El CSN pide a Cofrentes un análisis sobre las causas de su último incidente

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EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha trasladado a la central de Cofrentes la necesidad de elaborar un análisis de las causas de la parada programada de su actividad tras un desequilibrio de caudales de agua entre el lazo A y B del sistema de alimentación, que sufrió el pasado 31 de octubre.

Asimismo, Iberdrola, como titular de la central valenciana, deberá elaborar y remitir un programa detallado de actividades para poder localizar y extraer las partes sueltas de la válvula del lazo A, incluyendo las previsiones de dosis asociadas a los trabajos que se planifiquen, antes de proceder al arranque de la central.

El comunicado del CSN señala que el análisis debe incluir una evaluación detallada de los componentes de seguridad potencialmente afectados, particularmente la «inadecuada actitud cuestionadora que llevó a no realizar una revisión y el mantenimiento de la válvula durante la última parada de recarga».

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha sido informado por las direcciones técnicas del organismo, en su sesión ordinaria de este miércoles, de la situación del sistema de agua de alimentación de la central nuclear de Cofrentes tras el análisis de la información disponible sobre el asunto.

Esta central notificó al CSN una parada no programada para inspeccionar las líneas y las válvulas del lazo A del sistema de agua de alimentación, al observar, en el arranque tras la parada de recarga del mes pasado, un desequilibrio de caudales de agua entre el lazo A y el lazo B, que aportan agua a la vasija para producir el vapor necesario para mover la turbina.

Como resultado de las inspecciones llevadas a cabo por Iberdrola se han identificado defectos en una válvula, que han dado lugar al desprendimiento de fragmentos de esa válvula en el sistema de agua de alimentación que, según el CSN, no han podido ser recuperados.

La Junta de Andalucía prepara el recurso para pedir en los tribunales la paralización del proyecto de gas en Doñana

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Europa Press.– El consejero de Medio Ambiente de Andalucía, José Fiscal, anunció que el gabinete jurídico de la Junta «está preparando» el recurso que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para pedir la paralización del proyecto de almacén de gas natural en el entorno de Doñana, si finalmente el Ministerio de Medio Ambiente no se pronuncia en esa línea porque «debe realizarse una evaluación conjunta» del impacto ambiental del proyecto ya que «es solo un proyecto y no cuatro».

Fiscal se ha referido al requerimiento que hizo este verano la Consejería al Ministerio para que realizara una evaluación conjunta de los proyectos de gas natural en el entorno de Doñana. De este modo, ha asegurado que por ahora no tiene constancia de que se haya producido la respuesta ministerial pero ha señalado que la Junta envió su escrito y el plazo para responder empieza a contar desde que se produce el registro de entrada.

Administrativamente 4, pero uno real

Por ello, ante la proximidad de la respuesta ministerial, ha apuntado que la Junta «está preparando» ya su recurso para «pedir en los tribunales que se paralice este proyecto». En esta línea, ha recordado el informe del CSIC que alerta de la posibilidad de que este proyecto aumente la sismicidad de la zona, así como ha reiterado que el estudio de su afección se haga de manera conjunta. Por todo ello, el consejero ha indicado que se trata de una cuestión que les «preocupa» y ha dejado claro que «la realidad es tozuda» y todo apunta a que la evaluación debe realizarse de manera conjunta y no por separado porque, aunque «administrativamente» sean cuatro proyectos, «es uno solo», ha zanjado.

Los ecologistas ven difícil cumplir el Acuerdo de París sin actuar urgentemente tras el récord mundial de emisiones de CO2

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Europa Press.– La acumulación de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera ha crecido a un ritmo récord en 2016, a un nivel que no se había visto en millones de años, lo que las organizaciones ecologistas consideran «una de las peores noticias de 2017» porque indican que el planeta está «lejos de cumplir» sus compromisos del Acuerdo del Clima de París e instan a actuar de forma «urgente» y «contundente» para empezar la transición hacia una economía sin emisiones de CO2.

