Cristina Narbona considera «incomprensible» que España sea uno de los países de la Unión Europea que frena la ambición climática

Europa Press.- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, lamenta que el Gobierno español sea «uno de los pocos» que están frenando una mayor ambición de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático de forma «totalmente incomprensible teniendo en cuenta las capacidades de España para crear empleo y generar nuevo tejido productivo en este ámbito«.

Con motivo de la publicación del libro Soñando el futuro, escrito por Cristina Narbona y Ana Etchenique, Narbona ha criticado que en el seno del Gobierno de Mariano Rajoy, en el que de momento «no aprecia» un enfoque integrado entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, «incluso se aprecian contradicciones entre los planteamientos de sendos departamentos».

Por ello espera conocer pronto la propuesta del Gobierno para poder contrastarla con la iniciativa socialista en esta materia. Precisamente, ha explicado que una de las primeras resoluciones aprobadas por la dirección actual del PSOE, que ahora preside, fue la relativa al cambio climático y la transición energética. En ese documento el PSOE expone las cuestiones «imprescindibles» para que España recupere el tiempo perdido desde 2011. Además, Narbona ha recordado que la formación política ha impulsado la creación del Consejo Asesor para la Transición Ecológica, que preside la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente, Teresa Ribera, que prepara «propuestas concretas».

En materia de cambio climático, no cree que la ambición mundial se relaje tras la anunciada posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que Narbona asegura que «afortunadamente» su postura no la comparte «un número muy elevado» de Estados, ciudades y empresas del país. Sin embargo, considera «fundamental» que la Unión Europea «eleve» su nivel de ambición como solicita el Parlamento Europeo y que, al mismo tiempo, impulse fuera de sus fronteras la transición energética y la adaptación al cambio climático, en particular en los países más vulnerables.

Para la exministra de Medio Ambiente, la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética anunciada por el Ejecutivo deberá garantizar los objetivos a 2030 y 2050 que le corresponden a España y, para ello, apuesta por establecer los incentivos adecuados, tanto fiscales como regulatorios, así como por una «reforma en profundidad» del mercado eléctrico con el fin de favorecer el uso «creciente» de renovables.

Asimismo, señala que esto hará necesaria una nueva regulación del autoconsumo «en línea con el resto de países desarrollados» y, en materia de energía nuclear, recuerda la propuesta socialista de cerrar de forma gradual las centrales cuando cumplan los 40 años de funcionamiento. Eso sí, considera necesarias medidas «concretas» para garantizar una «transición justa» en materia de empleo y de precio de la energía sobre todo en las comarcas con minería o centrales térmicas, así como próximas a centrales nucleares.

Fin de ayudas al carbón

En materia de carbón, la presidenta del PSOE niega que haya discursos diferentes sobre esta fuente de energía fósil en Castilla y León y Asturias que a nivel nacional y afirma que el planteamiento del partido es el de las resoluciones de su 39º Congreso Federal, que apoya el carbón autóctono como reserva estratégica, la eliminación de las ayudas al carbón importado y el desarrollo de medidas para una transición justa en las comarcas mineras.

En ese sentido, señala que se ha propuesto al Gobierno que haya incentivos específicos para realizar subastas de energías renovables en dichas comarcas, para promover nuevas actividades industriales y de servicios y recuperar en estos territorios «al menos una parte de los 80.000 empleos» que se perdieron desde 2011 en España por los cambios regulatorios en el sector de las energías renovables. Sin embargo, ha criticado que esto se lo trasladó al Gobierno como condición a un apoyo del PSOE a una «posible» normativa para condicionar el cierre de centrales térmicas y nucleares, pero «el ministro rechazó estas condiciones» y le acusa de haber pretendido después enfrentar internamente al PSOE.

Respecto a su sucesor en el cargo de consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Jorge Fabra, recién nombrado por el Gobierno, Narbona defiende su nombramiento para relevarle porque «reúne las mejores características» para ocupar su puesto. Eso sí, ha acusado al Gobierno de haber tardado casi seis meses «inexplicablemente» para remitir la propuesta para su preceptivo informe del Parlamento, al que rinde cuentas el regulador. Así, confía en que su incorporación al CSN contribuya a mejorar la transparencia y la independencia del organismo. «Lamentablemente he tenido la experiencia de cambios en sus prácticas y en la normativa sobre seguridad nuclear muy condicionados por decisiones empresariales o políticas», ha apostillado.

