Los biocombustibles causan más hambre y no ayudan a frenan el cambio climático

Bajo el título «Comida o gasolina», esta investigación advierte de que «hasta 100 millones de personas más podrían pasar hambre» si los países europeos incrementan su consumo de biocarburantes hasta cumplir la nueva legislación comunitaria, que establece que el 10% de los combustibles de transporte debe proceder de fuentes renovables en 2020.

Para alcanzar dicho objetivo habría que dedicar a estos cultivos una superficie de hasta 17,5 millones de hectáreas, más de la mitad de Italia, señala el trabajo.

Además, subraya que dos tercios de los biocombustibles demandados en Europa procederán de países pobres, que de esta forma reducirán su producción agraria y verán cómo el precio de los cultivos sustituidos aumenta de forma exponencial.

Sus resultados destacan asimismo que los biocombustibles industriales no ahorran emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles a los que reemplazan.

Según el estudio, el creciente uso de estos carburantes está provocando grandes cambios en los suelos cultivables y el empleo de fertilizantes adicionales para su producción genera óxido nitroso, uno de los gases de efecto invernadero más contaminantes.

Por ello, Ayuda en Acción Internacional pidió «coherencia» al Gobierno español, para que desde la Presidencia de la Unión Europea promueva medidas a favor de la ayuda al desarrollo e impida que otras políticas comunitarias, como la energética o de cambio climático, «perjudiquen los esfuerzos llevados a cabo en la lucha contra la pobreza».

Los países europeos deberían pues renunciar a los objetivos comunitarios, señala la ONG, y en su lugar reducir su consumo e incentivar los biocarburantes sostenibles, producidos a pequeña escala en Europa.

En opinión de Tim Rice, autor del informe, «los gobiernos de la Unión Europea deben reconocer los problemas inherentes a los biocombustibles industriales y actuar de inmediato para cambiar sus políticas sobre el uso de los mismos». «Si no lo hacen, abren la puerta a un futuro para los pobres del mundo donde el hambre y las crisis del clima seguirán aumentando», concluyó.

Los ecologistas detenidos en la Cumbre de Copenhague esperan no ser juzgados

Los activistas de la «alfombra roja», como se les conoce, pasaron 21 días arrestados en la capital danesa tras participar en una protesta durante la cena de gala ofrecida por la reina Margarita a los jefes de Estado que asistieron a la Cumbre.

Los detenidos procedían de España (Juan López de Uralde, director de Greenpeace en el país), Noruega (Nora Christiansen) Holanda (Joris Thijssen) y Suiza (Christian Schmutz).

Según informa Greenpeace en su blog, los activistas se encuentran estos días en Madrid, ya que han querido reunirse «para recordar, revivir y conversar».

Con esta visita, quieren también agradecer «la movilización popular» y el «apoyo» que recibieron del país mientras estuvieron encarcelados.

«Todos en la cárcel queríamos ser ‘Juantxo’, porque sabíamos el gran apoyo que estaba teniendo en su país», reconocieron durante su visita.

Según informó Greenpeace, «por delante les queda esperar un juicio», que todos «desean que no llegue a celebrarse». En concreto, la policía danesa está ahora «revisando y mirando pruebas».

Todos, según la ONG, «están de acuerdo en que volverían a sacar las pancartas con el lema ‘Los políticos hablan, los líderes actúan'», acción que les llevó a pasar las últimas Navidades en prisión.

Greenpeace recurrirá el proceso para ubicar el ATC

Carlos Bravo calificó el procedimiento seguido por el Gobierno central como «antidemocrático y opaco», y aseguró que «viola la legislación vigente en España».

En concreto se refirió al «Convenio de Aarhus», ratificado por España, y que regula el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

«Para decidir el emplazamiento de un centro como el ATC, que conllevará la instalación de un centro asociado de experimentación con residuos radioactivos, la normativa vigente obliga a poner en marcha un proceso que sea participativo desde el primer momento, en el que se involucren todos los agentes sociales interesados, y la Administración en este caso ha hecho gala de una falta de transparencia alarmante», dijo.

Por ello, señaló que «vamos a presentar una resolución porque todo el proceso debe ser impugnado; así las candidaturas actuales dejarían de tener valor, y entre todos podríamos consensuar la opción menos mala en gestión de residuos», apuntó.

