WWF reclama al Gobierno que fomente un cambio de modelo basado en más renovables y mayor eficiencia

Europa Press.- La organización conservacionista WWF exigió al Gobierno que elimine el impuesto al sol y que fomente un cambio de modelo energético que esté basado en las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética. La organización denuncia que tal y como muestra el Observatorio de la Electricidad del mes de junio, las emisiones de CO2 subieron un 6,06% en este mes debido al repunte de la generación eléctrica procedente del carbón, que ha sido la primera en el mix energético en el mes.

Por ello, WWF insiste en que la lucha contra el cambio climático «solo se conseguirá apostando por un cambio de modelo energético basado en energías renovables, ahorro y eficiencia energética» y exige al Gobierno que apueste por el autoconsumo y la generación distribuida como herramientas claves para llegar a un futuro sostenible y 100% renovable. En este sentido, recordó que esto supone también abandonar «de inmediato» de las subvenciones a los combustibles fósiles. Además, WWF presentó alegaciones al proyecto de Decreto de Autoconsumo y manifestó su rechazo a la normativa por considerar que hay impedimentos para su desarrollo en España.

La responsable del Programa de Clima y Energía de WWF España, Raquel García, incidió en que el autoconsumo energético con las energías renovables es viable «tanto técnica como económicamente» y contribuye a un cambio de modelo energético, al tiempo que permite desarrollar ciudades inteligentes y luchar contra la pobreza energética. En concreto, entre las demandas principales de WWF destacan permitir el autoconsumo con balance neto, eliminar el cargo por autoconsumo, poder compatibilizar el autoconsumo con el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y el bono social para así luchar contra la pobreza energética, permitir el almacenamiento energético con baterías, permitir la venta de los excedentes de energía producida y cumplir con las Directivas Europeas.

Asimismo, WWF advierte del repunte «muy considerable» de la generación eléctrica con carbón, que en junio se ha situado como la primera tecnología del mix eléctrico, un 1,3% más que en junio de 2014. En este mes se han registrado también un aumento considerable de las emisiones totales de CO2 respecto a las del mismo mes de junio de 2014, cuando han pasado de 5,82 millones de toneladas de CO2 hasta los 6,199 millones de toneladas de CO2, un 6,06% al mismo mes de 2014.

Greenpeace reclama que el cierre de la central nuclear de Garoña sea definitivo

Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace reivindica además que en los trámites de evaluación de renovación de licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) sea «obligatoria» la participación pública mediante el trámite de información pública y el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, con carácter transfronterizo. Para Greenpeace, los dos procedimientos son de obligado cumplimiento antes de decidir si se reabre una central, de acuerdo con el Convenio de Espoo.

Con motivo del segundo aniversario del cierre de la planta, Greenpeace exige que «se cumpla la normativa» de seguridad nuclear en el proceso de prolongación de la vida de la central «más vieja» de Europa y subraya que desde que expiró la licencia de explotación de Garoña en julio de 2013 no se ha producido «ningún corte eléctrico» con lo que, a juicio de la organización, su producción de electricidad «no es necesaria». El titular de la planta, Nuclenor, solicitó una renovación de su licencia de operación hasta el año 2031, con lo que la planta produciría electricidad hasta los 60 años desde su inauguración.

«No puede ser que se iniciara el proceso de reapertura de Garoña sin permitir a la ciudadanía presentar sus alegaciones. Más grave aún resulta que en dos años no se haya enmendado el error. La legislación no deja lugar a dudas: es obligatorio permitir la participación pública y evaluar el impacto medioambiental también ante un proyecto de ampliación de una central nuclear», indicó la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón. El proceso sigue en manos del Consejo de Seguridad Nuclear, que está evaluando la solicitud de renovación de licencia y, simultáneamente, está aplicando procedimientos de seguridad ante la situación legal y real de cierre de la central.