De su paso por el CSN cree que el ejemplo «más notable» de esta acusación fue el expediente de evaluación de la reapertura de la central nuclear de Garoña (Burgos) y ha recordado que la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que se estaban cambiando las normas para favorecer esta reapertura. Finalmente, la planta burgalesa se cierra por el elevado coste que supondrían las inversiones necesarias para garantizar su funcionamiento y seguridad.

Finalmente, Narbona confiesa que está «en esa edad donde ya se tiene mucho más pasado que futuro» pero que vive «con intensidad un presente muy gratificante» tanto en lo personal como en lo político. «He tenido el privilegio de asumir muchos retos a lo largo de mi vida; no tengo más ambición que la de contribuir a consolidar el proyecto socialdemócrata renovado bajo el liderazgo de Pedro Sánchez», asegura Narbona, que considera este proyecto «crucial» para que en España se reduzcan las «graves desigualdades» sociales y se emprenda una transición ecológica de la economía que garantice un futuro «más seguro, más justo y más duradero».

Las comunidades autónomas deberán mantener un registro de instalaciones de combustión medianas para limitar las emisiones

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para limitar las emisiones a la atmósfera de contaminantes procedentes de instalaciones de combustión medianas. La norma transpone la directiva comunitaria y actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA), previsto en el anexo IV de la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Tras la aprobación de este real decreto, las comunidades deberán mantener un registro de todas las instalaciones de combustión medianas.

Así, el decreto establece límites de emisión para instalaciones con una potencia térmica igual o superior a 1 megavatio e inferior a 50 megavatios de determinados contaminantes. La directiva establece valores límite para las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (polvo), así como mediciones para el control de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), procedentes de las citadas instalaciones. Estos valores entrarán en vigor a partir del 20 de diciembre para las instalaciones de combustión medianas nuevas, a partir de 2025 para las instalaciones existentes de más de 5 MW, y a partir de 2030 para las existentes de menos de 5 MW.

La eficiencia energética debe prevalecer

La nueva norma regula, entre otros aspectos, los permisos y obligaciones que deben cumplir los titulares de dichas instalaciones, su inspección por parte de las comunidades autónomas, la información a aportar para la evaluación y seguimiento de la norma así como el régimen sancionador por su incumplimiento. La eficiencia energética debe prevalecer en el desarrollo y explotación de estas instalaciones.

El real decreto actualiza también el CAPCA. Por tanto, se modifica el rango de potencia y el grupo establecido en el Catálogo de algunas actividades de combustión en el sector de la producción y transformación de la energía, así como de los sectores comercial e institucional, residencial y agrario, para poder aplicar los controles de emisiones establecidos por la Directiva europea. Con esta nueva legislación, ninguna instalación de más de 5 megavatios de potencia podrá estar en funcionamiento sin estar autorizada y registrada a partir de 2024 y las de menos de 5 MW de potencia deberán estar, en todo caso, registradas antes de 2029.

Para ello, las autoridades competentes de las comunidades autónomas deberán mantener un registro de instalaciones de combustión medianas, que deberá contar con la información que les deben proporcionar los titulares, relativa a datos técnicos y de funcionamiento de la instalación, combustibles, horas de funcionamiento, etc. Toda la información recogida por las comunidades autónomas será enviada al Ministerio, para que a su vez, el Estado pueda cumplir con las obligaciones de información a la Comisión Europea.

Consum, ITE e ITENE ponen en marcha un proyecto con vehículos eléctricos para minimizar la contaminación ambiental en el reparto

Europa Press.- Consum ha puesto en marcha junto con el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) y el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE) el proyecto Cool Routing con el objetivo de «minimizar la contaminación en el reparto a domicilio».

Con este programa, en fase piloto, se consigue minimizar el impacto ambiental que producen los vehículos a motor dentro de las ciudades, según ha informado la cooperativa, que junto con los dos institutos tecnológicos y la empresa Cade Logisitics, ha empezado las entregas de compra a domicilio en el centro histórico de Valencia con un vehículo eléctrico 0 emisiones que emplea esta tecnología para moverse y para refrigerar la carga.

Consum ha explicado que con este tipo de transporte «se pretende mejorar la calidad de vida, reduciendo la contaminación, las emisiones de gases CO2 y el ruido ambiental«. Cool Routing es un sistema que permite planificar, organizar y optimizar las rutas de reparto para vehículos eléctricos con carga refrigerada en zonas urbanas. Es el primero que integra los requisitos de autonomía de vehículos eléctricos y el mantenimiento de la temperatura.