En su opinión, esa opción pasaría por el anuncio por parte del Gobierno central de un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares operativas en España, y la búsqueda del consenso entre tanto.

La propuesta que él y otros grupos ecologistas proponen descarta la opción del almacén centralizado y apuesta por almacenes individualizados en cada una de las centrales nucleares existentes.

El ATC no dará empleo a los pueblos

Asimismo, aseguran que la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en un área económicamente deprimida no dará empleo de forma continua a la zona, ya que demandará perfiles profesionales altamente cualificados.

Así lo afirma Meritxell Bennasar, de la campaña por el Cierre de las Centrales Nucleares de la organización, en una comunicación que Greenpeace ha remitido a sus socios.

Según datos de esta ONG, la construcción del cementerio nuclear generaría en un primer momento unos 300 puestos de trabajo, aunque «sólo durarán cinco años», hasta que el emplazamiento esté terminado.

Cuando la instalación comience a funcionar «se reducirán a unos 100 puestos y, la mayoría, muy especializados», con lo que «no serán ocupados por la gente de la zona».

Bennasar también alerta de que estas instalaciones «destruyen» empleo por la disminución del turismo, del número de casas rurales, el abandono de la agricultura o la pérdida de denominaciones de origen que puede generar.

Infinita Renovables espera duplicar en 2010 su volumen de producción de biodiesel

El director general de la compañía, Rafael Lorenzo, admitió que estas cifras están por debajo de las previsiones de la empresa, pero destacó que la producción se inició hace apenas un año en un «contexto adverso» por la competencia del biodiesel procedente de Estados Unidos y Argentina.

Desde que puso en marcha sus dos plantas de biodiesel -Castellón, a finales de 2008, y Ferrol (La Coruña), en mayo de 2009-, Infinita Renovables ha incrementado progresivamente su producción, hasta superar el 60 por ciento de su capacidad en sus previsiones de 2010.

La compañía ha suministrado biodiesel a algunas de las principales petroleras que operan en España, como Repsol y BP, y otras internacionales, y ha suscrito contratos que garantizan el suministro «a largo plazo».

La puesta en marcha de sus dos plantas de producción ha generado más de cien puestos de trabajo directos, principalmente en Galicia y la Comunidad Valenciana, y alrededor de 300 indirectos.

En 2010, Infinita Renovables tiene el objetivo de duplicar su volumen de producción y consolidarse como líder en España, y reforzar su presencia en los mercados europeos de referencia, como Reino Unido e Italia.

La compañía espera que el mercado español duplique su tamaño en 2010 por la mayor obligación de consumo de biocombustibles -del 3,4% del pasado año al 5,83% del actual- y la flexibilidad para el uso del biodiesel en mezclas con diesel fósil, hasta el 7% sin necesidad de etiquetado diferenciado.

Infinita Renovables reclama a la administración un «firme apoyo» a los biocombustibles y pide que se concrete el objetivo de obligar su uso en un 10 por ciento en el transporte en 2011.

Según el informe elaborado por la consultora especializada Kingsman, Infinita Renovables es la segunda empresa con mayor capacidad de producción de biodiesel de Europa, con 900.000 toneladas en sus dos plantas de Castellón y Ferrol.

Greenpeace asegura que Garoña se ha visto obligada a parar tras un fallo prolongado

Por ello, la organización ecologista pidió al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que dé información detallada sobre el volumen de la fuga y desde cuando ésta se produce.

«El CSN no ha emitido ninguna nota de prensa al respecto ni ha publicado información alguna en su página web a pesar de la importancia del tema», remarcaron.

A juicio de Greenpeace, el fallo «es importante ya que se trata de una fuga de agua radiactiva del circuito primario y no se trata de una «simple parada de mantenimiento como tratan de aparentar desde Nuclenor».

«El CSN debería ser más transparente e informar sobre este suceso de seguridad», declaró el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo. Además, la organización verde recordó «el lamentable estado de seguridad de la central».

En julio de 2009 el Gobierno ordenó su cierre definitivo en 2013, en lugar de haber ordenado el cese de su funcionamiento de forma inmediata dado sus problemas de seguridad y el hecho de que la producción eléctrica de esta central nuclear (un 1,2 por ciento del total en 2008) «está ya compensada de sobra por las energías renovables».

