Derramados al mar 10 litros de crudo en tareas de mantenimiento en una terminal de Petronor

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EFE.- Alrededor de diez litros de crudo se han derramado al mar en el Puerto de Bilbao junto al atraque número tres de Punta Lucero, durante las tareas de mantenimiento que se llevaban a cabo en la terminal de Petronor.

La pérdida de contención ha sucedido sobre las 12.00 horas, cuando se procedía a las labores de mantenimiento preventivo del brazo de carga en el citado atraque, en la Terminal Marítima de Petronor, según ha informado la compañía.

Petronor ha señalado que «de inmediato» se han desplegado los medios de contención y realizado las labores de recogida y limpieza, e informado a la Autoridad Portuaria y demás autoridades competentes.

Alianza Mar Blava exige al Ministerio de Medio Ambiente que archive el proyecto de prospecciones de Schlumberger en el Mediterráneo

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EFE / Europa Press.- La plataforma Alianza Mar Blava pidió al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que cierre el expediente del proyecto de prospecciones petrolíferas planteado por la empresa Schlumberger para el Golfo de León, ya que la compañía no ha aportado en plazo la documentación preceptiva.

De hecho, el coordinador técnico de la Alianza Mar Blava, Carlos Bravo señaló que el Ministerio de Medio Ambiente «debe proceder de inmediato a dar por finalizado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de prospecciones petrolíferas de Schlumberger en el golfo de León«. Según recordó, el pasado 21 de diciembre de 2015 la Dirección General de Ministerio de Medio Ambiente confirmó que, tal y como solicitaba la Alianza Mar Blava, procedía volver a sacar a información pública y consulta a Administraciones y entidades interesadas el expediente debido a las “graves deficiencias detectadas en el estudio de impacto ambiental y en el estudio de impacto acústico del proyecto”.

En consecuencia, señaló, el 19 de febrero la Subdirección General de Evaluación Ambiental requirió a Schlumberger que procediera a restringir el área de adquisición sísmica y aportara información adicional relativa a alternativas técnicas, un nuevo estudio acústico, actualización del inventario de especies, revisión del programa de mitigación acústica y procedimiento de observación, evaluación sobre el ciclo vital completo de especies de interés comercial o una evaluación de los efectos acumulativos y sinérgicos, entre otras cosas.

El requerimiento tuvo salida del Ministerio de Medio Ambiente el 22 de febrero. Según Mar Blava, el plazo máximo para que Schlumberger hubiera respondido al requerimiento era de 3 meses; «plazo que ha transcurrido sobradamente sin que Schlumberger haya aportado al Ministerio de Medio Ambiente la documentación requerida», indicó la Alianza Mar Blava. Por lo tanto, procede terminar la evaluación conforme a lo establecido en la norma. «El órgano ambiental no cuenta con margen de discrecionalidad para actuar cuando la promotora no responde en tiempo y contenido, sino que está obligado a finalizar la evaluación ambiental en trámite«, han reiterado.

Ecologistas en Acción pide que se paralice Valurcia, una explotación minera de carbón a cielo abierto en Palencia declarada ilegal

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EFE.- Ecologistas en Acción pide que se paralice de forma urgente la actividad de la explotación a cielo abierto Valurcia, en Villanueva de la Peña (Palencia), que lleva funcionando tres años y ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCYL), que ratificó una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Palencia contra la autorización de la Junta de Castilla y León otorgada a la empresa UMINSA (Unión Minera del Norte).

Los ecologistas recuerdan que en 2015 este juzgado de Palencia declaró no conforme a derecho la desestimación del recurso de alzada presentado en enero de 2013 por Ecologistas en Acción-Palencia ante la Junta de Castilla y León por dictar una Declaración de Impacto Ambiental favorable sin atenerse a la normativa de obligado cumplimiento que hubiera imposibilitado su concesión. La sentencia del TSJCYL recoge, según Ecologistas, una desatención del procedimiento establecido, secretismo y complicidad de la Junta de Castilla y León para conceder a UMINSA esta autorización pese a su ilegalidad.

Ecologistas en Acción además determinaba que el impacto ambiental para esta autorización era muy perjudicial, y que todo se hizo para que la empresa pudiese obtener la autorización, pese a las restricciones normativas y de ordenación del territorio. Los conservacionistas aseguran que con esta decisión, la Junta de Castilla y León ha contribuido de forma activa a la destrucción de una zona de protección natural de doce hectáreas de arbolado, que se ha convertido ahora «en un paisaje lunar donde antes había bosque y pradera».

