A la hora de conformar un modelo en el sector eléctrico moderno, coherente con una economía de mercado, nuestro país ha tenido una lacra: la existencia de un colectivo extraordinariamente virulento e inadaptado a la liberalización y los mercados en la electricidad. Son los retroprogresivos, quienes han venido apareciendo en nuestra publicación de manera habitual, de una forma u otra en sus invectivas antimercado o antiliberalización, pero que nunca había contando con un artículo descriptivo general de su posición, naturaleza y taxonomía.
A simple vista sus argumentos son de indudable atractivo, aunque enormemente falaces y buscando una mixtura temática que permita cierto juego trilero y de prestidigitación argumental. Se trata, en su mecánica, de aplicar el modelo del Marco Legal Estable al funcionamiento de mercado y exagerar y distorsionar argumentalmente sus consecuencias, construyendo conclusiones deletéreas para el mercado. Desde una posición liberal y de mercados, ese es el juego lógico utilizado.
Sólo así se puede yuxtaponer intelectualmente e interesadamente mezclar moratoria nuclear con CTC’s o la energía hidráulica recurriendo permanente a Franco (evidentemente, todos estos «teóricos» ya no son jóvenes airados, aunque un día si lo fueran). Además, para ello todo vale, incluso abjurar de la contabilidad, de la existencia del déficit tarifario, así como de renegar de conceptos económicos y financieros, como inversión, amortización, costes de mantenimiento, etc… Al mismo tiempo, confunden deliberadamente los problemas para no tratar por separado las tarifas de acceso del precio de la electricidad en el mercado de generación, sus componentes y su dinámica respectiva.
El punto de partida de esa tolerancia recurrente ante estos argumentos es la falta de convicción en la capacidad del mercado para que los agentes desarrollen comportamientos competitivos y favorezcan una espiral de inversión, reducción de costes, eficiencias conjuntas y mejoras en los precios. Dicha falta de convicción en los mercados, en un país con poca tradición de conocimiento económico y menos de liberalización, encuentra un excipiente un caldo de cultivo que va más allá de las ideologías en términos de izquierda o derecha (cuya tradición en teoría debería ser en mayor medida liberal, aunque ahí pueden ver ustedes la convicción liberal en los mercados de la electricidad de Cristóbal Montoro o Álvaro Nadal).
Para ello, sus estrategias suelen ser varias. La primera es negar la organización empresarial del sector para sugerir la existencia de «entes» obligados a hacer lo que se les mande en lugar de empresas. La segunda es denostar el mercado eléctrico español, jibarizándolo pese a que ofrece un dinamismo y unos precios mucho más bajos que los del resto de Europa. La tercera es la proposición de un modelo que se base en determinar unos costes y aplicar una retribución a los mismos, incentivando la ineficiencia de los agentes, bajo la coartada de regular a los que supuestamente tienen menores costes porque tienen mayores beneficios, y eso no se puede consentir. A esto le denominan «windfall profits» (algo que además que en terminología regulatoria no es correcto). La verdad, es que le hacen el gran favor al gran público al «interpretar» de forma demagógica y por aprovechamiento de la realidad términos como el mencionado).
La solución a todo, por tanto, es la intervención total: la determinación administrativa de los costes de generación y la fijación del beneficio retribuido por tecnología. En la misma línea, proponen la fijación de impuestos a las tecnologías a su juicio «no friendly» o la adicción de los costes para reducir su competitividad y su capacidad de conseguir precios de mercado más baratos. Por tanto, su preocupación jamás es el precio de la electricidad que pagan los ciudadanos, sino la justicia redistributiva por tecnologías, al parecer un bien superior en sí mismo. De hecho, nunca reconocen el efecto en el precio medio del mercado que haya tecnologías más baratas que otras, algo que si podrían comprobar.
Son argumentos claramente de corte «soviético» y de economía planificada. En definitiva, se resumen en que el aparato productivo es un brazo del político sujeto a sus decisiones discrecionales. Por tanto, no son pronucleares o antinucleares, o prorenovables o antirrenovables, sino todo lo contrario con una asombrosa capacidad camaleónica. Y, la forma de articular esto, es la fijación de unos precios que supongan el reconocimiento de los costes de la actividad, más un beneficio «justo» decidido por una autoridad discrecionalmente, es decir, la plena intervención de la actividad.
