AOP estima materialmente imposible elevar el porcentaje de los biocarburantes al 7%

En declaraciones a la prensa, en una jornada organizada por el Club Español de la Energía, Álvaro Mazarrasa admitió que el sector está analizando la medida anunciada por el Ejecutivo de elevar al 7% el porcentaje de biodiésel y bioetanol en las mezclas para reducir el consumo de petróleo. «No conocemos con detalle las medidas, lo estamos estudiando. Está en el trámite de consulta todavía», indicó.

Con todo, indicó que, en principio, se trata de una medida «que no es fácil de aplicar», ya que «hay serias dificultades por el problema de las especificaciones actuales» de los biocombustibles, es decir, los requisitos técnicos que estos han de cumplir.

«Si no se modifican las especificaciones y se da un marco legal para hacerlo habrá una imposibilidad legislativa y material para llevarlo a cabo«, sostuvo.

«Los coches actuales no admiten más carburante que el que se fijó como objetivo en diciembre para 2011-2013», del 5,9% para este año. Este objetivo es, añadió Mazarrasa, «el máximo que puede permitir» un vehículo actual. Por ello «vemos grandísimas dificultades en aumentar esos porcentajes», dijo; sobre todo en los coches más antiguos.

«Los coches que se ponen ahora en el mercado admiten más porcentaje de bioetanol» (el biocarburante que se incluye en las mezclas de gasolina). Sin embargo, «en biodiésel (el que se mezcla con el gasóleo) estamos al tope de lo que los coches pueden permitir. Incrementarlo va a ser materialmente imposible», dijo.

Por otro lado, preguntado sobre la reducción de la velocidad máxima aprobada en autopistas y autovías, Mazarrasa afirmó que «todas las compañías están a favor de todo lo que suponga ahorro y eficiencia». «Cualquier ahorro es bienvenido», añadió. Para el directivo de la AOP, «aunque nos fastidie tener que ir más despacio por las autopistas , si se ahorra en estos momentos es una buena cosa», dijo.

En este sentido, recordó que la AOP, como la industria petrolera europea, pone en marcha en los veranos (coincidiendo con los momentos en los que aumenta la conducción) un programa de conducción eficiente y consumo inteligente. Entre las medidas que promulga esta campaña figura conducir menos agresivamente y más despacio, utilizar mejor frenos y cambios, ir con las ventanillas cerradas para mejorar la aerodinámica, no llevar pesos, llevar los neumáticos revisados y el motor puesto a punto, etcétera. «Con estas sencillas medidas se pueden lograr ahorros de entre el 10% y el 15%«, puntualizó.

Se trata de una campaña que «en teoría va en contra del consumo, pero somos responsables y compañías que propugnamos el uso inteligente de la energía, que es un bien escaso y caro», afirmó.

Cada tipo de energía debe reflejar en el precio sus propios costes

Por otro lado, Mazarrasa abordó la posibilidad y conveniencia que formulaba el documento de la Subcomisión de Energía del Congreso de que el coste de las renovables fuera soportado por el conjunto de los consumidores del sistema energético español.

El director general de AOP comentó que «financiar la generación eléctrica con los ingresos procedentes de otro sector energético con un uso final de la energía totalmente distinto no tienen consistencia energética ni económica y puede crear distorsiones importantes en la eficiencia energética y en el uso de los recursos».

En la misma línea explicó que «la supuesta menor capacidad del sector petrolero para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero no es real y no tiene en cuenta los esfuerzos que nuestra industria está realizando en este sentido».

Muestra de ello es que la imposición fiscal que grava los productos petrolíferos es diez veces superior en términos de recaudación y cinco veces superior en términos de esfuerzo fiscal por contenido energético (euros/kwh) a la de la electricidad, dijo.

Taguas propone un impuesto «transitorio» sobre el crudo

Asimismo, el presidente de la patronal de las grandes constructoras Seopan, David Taguas, afirmó que una «medida que no falla» para reducir el consumo de energía es un «impuesto transitorio» sobre el precio del crudo.

Taguas mostró el rechazo de la patronal a la propuesta del Gobierno de reducir de 120 a 110 kilómetros hora la velocidad máxima en autopistas y autovías para reducir el consumo carburante. Esta iniciativa «para nosotros no está bien» y apuntó no estar seguro de que sirva para reducir el consumo de gasolinas. Por el contrario, defendió que un impuesto «estoy seguro que tiene efectos sobre el consumo».

Por otra parte, advirtió de la caída en el tráfico que se producirá en las autopistas de peaje, y recordó que los ciudadanos las utilizan sobre todo «para ahorrar tiempo» y alertó sobre la difícil situación financiera de algunas concesiones de peajes, con flujos de tráfico muy inferiores a los previstos en los contratos. Si a esto se une la bajada de la velocidad, «¿quién va a compensar a las empresas por esa reducción de los tráficos?», se preguntó el responsable de Seopan.