Ecologistas en Acción lamenta lo ocasionado con una explotación que es ilegal, «tal y como sentencian los tribunales de manera firme, y a la que viene oponiéndose debido a su clara ilegalidad desde mucho antes a la autorización». Ahora pide a la Junta de Castilla y León que paralice la autorización a UMINSA de manera urgente, «ya que esta actividad ha sido declarada ilegal», y que compense el daño que se ocasionó a los vecinos de Villanueva de la Peña.

El Gobierno prorroga el plazo para tramitar las prospecciones y el Ejecutivo de Baleares se indigna

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EFE.- El consejero balear de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, calificó de «vergüenza» e «inconcebible» que el Gobierno en funciones haya concedido una prórroga de 9 meses a la compañía Spectrum Geo Limited para la tramitación de su proyecto de prospecciones en búsqueda de hidrocarburos en el Mar Balear, según indicó el Ministerio de Medio Ambiente.

La plataforma contra las prospecciones Alianza Mar Blava lamentó que el Ministerio haya accedido a la solicitud de la empresa Spectrum, respaldada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Este último departamento «podría, en cualquier momento a partir de ahora, publicar en el BOE el anuncio de la apertura de la fase de información pública del estudio de impacto ambiental y la documentación técnica del proyecto», subraya Mar Blava.

Plazo legal de 18 meses

La plataforma señala que, si se inicia el proceso de exposición pública, se abre «la posibilidad de formular alegaciones por parte de la ciudadanía, entidades y administraciones». La entidad contraria a las prospecciones recuerda que solicitó el archivo por caducidad del proyecto, igual que la Comisión de Medio Ambiente de las Islas Baleares, pero el Ministerio de Agricultura prorrogó el procedimiento pese a que «el tiempo transcurrido había excedido el plazo legal establecido de 18 meses», que concluyó en abril.

Es una «vergüenza» para Baleares

Por su parte, el consejero balear de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, expresó la «máxima indignación» del Gobierno balear contra la decisión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. «Es inconcebible que un gobierno en funciones se atreva» a dar este permiso, insisitió el titular balear de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, que recordó que el Ejecutivo autonómico solicitó la pasada semana al ministerio el «archivo» definitivo de esta concesión. Vidal criticó con rotundidad que, en mitad de un campaña electoral, «el Gobierno del PP se atreva» a dar este permiso. «Es de vergüenza», ha reiterado. El Govern balear, a través de la Comisión Balear de Medio Ambiente, preparará sus alegaciones para evitar estas prospecciones y defender un «rotundo no«.

El Tribunal Supremo da por caducado el permiso de Repsol para buscar petróleo en Canarias

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EFE.- El Tribunal Supremo zanjó una de las controversias que quedaban pendientes en la polémica que desataron las prospecciones petrolíferas realizadas por Repsol a 60 kilómetros de Canarias, al dar por hecho que la compañía no podrá retomarlas, porque sus permisos han caducado. La petrolera española solo realizó uno de los tres sondeos que tenía autorizados, tras reconocer que las trazas de hidrocarburos que había hallado en esos fondos marinos no tenían ni la calidad ni la cantidad suficiente como para que resultara rentable su explotación.

El Gobierno ya anunció hace meses que los permisos de Repsol habían caducado, pero ni el Ejecutivo canario, ni los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, ni las organizaciones ecologistas dieron por buena esa información, porque ni había renuncia expresa por parte de Repsol a las autorizaciones, ni los datos que manejaban permitían hacer tal afirmación. Las administraciones canarias y los grupos ecologistas alegaban que la resolución que concedió los permisos decía literalmente que tenían tres años de vigencia, por lo que debían caducar en 2017.

El Supremo resolvió esa polémica de forma indirecta, en un recurso cuyo objetivo era dilucidar si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acertó o no en 2014 al rechazar las medidas cautelares que el gobierno de Paulino Rivero (CC) había solicitado para intentar frenar las prospecciones petrolíferas, por su posible impacto sobre el medio ambiente y el sector turístico.

El Alto Tribunal reconoce que «no ha habido renuncia formal» de Repsol a hacer uso de esos permisos en Canarias y que, en teoría, podría parecer que estos seguirán vigentes hasta el 11 de agosto de 2017, por aplicación de sus tres años de vigencia. Sin embargo, el Supremo recuerda que el valor de los permisos está directamente vinculado al cumplimiento del calendario fijado en los permisos de investigación previos, que fijaban un período de cuatro años para completar los trabajos, plazo que expiró el 21 de marzo de 2016.

