Como venimos adelantando, la propuesta de apoyo al carbón nacional supone aumentar de forma muy notable la producción de electricidad por carbón en los próximos tres años. Algo que ya se está valorando como un retroceso grave en la configuración del mix de generación de electricidad español y en su modernización hacia mayores niveles de eficiencia y sostenibilidad medioambiental.

De hecho, si la tendencia internacional busca mejorar la eficiencia energética y medioambiental, está actuación iría radicalmente contra los postulados de los organismos internacionales y de las principales economías del mundo que se lo han tomado con mayor seriedad, haciendo coherente sus políticas energéticas con estos objetivos.

– Más carbón: mucho más de lo que parece

Según las informaciones a las que ha tenido acceso Energía Diario, las previsiones que se derivan de la propuesta conocida, sitúan una producción estimada de 26 TWh en 2010, 26 TWh en 2011 y 14 TWh en 2012. Teniendo en cuenta que la producción de carbón nacional en el año 2009 se situará entre 6-7 TWh el objetivo supone más que triplicar la producción de este año.

Pero es más, dada la baja calidad del carbón nacional para la generación de electricidad, es necesario a su vez mezclarlo con carbón importado en un 30 %. La consecuencia es que la producción necesaria de energía eléctrica a partir de quemar carbón se elevaría más todavía, hasta un volumen de 34 TWh en 2010, 34 TWh en 2011 y 18 TWh en 2012. En total, la friolera de 86 TWh en tres años.

Por otra parte, hay que tener en cuenta la menor eficiencia energética de las centrales térmicas de carbón frente a los ciclos combinados, tecnología que sería ‘la expulsada del mercado’ por la regulación obligatoria. Mientras las centrales térmicas se sitúan en un rango de eficiencia del 30-35 %, las de ciclo combinado se sitúan en un 55-60%. Es decir, hay que introducir más energía primaria para conseguir un kilowatio en el carbón que en el gas. La denominada intensidad energética aumentaría (la cantidad de energía primaria por kw producido). Algo que pese a lo que pueda parecer es malo, es símbolo de ineficiencia y derroche.

– Más emisiones: 43,5 millones en tres años, que cuestan 565 millones de euros.

En términos de emisiones de carbono, es decir de gases efecto invernadero, también hay grandes diferencias entre el carbón y el gas. De hecho, una central térmica emite el triple de dióxido de carbono por MW/h producido que una central de gas. Con lo cual, ya se puede avanzar que la medida elevará las emisiones de carbono en España sin remedio, hasta cifras sin precedentes.

Los resultados de los tres elementos: evolución de la producción, menor eficiencia en la generación y diferencia contaminante son claros. Las estimaciones que se derivan de este aumento de producción suponen el aumento de las emisiones de efecto invernadero (carbono) en un 20 % en el sector de generación eléctrica (algo especialmente relevante en la medida que la electricidad supone del orden del 50 % de las emisiones de carbono de la economía española). En total, cambiar 26 TWh anuales de producción para que se produzcan obligatoriamente por carbón nacional, supone 18 millones de Toneladas de CO2 más. Así, el conjunto de la propuesta supondría 43,5 millones de Toneladas más en tres años. Si además calculamos el coste de los derechos de emisión asociados (de hecho, un coste permanente en la generación eléctrica), la cifra en términos económicos supondría un coste adicional a la economía española y para el consumidor de 565 millones de euros (calculados al precio actual de mercado, sin las previsiones de elevación del mismo ya existentes) derivado del aumento de la contaminación adicional derivada del nuevo modelo de protección adicional el mercado español al carbón nacional.

Fuentes consultadas por este medio califican en este sentido y en este contexto de “barbaridad” y de “incoherencia” esta medida, en primer lugar con el discurso político que mantiene España a nivel internacional y nacional, con la tendencia general de las economías occidentales (incluidos la reconversión de los Estados Unidos tras la llegada de Obama) y contra la lógica económica.