Según estas fuentes, la central de Garoña ha incumplido varios de los requisitos que el CSN previamente les había exigido para prorrogar la licencia: la sustitución del cableado eléctrico y solventar los reiterados problemas de la ventilación de emergencia de la contención.

Además, el CSN minimizó el «grave estado» de agrietamiento múltiple por corrosión que afecta a elementos de la vasija del reactor y otros elementos del circuito primario, con un nivel de afectación «incomparable» con ninguna otra central del mismo tipo en Estados Unidos u otros países.

El coche eléctrico aumentará las emisiones de CO2 si no se «carga» con energía renovable

Titulado «Electricidad verde para los coches eléctricos», el estudio analiza el impacto energético de estos vehículos si no se recargan con energía procedente de fuentes renovables.

En este sentido, los ecologistas advierten de que la legislación comunitaria existente en materia de emisiones de CO2 de los automóviles es «deficiente», puesto que «permite a los fabricantes utilizar las ventas de vehículos eléctricos para seguir compensando la producción de automóviles extremadamente contaminantes».

Así, alertan de que «si se llegara a cubrir un 10% del total de la venta de coches con vehículos eléctricos, esto podría conducir a un aumento del 20% del consumo de petróleo y de las emisiones de CO2 del sector automovilístico europeo».

Por esta razón, exigen que se eliminen los «supercréditos» de las actuales y futuras normativas europeas en materia de emisiones de CO2 de los vehículos, y hacen un llamamiento para que todos los coches eléctricos vendidos en la Unión Europea estén equipados con «contadores inteligentes», para que «sólo se recarguen cuando haya un excedente de electricidad renovable en la red eléctrica».

Para que esto sea posible, «la Unión Europea deberá también asegurar una mayor oferta de electricidad renovable», según indica el informe.

Greenpeace lleva 10 bidones de «residuos radiactivos» al ministro de Industria

Los activistas iban vestidos con monos blancos, máscaras y portaban bidones con el símbolo nuclear y una pancarta con el lema «No al cementerio nuclear».

La ONG anunció que acudirá a los tribunales para impugnar la resolución que dio inicio al proceso del ATC que, según los ecologistas, «se ha caracterizado por la falta de transparencia, la ausencia de mecanismos participativos y la falta de información veraz a la población y a los municipios».

La organización considera que «los hechos han demostrado» que la «estrategia seguida por Sebastián» ha consistido en «tentar a los alcaldes con dinero público para tratar de conseguir que los municipios se ofreciesen como candidatos a albergar el cementerio nuclear, sin importar ni si quiera si se había tenido en cuenta la opinión de los vecinos, la de los pueblos de su entorno, y la de su comunidad autónoma».

«El proceso ha sido un esperpento. Enresa ha ido fomentando cacicadas en los pueblos», concluyó el responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace.

Los ecologistas preparan «grandes movilizaciones» contra el cementerio nuclear

Según dijo Luis González, coordinador de Ecologistas en Acción, la primera de las movilizaciones programadas tendrá lugar «en la zona de Valladolid» el domingo 14 de febrero.

La organización, que «está haciendo ya campaña» contra el ATC, también planifica «una gran movilización» en el entorno de Guadalajara, para el sábado 27 de febrero.

Ecologistas en Acción considera que «se ha seguido un procedimiento oscurantista y profundamente antidemocrático», y que «la información recibida por los vecinos de los pueblos ha sido insuficiente o inexistente en casi todos los casos».

Para esta organización, el Gobierno «aún está a tiempo de rectificar», de frenar el proceso y «abrir el necesario debate sobre la gestión de los residuos y el calendario de cierre de centrales nucleares» en España.

Greenpeace, por su parte, tampoco descarta poner en marcha movilizaciones o protestas por este asunto. Según indicó el responsable de Campañas de la ONG, Mario Rodríguez, sus servicios jurídicos «están estudiando si el proceso seguido se ajusta a la legalidad», ya que consideran que «se podría haber estado incumpliendo». «Se ha hecho con mucha soberbia, sin buscar consenso», lamentó Rodríguez.

Según dijo, Greenpeace ha estado ya en Soria, en Guadalajara y en Cataluña «informando a los vecinos y pueblos de que no ha habido un proceso transparente ni democrático», y asegura que «hará movilizaciones y campañas de sensibilización». «Tampoco descartamos cualquier otro tipo de protesta si el proceso sigue como está», añadió.