Taguas comentó que ya puestos se podría reducir más la velocidad de las autovías y autopistas. «El 70 me gusta más», bromeó.

También, Taguas alertó de los riesgos que puede tener en la economía española el incremento de la factura energética española por el incremento del precio del crudo tras las revueltas populares en algunos países árabes.

Seopan estima que la economía española subirá un 1,1% en 2011 (dos décimas menos que la previsión del 1,3% del Gobierno), pero considera que si se mantiene el precio del crudo en los niveles actuales se lastrará el crecimiento.

En este sentido, subrayó que a los precios actuales, la factura energética se incrementará respecto al año pasado en 11.530 millones de euros, lo que equivale a «todo el crecimiento de 2011».

«Todo el crecimiento que va a haber en la economía en 2011 se lo va a comer el crudo» con los niveles de precios actuales, agregó.

Para limitar los efectos de la subida de la factura energética, desde Seopan se destacó la necesidad de que no se traslade a salarios ni a otras rentas la subida del precio del petróleo.

«Lo mejor es aceptar el empobrecimiento» de España al ser un país importador, porque la traslación a rentas de la subida del crudo «sólo puede suponer menor actividad y mayor desempleo».

El TSJC suspende de forma cautelar la planificación del mapa eólico de Cataluña

En el auto, el TJSC estima el recurso que presentaron dos entidades ecologistas –l’Associació Respectem l’Albera (ARA) y l’Associació Alt-Empordanesa per l’Estudi i defensa de la natura (IADEN)– argumentando la falta de una evaluación ambiental del proyecto.

La decisión, que se puede recurrir, deja en suspenso el nuevo mapa eólico diseñado por el tripartito; actualmente hay 775 megavatios (MW) en funcionamiento y el pasado junio la Generalitat aprobó 7 de las 8 ZDP del mapa eólico catalán, que suman 769 MW más y que debían entrar en funcionamiento en 2013.

Fuentes de la Generalitat explicaron que sus servicios jurídicos analizarán la sentencia y elaborarán un informe a partir del cual el Govern decidirá las acciones a emprender.

Esta suspensión cautelar del mapa de ZDP también afecta al sector privado, ya que el Ejecutivo catalán adjudicó estas zonas a Gas Natural-Alstom, Comsa Emte-GERR, Fersa-Aventalia y FCC, por proyectos que suponían una inversión de unos 1.250 millones.

Sus proyectos fueron los mejor valorados por el Govern –en adjudicación definitiva en noviembre, poco antes de las elecciones autonómicas catalanas– según aspectos energéticos, ambientales, urbanísticos, paisajísticos y de impacto socioeconómico.

En total, 20 empresas presentaron 57 ofertas que sumaban 5.707,3 MW, y entre las propuestas que quedaron fuera de la adjudicación figuraban grandes empresas del sector como Iberdrola, la portuguesa EDP y Enel-Endesa, que presentaron alegaciones.

Las ZDP deben permitir alcanzar el objetivo de llegar a los 3.500 MW de energía eólica instalados en Cataluña el año 2015 que prevé el Plan de la Energía de Cataluña.

Naturalistas aplauden la decisión del TSJC

Por su parte, la IAEDEN aplaudió la decisión del TSJC de suspender de manera cautelar la planificación de las zonas de desarrollo prioritario (ZDP) de parques eólicos acordada por la Generalitat el 1 junio de 2010.

«Estamos muy contentos, es un gran paso que nos da muchos ánimos», ha señalado la portavoz de IAEDEN, Bàrbara Schmitt. «Lo bueno de esta interlocutoria es que el proyecto todavía no está hecho y de momento se paraliza«, apuntó, ya que en muchas ocasiones recibieron sentencias a favor pero cuando los proyectos ya estaban terminados y no había marcha atrás.

«Sin sentencia definitiva no podrá tirar adelante y eso es muy importante», remarcó la portavoz de la entidad, cuyo recurso fue tramitado por el bufete Salellas i Associats.

La portavoz recordó que presentaron un primer recurso en agosto de 2010 y que este fue desestimado y que no fue hasta noviembre del mismo año cuando presentaron el que ahora ha aceptado el TSJC.

«Esto traerá cola, pero de momento hemos ganado todos, los del norte de Catalunya y también los del sur ya que el proyecto se ha paralizado en todas partes», señaló.

Desde la asociación saben que el proceso hasta que llegue una sentencia firme llevará su tiempo, y esperan que la Generalitat actúe de alguna forma u otra.

«Ha habido cambio de gobierno, y CiU criticó en su momento el mapa eólico, pero desde que ganó las elecciones no se ha pronunciado«, criticó Schmitt.