Mejora transporte de mercancía refrigerada

El sistema está soportado por una plataforma tecnológica que, en el momento de planificar el viaje y durante el recorrido, «proporciona información precisa sobre la energía que se va a consumir en función de la ruta a realizar y el régimen de frío con el que se transporta la carga«. Gracias al proyecto, se mejorará el transporte de mercancía refrigerada con el uso de vehículos eléctricos. Cool Routing es capaz de planificar y visualizar las rutas «en tiempo real» así como todos sus parámetros, porcentaje de batería restante, temperatura de la carga y de cabina.

El equipo desarrollado también está compuesto de una herramienta de ayuda para el repartidor con información sobre el vehículo, los pedidos y el estado de la mercancía. Cool Routing está cofinanciado por la Generalitat Valenciana. Consum es la única empresa de distribución con la herramienta de cálculo de su Huella de Carbono certificada y registrada en el Ministerio de Medio Ambiente, por segundo año consecutivo. La Cooperativa trabaja para minimizar sus efectos medioambientales. En 2016, disminuyó su huella de carbono un 4,8% respecto al año anterior, sobre todo por la incorporación de gases refrigerantes menos contaminantes en las nuevas aperturas.

El Consejo Nacional del Clima conocerá un primer borrador de la Ley de Cambio Climático en este primer trimestre

Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presidido el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), el órgano asesor del Gobierno en esta materia, en el que se ha dado a conocer que el Gobierno trabaja en la preparación de un borrador de anteproyecto de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética, que se prevé que esté listo en el primer trimestre de 2018 y se presentará en el Consejo Nacional del Clima.

Durante el Consejo, la ministra ha puesto el acento en la «clara voluntad» del Ejecutivo por dialogar con todas las partes y conseguir que sea «una ley de todos«, por lo que se está elaborando tras lanzar un proceso abierto y participativo con numerosos hitos para asentar las bases de este consenso y asegurar la máxima participación social, según indicó el Ministerio de Medio Ambiente.

García Tejerina ha detallado estos hitos desde la creación de un grupo de trabajo interministerial que asegure la coherencia de las actuaciones contempladas en la futura Ley, la creación de una Comisión de Expertos sobre escenarios de transición energética a una economía baja en carbono, las jornadas de debate en las que más de 400 expertos aportaron su conocimiento, o la consulta pública llevada a cabo. Se trabaja, además, para implicar a todos los grupos políticos en la elaboración de la Ley para que se elabore con el máximo consenso.

Los ecologistas acusan a Nadal de bloquear la transición energética y conducir a la Unión Europea a una «dirección peligrosa»

Europa Press.- Las organizaciones ambientales consideran que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, es responsable del «bloqueo» hacia una transición energética libre de emisiones en España y advierten a la Unión Europea de ir en «una dirección peligrosa» para el futuro energético de los 28 Estados miembros.

Amigos de la Tierra lamenta que los ministros de la Unión Europea hayan decidido retrasar la transición energética que Europa necesita después de acordar las posiciones de los Gobiernos de los diferentes países sobre la Directiva de Energías Renovables, la Gobernanza de la Unión de la Energía y la Iniciativa de Diseño de Mercado. El responsable de Clima y Energía de Amigos de la Tierra, Héctor del Prado, considera que los ministros manifiestan su «poca voluntad política» y su “falta de ambición» al apostar de nuevo por un objetivo de energías renovables del 27% para 2030, una cifra que «es reducida y retrasa la transición energética» en la Unión Europea.

Además, critica que los ministros hayan acordado que «miles de millones de euros» de los contribuyentes europeos sirvan para financiar nuevas centrales de combustibles fósiles y para asegurar la extensión de la vida útil de las existentes en forma de pagos por capacidad. Asimismo, lamenta que se hayan rebajado las provisiones para lograr un sistema energético «más democratizado mediante la participación y titularidad ciudadana en las instalaciones renovables«. De Prado subraya que es una década «crucial» para mitigar el cambio climático y recuerda que las señales son «claras» para todos.

“La cifra de renovables acordada es un número ridículo y a todas luces insuficiente para ponernos en la senda del Acuerdo de París», critica De Prado, que califica de «muy negativo» el papel que están jugando España y Alemania en las negociaciones del Paquete de inviernoy asegura que ambos dejan «muy clara» su intención de «negar» a los ciudadanos los beneficios que conllevaría una transición energética «inclusiva y descentralizada«.