«Así pues, tras el 21 de marzo de 2016 no es posible ya realizar actividad alguna en el marco de los referidos permisos de investigación Canarias 1 a 9 y, por lo tanto, tampoco los sondeos exploratorios pendientes, por mucho que la autorización para estos se extendiese hasta agosto de 2017″, razona el magistrado ponente Eduardo Espín, de la Sala de lo Contencioso Administrativo. El Supremo precisa que, como esto no era el objeto del recurso, su sentencia no puede declarar formalmente que los permisos de Repsol han caducado, pero procede que analice el asunto, porque «resulta evidente que al no poder realizarse ya dichos sondeos», el recurso del gobierno canario ha perdido su sentido.

El gobierno canario había mantenido este recurso contra el fallo del TSJC a pesar de la decisión de Repsol de retirarse de esos sondeos, precisamente, con el argumento de que si el Supremo no suspendía cautelarmente los permisos, cabía la posibilidad de que Repsol los retomase en cualquier momento, antes de que expirasen. La Sala desestima su recurso sin entrar a analizar más argumentos jurídicos, porque, con los permisos ya formalmente caducados desde el 21 de marzo, considera que el litigio ha perdido su objetivo.

Celebración del gobierno autonómico canario

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, consideró una magnífica noticia que se hayan dado por caducados los permisos otorgados por el ejecutivo central a Repsol para realizar prospecciones. «Estábamos convencidos de que habían caducado, pero la sentencia del Supremo da más tranquilidad y es una magnífica noticia para todos los canarios», afirmó Clavijo. Las prospecciones podían haber sido «la peor pesadilla» por su incidencia en el sector turístico, pero el asunto queda «zanjado», señaló el presidente. Confió en que el Estado haya aprendido la lección de que no se pueden imponer las cosas en contra de la voluntad del pueblo canario, y que las empresas involucradas entiendan que «las cosas no se pueden hacer así».

WWF exige santuario de ballenas

La organización ecologista WWF celebra que el Tribunal Supremo haya declarado la caducidad de los permisos concedidos a Repsol para buscar petróleo en las aguas situadas al este de Lanzarote y Fuerteventura, y demanda que esa zona del Atlántico sea protegida «ya» como un «santuario» internacional para ballenas. De hecho, remarca, en esa zona del Atlántico están presentes una de cada tres especies de cetáceos conocidas en todo el planeta.

«Crear una gran área marina protegida en la zona, un Santuario de ballenas, es el único modo de garantizar la conservación de estos mamíferos marinos y de su hábitat, salvaguardándolos de presiones humanas que ponen en riesgo su supervivencia, como la exploración o la explotación de petróleo o gas, las colisiones o la contaminación», argumenta la ONG. WWF remarca que más de 50.000 ciudadanos firmaron ya a favor de esa petición en las diferentes campañas realizadas para que se protejan esas aguas y que la iniciativa también tiene el respaldo de científicos dedicados a la investigación de cetáceos, el Gobierno y Parlamento de Canarias y los Cabildos de Lanzarote y de Fuerteventura, entre otras instituciones.

Sánchez Galán (Iberdrola) reclama un precio para el carbono y aplicar el principio de «quien contamina paga»

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Redacción / Agencias.- El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, reivindicó en París el principio de «quien contamina, paga», en referencia a la necesidad de cambiar el modelo energético, y abogó por la fijación de un precio para el carbono. En este sentido, Sánchez Galán se mostró partidario no solo de eliminar el apoyo a las tecnologías más contaminantes mediante subsidios como los dirigidos a los combustibles fósiles, sino también de penalizar el consumo de estas fuentes de generación.

Sánchez Galán intervino en el Government Business Dialogue, organizado por la iniciativa Carbon Pricing Leadership Coalition. Al foro asistieron el presidente de Francia, François Hollande, el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, así como ministros de numerosos países, entre ellos, la ministra marroquí de Medio Ambiente, Hakima El Haite. «La herramienta más eficiente para alcanzar los objetivos comprometidos es fijar un precio al carbono, que impulsará las fuentes de energía limpias más baratas. Por supuesto, esta fijación de precios no será completamente efectiva a menos que todos los agentes jueguen con las mismas reglas, eliminando los subsidios a los productores más contaminantes«, explicó Galán.