Así, el portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, lamenta la que es «una de las peores noticias» del año porque «rompe» la expectativa de desacoplar el crecimiento económico a las emisiones de CO2, el principal gas invernadero generado por el hombre, y que los compromisos adquiridos por el Acuerdo de París están «lejos» de ser cumplidos. «La noticia es nefasta», insistió, subrayando que no son datos desconocidos ni que desconozcan los políticos que vayan a acudir a la Cumbre del Clima de Bonn.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció que las concentraciones atmosféricas de CO2 alcanzaron 403,3 partes por millón (ppm) en 2016, un récord frente a las 400 ppm de 2015, lo que supone una tasa de crecimiento un 50% más rápida que el promedio de la última década, impulsando los niveles de CO2 un 45% por encima de los niveles preindustriales. Las emisiones de CO2 de fuentes como el carbón y el petróleo alcanzaron un récord en 2016. González lamenta que, a pesar de estos datos, no ve probable que los compromisos del Acuerdo de París se vayan a revisar a nivel internacional antes de 2020.

Por su parte, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, lamenta que «los peores pronósticos» están aquí y la comunidad internacional sigue sin actuar con la diligencia adecuada. «Se habla mucho y se actúa poco», ha añadido, al tiempo que critica que, a pesar de los datos, se siguen poniendo por delante los intereses de las empresas que queman combustibles fósiles sin que se ponga en marcha el cambio «inaplazable e ineludible«. «Este es un toque de atención más pero no hay nada nuevo», ha reflexionado Segura que advierte al Gobierno de que sigue con las mismas políticas e incluso pone pegas a las empresas que trata de cerrar sus propias centrales de carbón. «Es impresentable», ha concluido.

Emisiones estabilizadas desde el 2014

Asimismo la portavoz de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, ha precisado que se ha alcanzado la mayor concentración de gases de efecto invernadero en los últimos 800.000 años pero que, después de “dispararse las emisiones desde la revolución preindustrial”, subraya que las emisiones de gases de efecto invernadero “no están creciendo y en los últimos tres años se han estabilizado». Nuño ha añadido que en esta estabilización de las emisiones influyó positivamente el cambio del uso del carbón en China y las políticas energéticas de otros países asiáticos, como India, que están parando las nuevas instalaciones de centrales térmicas de carbón y reduciendo la quema de este combustible fósil.

«Ahora y de forma urgentísima es importante avanzar en la hoja de ruta y en la reglamentación para asegurar que se cumplen los compromisos del Acuerdo del Clima de Paris que supone acelerar la economía y llevar las emisiones a cero», ha comentado. La representante de Greenpeace ha insistido en que mientras se siga emitiendo CO2 seguirá aumentando la concentración de este gas e impulsa a que una vez estabilizadas, se logre rebajarlas a cero en la segunda mitad de siglo. Sin embargo, ha advertido de que la realidad es peor aún de la que han predicho todos los modelos.

En este contexto, insta al Gobierno de España a actuar de forma «urgente» para abandonar los combustibles fósiles y a dejar de favorecer a los negocios que apuestan por las energías sucias y a acelerar la transición energética hacia un sistema inteligente, basado en renovables y que esté en manos de la ciudadanía. «España deberá jugar a nivel nacional y a nivel europeo un papel progresista y basado en un cierre justo, progresivo y ordenado de las centrales térmicas de carbón y gas y el uso del petróleo en favor de un transporte y un sistema eléctrico eficientes en manos de la ciudadanía», ha concluido.

En la misma línea se expresó la responsable de energía y cambio climático de WWF, Mar Asunción, que califica de muy negativos los datos porque significan que «no se está haciendo lo necesario» y que es necesario hacer más y de forma «urgente», ya que el Acuerdo de París «no es suficiente». En este sentido, considera que la ley de Cambio climático y Transición Energética que está elaborando el Gobierno es «una oportunidad» para España, porque podría ampliar su ambición y acometer una transición energética a la medida de lo que es necesario que además, en su opinión, situaría al país «en ventaja» respecto al resto de Europa. Finalmente, insiste en que se precisa de una «mayor ambición y urgencia».

