El sector público, los colectivos sociales y los partidos políticos secundaron el «apagón» de cinco minutos convocado por ecologistas y sindicatos para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de combatir el cambio climático, un gesto que, sin embargo, no ha sido seguido por los ciudadanos.

Según los datos aportados por Red Eléctrica de España (REE), gestor técnico del sistema eléctrico, la variación en la curva de demanda de energía ha sido prácticamente «inapreciable» con las mismos picos de consumo que en cualquier otro momento, un dato que contrasta con lo que ocurrió en el apagón convocado el pasado 1 de febrero, cuando cayó 1.000 megavatios.

Sin embargo, monumentos y lugares emblemáticos de toda España, como la Puerta de Alcalá en Madrid, la Giralda de Sevilla, la Mezquita de Córdoba, la Sagrada Familia de Barcelona, la Alhambra en Granada, el Kursaal en San Sebastián, la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, la Expo Zaragoza 2008 o el Congreso de los Diputados quedaron a oscuras entre las 20.00 y las 20.05 horas.

El presidente de REE, Luis Atienza, explicó antes del apagón que una caída de 1.000 megavatios la manejarían «con una gran normalidad» porque es el equivalente a que se pare una central nuclear y que el problema se produciría si fuesen 2.000 ó 3.000 megavatios.
Aunque aseguró que comparte el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia del ahorro y la eficiencia energética, alertó sobre iniciativas como esta porque, dijo, «pueden generar una inestabilidad en el sistema eléctrico que puede tener consecuencias graves».

La convocatoria coincide con la reunión en Valencia del Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) de la ONU, que aprobará el documento de síntesis del IV Informe de Evaluación sobre el cambio climático, aprobado un día después del anterior apagón.

Precisamente, en Valencia, la mayor parte de los edificios públicos, a excepción de hospitales y centros de salud, secundaron el apagón que, como ha sucedido en el resto de España, no tuvo prácticamente incidencia en domicilios particulares, comercios y empresas.

Los miembros de la ONU que participan en la reunión asistieron a la concentración convocada en la plaza de la Virgen de Valencia, donde han desplegado un gran lazo verde y han encendido velas.

La propuesta de apagón ha sido seguida por el Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, partidos políticos como el PSOE, PP e IU, numerosas administraciones públicas, sobre todo ayuntamientos, animados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que apagaron el alumbrado de vías públicas, dependencias municipales y lugares públicos.

La iniciativa se suma a las que ya se han hecho en otras ciudades europeas para sensibilizar a los ciudadanos y a las administraciones del problema del cambio climático; la última tuvo lugar en París el pasado 23 de octubre.

Algunas ciudades españolas han adoptado ya medidas de carácter permanente para contribuir a concienciar a los ciudadanos sobre la dimensión del problema del cambio climático, entre ellas, la ciudad de Ávila, que ha reducido el tiempo durante el cual están iluminados sus monumentos.

Según datos de Ecologistas en Acción, la cuarta parte del dióxido de carbono -principal responsable del efecto invernadero- que se emite en España tiene su origen en la generación de electricidad, ya que cerca del sesenta por ciento de la electricidad se produce quemando combustibles fósiles, sobre todo carbón y gas natural.

En la convocatoria participaban además los grupos ecologistas Greenpeace, WWF-Adena, Amigos de la Tierra, SEO-Birdlife y el Movimiento Clima, los sindicatos UGT, CCOO y STES, y numerosas organizaciones y plataformas locales y vecinales comprometidas con la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, dijo que la energía y el cambio climático son los asuntos más importantes «para la seguridad global y el desarrollo».

Barroso, que participó en el 20 Congreso Mundial de la Energía en Roma, señaló que la energía se considera no sólo como «el mayor desafío, desde un punto de vista económico», sino también por sus implicaciones para el medio ambiente y el clima.