Por otra parte, hay que recordar que España sigue manteniendo un resultado muy deficiente de sus compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones de carbono. Incluso con la crisis económica galopante, afectando al empleo de forma intensa, la reducción es menor de la que sería proporcional a esta caída. Además, podría resultar enormemente paradójico que con una situación de crisis económica y de la actividad aumentasen las emisiones de carbono en nuestro país, fruto de esta medida (además de los costes que ello supone).

Por ello, si unimos el efecto del Plan contra las energías renovables y el aumento de las emisiones, claramente la medida es doble anti política medioambiental. Si existiera, claro, aunque sea un ejercicio retórico presidencial en todo sitio y en todo lugar.

Al inaugurar en Buenos Aires la Conferencia Mundial del Gas, el presidente del grupo español Repsol, Antonio Brufau, vaticinó que la demanda global de gas crecerá un 22 por ciento en los próximos 25 años.

Brufau predijo que la demanda de gas será impulsada por el crecimiento de los países emergentes, un pronóstico con el que coincidió el vicepresidente del directorio de Gazprom, Alexey Miller.

«Para 2020 la población mundial va a llegar a 8.500 millones de habitantes, con un aumento del consumo de gas per capita aportado principalmente por China, India, Brasil e Indonesia», afirmó el ejecutivo del gigante energético ruso.

Estos pronósticos de una creciente demanda coexisten con otros que vaticinan que el gas natural en los próximos años deberá afrontar el desafío de las crecientes fuentes de energía renovable.

Las llamadas «energías limpias» están llamadas a ocupar una porción cada vez mayor dentro de la matriz energética gracias a los compromisos asumidos por los países para reducir la emisión de gases de efecto invernadero como estrategia para combatir el cambio climático.

Europa, por ejemplo, ha comprometido un recorte del 20 por ciento en sus emisiones para 2020, una meta ambiciosa que supondrá que para entonces ese continente deberá haber incrementado el peso de las energías renovables dentro de su matriz energética desde el actual 7 por ciento hasta un 20 por ciento.

Este avance de las energías renovables podría suponer a priori un retroceso para el gas natural, segunda fuente de energía más utilizada en Europa.

Sin embargo, expertos y empresas coinciden en que los compromisos ambientales adoptados por los Gobiernos podrían volverse una «oportunidad» para el gas en, por ejemplo, la sustitución del carbón para producir electricidad con menor coste económico y ambiental.

Según Bernhard Reutersberg, director general de la empresa alemana E.ON Ruhrga, el gas es una energía «limpia, amistosa con el ambiente, confiable y segura» que, junto con el petróleo y la energía nuclear «seguirán aportando por mucho tiempo al mundo porque el desarrollo de energías renovables es lento».

«Habrá un crecimiento en el uso del gas a medida que los países actualicen sus agendas respecto al cambio climático», dijo en una rueda de prensa Coby van der Linde, catedrática y directora del Clingendael International Energy Programme.

Con un discurso menos ambientalista, el directivo de Gazprom, la mayor empresa productora de gas del mundo, fue enfático al afirmar que el desarrollo de la economía sólo es posible gracias a los hidrocarburos, una fuente a su criterio insustituible de momento, mientras aseguró que el gas es la energía «más barata y la única que puede garantizar el suministro en momentos de demanda pico».

Gazprom es el mayor abastecedor de gas a Europa, cuyo consumo cayó si significativamente por efecto de la crisis global y «podría llegar a compensarse en tres años», según vaticinó Reutersberg.

Esta abrupta caída en el consumo está afectando a los precios del gas natural, que en algunos casos llegan a entre 3,50 y 4 dólares el millón de BTU (unidad térmica británica) en «boca de pozo», lo que vuelve inviables algunos proyectos de exploración y producción, según explicó Tim Eggar, presidente de la compañía rusa Nitol Solar.

Eggar indicó que actualmente hay «exceso de oferta de gas, por lo que habrá mayor competencia entre los proveedores».

Para el futuro, en la conferencia que concluirá el próximo viernes en Buenos Aires se multiplican las voces que ven «cambios significativos» en el mercado del gas gracias al desarrollo de los gases no convencionales, como el metano y otros derivados de minerales que, por ejemplo, ya empezaron a extraerse en yacimientos de carbón de Canadá y Australia.

