La asamblea ordinaria se celebró el pasado fin de semana, donde se trataron y debatieron las líneas estratégicas de la organización en el marco social, económico y político actual, especialmente en el contexto europeo y nacional.

Además de la renovación de la presidencia, se aprobó el resto de cargos de la junta directiva que estará integrada por Luigi Ceccaroni (trustee y vicepresidente 1ª), Xabier Barón (vicepresidente 2ª), Pedro Senso (administrador general), Nacho Benítez, Oscar Cabrero y Daniel Fernández (vocales).

Solá agradeció «el excelente trabajo realizado por la presidenta saliente Sonia Rubio y la confianza que ahora se deposita en la nueva Junta» y transmitió el deseo de «continuar trabajando con la misma ilusión y rigor en 2015».

Asimismo, el Consejo de Greenpeace valoró de forma positiva el «buen trabajo desarrollado, en un año en el que se consolidó la estabilidad de la organización, consiguiendo superar la cifra de 100.000 socios».

Además del cambio climático y el modelo energético, el medio ambiente en España en un contexto electoral, y el proyecto internacional para conseguir un santuario Ártico, continuarán siendo prioridades para Greenpeace. Igualmente, los activistas continuarán trabajando en las campañas contra la Ley Mordaza, por la protección de los bosques, los océanos y la agricultura sostenible.

Sol Solá es natural de Barcelona y socia de Greenpeace desde 1995. Voluntaria y consejera, enfocada en la comunicación, la formación y la gestión de equipos, está especialmente sensibilizada con el respeto por la biodiversidad y el vínculo entre defensa del medio ambiente y los derechos humanos ante los conflictos armados por los recursos energéticos, el agua y los alimentos.

Con formación en derecho, arqueología y comercio, desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en comercio internacional y desde hace más de once años trabaja en la distribución internacional de derechos fotográficos y aplicaciones web y de gestión para stock fotográfico.

«Tenemos la tranquilidad de que España cumplirá pero seguimos a la espera de la confirmación», señaló García Tejerina. La responsable de la política de cambio climático confirmó que, inicialmente, esta comunicación estaba anunciada para el pasado mes de septiembre y cree que el motivo del retraso es que los técnicos de la ONU están evaluando «a muchos países», por lo que «tienen que estar desbordados«.

En este sentido, destacó que 2015 es un año «trascendental y de enorme importancia» porque España quiere llegar a Paris, a la Cumbre del Clima de diciembre, a contribuir a alcanzar «un acuerdo como no ha habido nunca». García Tejerina indicó que con el anterior Gobierno se invirtieron 800 millones de euros en comprar de derechos de emisión de CO2 en el extranjero porque a nivel nacional «no se incentivó ningún cambio de modelo económico«.

En este contexto, apuntó que cuando el actual Ejecutivo asumió el Ministerio, quienes les pasaron «el testigo» en este departamento les indicaron que necesitarían destinar otros 800 millones de euros más para cumplir con el compromiso de Kioto. La ministra defendió que además del montante económico, lo más importante es «el cambio de filosofía» porque en la «búsqueda de la eficiencia de los recursos públicos» lo que se hizo fue negociar «bien», de modo que los 800 millones iniciales se han cubierto con 40 millones.

Asimismo, añadió que tras estos 40 millones, que se necesitaron para cumplir Kioto en el periodo 2008-2012, «no se ha vuelto a gastar nada» en 2013 y 2014. En este sentido, subrayó que en este periodo el Gobierno destinó 96 millones de euros a financiar proyectos de reducción de emisiones en España, que generan empleo, actividad económica y fomentan la inversión en el país. En materia presupuestaria ha apuntado que por primera vez en 2015 los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida de 12 millones de euros para adaptación al cambio climático, con proyectos que, en su mayoría van destinados a defender el litoral.

Soria aplaudió las actuaciones que se están realizando en materia medioambiental en nuestro país y no duda de que «España está en la ruta adecuada para alcanzar los objetivos medioambientales fijados en la Cumbre de Lima para 2020» aunque reconoció que el cumplimiento de estos requisitos «ha limitado la competitividad industrial«. Para solucionar este problema, el ministro aseguró que España tiene que convencer a otros países, como Rusia, Estados Unidos, China o la India, de que «el esfuerzo medioambiental real tiene que ser global y no solo competencia de Europa».

Para Europa, señaló el ministro, «es muy importante a nivel energético la interconexión y nuestro país la tiene que llevar a cabo con la colaboración de Francia». Desde 1996 solo tenemos un 1,5% de energía eléctrica interconectada, pero «hasta pasado mañana, porque con el acuerdo al que han llegado el primer ministro francés Manuel Valls y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se va a doblar el porcentaje eléctrico». Además, anunció que se quiere poner en marcha el Proyecto de Vizcaya, que aumentará un 5% más esa conexión de energía.

Preguntado por el uso de la técnica de la fractura hidráulica (fracking ), a pesar de los documentos elaborados por organizaciones ecologistas y del Defensor del Pueblo, que indican que no hay certezas sobre que no se ocasionen daños sobre el medio ambiente, el ministro sentenció que tiene plena confianza en los informes del Ministerio y de sus funcionarios «que actúan en base a su profesionalidad».