Greenpeace se moviliza en Internet contra el ATC

Del mismo modo, Greenpeace ha desplegado una campaña en Internet contra la búsqueda de un municipio para albergar el Almacén Temporal Centralizado de residuos radiactivos (ATC), a través de redes sociales como Facebook, Tuenti y Twitter y de su propia página web.

Bajo el lema «Cementerio nuclear no, gracias», la ONG denuncia que los residuos radiactivos de alta actividad «son un material muy peligroso», y avisa de que «no existe ninguna solución técnica que garantice que no se producirán efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente a corto, medio o largo plazo».

Para Greenpeace, la solución pasa por cerrar las centrales nucleares y por almacenar los residuos ya existentes «donde se hayan producido», es decir, «en cada central nuclear» mediante contenedores en seco, en superficie, «de forma accesible, vigilada y recuperable».

Los ecologistas creen que ésta sería «la manera que respetaría lo más posible la seguridad de la población, trabajadores y medio ambiente».

La ONG está difundiendo la campaña desde su web, donde pide respuestas a la pregunta «¿Quieres un cementerio nuclear cerca de casa?», y pide apoyos para difundirla en Facebook, Twitter y Tuenti.

Además, ha creado «banners» descargables para dar a conocer la acción en blogs, webs y mediante el envío de correos electrónicos.

Serbia modernizará una central termo-eléctrica con 1.251 millones de dólares

El documento, que en los próximos meses debería derivar en un acuerdo final, fue firmado en Belgrado por representantes de la empresa serbia de energía eléctrica «Elektroprivreda Srbije» (EPS), la Central y Minas Kostolac y la compañía «China Nacional Machinery & Equipment Import & Export Corporation» (CMEC).

El acuerdo supondrá la revitalización de los dos bloques de la central termo-eléctrica «Kostolac B», de 350 megavatios cada uno, el aumento de la capacidad de la mina de carbón a cielo abierto Drmno, hasta los 12 millones de toneladas al año, y la construcción de un nuevo bloque de la central.

El proyecto será financiado en un 85 por ciento con un crédito chino, que se concederá por 15 años, con una tasa de interés fija que no superará el 3 por ciento, y con un período de gracia de cinco años, según comunicó el Ministerio serbio de Energía y Minas. Las empresas serbias aportarán el 15 por ciento del importe restantes.

Los medios locales, que citan al ministro de Energía serbio, Petar Skundric, informaron de que la firma del acuerdo se espera para dentro de dos meses, y el inicio de la realización del proyecto previsiblemente antes del fin de año, y su término en 2015.

El documento firmado supone la aplicación de un acuerdo de cooperación entre Serbia y China en el sector de la infraestructura suscrito el año pasado.

La compañía nuclear estatal china CNNC adquiere la firma canadiense Khan

Según publicó el periódico oficial Global Times, el acuerdo fue confirmado por la parte canadiense, que cifró la operación, que incluye la totalidad del capital de Khan, en 37,8 millones de euros.

De esta manera, CNNC tendrá acceso a la explotación de uranio de Dornod, en Mongolia, una de las más importantes del mundo con unas reservas estimadas mínimas de 22.000 toneladas del mineral.

«CNNC pone mucho sobre la mesa, con su experiencia en la energía nuclear, su fortaleza financiera y sus fuertes lazos políticos con Mongolia», dijo Martin Quick, consejero delegado de Khan.

La operación todavía necesita obtener el visto bueno de los reguladores de ambos países y también debe ser refrendada por los accionistas de Khan.

Recientemente, el director general de la CNNC, Kang Rixin, fue destituido de su cargo y expulsado del Partido Comunista de China (PCCh) por su implicación en un caso de corrupción.

Kang cometió «graves violaciones de la ley y la disciplina» y, según la agencia oficial Xinhua, «abusó de su poder para beneficiar a terceros y aceptar enormes sobornos».

Según informaciones anteriores de la prensa china, Kang podría estar envuelto en un caso de corrupción de 1,8 billones de yuanes 182.053 millones de euros, lo que supondría una de las mayores sumas malversadas en la historia del régimen.

China otorga gran importancia a la energía nuclear, que actualmente supone menos del 2 por ciento de la producción del país, pero tiene en construcción más de una veintena de plantas nucleares, que para 2020 pueden convertirla en el máximo productor mundial de este tipo de energía, con 80 megavatios de capacidad.