BP acuerda con Estados Unidos pagar 16.847 millones de euros por el vertido en el Golfo de México

Europa Press / EFE.- BP llegó a un acuerdo provisional con las autoridades estadounidenses para cerrar todas las demandas federales y estatales surgidas a raíz del vertido de petróleo en el Golfo de México ocurrido en 2010. Así, la compañía petrolera abonará 18.700 millones de dólares (16.846,95 millones de euros) a través de su filial BP Exploration and Production al Gobierno de Estados Unidos (EEUU) y a los Estados de Alabama, Florida, Louisiana, Mississipi y Texas cinco años después del accidente de la plataforma Deepwater Horizon.

El acuerdo con estos cinco Estados incluye el cierre de las demandas interpuestas contra BP por más de 400 entidades locales. En concreto, la petrolera desembolsará 5.500 millones de dólares (4.955,71 millones de euros) en un plazo de 15 años como sanción administrativa por la Ley del Agua Limpia, que serán destinados a las labores de reparación y restauración de los estados afectados en el Golfo. Asimismo, pagará a Estados Unidos un total de 7.100 millones de dólares (6.397,36 millones de euros) en concepto de daños a los recursos naturales, además de los 1.000 millones de dólares (901,03 millones de euros) ya entregados por restauración.

Una cantidad adicional de 232 millones de dólares (209,04 millones de euros) será abonada por parte de BP para cubrir otros daños de los recursos naturales que aún no se conozcan. La compañía pagará también 4.900 millones de dólares (4.415,12 millones de euros) durante 18 años para cerrar demandas económicas y de otro tipo interpuestas por los cinco Estados y 1.000 millones de dólares (901,03 millones de euros) para resolver demandas de las más de 400 entidades locales. La factura total de BP, sumados los pagos realizados previamente en labores de limpieza, asciende a alrededor de 53.800 millones de dólares.

«Hace cinco años nos comprometimos a restaurar la economía y el ecosistema del Golfo y hemos trabajado desde entonces para cumplir esa promesa», afirmó el presidente de BP, Carl-Henric Svanberg. En su opinión, la compañía ha hecho un «significativo progreso» y este acuerdo «resuelve las mayores denuncias que se mantienen, aporta claridad en los costes y crea certidumbre de pago para todas las partes implicadas». El consejo considera que este acuerdo está en línea con el «mejor interés a largo plazo» de BP y de sus accionistas y no modificó su posición sobre el dividendo, que fue fijada en el primer trimestre, según indicó Svanberg.

Con esta decisión se cierra el prolongado litigio por el derrame de petróleo que se produjo a consecuencia de la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, que extraía crudo para BP del pozo Macondo, en la que fallecieron 11 personas y vertió cerca de 5 millones de barriles a las aguas del golfo de México. «Es un acuerdo histórico. Está diseñado para compensar al estado por todos los daños, tanto medioambientales como económicos», remarcó Robert Bentley, gobernador republicano de Alabama.

La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, afirmó que la indemnización pactada es «el acuerdo más grande alcanzado por una entidad individual en toda la historia del país«. «Ayudará a reparar el daño realizado a la economía del golfo de México, la pesca, humedales y vida salvaje. Y ofrecerá beneficios duraderos a las próximas generaciones en la región del golfo», apuntó Lynch. Se espera que el acuerdo, conseguido casi 5 años después sea ahora ratificado por un tribunal federal en 2016, después de que en próximos meses se lleve a cabo un proceso de debate público sobre su contenido.

Por su parte, Bob Dudley, director ejecutivo de BP, valoró el acuerdo como «un resultado realista que ofrece claridad y certeza a todas las partes». Además remarcó que proveerá «un significativo flujo de ingresos durante muchos años para avanzar en la restauración de los recursos naturales y pérdidas relacionadas con el derrame«. Como resultado del acuerdo, las acciones de la petrolera británica se dispararon en la Bolsa de Londres, ya que cierra la mayoría de los litigios pendientes por el vertido de petróleo de 2010.

