La primera, de utilización frecuente y fácil, se emplea ante el desconocimiento generalizado, como si fuera gratuito y no hubiera ciudadanos y consumidores detrás. La segunda, entra dentro de la sorpresa e indignación cuando hay subidas «controladas y tímidas» de la electricidad y, consecuentemente, aparece la incomprensión del hecho real del déficit tarifario.
Parece como si existiera una corriente negacionista del déficit tarifario, negacionista de las relaciones de oferta y demanda, negacionista de los mercados, negacionista de que el precio de la electricidad es un precio, negacionista de las magnitudes económicas, de la consolidación de todos los costes que consolida la tarifa eléctrica y de la contabilidad. Esa negación de los mercados no tiene parangón con otros países de nuestro entorno occidental, que además de contar con más tradición democrática y de economía de mercado, superaron la existencia de un cuerpo intelectual marxista-trotskista y las simplificaciones ideológicas intervencionistas de 1968 con mayor madurez, al comprender mejor la realidad de los hechos económicos y la globalización. Dicha tendencia se evidencia de la forma más descarnada en el sector de la electricidad y en los medios de comunicación.
Históricamente, además, esta visión tiene raíces y anclaje en el tardofranquismo, otra forma de intervencionismo con ribetes de paternalismo político. España, un país con fuerte dependencia energética, sufre la primera crisis del petróleo en 1973, que decide no «trasladar2 a los ciudadanos, en forma de elevaciones de precios, en un momento de extrema debilidad del régimen de Franco, con el fin de evitar el efecto empobrecimiento de los ciudadanos y, sobre todo, su repercusión política. Por ello, aparece el estado protector. Desde entonces la electricidad, de una forma u otra, indebidamente tiene un carácter de precio intervenido y se convierte en una «caja negra» administrada por las autoridades. De esa convicción, y de un cierto adanismo económico, comulga el debate en el espacio público español, así como en los propios medios de comunicación, incluso de una cierta rebeldía social, política y mediática ante esta coyuntura, así como una negación obstinada de la realidad energética española.
Por ejemplo, hoy para asombro de los más ortodoxos, es frecuente entre nuestros «media económicos» autodefinidos como liberales, el hecho de reclamar que el Ministerio de Industria no suba la tarifa eléctrica, porque todo alimenta en la confrontación contra el Gobierno actual. Incluso existe una concepción fantasiosa de las relaciones causa efecto: por ejemplo, existen tensiones importantes en los mercados energéticos y en el petróleo, pero no se comprenden y aceptan sus consecuencias implícitas en términos de precios, que no se pueden trasladar sin saber misteriosamente por qué. Entre una y la otra, se sitúan los que piden más renovables, incluyendo su sistema de incentivos descomunal y, a la vez, que la electricidad no experimente subida de precios. Es un ejercicio de prestidigitación que es difícil de resolver.
Por otra parte, bien es cierto, que se está produciendo un debate, todavía con sordina, respecto a las energías renovables y de régimen especial y su coste en términos de primas. Sobre todo porque el actual sistema de primas, fruto de una mala regulación, de un mal seguimiento y de una mala supervisión, ha generado fuertes distorsiones en la que los agentes económicos han tratado lógicamente de maximizar sus beneficios y aprovechar sus resquicios. Esto sirve para una confrontación ideológica bochornosa y de componentes paranoides entre dos bandos: los primeros, los que se oponen a las tecnologías renovables «per se»; los segundos, los que defienden un modelo «latino» de subvenciones de amplio espectro, con manguerazo y de distribución de la plusvalía de la energía, incluyendo a las menesterosas Comunidades Autónomas.
