Al parecer el proyecto había sido remitido al Consejo Consultivo de la Electricidad para que cada uno de los agentes representados emitiesen un informe urgente relativo a sus alegaciones. Según las fuentes a las que ha tenido acceso Energía Diario, con este aplazamiento sería posible que hubiese alguna fórmula de convocatoria presencial.

Alegaciones de Gas Natural

De hecho y según ha trascendido en los medios de comunicación, ya se conocen las alegaciones de Gas Natural y de AEGE, cuyas posiciones han sido muy críticas y contrarias a la misma. Según Gas Natural, la medida alterará los precios de la energía y expulsará del mercado eléctrico la generación por distintas tecnologías, según informa Cinco Días (Gas Natural denuncia que el decreto del carbón «alterará» los precios eléctricos).

Tal y como informa este medio que ha tenido acceso a las alegaciones de la gasista, Gas Natural estima que la medida supondrá «una reducción de la producción previsible con ciclos combinados de 11.200 GWh». Según Gas Natural, la cantidad de energía a producir por carbón, 27.200 GWh, es superior en 10.000 MW a lo que establece el Plan Nacional de Reservas Estratégicas de Carbón 2006-2012. La compañía señala que la medida centra el esfuerzo sólo en el sector eléctrico y no en el minero. Propone además que se centre en la explotación minera subterránea, suspendiéndose la producción de carbón a cielo abierto, lo que reduciría la producción a la mitad.

La compañía también se opone a la fiscalización de los contratos de take or pay de cara a recibir las indemnizaciones por lucro cesante, además de señalar una fuerte intervención pública que supone que este sistema de restricciones por “garantía de suministro” sea gestionado por Red Eléctrica de España (REE). La empresa ha aprovechado para reforzar su argumentación contra la obligatoriedad del acceso de las energías renovables y las primas a este tipo de energías.

La industria teme por el aumento de la factura eléctrica

Por su parte, los grandes consumidores a través de AEGE, han expresado su contrariedad ante el Decreto, que han visto cómo el mercado eléctrico estaba produciendo en estos momentos precios muy competitivos de la electricidad gracias a la caída de la demanda y se han mostrados contrarios a la medida que consideran originada en los problemas de competitividad del carbón nacional. El hecho es que trasladar el impacto de las ayudas a la tarifa puede generar un frente y un impacto en las empresas no previsto inicialmente para el sector industrial.

Minicumbre en Barcelona sobre cambio climático

En todo caso, distintas fuentes consultadas han querido ver motivos políticos en este aplazamiento, relativos a la oportunidad de que coincidiera este pronunciamiento del organismo regulador en plena celebración de la minicumbre sobre cambio climático que está teniendo lugar en Barcelona estos días, de cara a la preparación de la Cumbre de Copenhague dentro de 30 días, prevista para sustituir Kyoto. Otras fuentes señalan, simplemente, que el retraso obedece a los plazos necesarios para la elaboración del informe y recepción de alegaciones y reconocen que era muy apresurado que se tratara este mismo jueves.

En todo caso, parece que este tema será un nuevo escenario para una confrontación ya clásica en el sector energético. Dos corrientes, dos clasificaciones en liza. La primera, la derivada de su cercanía a posicionamientos más intervencionistas y/o retroprogresivos frente al mercado, y la segunda, aquélla que actúa en función de su connivencia con los intereses carboníferos, frente a partidarios de un ‘mix’ de generación más eficiente y limpio.

En este sentido, en la CNE, cuyas clasificación por corrientes tampoco tiene tantos matices, el consejero ponente, según el turno rotatorio que siguen los asuntos en el seno del Consejo de Administración, será Jaime González, leonés, y al que se le vincula directamente con el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. González, por otra parte, ha venido pronunciándose habitualmente contra el funcionamiento del mercado eléctrico apoyando los informes sucesivos al Informe de Costes y Precios y se le reconoce como cercano a los intereses carboníferos.

El dilema parece que será, sobre todo, para Maite Costa, presidenta del organismo, cuya cercanía a las tesis de Gas Natural, por un lado, y su apoyo a las propuestas más intervencionistas que han salido del organismo como el Informe de Costes y Precios y sucesivos, le pondrán en un serio brete.