El anuncio del acuerdo se produce poco después de que se haya cumplido el quinto aniversario de la explosión de la plataforma Deepwater Horizon, que estuvo vertiendo crudo al golfo durante 87 días antes de que pudiera ser sellado. El anterior gran derrame de petróleo en EEUU fue el provocado por el accidente del barco petrolero Exxon Valdez en la costa sur de Alaska en 1989, pero entonces el vertido no superó los 300.000 barriles.

El Gobierno aprueba la estrategia para el impulso de los vehículos de energías alternativas hasta 2020

Redacción / Agencias.- Esta estrategia afecta a vehículos diversos de gas natural, gas licuado del petróleo (GLP), eléctricos, hidrógeno y biocarburantes. Así lo anunció la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que destacó que la ampliación de la estrategia hasta 2020 tiene un enfoque «mucho más amplio» al apostar por más tecnologías y no sólo a los vehículos eléctricos como el primer plan para contar con su nivel de desarrollo y competitividad para que sean las que determinen la composición final de la oferta.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, explicó que la estrategia del vehículo impulsado con energía alternativa ha sido elaborada por un grupo de trabajo creado en octubre de 2014 con las aportaciones de las comunidades autónomas, de las entidades locales y de las principales asociaciones sectoriales, para abordar la creciente participación de estos vehículos en España. De esta forma, el Gobierno español se adelanta así a la fecha fijada por la Comisión Europea por la cual cada Estado miembro debe presentar un plan de acción para el impulso de la infraestructura de recarga de los vehículos de combustible alternativa antes del 18 de noviembre de 2016.

Entre sus objetivos, destacó el impulso a su industria vinculada, tanto en su vertiente de fabricación como de componentes asociados, así como a una red de infraestructuras para que los usuarios puedan tener comodidad para recargar los vehículos. Para conseguirlos la estrategia cuenta con tres ejes básicos: industrialización, mercado e infraestructuras. El primero incluye medidas vinculadas a impulsar el proceso de industrialización y fabricación ya que en España hay 17 fábricas de vehículos de las que sólo 6 fabrican vehículos con energías alternativas, generalmente híbridos y con motores eléctricos. «Se trata de ampliar el abanico a vehículos impulsados por gas natural licuado (GNL), biocombustible o hidrógeno», añadió Soria, que avanzó que se potenciará la fabricación de este tipo de vehículos.

En cuanto al mercado, dado que el coste de fabricación de combustibles con combustión convencional es inferior, se acometerán medidas de impulso a la adquisición de los vehículos de energía alternativa, como campañas de concienciación y divulgación de sus «bondades». Por último, la estrategia potenciará la red de infraestructuras por toda España y apoyará este tipo de vehículos cuando se establezcan concursos para la adquisición o renovación de flotas públicas y del sector privado. Soria subrayó que la estrategia contribuirá a continuar con el cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción emisiones CO2. «Actualmente estamos incluso por encima de lo que tendríamos que estar a julio de 2015», agregó Soria.

La OCDE ve ineficaces las actuales tasas sobre el consumo de energía

EFE.- La OCDE considera que las tasas que se aplican actualmente en la mayoría de países sobre el consumo de energía no son eficaces ni coherentes para contrarrestar sus consecuencias medioambientales. De esa manera, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los gobiernos «renuncian» no solo a percibir más ingresos, sino que minimizan su combate contra «la principal fuente de emisiones de gases efecto invernadero«.

El impuesto medio sobre el uso de todo tipo de energía se sitúa en 14,8 euros por tonelada de dióxido de carbono que se emite por ese uso, mientras que el «coste social» del carbono, según su análisis, se eleva a cerca de 30 euros por tonelada, según la OCDE.»Las posibilidades de recurrir a la fiscalidad para mejorar el estado del medio ambiente y frenar el cambio climático son todavía considerables», señaló el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría. El organismo destacó que las actuales tasas impositivas no están a la altura del coste medioambiental de su consumo tanto en término medio como en la mayoría de sus 34 países miembros y las 7 economías del G20.