En esta línea, Greenpeace denuncia que el ministro Nadal mantiene su «bloqueo» a las renovables a pesar de que España es uno de los países de la Unión Europea más vulnerables al cambio climático y considera que los ministros europeos se posicionan en contra de los ciudadanos tras apoyar las subvenciones para las eléctricas, incluidas para las plantas contaminantes y peligrosas como el carbón. La ONG acusa a los ministros de debilitar las propuestas de la Comisión Europea que potenciaban que los hogares, las cooperativas y los municipios produzcan y vendan su propia energía renovable, y de ignorar las llamadas de la Eurocámara para aumentar el objetivo de renovables de la Unión Europea para 2030.

Igualmente, denuncia que Nadal trata de trasladar a Europa su política contra el autoconsumo y de apoyo al «viejo y sucio modelo energético«. En este sentido, la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, critica que el Gobierno bloquea la transición hacia un modelo 100% renovable en manos de la ciudadanía y, por el contrario, apoya las centrales viejas y contaminantes como las térmicas de carbón«.

En este contexto, la asesora política energética de la Unión Europea de Greenpeace, Tara Connolly, asegura que los ministros de Energía están «listos para ofrecer subvenciones casi ilimitadas» mientras los ciudadanos europeos quedan «fuera» ya que los ministros de los Veintiocho «han destruido las propuestas que apoyan sus derechos para producir y vender energía renovable». «El Parlamento ahora debe respaldar la energía renovable en manos de la gran mayoría y no la sucia en manos de unos pocos», ha concluido.

Alianza Mar Blava seguirá «vigilante» en 2018 hasta que se archiven de manera definitiva todos los proyectos de prospecciones petrolíferas

Europa Press.- La Alianza Mar Blava ha avanzado que este año seguirán trabajando para lograr el archivo «definitivo» de varios proyectos de prospecciones que todavía “amenazan” el Mediterráneo. «Hasta que no veamos en el BOE que se archivan definitivamente, vamos a seguir vigilantes y vamos a trabajar para que el corredor de cetáceos tenga un buen plan de uso y gestión», indicó su secretario técnico, Carlos Bravo.

Según ha recordado Bravo, este plan «es muy importante» y ha deseado que sea «eficaz» y esté «bien hecho» porque no quieren «que sea una figura que quede sólo protegida sobre el papel». «Vamos a trabajar para generar que haya un plan para reducir los niveles de ruido submarino en la zona y que haya áreas tranquilas para los cetáceos, con medidas de reducción de actividades o regular el tráfico marítimo para evitar que transcurra por determinadas zonas», ha explicado.

Bravo también ha recordado que seguirán la Proposición no de Ley presentada en el Congreso por el PSOE para que «llegue a ser una realidad» y puedan prohibirse en todas las aguas nacionales las prospecciones de hidrocarburos. «Es un tema que no dejaremos de trabajar en él», añadió Bravo, recordando que la Alianza también se centrará en fomentar las energías renovables, entre otros proyectos. La Alianza Mar Blava celebra que se haya protegido internacionalmente al Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear.

Endesa obtiene el certificado medioambiental europeo EMAS en la central térmica de Carboneras (Almería)

Europa Press.- La Central Térmica Litoral de Almería de Endesa, ubicada en Carboneras (Almería), renovó un año más su inscripción en el Registro del Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías Ambientales (EMAS). Según la compañía, esta importante instalación de generación eléctrica mantiene, desde el año 2000, un Sistema de Gestión Ambiental desarrollado de acuerdo al estándar internacional de la norma UNE en ISO 14001. La disposición al público de una declaración ambiental es un paso más en la mejora de la gestión y transparencia en el comportamiento ambiental.

Dicha declaración, actualizada anualmente, recoge la evolución de los indicadores de control ambiental de la central así como el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora ambiental. La declaración ambiental es verificada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), dentro de una auditoría ambiental, y posteriormente es remitida al organismo ambiental competente para su validación y puesta a disposición del público en la página web www.endesa.com. Todos los requisitos de formación, sensibilización y buenas prácticas ambientales, así como el cumplimiento de la legislación aplicable a la instalación generadora, se hacen extensivos a las empresas contratistas que prestan sus servicios en la central.

La Unidad de Producción Térmica de Endesa dispone de dos grupos generadores con una potencia instalada de 1.159 megavatios y su combustible principal es carbón importado de bajo índice de azufre. El grupo 1, de 577 megavatios, comenzó su explotación comercial en 1985 y el grupo 2, con una potencia de 582 megavatios, en 1997. A lo largo de los últimos años, la eléctrica ha ejecutado importantes proyectos de mejora ambiental en Litoral, principalmente respecto a la reducción de emisiones.