Otro elemento que dinamizará el sector será la creciente demanda de gas natural licuado (GNL), que según algunos pronósticos representará para 2020 el 25 por ciento del mercado del gas.

A juicio del presidente de Qatargas, Faisal Al-Suwaidi, hay perspectivas favorables para una mayor producción de GNL, aunque reconoció que el desarrollo de ese sector es «lento».

Un cierto sabor amargo o mejor dicho de inquietud e intranquilidad se respiraba en la feria Wind PowerExpo 2009, un moderado ambiente expectante que trasciende el necesario oropel de las ferias y los eventos, sus programaciones y jornadas técnicas, de indudable interés y actualidad. Una especie de murmullo que se difunde en los distintos momentos y puntos de encuentro entre los responsables del sector, desde la perspectiva lejana y hierática de la Administración, que ayer anunció convenientemente que empezaban a desbloquearse los proyectos. El hecho de que empiecen a escaparse noticias sobre esta situación parece que ha surtido efecto en un momento especialmente mediático con estas decisiones.

Es la primera vez que el sector eólico se enfrenta a un escenario, a un ‘frame’ tan complejo como el actual de cara al bloqueo que sufre el sector. El sector eólico ha sido por méritos propios “la niña bonita” de las renovables en España. Por muchos motivos. En primer lugar, porque la propia crisis económica y de demanda energética ha llevado a que este momento se realice bajo un escenario contractivo (de hecho, la economía española ha estado creciendo catorce años consecutivos hasta que comenzaron a torcerse las cosas).

Al mismo tiempo, también es la primera vez que estos procesos negociadores se inician en un momento en que se produce una sustitución de piezas teóricamente clave dentro del equipo energético del Ministerio de Industria, en este caso, del Director General de Energía, recién incorporado.

Y todo ese tiempo ha estado presidido por una expansión del sector eólico digna de admiración como vector de las energías renovables en nuestro país, de forma que, junto con Alemania, hemos podido presentar el desarrollo más importante de esta tecnología en Europa. (Tenemos que preguntarnos la razón de que los movimientos en nuestro país sean tan maniqueos: de apostar directamente por una tecnología, incluso figurando en los discursos programáticos, a que la actuación regulatoria genere incertidumbre, como una termita que todo lo devora en el ámbito económico).

Por ello, en 2009 hemos vivido uno de esos momentos de la verdad para el sector renovable en general y para el sector eólico en particular. Y eso es lo que configura este ‘frame’. La puesta en funcionamiento del Real Decreto 6/2009 ha modificado el calendario de cierre de la aplicación del R.D. 661/2007 provocando por varios motivos (efecto burbuja de proyectos y gestión de las inscripciones demoradas en el Registro de Preasignación) un frenazo general al sector como industria. En paralelo, los atisbos de comienzo de negociación con Industria parece que se demoran, lo que añade un escenario de distintos esquemas retributivos conviviendo y de falta de perspectivas futuras. En este sentido, también en estos momentos y en términos sectoriales, se está “pagando” el débil funcionamiento de los reguladores, como la Comisión Nacional de Energía. A todo esto se une la revuelta autonomista: concurso y amenaza de nuevos tributos que no están en los modelos retributivos y que forman parte de una peculiar “fiscalidad verde o antiverde”, en el marco de la subida de la presión fiscal dosificada prevista a distintos niveles.

A esta situación de incertidumbre hay que unir los problemas de financiación de los proyectos que son de sobra conocidos y generales en un momento de falta de confianza en los mercados de crédito. Mientras las percepciones de éxito sin mácula que se difundían empiezan a tener claroscuros. De hecho, ya empiezan a esgrimirse razones de tipo industrial y de empleo, sobre las consecuencias de esta parada. En esto, se evidencia que se trata de un sector maduro.

