Parece que la trasposición del tercer bloque de la normativa europea ha traído una batalla cruenta en el Gobierno a cuenta de la estructura societaria del holding Red Eléctrica de España. La separación jurídica y funcional de los dos operadores en dos sociedades dentro del mismo holding es un asunto que se va constituyendo en un serial de importantes proporciones, narrado de manera diferente por quien vaya metiendo un gol a cada una de las partes. Lo cierto es que Red Eléctrica de España ha puesto toda la carne en el asador para evitar esta separación jurídica y funcional.

El viernes pasado teníamos en el diario «Cinco Días» una crónica que inclinaba la balanza a favor de Luis Atienza frente a Miguel Sebastián. Atienza habría conseguido apoyos en el ejecutivo, sobre todo gracias al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, con Teresa Ribera a la cabeza) y del Partido Socialista. En la crónica se mencionaba también a Ramón Jaúregui y al propio Rubalcaba.

Se habrían impuesto estas tesis, en primera instancia, a la posición conjunta del Ministerio de Industria y del Ministerio de Economía, que siempre han mantenido una posición favorable, conjunta y unitaria con respecto a esta separación. ¿Cómo habrá conseguido el ex Ministro de Agricultura granjearse estos apoyos para evitar, al menos por el momento, esta separación y con qué argumentos?

Aunque en este medio, de facto, se daba por ganada la batalla por el hecho de que el Gobierno haya tramitado estos Proyectos de Ley así al Parlamento, en pos de los intereses de Atienza. En todo caso, sería despreciar al Parlamento el dar en estos momentos la batalla por cerrada, pero en su momento ya Atienza consiguió por vía parlamentaria convertir a REE en «trust» de transporte y monopolista de sistema único. Lo que sí está claro es que desde La Moraleja se han desplegado todas las huestes para evitar daños a lo que es el centro del interés de sus gestores políticos: el centro de operaciones de la determinación de la retribución de las actividades reguladas.

De hecho, no faltan en estas crónicas triunfalistas las dos líneas argumentales de defensa de esta empresa privada ante su separación jurídica y funcional, aunque manteniendo su unidad en un holding.

Primero: Red Eléctrica de España, separados jurídicamente y funcionalmente el operador de transporte y del operador de sistema, sería el resultado de las presiones de las empresas eléctrica presentando todo el proceso como un conflicto de intereses (para evitar presentar el conflicto entre estas dos actividades y su capacidad de autoregulación y autorretribución). La última herramienta es el control de las energías renovables.

Segundo: aunque las directivas europeas promueven el ISO y que en los TSO las separaciones sean mucho más nítidas entre sus funciones (incluyendo el modelo sociedad holding con separación), Atienza se amarra a la situación más lenta en la liberalización y separación de actividades dentro de la Unión Europea.

Permanezcan atentos a la pantalla.

La Comisión Nacional de Competencia acaba de publicar dos informes relativos a la transposición del tercer paquete comunitario a la normativa española y también ha terciado, aunque con mucha menos virulencia que en el caso de la Comisión Nacional de Energía, en el tema clave de la separación jurídica y funcional del operador de transporte y de sistema en Red Eléctrica de España. La CNC considera que esta transposición de la Directiva 2009/73/CE en los dos anteproyectos de Ley mejora, en general, la regulación vigente desde el punto de vista de defensa de la competencia.

La CNC recuerda las opciones que establece la Directiva 2009/73 para la articulación del operador de transporte y de sistema: la primera (y la más adecuada desde un punto de vista estricto de competencia, aunque tampoco se haya recogido en los países de nuestro entorno) consiste en un modelo de separación jurídica y patrimonial total. Una segunda posibilidad que brinda la Directiva es el modelo de Gestor Independiente del Sistema (modelo ISO), en el que una entidad independiente se ocupa de gestionar las instalaciones de transporte de otros operadores. El tercer modelo el TSO requiere una serie de controles y limitaciones que impidan la influencia, control y conflictos de interés entre las funciones del operador de transporte sobre el de sistema.

En ese contexto, la CNC reconoce que la transposición en el sector eléctrico propone una separación de funciones más exigente entre el Operador del sistema y el Gestor de la Red de transporte.

Por otra parte, la CNC destaca la función relativa a la elaboración de metodologías de cálculo de los peajes de acceso en la parte correspondiente a los costes de transporte y distribución, atribuida a la Comisión Nacional de Energía (las primeras, actividades realizadas por Red Eléctrica de España y las segundas, por las distribuidoras).

La separación de actividades: clave en el éxito de la liberalización

En la misma línea, la CNC también apura el principio de separación de actividades (unbundling). Según el regulador de competencia, el Anteporyecto de Ley introduce mejoras dirigidas a garantizar la separación efectiva entre las actividades de red y las actividades de generación y suministro, derivadas de la transposición de la Directiva, que se centran en el establecimiento de limitaciones al ejercicio del control simultáneo en empresas generadoras o comercializadoras y en el operador del sistema.

En este sentido, la CNC resalta la fundamental importancia que para la competencia en este sector, y por tanto para el éxito de la liberalización llevada a cabo, tiene el que la separación funcional entre las actividades reguladas y no reguladas sea efectiva.

El consejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Luis Albentosa emitió un voto particular contrario a la posición del Consejo de Administración del organismo respecto a la separación del gestor de la red de transporte (GRT) y operador de sistema (OS), ambas figuras desempeñadas actualmente por Red Eléctrica de España (TSO). Dicha separación se alinea con el modelo de separación de funciones (undbundling) que promueve la Comisión Europea a través de sus directivas comunitarias. En este sentido, la separación de funciones conlleva la separación del operador de transporte y de sistema, de forma que este último sea independiente (modelo ISO). Dicha cuestión es la que más polvareda ha levantado en todo el trámite de la transposicion de la Directiva Europea.