A estos medidas se suman las mejoras que en 2017 Endesa ejecutó en ambos grupos, encaminadas a reducir aún más sus emisiones a la atmósfera tanto de NOx, con la instalación de un sistema de reducción catalítica en cada uno de los grupos, así como de SO2, con la ampliación de la capacidad de tratamiento de gases de la planta de desulfuración del grupo 2.

Izquierda Unida envía al Parlamento Europeo el informe del Defensor del Pueblo sobre el almacén de Gas Natural de Doñana

Europa Press.- La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, remitió a la presidenta de la comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara, Cecilia Wikstrom, el último informe sobre Doñana elaborado por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández, al tiempo que ha incidido en la necesidad de organizar una misión de investigación.

En dicho informe, el Defensor solicita al Gobierno que haga una evaluación conjunta del impacto que pueden tener sobre el parque los 4 proyectos existentes para la extracción y almacenamiento de gas natural, sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental y alerta sobre los riesgos sísmicos que podrían conllevar ciertas prácticas. Según Izquierda Unida, Albiol pidió a Wikstrom que, dada la relevancia del informe del Defensor del Pueblo y la coincidencia con las denuncias que se han venido presentando en la PETI, incluya el documento como información complementaria a su petición todavía abierta.

La eurodiputada recuerda a Wikstrom que durante el último debate que se celebró en la PETI sobre Doñana «ya se denunció el riesgo sísmico del proyecto», algo que recoge el Defensor del Pueblo en su informe de noviembre, que reflejaba las denuncias que se vienen haciendo desde algunas organizaciones ecologistas y políticas desde que se anunciara el proyecto de Gas Natural en Doñana. Entre ellas, la necesidad de hacer una evaluación acumulativa del impacto que tendrían en el Parque las cuatro actuaciones previstas: Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar.

Por otro lado, recomienda al Ministerio de Energía que se revisen los informes de impacto ambiental emitidos, que también se encuentran cuarteados, y advierte de las dudas que le genera el informe del Instituto Geológico y Minero «sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados», explicando que «las evaluaciones individuales de los 4 proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero«.

Albiol cree que «no hay más tiempo que perder» y, ante «la importancia» de este informe del Defensor del Pueblo, que «refleja las denuncias que hacemos desde hace años», insiste en que «la comisión de Peticiones debe organizar cuanto antes una misión de investigación a Doñana para comprobar sobre el terreno lo que puede suponer un proyecto gasístico de estas características en una zona considerada patrimonio mundial por la Unesco».

Greenpeace exige al Gobierno que retire su decreto para «dificultar» el cierre de las térmicas y apueste por las renovables

Europa Press.- Greenpeace presentó alegaciones al Decreto del Gobierno que regula el cierre de las centrales térmicas por razones económicas y en ellas pide al Ejecutivo que retire ese proyecto normativo y que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluya un calendario de cierre de las centrales de carbón y nucleares con fecha tope en 2025 y que apueste por un sistema eléctrico 100% renovable.

En sus alegaciones, Greenpeace acusa al gobierno de bloquear el desarrollo de las energías renovables y de querer perpetuar las centrales térmicas «sucias y peligrosas» y dificultar el cumplimiento del Acuerdo de París contra el cambio climático. Asimismo, la ONG denuncia que el ministro Álvaro Nadal está teniendo una posición en Europa de «bloqueo para las energías renovables y para la democratización del sector» en favor del viejo modelo energético, que está en manos de «unas pocas grandes eléctricas». Greenpeace denuncia que el Real Decreto es contrario al cambio climático y no tiene en cuenta las demandas de los ciudadanos.

Retribuciones o ayudas de Estado

Además, en sus alegaciones recuerda al Ejecutivo que el cierre de las centrales eléctricas ya está contemplado en la normativa que regula el sector, atendiendo a la garantía de suministro, y que son el operador y el regulador del sistema los que tienen la competencia para realizar los análisis del sistema y los consiguientes informes de aprobación para el cierre en el caso de ser viable. Así, recuerda que cualquier retribución, de acuerdo con lo que propone el Real Decreto, deberá ser notificada a la Comisión Europea y podría ser considerada ayuda de Estado. Al mismo tiempo, añade en las alegaciones, este proyecto supone una intervención estatal no admitida en el mercado de generación eléctrica.