El Parlamento Europeo pide un objetivo de energías renovables del 35% para 2030 con metas vinculantes para cada país

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Europa Press.- La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha pedido establecer un objetivo de energía procedente de energías renovables para 2030 de al menos el 35%, así como introducir objetivos nacionales obligatorios para alcanzar este porcentaje. Los eurodiputados han aprobado este informe con 32 votos a favor, 29 en contra y 4 abstenciones, pero la competencia principal recae sobre la comisión de Industria, que se pronunciará el próximo 28 de noviembre.

El documento forma parte de la reforma de la directiva europea sobre energías renovables. La Comisión Europea propuso un objetivo menos ambicioso, de al menos el 27% para 2030. La normativa en vigor pretende alcanzar una cuota de renovables del 20% sobre el consumo final de energía en el bloque comunitario en 2020. Así, la comisión parlamentaria aboga por elevar este objetivo para 2030 hasta al menos el 35% y además introducir objetivos obligatorios para los Estados miembros que contribuyan al alcanzar la meta común.

Con respecto a los biocombustibles, sobre los que sí tiene competencia, la comisión de Medio Ambiente ha propuesto una eliminación progresiva de aquellos que están basados en cultivos para el año 2030 y desde el 2021 para aquellos producidos a partir de aceite de palma. La propuesta de Bruselas establece que la cuota de biocombustibles en la Unión Europea no debe superar el 7% del consumo final de energía del transporte ferroviario y por carretera.

El 29% de las grandes empresas españolas reconoce el impacto del cambio climático pero no lo cuantifica, según KPMG

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Europa Press.- El 29% de las grandes empresas españolas reconoce el impacto del cambio climático pero no lo cuantifica, según revela un estudio global de KPMG sobre reporte de las políticas de Responsabilidad Corporativa de 2017, que además constata que el 93% de las empresas a nivel mundial reportan sus políticas de Responsabilidad Corporativa en sus informes. Así, el estudio ha analizado la información que recogen en sus informes de 4.900 compañías en 49 países del mundo (las 100 mayores de cada país).

Entre las tendencias emergentes observadas en este informe destacan el reconocimiento de los riesgos financieros ligados al cambio climático; la mención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el reconocimiento de los Derechos Humanos como una cuestión más de negocio y la información sobre las medidas y los objetivos propios de la empresa para la reducción de la emisión de gases contaminantes.

En este sentido, el responsable global de Servicios de Sostenibilidad de KPMG, José Luis Blasco, subrayó que «los inversores son cada vez más conscientes de que aspectos que antes se consideraban «no financieros» pueden tener un efecto sustancial en la capacidad del negocio para crear valor y protegerlo tanto a corto como a largo plazo«. Por ello, «las empresas han de entender las últimas tendencias en términos de presentación de información y asegurarse de que sus propios informes están a la altura de las expectativas de una amplia gama de grupos de interés», añadió Blasco.

El informe detalla también que 3 de cada 10 de las grandes compañías mundiales recogen los riesgos financieros ligados al cambio climático en sus informes financieros anuales aunque el 72%, no hace ninguna alusión al respecto mientras que, entre las que sí lo hacen, solo un 4% facilita a los inversores análisis sobre el posible valor en riesgo del negocio.

Taiwan y Francia como referencias

Por regiones, solo en 5 países del mundo la mayoría de las 100 primeras empresas aluden a los riesgos financieros relativos al clima en sus informes financieros: Taiwán (88%), Francia (76%), Sudáfrica (61%), Estados Unidos (53%) y Canadá (52%). En la mayoría de los casos, es el gobierno, el mercado de valores o el regulador financiero el que determina la obligatoriedad o fomenta el desglose del riesgo vinculado al clima.

Desde el punto de vista sectorial, las empresas forestales y de papel (44%), química (43%), minería (40%) y petróleo y gas (39%) son las que más reconocen el riesgo vinculado al clima en sus informes, seguidas por las compañías de automoción (30%) y las de suministros públicos (38%). Atención sanitaria (14%), transporte y ocio (20%) son los sectores menos dados a reconocer el riesgo climático.