La OCDE difundió que los países aplican niveles de imposición que van de los 0 euros en Rusia e Indonesia, los 47,8 euros en España y Portugal, que se colocan cerca de la mitad del baremo, y los 107,3 en Suiza. El impuesto sobre algunos de los combustibles o carburantes más nocivos, según el organismo, es «particularmente débil» e incluso inexistente, lo que le confiere al consumidor un atractivo «que se demuestra injustificable». El carbón, por ejemplo, cuya utilización contribuye de forma considerable al cambio climático o a la contaminación, es el combustible menos tasado, con una media de 2 euros por tonelada de CO2.

El organismo también estimó que las tasas varían mucho según el tipo de consumidor, con diferencias que no se explican por su respectivo impacto medioambiental. Así, son «mucho más bajas» sobre los combustibles utilizados para producir calor de uso residencial o industrial o para el sector eléctrico, con una media de 3 euros, que sobre los destinados al transporte, de 70 euros de media. En 39 de los 41 países evaluados, el impuesto del diesel para el transporte es significativamente inferior al que recibe la gasolina, «aunque sea mucho más nefasto para el medio ambiente».

El ecólogo David Tilman señala que alcanzar un modelo energético sin emisiones de carbono es «cada vez más barato»

Europa Press.- El ecólogo estadounidense David Tilman subrayó la aportación de la nueva encíclica del Papa Francisco, titulada Laudato Si y publicada la semana pasada, como la «sabiduría» necesaria para poner en marcha las acciones y políticas necesarias para combatir el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible de todas las comunidades humanas.

Tilman valoró, como una posibilidad más para combatir el cambio climático, una reforma completa y progresiva del sistema energético hacia fórmulas «neutras» en emisiones de carbono que, según aseguró, «ya existen» y «son cada vez más baratas». En este sentido, rechazó el uso de biocombustibles que empleen productos alimentarios para la generación de energía porque considera «inmoral dar a los coches la comida que necesitan los pobres». Aún así, Tilman apuntó que se podrían emplear las 400 millones de hectáreas de terrenos de cultivo abandonados porque «ya no son fértiles» que, según indicó, existen en el mundo para, mediante una «estrategia de biodiversidad» producir biocombustible.

Por otra parte, destacó que en la actualidad los medios de generación de energía renovables como la energía solar o la energía eólica ya están «lo suficientemente desarrollados» como para dar respuesta a las necesidades de las sociedades modernas y subrayó que «su coste baja cada vez más» y que la transición a un modelo energético «neutro» en carbono «no sería tan cara«. De hecho, aseguró que con una inversión del 3% anual del PIB de Estados Unidos, el país podría adaptarse a un modelo sin emisiones de carbono en el plazo de 37 años.

Tilman también se suma a la tesis de que, de mantener los actuales modelos, la raza humana «va a tener problemas» y reiteró que los esfuerzos actuales en materia de lucha contra el cambio climático «son insuficientes«. Sin embargo, apuntó que esta tesis únicamente plantea un escenario en que no se produjeran cambios y se mostró convencido de que «existen soluciones fáciles que se pueden llevar a cabo para evitarlo».

«El Papa Francisco es uno de los principales líderes morales del mundo y es un hombre sabio. Tenemos todas las herramientas necesarias para producir la energía necesaria de una forma sostenible y a la vez, lo que no tenemos es la sabiduría necesaria para emplearlas», señaló Tilman, que demostró que los ecosistemas en los que existe más diversidad biológica son más productivos y más eficientes para adaptarse a los cambios. Por ello abogó por impulsar el aumento de la productividad agrícola de los terrenos que se emplean para el cultivo en países en desarrollo como la principal apuesta para frenar el deterioro de la biodiversidad mundial y el cambio climático.

El 95% de los españoles respira aire contaminado según Ecologistas en Acción

Europa Press.- Más de 44,7 millones de españoles respiraron aire contaminado durante 2014. La cifra representa el 95% de la población total según el informe de Contaminación del Aire de Ecologistas en Acción, que añade que el 94% del territorio se expuso el año pasado a niveles de contaminación superiores a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el estudio, un total de 474.000 kilómetros cuadrados soportan una contaminación que daña los bosques y cultivos y la causa principal en las áreas metropolitanas es el tráfico.