Sus argumentos suelen hacerse públicos periódicamente y sin rubor a través de varios canales informativos e institucionales. Entre los canales informativos se encuentran las crónicas de los periodistas Jesús Mota y Carmen Monforte, en «El País» y «Cinco Días» respectivamente. En la parte institucional, el núcleo duro se halla en la Comisión Nacional de Energía, ubicándose la reserva intelectual que dio lugar al Informe de Costes y Precios, cuya autoría pertenece al actual consejero Jorge Fabra. Desde el punto de vista académico, dichos postulados son desarrollados también por su hija Natalia Fabra, continuadora leal de los argumentos de su progenitor.
Y tampoco hay mucho más, porque tampoco hay que sobredimensionar su número de favorables (existen próximos también del mismo corte generacional apostados en distintas instancias del sector eléctrico), aunque sí su influencia y la reivindicación de su papel en los procesos políticos y mediáticos, amén de presentar sus posiciones y asertos de forma «amarilla» y «escandalosa» en la mejor tradición de la propaganda trotskista y mítines univesitarios.
¿Cuál es la razón por la que al sector eléctrico le ha caído esta maldición? Porque, evidentemente, nadie se imagina a unos señores calculando la amortización de la fibra óptica en el caso de las telecomunicaciones y proponiendo fijar un beneficio, que además determine el coste del bucle de abonado y la tasa de interconexión. Y eso es así, aunque las comparativas en el ranking de precios de las telecomunicaciones en España con respecto a Europa sea acreditativo de mucha menos competencia real que en los precios de la electricidad.
Dicho sea este preámbulo para advertir que desde hace unas semanas que se está produciendo una ofensiva de este sector retroprogresivo de la energía en España. En dicha pléyade, se pueden inscribir, distintos artículos, con distintos enfoques y con distintas autorías. Por orden de aparición se pueden enunciar, en primer lugar, el artículo de Jorge Fabra, consejero de la Comisión Nacional de Energía, publicó, en la Revista del Colegio de Economistas «Sostenibilidad económica y sostenibilidad medioambiental ¿son compatibles en el sector eléctrico?«. A continuación, en el Diario El País, se publicó un artículo de Jesús Mota titulado «El yugo de la tarifa eléctrica«. Y, finalmente, el pasado domingo con un artículo titulado «Argumentos para un debate nuclear y energético» con autoría del Ex Secretario General de Energía, Martín Gallego Málaga.
En esta ofensiva, hay algunos matices, aunque el «deja vu» y los argumentos y retórica de los setenta sigue vigente y la intensidad con la que un modelo liberalizado se examina desde los paradigmas y criterios del modelo intervencionista, lo que además provoca que se tome el rábano por los hojas: desviando la atención sobre los problemas regulatorios derivados de las decisiones políticas pasadas y continuadas de no subida de los precios de la electricidad (el déficit tarifario) y el incremento galopante de las primas de la renovables en una política expansiva que todo el mundo reconoce como excesiva. De esta manera, desaparece cualquier reflexión sobre las tarifas de acceso y su evolución (es lo bueno de los costes reconocidos y discrecionales), además de carecer de discurso económico, cayendo en el disimulo y la ocultación, sobre los costes de las mismas y sus componentes (primas en 6.200 millones de euros, pago del déficit tarifario derivado de decisiones políticas de aplazamiento de la subida de precios y resto de costes regulados).
La segunda es una novedad estriba en los argumentos en la búsqueda de alianza con las tecnologías renovables, en una especie de «si estrangulamos el coste de la generación» y exprimimos los márgenes de las tecnologías, malogrando el funcionamiento del mercado, encontraremos más espacio retributivo para continuar para las subvenciones discrecionales por tecnología y esquema de generación de lucro que ha dado lugar a la llamada burbuja renovable. En todo caso, es un matrimonio muy peligroso, para el sistema eléctrico, para las propias renovables y para la economía española. Indudablemente, lo que si hay que reconocerles es la capacidad de encontrar el argumento justicialista, demagógico o atractivo para el gran público dado que se han uncido al carro de las críticas a lo nuclear con el accidente de Fukushima con inusitada rapidez.
En días sucesivos comentaremos cada uno de los artículos. Mañana, empezamos fuerte, el artículo de Jesús Mota. En suma, lo mismo de siempre, los mismos de siempre.