«En España la principal preocupación medioambiental ya es el cambio climático y las personas quieren poder participar en la transición energética de forma activa para transformar el sector eléctrico en uno 100% renovable, eficiente e inteligente», ha manifestado la responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño. En este contexto, la organización ecologista considera que los precios de la luz están «completamente distorsionados» y asegura que, al contrario de lo que defiende el Gobierno, un sistema eléctrico renovable, eficiente e inteligente abarataría la factura energética de los hogares españoles hasta un 34%.

El Gobierno aprueba el Plan Aire II que incluye 52 medidas y una estimación económica de 276 millones de euros

Europa Press.- El Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera (Plan Aire II), que incluye 52 medidas y que tendrá una dotación presupuestaria de 276 millones de euros para su cumplimiento durante sus dos años de vigencia, según anunció el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Méndez de Vigo ha recordado que el primer Plan Aire es de 2013 y ahora el nuevo plan estará en vigor durante dos años. En este sentido, ha definido el plan como un «marco de referencia de la Administración General del Estado» teniendo en cuenta que las competencias son de las comunidades autónomas y de los Ayuntamientos. Eso sí, precisó que la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera habilita al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a aprobar los planes y programas de ámbito estatal necesarios para prevenir y reducir la contaminación atmosférica y sus efectos transfronterizos, así como para minimizar sus impactos negativos.

Méndez de Vigo ha dicho que el objetivo del plan, en el que están involucrados la mayor parte de los Ministerios, busca garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de calidad del aire en todos los ámbitos (nacional, europeo e internacional); reducir las emisiones a la atmósfera de aquellos contaminantes más relevantes y con mayor impacto sobre la salud y los ecosistemas; mejorar la información disponible sobre la calidad del aire y fomentar la concienciación de la ciudadanía para la prevención y abordar a nivel nacional las superaciones del valor objetivo para la protección de la salud de los niveles de ozono troposférico que se producen en muchas ciudades.

Entre las principales medidas destacan, en el sector residencial, la puesta en marcha de incentivos económicos para mejorar la eficiencia energética de los edificios, con un presupuesto de 200 millones de euros. En el sector del transporte, el establecimiento de ayudas que permitan la renovación del parque automovilístico y el fomento de los vehículos de energías alternativas y menos contaminantes, con un presupuesto de 50 millones de euros; o un programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en el sector ferroviario, con un presupuesto de 13 millones de euros.

APP sobre calidad del aire

En total el plan contempla 52 medidas de las que 15 son responsabilidad del MAPAMA y, entre estas, destacan la adopción de un índice de calidad del aire a nivel nacional, homogéneo y comprensible, que elaborará el Ministerio de forma consensuada con las administraciones competentes en materia de calidad del aire (comunidades autónomas y entidades locales) para mejorar la información sobre la calidad del aire.

También se elaborará un protocolo marco en casos de episodios de alta contaminación para compartir índices y escenarios con las administraciones competentes (comunidades autónomas y entidades locales). Se trata, según el ministro, de un marco general común para la mejor comprensión de los españoles cuando se produzcan sucesos de contaminación atmosférica, independientemente del lugar del país en el que se produzcan. En este marco, el plan incluye el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que permita la difusión en tiempo real de datos de calidad del aire almacenados en la Base de Datos de Calidad del Aire del Ministerio.

La estimación económica de 276 millones de euros está, según el ministro portavoz, «en línea con los acuerdos» de la cumbre de París sobre cambio climático y con «el compromiso» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En ese contexto, explicó que el presidente ha participado en la cumbre One Planet Summit celebrada para dar un impulso al Acuerdo de París, que establece compromisos de reducción de emisiones, de aumento de renovables y eficiencia energética. Para Méndez de Vigo, esta cumbre demuestra que existe una coordinación para cumplir con estos acuerdos y un marco político de cooperación reforzada público-privada y con las grandes entidades y fondos de inversión para reducir al máximo las emisiones a la hora de planificar las inversiones.

Asimismo, ha destacado que las 100 empresas más contaminantes del mundo de los sectores de la energía y el transporte se han comprometido a reducir sus emisiones de carbono. «La mejora de estas variables en la valoración de la empresa será tan importante que los fondos podrán llegar a retirar su inversión en las sociedades que incumplan sus compromisos», advirtió.

Finalmente, recordó que el presidente anunció en París una cumbre de interconexiones eléctricas organizada por Francia, España, Portugal y la Comisión Europea y que tendrá lugar en Lisboa en 2018 y ha añadido que anunció la Ley de cambio climático y de transición energética que también se aprobará en 2018 para sentar las bases de una transición ordenada y eficiente que permitirá cumplir los compromisos.