El informe de Ecologistas en Acción recuerda que, según las últimas estimaciones de la Comisión Europea, cada año mueren en España 27.000 personas de forma prematura por afecciones derivadas de la contaminación del aire. Respecto a los costes sanitarios que se derivan de este problema, la OMS apuntó en un reciente estudio que representan entre el 2,8% y el 4,6% por ciento del PIB de España, es decir, unos 46.000 millones de euros. Esto incluye los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales, que también implican costes económicos.

En este ámbito, recuerda que la Comisión Europea inició en enero de 2009 un procedimiento de infracción contra España por el incumplimiento de la normativa sobre partículas PM10 que está a punto de llegar al Tribunal de Justicia Europeo. Recientemente la Comisión abrióun nuevo expediente a España por los niveles de dióxido de nitrógeno. Ecologistas en Acción además de alertar por los resultados del informe, denuncia que la información a los ciudadanos por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema.

En este sentido, recuerda la obligatoriedad de cumplir los Planes de Mejora de la Calidad del Aire, que competen a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Sin embargo, advierte de que en muchos casos «no existen» y los existentes son «inefectivos en la mayoría de los casos por falta de voluntad política». Finalmente, la organización subraya que las vías «principales» para reducir la contaminación del aire son: disminuir el tráfico motorizado, reducir la necesidad de movilidad y potenciar del transporte público. Por ello, insiste en que deben adoptarse mejores técnicas industriales disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica por centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón.

El estudio anual de Ecologistas en Acción analiza los datos de 700 estaciones de medición oficiales instaladas en todo el país y presenta datos sobre la calidad del aire, por comunidades autónomas y por sustancias contaminantes. En concreto, el informe toma como referencia los valores máximos de contaminación recomendados por la OMS; el objetivo a largo plazo para la protección de la vegetación establecido por la Unión Europea; y los valores límite de obligado cumplimiento establecidos por la normativa de Unión Europea, más laxos que los recomendados por la OMS.

Así, según los dos primeros parámetros, en 2014, al menos 44,7 millones de españoles respiraron aire contaminado, lo que supone el 95% de su población en el 94% de su territorio. Sin embargo, si se tiene en cuenta los valores límite establecidos por la Unión Europea, la población que respiró aire contaminado es de 15,5 millones de personas: En total, una de cada tres personas respiró aire que superaba los límites que establece la ley. Con este parámetro la superficie expuesta a unos niveles de contaminación que dañan la vegetación alcanza 263.000 km2, más de la mitad del Estado español.

Por causas, la principal fuente de contaminación es el tráfico rodado y los contaminantes que provocan más problemas de salud son las partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2), el ozono troposférico (O3) y el dióxido de azufre (SO2). Además, las partículas son el contaminante que más incrementó su incidencia a lo largo del 2014 mientras que el dióxido de nitrógeno y el azufre declinaron ligeramente. Ecologistas en Acción expresó su preocupación por los elevados niveles de benzoapireno, que es un contaminante cancerígeno. Para la valoración del porcentaje de población que respira aire contaminado se tuvieron en cuenta todos estos contaminantes.

Asimismo, el informe indica que el ozono troposférico es el contaminante que tiene una mayor extensión y que más afecta a la población, con unos niveles que se mantienen estacionarios o incluso al alza. Esto se debe al incremento de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor) durante el verano, como resultado del cambio climático. Durante el año 2014, se redujeron los niveles de ozono «ligeramente» respecto al año anterior, pero a pesar de esto, la «práctica totalidad» de la población y de las formaciones vegetales españolas respiraron aire con concentraciones de ozono peligrosas para la salud humana y vegetal.