De hecho, se puede comprobar cómo, en el trámite de la transposición de la misma a la Ley del Sector Eléctrico al tercer paquete energético, este fue el punto en el que más incidió el Consejo de la CNE en su informe y con diferencia, convirtiéndose en el punto más polémico, en línea con las demandas de la propia REE que reclama que la «independencia» sea del operador de transporte y sistema, es decir, del TSO, o lo que es lo mismo, para sí misma.

El consejo de la CNE se apoyó en cuatro consideraciones para evitar posicionarse favorablemente respecto de esta separación jurídica, de forma que incluso mantiene una posición de facto contraria a la misma, pese a la fórmula empleada de «no lo obliga», pero «no lo impide». La primera, relativa a que no existe «obligación legal» por parte de la Unión Europea; segunda, el hecho de promover la independencia del OS y GRT integrados en el TSO, unidos e independientes frente al resto de agentes; tercera, la supuesta inexistencia de conflictos de interés entre Operador de Transporte y de Sistema (porque considera sus intereses son los mismos(¿?), porque la separación jurídica no podría tener vuelta atrás y, finalmente, en cuarto lugar, porque a su juicio, a pesar de ser dos sectores en red, no existe suficiente simetría entre los sectores eléctrico y gasista, donde ya existe esta separación recientemente aprobada.

Albentosa denuncia la debilidad del informe que soporta el dictamen de la CNE y de sus argumentos. El consejero pone en evidencia al Consejo, cuando denuncia que éste puede tener dificultades para comprender la diferencia de los dos, de forma que incluso, identifique el Operador de Sistema y Gestor de la Red de Transporte con expresiones en el informe como «el OS no va a ser más OS por el hecho de supervisar al GRT, sino que debe continuar coordinando y modificando los planes de mantenimiento de las redes de transporte, allí donde el OS y GRT sólo coordinaba y modificaba». Albentosa afea que el Consejo de Administración señale la no obligatoriedad de la separación en la transposición de la Directiva 2009/72/CE como argumento, cuando en su momento, en nuestro país se introdujo legalmente la figura del monopolio en la red de transporte y el transportista único, sin existir tampoco obligación, ni contar con pronunciamiento contrario del Consejo de Administración de la CNE.

Del mismo modo, ataca que el Consejo de Administración afirma que existen sinergias de estar unidas estas dos funciones y que no se explicitan, del mismo modo que augura riesgos de coordinación entre el operador de transporte y el operador de sistema. Albentosa ironiza respecto a que se haya producido alguna vez alguna instrucción del actual OS (integrado en REE) al Gestor de la Red de Transporte o le haya reconvenido algún comportamiento.

Red Eléctrica, privada, autorregulada e independiente

En definitiva, Albentosa señala que la conclusión de la postura de la CNE contraria al ISO y favorable al TSO «independiente del universo» es que REE pueda autorregular sus inversiones, las cuales van con cargo a la tarifa eléctrica vía tarifas de acceso, al tiempo que remarca el carácter privado de REE y sus objetivos de maximización de beneficio para sus accionistas, además de contar con la «elevada garantía de obtener una rentabilidad que puede considerarse alta para el riesgo en que incurre». Señala que la rentabilidad que obtiene el transportista único se obtiene de forma independiente a la rentabilidad social de las inversiones, señalando que esta se mide por que las infraestructuras permitan evacuar la energía eléctrica producida o abastecer a cierta área.

Allbentosa considera que los operadores de transporte y sistema deben estar separados, porque el sector eléctrico español precisa mejor planificación y mejor regulación ejercida por cada uno de los agentes, cada uno con sus funciones y sin dejación de responsabilidades. Propone que el ordenamiento energético español siga yendo por delante (sin contravenir el ordenamiento europeo) en la separación de funciones y el unbundling. Además, advierte en su informe de los numerosos criterios anteriores de la CNE en los que el organismo recoge el unbundling como piedra angular del sistema y del modelo energético y de si su utilización era retórica.

El final del último voto particular de Albentosa, pone el dedo en la llaga en la relación causa-efecto entre infraestructuras y tarifa que pagan los ciudadanos. Concluye que la regulación energética debe resolver sobre el mecanismo institucional para determinar el volumen de las infraestructuras y su composición, para evitar procesos de sobreinversión sufragados por los consumidores con unas más altas tarifas de acceso (que es donde se pagan las mismas), señalando que este papel lo deben tener el Ministerio de Industria y la CNE en esa función.

Por su parte, el consejero Jorge Fabra, ex delegado del gobierno en REE y ex Presidente de REE, en la explicación de voto que realiza en este aspecto, considera también que el diagnóstico y la conclusión son flojos y dedica la mayor parte de su explicación a esta cuestión. Y lógicamente se postula a que la actividad de transporte y operación de sistema son inescindibles, por tener REE y el TSO, la misión de conseguir el «equilibrio del sistema», considerando que la separación de actividades en este campo un devaneo regulatorio. Fabra afirma que lo que la Unión Europea promueve es el TSO y el ISO como transición al ISO y recoge la situación actual de la Unión Europea en este campo, más retardada en el unbundling para señalar que el TSO es el modelo más usual en los países europeos, dada la integración vertical todavía existente.