Decíamos la semana pasada, que el accidente de la central nuclear de Fukushima y los denodados esfuerzos de la empresa y autoridades japonesas por su control, han sido apresuradamente utilizados para abordar un debate cuya urgencia era dudosa. El primero es la cuestión del desarrollo de nueva potencia nuclear en nuestro país (algo impensable incluso sin el accidente de Fukushima) por motivos estrictos de demanda y exceso de oferta. Segundo, la puesta en la «pole position» de otras tecnologías de generación en su sustitución y, en el caso de las renovables, con argumentos balsámicos. Lógico que esto ocurra, pero antes de decidir nada al respecto, hay que valorar qué hacemos con el exceso de capacidad existente en el parque de generación español, qué fuentes renovables tienen un desarrollo tecnológico que les permite ser más competitivas y, en conjunto, cuánta nueva capacidad es necesaria en estos momentos.
Por eso, la aparición el pasado domingo, en el Diario El País de un análisis editorial que desliga primas a las renovables del déficit, además de ser profundamente peligroso y falaz, hay que inscribirlo en todo la anterior. Así, mientras en el mismo, se hacía una defensa encendida de las tecnologías renovables (y, en consecuencia, de su vís económica, las primas), también se trataba de inocular una teoría que empieza a circular: desligar las primas a las energías renovables del déficit tarifario, llevando una afirmación a una salida de la autopista sin destino al decir: «Justamente, en España se ha venido produciendo en los últimos tiempos un debate sobre el «excesivo» coste del apoyo a las renovables, relacionándolo erróneamente con el déficit tarifario, que tiene otras causas«, de una forma críptica y misteriosa. Esto es tanto como decir que las primas no están en la tarifa. La pregunta a hacerle al editorialista es, ¿entonces, esto ahora quién lo paga? Imaginemos que le dieran la orden a la CNE de que no liquidase las primas contra la factura y las primas, ¿qué pasaría entonces?
Por eso, todo esfuerzo didáctico para comprender los flujos económicos que conforman la tarifa eléctrica y que finalmente pagan los ciudadanos en sus facturas, es poco. Evidentemente, en el déficit tarifario participan todos los componentes de la tarifa agrupados en sus dos componentes, el precio de la generación de la electricidad y las tarifas de acceso o costes regulados (primas a las renovables, pago de la deuda del déficit, retribución al transporte y distribución y resto de costes).
En la actualidad, con la bajada de los precios de la electricidad en el mercado de generación, estamos en una situación en la que el déficit de tarifa se ha ido concentrando en los costes regulados o tarifas de acceso, fruto fundamentalmente de decisiones políticas y administrativas: las del retraso del pago de la tarifa eléctrica, generadora de aplazamientos e intereses y, las relativas a las primas, generadoras de transferencias y subvenciones.
En estos momentos, estos costes regulados han ido creciendo con el tiempo y tomando proporciones mucho mayores en la tarifa, convirtiéndose en un Leviatán que nadie de la visión estatalista y repartidora de subvenciones cuestiona. Lo que es paradójico es esa comprensión y condescendencia, frente al cuestionamiento de los procesos de mercado, aunque resulten precios mucho más bajos en generación que los resultantes del primado. Incluso las propias asociaciones de consumidores viven presas de esta paradoja en sus críticas a la factura eléctrica, de forma que no hablan jamás de los costes regulados. En todo caso, cada vez que se hace una afirmación en indefinido (lo paga la tarifa o lo paga el sistema) quiere decirse que lo paga la factura, lo pagan los ciudadanos, los consumidores y se incluye en el déficit tarifario. ¿Quién paga, por tanto, las primas a las renovables, incluidas en esas tarifas de acceso?
Coda. Las energías renovables son necesarias en nuestro mix de generación. La pregunta es qué tipo, a qué ritmo, cuándo y a qué precio, con qué desarrollo previsto. Para ello es necesario un debate en el que se transparenten perfectamente sus costes, su financiación, el efecto en la factura que pagan los ciudadanos y la necesidad de nueva potencia en las previsiones de demanda del parque de generación español, para conseguir un mix económica y medioambientalmente sostenible. Sólo así, no estaremos presentes ante un debate trilero, oportunista, demagógico y emotivo, con muchos intereses bastardos, trufándolo, pero hurtando de la realidad a la sociedad.