Por su parte, las partículas (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2) afectan a más de dos terceras partes de la población aunque con una tendencia a la baja de los dos últimos contaminantes. Para la ONG, esta reducción se debe «fundamentalmente» a la crisis económica, que provocó una reducción forzada de la movilidad y la disminución de la actividad industrial. Contribuyó también la evolución del parque móvil hacia vehículos más pequeños y eficientes y a la sustitución de electricidad en centrales térmicas por energía eólica y solar. «La reducción de contaminantes se debe a la coyuntura en exclusiva», apunta el informe presentado.

Londres anuncia el fin de los subsidios para la energía eólica en tierra firme

EFE.- El Gobierno del Reino Unido anunció que dejará de otorgar subvenciones para construir nuevos parques eólicos en tierra firme a partir de abril de 2016, un año antes de lo previsto. La ministra británica de Energía y Cambio Climático, Amber Rudd, señaló que el volumen de instalaciones eólicas ya programadas permitirá cumplir con los objetivos climáticos de cara a 2020, por lo que considera «apropiado restringir el despliegue» de nuevas instalaciones.

El Gobierno, que dedicó en 2014 más de 800 millones de libras (1.110 millones de euros) a subvencionar el sector, aspira con esta medida a «equilibrar los intereses de los fabricantes» con los del «público general». Según la ministra, las turbinas en tierra firme «a menudo no cuentan con el apoyo del público y no pueden proveer por ellas mismas la capacidad firme que requiere un sistema de energía estable».

El Reino Unido cuenta con 5.061 turbinas eólicas en funcionamiento en tierra firme, y otras 2.845 han recibido ya los permisos necesarios, de las cuales se han comenzado a levantar 637. Los campos onshore generan el 80% de la energía generada por el viento en el país, mientras que el otro 20% proviene de instalaciones frente a la costa, un cuarto de ellas ubicadas en el estuario del Támesis. Esas instalaciones son suficiente para cubrir las necesidades de 5,5 millones de hogares durante un año.

Rudd anunció que habrá un «periodo de gracia» para aquellos proyectos que ya comenzaron a tramitar permisos para instalar nuevos campos eólicos, si bien la portavoz laborista de Energía, Carol Flint, avanzó que cerca de 1.000 proyectos de inversión podrían verse afectados por el fin de las subvenciones. La medida ha despertado críticas desde las organizaciones ecologistas que argumentan que es uno de los métodos más efectivos para reducir las emisiones de CO2. El Gobierno británico prevé poner en marcha un nuevo sistema de subsidios para energías con bajas emisiones de CO2, si bien todavía no ha aclarado si las turbinas en tierra firme podrán entrar dentro de ese plan.

Industria elevará al 5% el objetivo de biocarburante en 2016, lo que subirá hasta un 0,5% el diésel

Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo elevará del 4,1% al 5% el objetivo de incorporación de biocarburantes en 2016, que será global tanto para la gasolina y el gasóleo, lo que provocará previsiblemente un aumento del precio del segundo de estos combustibles de hasta el 0,5%.

Esta medida aparece recogida en un borrador de decreto elaborado por Industria acerca del fomento del uso de biocarburantes cuyo objetivo es adaptar la regulación española a la directiva comunitaria sobre la materia, en la que se obliga a reducir antes de 2020 un 10% las emisiones por unidad de energía de carburante. El decreto que prepara Industria fija un objetivo anual obligatorio del 5% para 2016 y 2017, y lo eleva al 6% en 2018, al 7% en 2019 y al 8,5% en 2020, según se aprecia en la disposición final primera del borrador.

En la memoria económica de la norma, Industria calcula que la medida elevará en 0,2 céntimos por litro el precio del diésel en 2016 y supondrá nuevas presiones al alza de otros 0,2 céntimos en 2018 y 2019, y de 0,29 céntimos en 2020. Para 2016, la subida de sumará a la finalización del periodo de carencia para la aplicación de las medidas de sostenibilidad aprobadas, por lo que el incremento del precio del diésel será en total de entre 0,3 y 0,41 céntimos. Este sobrecoste implicará un incremento de entre el 0,6% y el 0,8% en el precio antes de impuestos, y de entre el 0,3% y el 0,5% en el precio final de venta al público, indica Industria.