«Debemos alcanzar el nuevo modelo sin que los productos y servicios se encarezcan. Para ello, hay que promover la eficiencia y que los fondos obtenidos por el precio del carbono se dediquen a políticas ambientales, sociales e industriales dirigidas a luchar contra el cambio climático», añadió el presidente de Iberdrola. Tras valorar muy positivamente el resultado de la COP21 celebrada en París, Galán ha puesto de manifiesto la necesidad de implementar ahora el acuerdo alcanzado. En este sentido, felicitó a Francia, que anunció su implementación.

A nivel europeo, el presidente de Iberdrola destacó que «es necesario mantener el liderazgo de Europa y aprovechar esta oportunidad única para invertir en tecnologías bajas en carbono, impulsar la competitividad y generar bienestar y empleo». Para cumplir con los compromisos adquiridos en París, Iberdrola considera fundamental la contribución del sector eléctrico, que representa el 25% de las emisiones globales. En esta línea, Galán recordó que, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), de todos los sectores económicos el sector eléctrico tendrá que contribuir con el 40% a la reducción total de emisiones prevista para 2050 si se quieren cumplir los objetivos.

En este proceso, será clave la aportación del sector privado. Galán puso como ejemplo a Iberdrola: «Nuestro modelo de negocio demuestra que luchar contra el cambio climático crea valor: en 2001 arrancó nuestra apuesta pionera por las renovables; la compañía ha quintuplicado su tamaño, triplicado sus resultados y mejorado sus dividendos». «Además, incrementó su dividendo social, con mejores condiciones para sus empleados, compras a proveedores locales y miles de millones de euros de contribución fiscal en los sucesivos países», añadió. Por último, recordó el compromiso de reducción de emisiones asumido por Iberdrola: un 50% menos de intensidad de emisiones en 2030 con respecto a sus niveles de 2007 y ser neutra en carbono para 2050.

Comienza una nueva fase para levantar el muro helado de Fukushima

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EFE.- La construcción del muro de hielo subterráneo para proteger los reactores y evitar fugas de agua contaminada de la central nuclear de Fukushima ha entrado en una nueva fase, según comunicó la empresa operadora. Tokyo Electric Power (TEPCO) explicó que la primera de las tres etapas para levantar esta estructura ha entrado en su fase definitiva tras obtenerse la aprobación de la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA) de Japón.

El muro tiene como objetivo evitar los vertidos contaminantes al mar aislando el subsuelo alrededor de los cuatro reactores afectados por el terremoto y tsunami de 2011para evitar así que penetre en ellos el flujo de los acuíferos naturales. Estas aguas subterráneas se mezclan en los sótanos con el refrigerante radiactivo y se filtran después al océano Pacífico. La NRA ha certificado que los sistemas de bombeo empleados para bifurcar algunos acuíferos funcionan correctamente y que las porciones del muro activadas no han generado contraflujos peligrosos de aguas subterráneas.

Ahora se congelará el 95% del perímetro alrededor de los reactores, lo que reducirá en un 50% el volumen de agua que entra a diario en los sótanos, unas 150 toneladas. Si esta fase se completa con éxito la segunda consistiría en gestionar el 5% restante y la tercera en el sellado completo del perímetro de 1,5 kilómetros de largo. Dado lo experimental del proceso, la empresa no ha establecido plazos concretos para completar el proyecto de levantar el muro.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ratifica que Ecuador debe pagar 96 millones de dólares a la petrolera norteamericana Chevron

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EFE.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó una apelación de Ecuador y ratificó que debe pagar 96 millones de dólares a la petrolera estadounidense Chevron al negarle a ese país la revisión de un fallo dictado en agosto de 2015 por una corte de apelaciones de Washington (Columbia) en relación a un tratado comercial de inversiones entre ambas partes, en vigor desde hace 20 años. «Revisión denegada», determinó la máxima instancia judicial de Estados Unidos.

Con este fallo, el Supremo confirma el veredicto del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya (Holanda) que determinaba que el tratado comercial suscrito entre Ecuador y Estados Unidos en 1997 protege las inversiones de Chevron en el país andino. Cuando la Corte de Apelaciones falló contra Ecuador en 2015, el Gobierno de Ecuador rechazó el fallo y acudió al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ahora rechaza su petición. Éste es sólo el último capítulo de uno de los mayores litigios medioambientales de la historia, que dura ya más de 20 años y en cuyo epicentro se encuentran los daños ambientales y sociales supuestamente ocasionados a la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990 por Texaco, adquirida posteriormente por Chevron.

