Nacional de Competencia. Esta propuesta se produce en un momento en que los dos informes emitidos por la CNC han sido especialmente prolijos en el señalamiento de los efectos anticompetitivos de la operación. Y es que, además, no se han andado por las ramas, ni han caído en una posición saducea, consistente en desplazar el foco hacia los ciclos combinados o la generación eléctrica, cuestiones importantes, aunque menores en el trasfondo de la operación. En este sentido, el señuelo parece que no ha funcionado.

Gas Natural “aportó” como métodos para “mitigar” los efectos de la operación la desinversión de 800 MW de ciclo combinado y 300.000 puntos de distribución. En el conjunto de toda la operación, una baratija. Ni rastro de nada que tenga que ver con el aprovisionamiento de gas, verdadero “nudo gordiano” de la operación, dado que la misma se realiza entre el 1º y casi el 2º aprovisionador de gas del país, lo que puede llevar a que esta actividad configure un cuasi monopolio de facto.

Lo primero que produjo entre todos los expertos la propuesta fue, por tanto, perplejidad, en la medida en que el lacónico documento emitido por Gas Natural trasluce una “diferencia cognitiva” importante con respecto a lo que se ha visto en los informes de la Comisión Nacional de Competencia. Y, por ello, la pregunta es, suponiendo que todos los operadores son racionales y, lo que es más importante, sensatos, ¿por qué se produce esta diferencia, qué papel tiene esta primera “oferta” de Gas Natural en el proceso de negociación con las autoridades de Competencia?. El posible análisis del trasfondo puede ser más importante que el de lo evidente.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el resto de empresas energéticas observan con preocupación el resultado de la operación, que puede incluso no ser inocua en la fijación de precios de la electricidad y del gas. Lo segundo, que de las desinversiones que se produzcan, existirán posibilidades de crecimiento para otros operadores en determinados segmentos de mercado. Tercero, y especialmente, porque la titularidad compartida de Unión Fenosa Gas y de Eufer y su conjunto de pactos parasociales puede derivar en un proceso que encarezca sustancialmente la operación para GN o que suponga un respiro financiero si se produce la venta (a costa de virar sus objetivos estratégicos).

Otro aspecto a tener en cuenta es que los precios a los que se formalizó la operación (altos ya en su momento como reconocen los analistas) han sufrido un importante castigo fruto de la crisis económica, financiera y bursátil (con el trasfondo de la “quita” del déficit tarifario que ha incidido especialmente en el sector energético). Consecuencia: la compra se realiza a precios de antes del crack bursátil y las desinversiones (es decir las ventas de activos) con la perspectiva y coyuntura contractiva actual. Mal negocio en una operación en que todo está ajustado de talla hasta el extremo, porque en este estado del arte, es difícil que la operación soporte alguna desinversión más de la prevista.

Por tanto, esta “negociación”, con primera puja encima de la mesa puesta por Gas Natural, aunque formalmente está dirigida a la CNC, de facto esté dirigida al vendedor, a Florentino Pérez. Todo ello, con el fin de que, si la Comisión Nacional de Competencia propone (con toda la lógica de la competencia) desinversiones coherentes con el rigor y trabajo serio de diagnóstico en los distintos mercados (es decir una cosa seria), ACS se pueda avenir a renegociar las condiciones de la venta.

Bien es cierto que Gas Natural ha intentado varias veces operaciones corporativas que no han llegado finalmente a fructificar, y que, posiblemente, ésta sea una de las últimas oportunidades en el mercado español para la gasista. Lo que pasa es que el coste de la misma en términos de endeudamiento puede resultar muy elevado y, evidentemente, estamos en tiempos de tribulación.

Permanezcan atentos a la pantalla.

Que la dependencia del gas ruso debe reducirse y que hay que diversificar las fuentes de energía fueron las principales conclusiones de una cumbre en Budapest sobre el proyecto del gasoducto Nabucco que, sin embargo, no logró concretar plazos ni vías de financiación de la obra.

Los trece países europeos interesados en el proyecto cerraron la «Declaración de Budapest» que expresa su «profundo compromiso» con un proyecto cuya importancia, coincidieron, ha quedado más patente que nunca tras la reciente «guerra del gas» entre Moscú y Rusia.

El jefe de Gobierno de la República Checa y presidente de turno de la Unión Europea (UE), Mirek Topolánek, insistió en que es hora de que el proyecto se convierta en el «proceso Nabucco«.

Topolanek urgió a que la obra se concrete y advirtió de que los planes rusos de construir vías de suministro alternativas a sus actuales rutas por el Báltico y Ucrania, es una amenaza a la iniciativa europea. Aunque negó que el proyecto vaya contra los intereses rusos, sí definió la necesidad de su construcción como un asunto de «independencia y libertad».

Esa misma urgencia mostró Andris Piebalgs, comisario europeo de Energía, que llegó a asegurar que el proyecto peligra si no se concreta antes de mediados de año. «Llegó el momento de la verdad. Tendremos que dar una respuesta clara a la gente, si somos capaces de diversificar o no», sentenció Piebalgs.

El comisario opinó que para que el proyecto se convierta en realidad lo más pronto posible, es necesario que para finales de marzo quede redactado el texto final del acuerdo intergubernamental sobre el proyecto Nabucco para que, a más tardar, en mayo se puedan «dar respuestas concretas a las preguntas». Aún así, Piebalgs fue optimista y aseguró que «se dan todas las condiciones para que en 2015 se inicie el transporte de gas en el gasoducto internacional», dijo.

Sobre lo que no fue tan entusiasta fue sobre las vías de financiación de una obra cuyo coste se ha calculado en unos 7.900 millones de euros (unos 10.000 millones de dólares).

El primer ministro húngaro, Ferenc Gyurcsány, requirió de la UE una apuesta presupuestaria y concretó que «el empujón inicial podría ser un aporte de hasta 300 millones de euros, pero más tarde se necesitaría más, unos 2.000 millones». Una petición ante la que Piebalgs repuso que «no es necesario que la Comisión Europea (CE) financie el proyecto con 2.000 millones ya que las empresas del consorcio que maneja el proyecto podrán conseguir el dinero».

En cualquier caso, el responsable europeo anunció que «puede haber una decisión en la CE sobre el apoyo de 200 ó 300 millones de euros para el inicio del proyecto Nabucco». También sin concretar se quedó la disposición del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de financiar hasta el 25% del gasoducto, un apoyo condicionado a que se firme un acuerdo intergubernamental que dé garantías al proyecto.

Otros de los temas centrales de la jornada fue el de la diversificación de los proveedores de gas, ante lo que países como Azerbaiyán o Kazajistán reiteraron su compromiso con el proyecto y subrayaron que son socios fiables de Europa. Así, el texto de la «Declaración de Budapest» expresa su «buena voluntad» de crear «un sistema claro y transparente de transmisión a lo largo de todo el gasoducto Nabucco».

Los firmantes del documento también consideran importante las inversiones directas en los países fuentes y de tránsito para asegurar el abastecimiento de las necesidades de las naciones participantes.

El gasoducto Nabucco, de 3.300 kilómetros de longitud, uniría el Mar Caspio con Europa a través de Georgia y Turquía, reduciendo la exposición del Viejo Continente a un corte de suministros desde Rusia.

Según los planes iniciales, Nabucco debería bombear 21.000 millones de metros cúbicos de gas anuales a partir de 2013, y dentro de la UE pasaría por Bulgaria, Rumanía, Hungría, Austria y Alemania.