La energía y el cambio climático son las materias «más importantes para la seguridad global y el desarrollo», los que tienen mayor potencial para aportar soluciones, pero también para provocar «serios problemas» sino se actúa de manera correcta.

Barroso recordó la última advertencia lanzada por la Organización Internacional de la Energía sobre que la actual tendencia de la energía no es sostenible, tanto económica como socialmente, y si se quiere preservar el clima global «del que dependemos todos».

Además, se refirió al problema del calentamiento global y dijo que la conferencia sobre cambios climático que las Naciones Unidas celebrarán en Bali (Indonesia) el mes que viene es «de crucial importancia» y que aunque acabe con éxito «marcará sólo el inicio de un proceso y no su culminación».

El público español adolece de una considerable falta de información de las fuentes de energía, por lo que su conocimiento sobre su valor real es muy vago. Así se expresó ayer Víctor Pérez Díaz, Doctor en Sociología por la Universidad de Harvard, y Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, en el marco de las Jornadas sobre Agua y Energía, organizadas en Madrid por el Club Español de la Energía.

“El problema principal de las políticas públicas de sistemas de energía y agua radica en cómo conseguir la atención del público que termine por convertirse en apoyos y críticas razonados a las políticas que puedan proponerse”, señaló Díaz, quien añadió que una opinión pública informada es necesaria para que las decisiones públicas se puedan mantener a largo plazo. “Por ello, es necesario comprender la opinión pública y conocer hasta qué punto se tiene información, o decisión y capacidad de tomar iniciativas”.

El problema español es que los ciudadanos no están informados y por ello ignoran el funcionamiento, los sistemas, el valor de la energía. Es por eso que, según Díaz, se infravaloran las redes de transporte (nadie quiere tener una cerca de su casa), se desconocen las repercusiones de nuestros hábitos y del uso tanto de energía como de agua sobre el medio ambiente, o incluso factores tan importantes como los costes y la cuantía de la energía importada. Así, no más del 5 ó del 10% de la población, explicó el sociólogo, entiende el nivel de dependencia energética de nuestro país, que ronda el 95% si se tiene en cuenta la importación de combustible para las centrales nucleares.

“La energía es un recurso relativamente escaso, y sin embargo, esto no produce consecuencias prácticas, no repercute en los costes”, explicó Díaz. Efectivamente, el precio de la electricidad en España está por debajo de su coste real, lo cual acaba derivando en un déficit tarifario que, igualmente, acaba pagando el consumidor de electricidad. Otro tanto sucede con el agua: el precio que paga un usuario es sensiblemente inferior a lo que cuesta depurar, almacenar y distribuir esa agua.

Existe confianza en los científicos, al contrario que en otros sectores, como el político, sobre lo que pueda ocurrir, señala Díaz. Sin embargo, esto desaparece cuando se trata de confiar en la ciencia para que resuelva los problemas a largo plazo.

El sociólogo denunció, por otra parte, que la confianza en el Estado y los políticos es muy escasa, y sin embargo, existe la creencia generalizada entre el público de que es responsabilidad exclusiva del Estado resolver los problemas.

Eso no obsta, explicó Díaz, para que el público, a pesar de ser desconfiado, tenga una “cierta buena voluntad abstracta”, ya que el concepto que tienen los consumidores sobre los efectos de sus actuaciones en el medio ambiente es muy difuso. Por otra parte, esa buena voluntad choca con la falta disposición del ciudadano a pagar más por el agua, o por la electricidad. Se piensa que el agua, como la electricidad, es excesivamente cara, cuando en realidad su precio es inferior a su valor. La opinión pública está dispuesta a aceptar, y pide, actuaciones medioambientales, pero eso sí, “pidiendo obras que no pague el ciudadano”. Visiones, según Díaz, muy poco realistas.

Con relación a la responsabilidad de las administraciones, Díaz explicó que los actores políticos “están dispersos, creen responder a las perspectivas políticas de sus regiones, pero las Administraciones estatales no terminan de ponerse de acuerdo.