En cuanto a las 250 empresas más grandes del mundo (G250), el reconocimiento público del riesgo financiero vinculado al clima es más habitual. Así, el 67% de las empresas del G250 en los sectores de distribución minorista y el 65% de las empresas de petróleo y gas natural reconocen el riesgo. Además, solo seis empresas del G250 han informado a los inversores sobre los posibles efectos financieros del riesgo climático mediante un ejercicio de cuantificación o de modelización de escenarios.

Por último, el 67% de las 250 empresas más importantes del mundo revelan sus propios objetivos para reducir las emisiones de CO2, aunque la mayoría (69%) no los alinea con los objetivos climáticos establecidos por los Gobiernos, las autoridades regionales (Unión Europea) o la ONU. En España, el 60% de las grandes empresas recoge sus objetivos de reducción de emisiones.

Ecologistas en Acción critica la «posible ampliación sin sentido» del almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril

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Eurpa Press.- La Asociación de Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear han criticado que el almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril, ubicado en Hornachuelos (Córdoba), «ha recibido óxidos de uranio que no está autorizado para almacenar», sospechando ambos colectivos «que puede haber motivos relacionados con una justificación posterior para una «posible ampliación sin sentido» de la instalación.

A este respecto, ambos colectivos han afirmado que, «en pleno debate sobre su posible ampliación, esta instalación nuclear recibe residuos con millones de años de actividad, vulnerando la limitación de aceptar exclusivamente residuos que no superen hasta 300 años de vida radiactiva». Además, «cuando aún quedan por desmantelar 8 de las 10 centrales nucleares que se construyeron en España, el cementerio nuclear de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril», que gestiona la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), «se encuentra al 70% de su capacidad«.

Según Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, este hecho coincide con que «los procesos de desmantelamiento de las centrales nucleares son los que generan una mayor cantidad de residuos, que se transportan por todo el territorio nacional hasta El Cabril», con lo que «es muy probable que los residuos procedentes de Garoña, cuyo cese de actividad se decidió el pasado 3 de agosto, dejen saturado el almacén nuclear, imposibilitando la recepción de materiales provenientes de otras instalaciones nucleares».

La consecuencia de ello, a juicio de estos colectivos ecologistas, es que «Enresa tiene que proceder a la ampliación de El Cabril o a la búsqueda de otro emplazamiento, para tener capacidad para gestionar los residuos que se producirán en el futuro próximo». Según dichas asociaciones ecologistas, «la industria nuclear española apuesta por duplicar la capacidad de almacenamiento de El Cabril, para permitir el alargamiento del funcionamiento de las centrales y que este cementerio nuclear pueda albergar los nuevos residuos producidos. Incluso Enresa podría plantearse nuevas ampliaciones si fuera necesario«.

En este contexto, según Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear, «se ha dado a conocer, tras la publicación del Informe al Congreso del CSN de 2015, que Enresa depositó durante ese año en El Cabril algo más de 111 kilos de óxidos de uranio procedentes de la fábrica de Enusa en Juzbado (Salamanca). Un hecho que contraviene las normas de este cementerio nuclear, que tiene limitada la recepción de estos productos a aquellos cuya vida radiactiva no supere los 300 años, y no admite emisores de partículas alfa».

Sin embargo, «el uranio recibido es un emisor alfa y tiene una vida de millones de años», lo que «demuestra que la industria nuclear se salta sus propias normas de seguridad cuando recibe residuos de alta actividad sin una solución a su gestión. Estos residuos condenan a que el desmantelamiento de El Cabril, que debería producirse 300 años después de su clausura, sea demasiado problemático».

Esto, en opinión de los colectivos ecologistas, podría usarse como «justificación para ampliar este cementerio nuclear, en lugar de buscar otro emplazamiento más adecuado para el necesario almacenamiento de este tipo de residuos radiactivos. La ampliación evitaría así el necesario traslado de esos residuos, que incumplen las normas de seguridad». Por estos motivos, Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear subrayan que «en estas condiciones no tiene ningún sentido la ampliación de este cementerio nuclear», a la vez que exigen el «cierre escalonado de todas las centrales nucleares y buscar otro emplazamiento para evacuar los residuos para los que El Cabril no tiene autorización».