Y no es cosa de risa, sobre todo por las consecuencias que se derivan en las inversiones, en el mercado eléctrico, en los precios, en el resto de tecnologías, en las renovables y en las emisiones de gases efecto invernadero. Todo ello proviene de un modelo que tiene un enfoque torcido sobre el papel de las empresas y de la electricidad. Un enfoque que proviene de antaño. Primero, los problemas de un sector con su mercado y su competitividad se pueden sindicar y los puede resolver otro (dicho así, parece un cruce entre el franquismo y la planificación soviética). Segundo, si no se “sindican”, se obliga regulatoriamente por acción legislativa urgente a las empresas, que deben ser un brazo armado de la acción legislativa. Tercero, no hay empresas, ni organizaciones, ni mercado, sólo acción sobre un concepto de orden marxista: “las rentas empresariales”. Ese es el caso del carbón nacional español que ha ido acumulándose por distintos motivos no suficientemente explicados, pero claramente de mercado.

¿Por qué hay tanto carbón acumulado?

Por otra parte, ya hay carbón nacional acumulado en las centrales térmicas para tres años. En ello han influido varias cuestiones. La primera y básica es el hecho de la menor competitividad del carbón nacional en relación con el carbón importado, por su poder calorífico y sus precios (absolutos y relativos). En segundo lugar, la desaparición de las primas al carbón nacional en 2007 (algo que estaba previsto) y que buscaba hacer equivalente, vía una subvención, la diferencia de precio y poder calorífico con respecto al carbón importado. Tercero, el desplome en los precios internacionales del carbón, que ha hecho que sea más barato el carbón importado, incluyendo transporte y fletes que el nacional. Cuarto, una caída de demanda de electricidad que afecta a todos. Y quinto, la entrada de nuevos grupos de generación, fundamentalmente ciclo combinado (gas) y renovables, a partir de las indicaciones inversoras procedentes de la política de la Administración española y de las señales de precio enviadas al mercado.

En este último año, además, las centrales térmicas han sufrido diversas paradas técnicas con motivo de varias intervenciones para la adecuación medioambiental de sus procesos, sobre todo la instalación de desulfuradoras y desnitrificadoras, hechos que también han reducido el ritmo de consumo de carbón nacional.

Por eso, una de las teorías que se ha utilizado para eludir el verdadero problema de mercado y de competitividad de partida es el cambio de propiedad que se ha producido en las empresas eléctricas, en principio, sobre todo en Endesa y Unión Fenosa (ésta adquirida por Gas Natural y que además dispone de minas propias en Sudáfrica).

La teoría retroprogresiva es que los accionistas piden rentabilidad y ya no aceptan seguir adquiriendo carbón sine die, como antes, en un modelo de socialización de los problemas. Pero el hecho es que hay carbón natural acumulado para producir 22 TWh de energía eléctrica, lo cual es equivalente a multiplicar por tres la producción del año 2009. Tres años de producción aparcada y el carbón acumulado en las propias centrales desmienten esta interpretación que, como toda teoría conspiratoria, simplifica un problema muy complejo en una modelización de buenos y malos, tan propia de nuestros días. Ese es un tipo de marxismo mal entendido que conduce al de los hermanos Marx.

Otro de los argumentos es que el carbón puede ser una fuente de reserva estratégica energética. Esta teoría va en contra de que se queme a toda costa y apuntaría a que se reserve para cuando compense a nuestro país no pagar tanto por el precio de otros combustibles en el mercado.

En todo caso, no se trata de no abordar los problemas de la minería española, de responder a los intereses de trabajadores y del sector, o de la cobertura social vinculada a su reconversión pendiente o de no resolver el problema de las cuencas mineras. De hecho, la propuesta que había encima de la mesa era la aportación directa de 300 millones más al Plan del Carbón. Se trata de no hacer propuestas torcidas que dañan más que resuelven, mucho más costosas por la forma oblicua de pergeñarse y que propagan los problemas a todo el sector energético, al medio ambiente y la actividad económica.

En todo caso, lo más ocurrente es que todo empezó con esta reclamación de 300 millones de euros adicionales al Plan del Carbón y puede acabar como el rosario de la aurora por el hecho de trasladar los costes a todo el sistema productivo, vía la electricidad. Ayer ya se hablaba en los medios de 1.000 millones de euros.

Por ello, y como en la locomotora de los hermanos Marx. ¡Más carbón nacional!