En el caso de la gasolina, no se espera que los nuevos objetivos afecten al precio, ya que, al haberse fijado una obligación de carácter global, está previsto que los operadores mantengan un porcentaje de bioetanol del 3,9% en la gasolina y apuesten por elevar la mezcla en el caso del diésel. Industria argumenta que los nuevos objetivos, pese a aumentar, son «prudentes» y vienen acompañados de medidas que garantizan «cierta flexibilidad» a los operadores, lo que redundará positivamente en el coste final. La norma establece además que en 2020 los biocarburantes de primera generación no podrán superar el 7% para el objetivo de energías renovables en el transporte, al tiempo que se podrá regular un objetivo de biocarburantres avanzados.

La Unión Europea debe aumentar su inversión en captura de CO2 para cumplir sus objetivos climáticos según explica un informe

Europa Press.- Los países de la Unión Europea necesitan incrementar «significativamente» su inversión en captura y almacenamiento de carbono (CO2) para cumplir con sus objetivos de cambio climático y mostrar con mayor urgencia y determinación el desarrollo y despliegue de esta tecnología. Así lo pone de manifiesto un nuevo informe publicado por el Instituto Grantham de Investigación sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la London School of Economics and Polítical Science y el Instituto Grantham en el Imperial College de Londres.

El documento estima que la inversión necesaria para instalar 11 gigawatios de electricidad generada con carbón capturado y almacenado para 2030 oscila entre 18.000 y 35.000 millones de euros, según se admite en el Mapa de Energía de la Comisión Europea. Sin embargo, las políticas europeas únicamente han provisto de 1.300 millones para el desarrollo de esta tecnología y pocos estados miembro han lanzado algunos incentivos para fomentar esta tecnología.

El informe indica que la Hoja de Ruta de la Energía de la Unión Europea para 2050 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con los objetivos para evitar un aumento global de la temperatura mayor de 2 grados centígrados, incluye el desarrollo de las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. Además, señalan que aunque la Unión Europea tiene algunos proyectos de almacenamiento de CO2 en desarrollo, ninguno está funcionando comercialmente. El informe pone de ejemplo a Norteamérica, donde hay 13 instalaciones de captura y almacenamiento de CO2 en funcionamiento y 6 más en construcción.

Los autores instan a la Unión Europea a diseñar una nueva estrategia para aumentar la ambición y acelerar la acción en los Estados Miembro. Concretamente, recomiendan tanto al sector público como al sector privado que proporcionen un mayor apoyo a esta tecnología. «Por encima de todo, la Unión Europea debe mostrar mayor urgencia y determinación para desarrollar la captura y el almacenamiento de carbono, ya que, de otra manera, no será posible contribuir hacia los objetivos de demanda y de reducción de gases de efecto invernadero, o podrán hacerlo pero con una dificultad más significativa y con unos esfuerzos de gasto mayores», insiste el documento.

El informe sugiere que la principal barrera de progreso es el coste de esta tecnología. En este sentido, sugiere que acometer proyectos de captura y almacenamiento de carbono a costes competitivos respecto a las plantas de combustibles fósiles, que aumentan continuamente las emisiones de gases de efecto invernadero en los mercados de generación de electricidad de la Unión Europea, debería ser de 35 a 60 euros por tonelada de dióxido de CO2 en plantas de carbón y de 90 a 105 euros la tonelada de CO2 en plantas de gas.

Otras de las acciones recomendadas se dirigen más directamente a lograr fondos para la investigación y el desarrollo, como la creación de un nuevo mecanismo de financiación en las fases tempranas de los proyectos de captura y almacenamiento que incluyan incentivos financieros para la generación de electricidad utilizando el carbón procedente de la captura y el almacenamiento, así como el incremento del apoyo por parte de las instituciones financieras y de los objetivos obligatorios con el fin de estimular más la acción del sector privado.