Iberdrola y la Plataforma G2020 analizan las consecuencias del cambio climático en un seminario

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Europa Press.- La Plataforma G2020, en colaboración con Iberdrola, ha celebrado el seminario Cambio climático. Cómo te afecta y qué puedes hacer, en el que se han analizado las consecuencias del cambio climático en ámbitos como el transporte o la energía. Además, se ha tratado la necesidad de promover iniciativas legislativas y empresariales que permitan cumplir los objetivos de reducción de emisiones contemplados en el Acuerdo de París, ratificado por España en enero. Estas acciones, según los participantes, deben ir acompañadas de la participación de la sociedad civil.

Así, durante la jornada, el director ejecutivo de Ecodes, Víctor Viñuales, ha explicado cómo afecta a los ciudadanos el cambio climático en su vida cotidiana y la coordinadora del departamento de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, Ana Belén Sánchez, ha analizado este asunto desde el punto de vista de la energía y el transporte. Por último, el periodista de El País, Manuel Planelles, especializado en medio ambiente, cambio climático y energía, ha reflexionado sobre cuál debe ser el papel de los gobiernos ante esta problemática y a continuación, se ha abierto un debate sobre cómo cada ciudadano puede aportar soluciones.

Ecologistas en Acción denuncia la contaminación por ozono que deriva del transporte y de las centrales térmicas

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Europa Press.- Cerca de 38 millones de españoles respiraron aire contaminado por ozono durante la primavera y el verano en España, lo que supone el 81% de la población, y el 87% del territorio estuvo expuesto a niveles superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, según las recomendaciones españolas la cifra se reduce hasta el 30% de los ciudadanos (27,6%), según el Informe La contaminación por ozono en el Estado español durante 2017 de Ecologistas en Acción, que destaca que esto supone uno de cada cuatro españoles (12,8 millones de personas) y que las comunidades autónomas con peor situación son Andalucía, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia y Baleares.

Según el valor fijado por la Directiva 2008/50/CE y el Decreto 102/2011, las cifras de 2017 apuntan a un aumento de 2 y 3 millones de personas afectadas respecto a las evaluaciones de 2016 y 2015, y de 6 millones de personas más que las evaluaciones de 2013 y 2014. Es decir, que uno de cada cuatro españoles respira un aire que incumple el estándar legal vigente para el ozono.

Además, la ONG denuncia que solo 5 de 12 comunidades autónomas han elaborado sus preceptivos Planes de Mejora de Calidad del Aire, de modo que las 12 restantes siguen sin contar con estos planes obligatorios. Se trata de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Valenciano, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y País Vasco.

Estos planes son obligatorios cuando se superan los valores objetivo para la protección de la salud y/o la vegetación y, precisamente, la negativa de estas 12 comunidades a elaborarlos motivó que en 2016 se presentara una denuncia contra el Reino de España ante la Comisión Europea, aunque esta queja se archivó en agosto de 2017 porque «el cumplimiento de los valores objetivo establecido para el ozono resulta complejo«. En este contexto, señala que el coste sanitario que se deriva de la contaminación por ozono troposférico supuso unos 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33% del Producto Interior Bruto (PIB) español, según el Banco Mundial.

Sin embargo, la ONG critica que pese a la vulneración de los límites legales, el Gobierno ha «aparcado sin fecha» el Plan Nacional de Ozono Troposférico y ha limitado las actuaciones previstas en cuanto a estudios científicos y la mejora de su medición. Entre las principales causas de este repunte, Ecologistas en Acción responsabiliza al aumento del tráfico, el fraude en las emisiones de los automóviles y la apuesta del Gobierno «por las energías sucias en detrimento de las renovables».

Sobre este contaminante, la ONG explica que se forma en la baja atmósfera por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el tráfico rodado (vehículos diésel), las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales. Se trata por lo tanto de un contaminante secundario que afecta durante la primavera y el verano especialmente a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial. Además, señala que la evolución reciente de la contaminación está relacionada con la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las olas de calor, como resultado del cambio climático.

