Industria remarcó que el estudio de impacto ambiental que se sometió a información pública el año pasado determina «la ubicación definitiva de la unidad de perforación», aunque por razones técnicas u operativas no se descarta que puedan «variar ligeramente», siempre dentro de un radio de un kilómetro.
«Por razones puramente técnicas, las ubicaciones definitivas de los seis emplazamientos propuestos, de los que se escogerán dos, han variado un mínimo de 196 metros y un máximo de 740 metros, dentro siempre de los 1.000 metros fijados en el estudio de impacto ambiental», aseguró el departamento que dirige José Manuel Soria.
En las últimas semanas, se abrió un debate sobre si los puntos que pretende perforar Repsol respetan o no la superficie del LIC que el Ministerio de Medio Ambiente tramita declarar en la zona marítima situada al este de Lanzarote y Fuerteventura.
De hecho, el propio Tribunal Supremo pospuso el pasado día 1 su fallo sobre los recursos que impugnaron los permisos para que Medio Ambiente le informe sobre la tramitación de ese LIC y la zona marítima cuya protección podría proponerse a la Unión Europea dentro del proyecto Indemares.
Industria subrayó que «todas las ubicaciones, tanto las que se indicaron en el estudio de impacto ambiental como las definitivas, que respetan el margen mínimo establecido de 1.000 metros, se encuentran fuera del área propuesta como LIC».
Este departamento expresó su disposición a «facilitar el acceso al expediente a las partes interesadas, siempre que se solicite por el procedimiento adecuado», recalcó que cumple «escrupulosamente la legalidad» e invitó a aquellas «instituciones que consideren que existen deficiencias en el expediente a que lo denuncien ante las instancias oportunas».
«Hasta ahora, todas las denuncias judiciales presentadas desde que se inició el expediente han dado la razón al Gobierno», añadió.
Industria acusó además a «los representantes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote», dos de las instituciones más combativas contra los planes de Repsol, de recurrir de «forma permanente a la mentira, el insulto y la falta de rigor» para criticar un expediente que, a su juicio, resulta «de interés para Canarias y para España».
Medio Ambiente pide a Repsol más datos
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente pidió a Repsol que le detalle con más precisión los puntos del Atlántico donde pretende perforar en busca de petróleo o gas y le exigió explicaciones adicionales de qué ocurriría si se produce un derrame por descontrol del pozo (o «blowout»).
El Cabildo de Fuerteventura, que se opone desde el inicio a los proyectos de Repsol, por entender que pone el riesgo el patrimonio natural de la isla y su industria turística, hizo público un oficio dirigido a Repsol el pasado 24 de febrero por la directora general de Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio.
En ese oficio, Medio Ambiente demanda a la petrolera una serie de aclaraciones respecto a la información que contiene su declaración de impacto medioambiental y el expediente tramitado por la Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio de Industria.
En varios de los puntos de su petición de información, Medio Ambiente se interesa por saber qué sucedería si, durante la perforación, se pierde el control del pozo y hay un derrame.
Subraya así que es «necesario hacer un cálculo lo más coherente posible del riesgo potencial al que se expone la población y el medio ambiente» y pone cuestión algunas afirmaciones de Repsol.
«De la documentación presentada», dijo la directora general de Evaluación Ambiental, «se deduce que en el caso de ‘blowout’ la mayor parte del crudo derramado se queda en la columna de agua, sin que se haya aportado información suficiente que justifique dicho resultado, contrario al que cabría esperar».
El Ministerio de Medio Ambiente también respondió a Repsol que, además de calcular «la probabilidad de un suceso extraordinario», para valorar los riesgos ambientales «se debe calcular el riesgo debido a todos los incidentes de los que se pueda derivar algún daño ambiental sobre todas las zonas afectadas».
Medio Ambiente constató que, «en la costa», Repsol ha valorado el riesgo ecológico y socioeconómico solo «para los incidentes denominados ‘peores casos’ y ni siquiera para todos».
«Este planteamiento de evaluar riesgos solo para algunos incidentes, aunque estos sean los ‘peores’, puede confundir la correcta valoración de los resultados», continuó este departamento, porque «sería erróneo interpretar el riesgo calculado para los ‘peores’ incidentes como el riesgo asociado al conjunto de incidentes de un tipo determinado, como el riesgo global o, peor aún, como la cota superior del riesgo global».
El Cabildo de Fuerteventura sostiene que este informe evidencia «la preocupación que los técnicos de Medio Ambiente» tienen por la posibilidad de que se produzca «un gran derrame tipo ‘blowout'», ya que se trata de una perforación marina en aguas profundas.
En este sentido, recordó que el informe que redactó para sus alegaciones el asesor internacional sobre perforaciones en mar abierto Rick Steiner, profesor de la Universidad de Alaska hasta 2010, advertía de que el proyecto de Repsol no aplicaba las cautelas implantadas en EEUU tras la catástrofe de la plataforma «Deepwater Horizon» en el golfo de México.
Steiner, según apuntó el Cabildo de Fuerteventura, advertía de que Repsol pretende perforar en esa zona cercana a Canarias a una profundidad un 20% mayor que la que existía en el pozo de ese accidente del Golfo de México, que provocó un derrame masivo.
«Por tanto, la presión, la temperatura y los riesgos de los pozos de las islas Canarias serían comparables, por no decir significativamente mayores, que los del pozo Macondo, que registró un fallo de consecuencias catastróficas», planteaba este experto.