El sector eólico como sector industrial, en términos de fabricación y ensamblaje, como de promoción de parques. El sector eólico como parte del sector de generación eléctrica. Dos realidades cercanas pero con escenarios diferentes. Uno, impelido por el parón regulatorio, y el otro, acuciado por la caída de la demanda eléctrica y las tentaciones intervencionistas regulatorias acechantes. Está claro que el sector eólico dará mucho que hablar en este otoño, en que la percepción general del sector es semejante a la de la economía.

Empieza una nueva época a la que dedicaremos especial atención en los próximos días y en este otoño.

Tal y como se pudo conocer ayer, los dilemas se han esfumado en lo que se refiere al problema generado en la industria extractiva de carbón nacional, cuya demanda se ha visto ostensiblemente reducida por la caída de la demanda eléctrica. El problema: que las centrales térmicas del norte habían hecho un acopio importante de carbón nacional (estando ya hasta los topes), el Gobierno había creado una reserva estratégica de carbón nacional (ya superada en sus dimensiones). A ello hay que unir que las empresas españolas disponen de carbón extranjero vía contratos y vía la titularidad de explotaciones y propiedad de las mismas, más eficiente y más barato (incluyendo el transporte del mismo).

A esto hay que añadir que el precio de la electricidad en el mercado mayorista está muy bajo y los costes de la térmica son altos incluyendo los derechos de emisión y más altos si utilizan carbón nacional de menos poder calorífico. Mientras tanto, crece la presión directa en las cuencas mineras por parte empresarial y sindical para que se “queme carbón”.

Puestos en esta tesitura, que decíamos ayer, el Gobierno opta porque el Secretario de Estado de Energía se reúna con las empresas eléctricas y se inste (se obligue) a las mismas a comprar carbón nacional y, por tanto, a quemar el mismo produciendo electricidad a través de esta tecnología.

Las consecuencias directas para la generación de electricidad son evidentemente sustitutivas, por lo que, en la medida que hay menor demanda, el margen de entrada para producción eléctrica con otras fuentes se reduce. Probablemente, quienes se vean más afectadas, en un primer momento, sean las centrales de ciclo combinado (gas), que con menos costes que el carbón tendrán que retirar producción del mercado, para que entre el carbón. Todo ello, en la medida que la producción renovable actual entra en el mercado de forma automática. Consecuencia directa, pero de segundo orden: aumento del precio en el mercado de generación a la vista.

Las siguientes consecuencias son de segundo orden y medio plazo: dudas e inestabilidad de la capacidad de aumentar la potencia renovable, cuestionamiento de la política medioambiental del Gobierno en el principal sector en generación de emisiones de carbono (decisión poco “sostenible” medioambientalmente, pero también económicamente), introducción de ineficiencias en el mercado de generación eléctrica que se propaga a la tarifa, traslado sectorial de las ineficiencias, etc…

Las terceras consecuencias (o mejor dicho lecturas) son más peligrosas y tienen que ver con el medio plazo y los “mensajes”. No solamente por la escasa convicción de la política medioambiental que ya se ha criticado abiertamente (incluso en tiempos de crisis de demanda pueden subir las emisiones de carbono, vaya por delante). Va más allá. Y está relacionada con la debilidad del Gobierno y la forma en que gestiona de las presiones (sindicales, empresariales y sociales) de forma que se puede sacrificar el funcionamiento racional de los mercados. En todo caso, hay otra forma de gestionar las presiones y los problemas que es reformar, pero el propio presidente del Gobierno, el leonés y próximo a las zonas mineras, ya anunció que lo prioritario es la garantía de la paz social (mientras se pueda y lo permitan estos desaguisados, claro).

Por tanto, el Gobierno estimulado por el nacionalismo minero residual, por el proteccionismo económico, ha vuelto por los viejos fueros de sindicar el problema, de trasladarlo intersectorialmente en forma de subsidios cruzados de forma que no se conozca nunca la realidad y se transformen los problemas en un pasteleo. Y luego queda el “formato”, la escenificación de la medida, pavorosa: escena de autoridad competente (otro tiempo, otro formato de sociedad) rodeada de los Presidentes de las empresas eléctricas, impelidos por vía gubernativa y administrativa a la ‘omertá’.

No hemos entendido nada. Lo pagaremos todos.