Por ello, considera que la contaminación por ozono debería abordarse como un problema sanitario de primer orden y recuerda que las últimas estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2014 se registraron 1.600 muertes prematuras en España por exposición a niveles de contaminación por ozono como los registrados en la mayor parte del territorio durante 2017. De estos, los más afectados son niños, mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

Finalmente, la ONG recomienda como principales vías de actuación la disminución del tráfico motorizados, la reducción de la necesidad de movilidad y potenciar el transporte público, así como facilitar el tránsito peatonal, el uso de la bicicleta en las ciudades o sustituir los disolventes orgánicos por agua y reducir de forma drástica la generación eléctrica en centrales térmicas, en particular las que utilizan carbón, o limitar las emisiones contaminantes de los barcos en el caso de puertos con importante tránsito.

Científicos de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) valoran la importancia de la transición energética contra el cambio climático

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EFE.- Científicos del Grupo de Investigación Antártico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) destacaron la importancia de realizar una transición energética hacia las renovables para combatir el cambio climático. En este sentido, los investigadores abordaron las causas, consecuencias, proyecciones y mitigación de un problema que, a juicio del académico Raúl Cordero, se debe especialmente a las grandes cantidades de dióxido de carbono que han cambiado significativamente la composición atmosférica.

«Tenemos en la atmósfera planetaria un 40% más de dióxido de carbono del que existía antes de que comenzáramos a quemar a escala industrial combustibles fósiles, es decir, alteramos enormemente la composición atmosférica», señaló. La forma de «salvar al planeta» es evitar que siga en aumento el proceso por el que la Tierra no devuelve al espacio la misma cantidad de energía que recibe del Sol, por lo que hay que enfocar los trabajos en el dióxido de carbono, apuntó.

«El dióxido de carbono es el que básicamente provoca más del 65% del desequilibrio radiactivo en el planeta y, además, es el que más rápidamente lo está haciendo», aseguró. Por este motivo, el investigador de la Usach aseveró que la forma de encarar este problema es reducir la huella de carbono. «Eso significa consumir menos combustibles fósiles y que Chile acelere su transición energética», recalcó.

Para este investigador, «no hay manera» de mitigar el cambio climático si no hay una transición energética «extraordinariamente urgente» mediante las renovables. «Son dos temas absolutamente ligados. La transición energética depende de la voluntad política, porque, si de precio se trata, las energías renovables son absolutamente competitivas sin ningún tipo de subsidio». «Si no hay transición energética, no hay manera de salvar el planeta», insistió.

París quiere prohibir los coches de diesel en 2024 y de gasolina en 2030 para convertirse en neutra en emisiones

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EFE.– La Alcaldía de París anunció su intención de prohibir la circulación de los coches diesel de aquí a 2024 y de los de gasolina para 2030, con el objetivo de convertirse en una ciudad neutra en emisiones de dióxido de carbono. La meta fijada se adelanta a los planes del Gobierno francés, que en julio aseguró que aspira a que para 2040 ya no haya vehículos diesel y de gasolina.

Las autoridades parisinas destacan que el horizonte previsto «tiene en cuenta de forma pragmática la evolución cada vez más rápida del sector de los transportes estos últimos años». “El desarrollo de coches eléctricos se ha acelerado, la oferta de transporte público se está reforzando, incluyendo a la región parisina, y los carriles bici cobran cada vez un protagonismo más destacado”, apuntan. «Este objetivo no está formulado como una prohibición, sino más bien como una trayectoria que parece a la vez creíble y sostenible«, añaden mientras anuncian reuniones con los fabricantes automovilísticos en los próximos meses para asociarlos a esa meta.

París fue sede en 2015 de la cumbre del clima (COP21), en la que se aprobó el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático. Durante los picos de polución por partículas finas en el aire, es habitual que se impongan en la ciudad restricciones al tráfico, con medidas de circulación alterna o la oferta gratuita de transporte público.