La demanda sobre la que se pronunció el Supremo de Estados Unidos se refiere a otra vertiente del litigio, centrada en el tratado de inversiones entre Washington y Quito. El litigio actual comenzó cuando, entre 1991 y 1993, Texaco presentó 6 demandas contra Ecuador por supuestas violaciones de un acuerdo conjunto para la exploración de petróleo, sobre las que la justicia ecuatoriana nunca emitió sentencia.

Cuitas pendientes de los 90

Mientras, Ecuador y Estados Unidos firmaron en 1993 un tratado bilateral de inversiones, en vigor desde 1997, y que invocó Chevron en 2006 al presentar una demanda contra Ecuador ante el Tribunal de Arbitraje de La Haya y en la que pedía una respuesta a las 7 demandas sin resolver. Bajo este tratado Ecuador ofreció a los inversores de Estados Unidos la oportunidad de intervenir en los litigios en los que se vieran involucrados, siempre que los conflictos afloraran con posterioridad a la entrada en vigor del tratado en 1997.

Por ello, durante todo el proceso judicial, Ecuador argumentó que no debe indemnizar a Chevron, como reclama la petrolera, porque la relación entre ambas partes concluyó en 1995, dos años antes de la entrada en vigor del tratado. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje de La Haya rechazó esos argumentos y dictaminó que Ecuador debía de indemnizar a Chevron con 96 millones. En respuesta, Ecuador recurrió la sentencia en los tribunales holandeses y recibió el rechazo de todas las altas instancias judiciales de ese país.

En 2012, Ecuador decidió presentar un recurso contra la sentencia por la que debía pagar 96 millones a la petrolera ante la Corte del Distrito de Columbia, que en agosto de 2015 volvió a fallar a favor de Chevron. De esta forma, Ecuador se dirigió al Supremo de Estados Unidos, insistió en que el tratado de inversiones contiene una «provisión no retroactiva», no puede aplicarse a casos anteriores a 1997 y, por tanto, que no debía pagar a Chevron, cuyos argumentos califica en documentos judiciales como un «truco de magia».

Greenpeace reclama a los partidos que pongan el medio ambiente en el centro de su agenda

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Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace ha pedido a los partidos políticos que pongan al medio ambiente en el centro de su agenda de cara a las elecciones generales del próximo 26 de junio y los posteriores acuerdos porque las políticas de protección medioambiental tienen repercusiones positivas directas en el empleo, los ecosistemas y el bienestar social.

La ONG recuerda que España tiene como prioridad la puesta en marcha para reducir las emisiones de cara a cumplir los compromisos adquiridos en la Cumbre del Clima de París.

Además, critica que seis meses después de la firma del Acuerdo de París, el Gobierno en funciones va «en la dirección contraria a la que debería» y no está adoptando «ninguna medida» para reducir las emisiones de CO2 y tratar de que el aumento de la temperatura no sobrepase los 1,5 grados centígrados.

De hecho, considera que «más bien hace todo lo contrario» ya que mantiene una política energética que apoya las energías sucias, como la nuclear y el carbón y castiga a las renovables, aunque esto haya supuesto una pérdida de unos 50.000 empleos en el sector en los últimos años.

Del mismo modo, reclama que las negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos (conocido como TTIP) se hagan con la mayor transparencia posible y que se salvaguarde el respeto al medio ambiente, ya que la ONG ve numerosos indicios que apuntan a que el acuerdo supondría una merma en los estándares de protección medioambiental.

Llardén (Enagás) reivindica al gas natural: no ve coherente hablar de descarbonización y seguir quemando los mismos niveles de carbón

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Javier Angulo / Agencias.- Mientras las empresas del sector reivindican que el hueco térmico de apoyo a las energías renovables sea ocupado por los ciclos combinados de gas, el presidente de Enagás, Antonio Llardén, aseguró en la reunión anual de la Asociación Española del Gas (Sedigas) que no es posible plantearse los objetivos de descarbonización de las economías globales si se siguen manteniendo los mismos niveles de consumo de carbón en el mix energético.

«Hay que ser consciente de que no podemos decir que queremos descarbonizar y al mismo tiempo seguimos quemando carbón», recriminó. Por ello, pidió «coherencia» a la hora de hablar de la descarbonización y un planteamiento de políticas «coherentes» y «serias» para ello. A este respecto, indicó que si se pudiera cambiar todo el carbón por gas natural se emitiría tres veces menos. También criticó cierta «hipocresía» en la lucha contra el cambio climático y las emisiones de CO2, lo que ejemplificó con la «inconsciencia» con la que a veces se usa el avión, el medio más contaminante, para, por ejemplo, pasar un fin de semana en cualquier ciudad del mundo.

Así, Llardén pidió un proceso de descarbonización «serio» que avance en «soluciones donde el gas pueda ayudar». «Hay gas natural a buen precio, es flexible y desde el punto de vista medioambiental es la energía fósil más sensata y flexible», subrayó. El presidente de Enagás subrayó que el gas tiene «un futuro brillante, aunque un presente complejo» y apuntó su papel «clave» para poder hacer esa transición a una economía «mucho más renovable». Finalmente, Llardén señaló que quizá se está entrando en una época diferente, «en la que nos tendremos que acostumbrar a precios del petróleo no tan altos«, y desveló las previsiones que le han transmitido desde la empresa argelina Sonatrach de que el crudo podría tender a estabilizarse.

Contra “soluciones sencillas” de populismos

Por otra parte, Llardén advirtió de los crecientes movimientos populistas existentes e indicó que el populismo aparece como una respuesta política ante las encrucijadas económicas y sociales que se viven en un mundo marcado por la globalización, la crisis económica y los problemas migratorios. «Personalmente no creo que sea positivo, pero respeto otras opiniones. El populismo da respuestas sencillas a problemas complejos. Estamos rodeados de populismo en todo el mundo», señaló el presidente de Enagás. Llardén subrayó la importancia del acceso a la energía para poder avanzar en la igualdad social y en un reparto de riqueza más justo en los países emergentes. «La energía es pasar de la Edad Media a la civilización», sentenció.

Ciclos combinados y hueco térmico

En un panel denominado El rol del gas en una economía baja en carbono, sus participantes han coincido en que los ciclos combinados de gas natural deben ser la tecnología que ocupe el hueco térmico de apoyo a las energías renovables. En este sentido, el director de regulación de España en Iberdrola, Rafael del Río, señaló que los ciclos combinados están en un nivel bajo de utilización debido a que compiten con el carbón, más económico. Por ello, recordó que la Unión Europea creó un mercado de derechos de emisión pero, a su juicio, “no está funcionando” porque los precios del CO2 son “insuficientes”. Así, Del Río ve necesario poner un precio mínimo al carbono en el mercado de emisiones.

Del mismo modo, Antonio Melcón, director general de Cepsa Gas Comercializadora, señaló que el hueco térmico “debe ser ocupado” por los ciclos combinados de gas natural y reclamó que se alcance este objetivo poniendo en marcha las “políticas energéticas adecuadas”. Según consideró, el gas natural tiene ante sí una “gran oportunidad” como consecuencia de la lucha contra el cambio climático porque tiene “muchas menos emisiones” que otros combustible fósiles y “es la única alternativa económicamente viable” para respaldar a las renovables. “Dar este paso nos lo demanda la sociedad”, sentenció.

Más contundente se expresó Juan Puertas, director de ingeniería e innovación tecnológica de Gas Natural Fenosa, que se mostró muy crítico con las ayudas al carbón nacional que han concedido sucesivamente los Gobiernos españoles. “Nadie las entiende”, indicó Puertas, que recordó que, además, es más competitivo el carbón de importación. Por ello, esperando que las subvenciones al carbón “no vuelvan nunca más”, Puertas hizo un llamamiento a aprovechar el sistema gasista nacional, “una infraestructura instalada y moderna”. Además, reivindicó que “no hay nada más eficiente que el gas” y apuntó que el suministro a España no sufre “tensiones de precio”.

Por su parte, Juan Ramón Arraibi, director general de Naturgas Energía Distribución, aprovechó su intervención para desenmascarar a la biomasa por las emisiones que genera de óxidos de nitrógeno y de azufre, “lo que perjudica la calidad del aire a pesar de tener la etiqueta verde”. En este sentido, consideró que “no tiene sentido que la biomasa reemplace al gas natural en lugares donde ya está la infraestructura gasista”. De hecho, destacó que en España hay una gran red de transporte y distribución para el suministro residencial de gas, que consideró como “la solución más respetuosa con el medioambiente; es la energía barata, más limpia”.

Finalmente, Natalia Latorre, presidenta de Shell España, indicó que hay que impulsar el gas natural “como combustible para particulares y transporte de mercancías”. En este sentido, consideró al gas natural como “parte de la solución a las emisiones y a la calidad del aire”. Así, indicó que la flota mundial de vehículos se doblará para el año 2050, por lo que consideró inevitable que se impulse al gas natural. Por ello, todos estos expertos recordaron que actualmente el gas natural es la “única alternativa” al petróleo con las mismas prestaciones.