Luis Atienza (REE) espera que el coche eléctrico alcance el 7% en 2020 y rebaje la fuerte dependencia del petróleo

Luis Atienza aseguró que «el sistema eléctrico tiene capacidad ociosa para atender a millones de vehículos» eléctricos, y pronosticó que su implantación seguirá en las próximas décadas, hasta rondar entre el 10% y el 14% en 2030 y alcanzar entre el 50% y el 60% en 2050.

Atienza no quiso valorar las últimas medidas del Gobierno para ahorrar combustible, pero señaló que cualquier iniciativa en este sentido «merece la pena» y destacó la implantación del coche eléctrico como alternativa para un sector como el del transporte, especialmente dependiente de los hidrocarburos.

En cuanto al ahorro de electricidad, consideró que las soluciones son «más a medio y largo plazo», y citó entre otras medidas deseables «la sustitución del parque de iluminación, los programas de iluminación, la mejora de la eficiencia de los electrodomésticos, la introdución de tecnologías de bomba de calor en sistemas de climatización, el uso de lámparas de bajo consumo, el aislamiento de edificios y mejores normas de edificación».

El presidente de REE subrayó además no solo la importancia de ahorrar energía, sino también la necesidad de «tomar conciencia» sobre su coste como dos aspectos para reducir la dependencia energética del país, que apenas ha variado en los últimos quince años a pesar de la fuerte implantación de renovables.

«El crecimiento de las renovables se lo ha comido el aumento de nuestro consumo» y «quizá ahora que estamos viéndole de nuevo las orejas al lobo de la inseguridad energética y la volatilidad de los precios tenemos que aprovechar para ser más conscientes de que tenemos que hacer un esfuerzo en eficiencia y ahorro», afirmó.

Para Atienza, las políticas de ahorro son «rentables» y se convertirán en «uno de los principales retos para la próxima década», a pesar de que «a veces su visibilidad no es tan obvia». Su aplicación puede incluir medidas «regulatorias, fiscales o de incentivos», en función de la estrategia de cada gobierno, señaló.

Por otro lado, consideró que la «incertidumbre» en el Norte de África y en Oriente Próximo «no está afectando todavía al suministro, pero puede hacerlo», por lo que «habría que estar preparados para ello y ser conscientes de que un suministro seguro y constante tiene un coste que incluye pagar las reservas estratégicas, los almacenamientos subterráneos y un abanico de tecnologías primarias».

Junto a esto, apeló a la importancia de «generalizar la cultura del ahorro energético» y «hacer una gran movilización social» en este sentido. «No hay que esperar a que tengamos problemas de suministro y a que el petróleo se coloque a 150 dólares», señaló.

La Fundación Ideas propone que los biocombustibles representen al menos el 10% en las mezclas en el año 2020

Así se recoge en el informe «Biocombustibles líquidos: situación actual y oportunidades de futuro para España«, en el que la Fundación apunta el «papel decisivo» que éstos van a jugar en los próximos años para reducir la factura energética y para controlar la emisión de gases de efecto invernadero.

La propuesta de la fundación se realiza después del anuncio del Gobierno de elevar del actual 5,8% hasta el 7% el porcentaje de biocarburantes en las mezclas de los combustibles de automoción (biodiesel y bioetanol) con el fin de ahorrar gasolina.

«Los términos de este debate deberían centrarse no solo en la necesidad urgente de cambiar nuestros patrones de consumo de energía, sino también en la sustitución de las fuentes de energía primaria que es necesario acometer a medio plazo», afirma el informe.

Desde la Fundación Ideas indicaron que en el ámbito del transporte, las medidas de ahorro y eficiencia son «imprescindibles y van a lograr aportaciones a la mejora de nuestro uso de la energía».

Y entre las medidas de medio y largo plazo, «un mayor uso de los biocombustibles es una de las claves para mejorar el balance energético y medioambiental de este sector».

Junto a esto, la fundación reclama el desarrollo de vehículos híbridos, movidos con electricidad y combustible, por un lado, y del vehículo «flex», en cuya tracción participan combustibles fósiles y biocombustibles.

Estas dos alternativas, señala, deben percibirse como tecnológicamente viables, si bien en la actualidad presentan una implementación «insignificante», pese a ser «las que realmente ayudarían a reducir las emisiones y la dependencia energética del transporte».

El sector de biocarburantes pide frenar las importaciones desleales para aprovechar las nuevas medidas del Gobierno

Un portavoz de esta patronal explicó que «el sector está perplejo» ante esta inciciativa con la que el Ejecutivo intenta combatir el aumento del precio del petróleo, consecuencia de la crisis que viven los países del norte de África.

Se trata, en su opinión, de una medida positiva que podría beneficar al sector español, de no ser por la situación de competencia desleal que provocan los bajos precios de los biocarburantes procedentes de los citados países, con los que «es imposible competir».

El sector español de los biocarburantes «no pide medidas proteccionistas», sino la puesta en marcha de una orden ministerial «pendiente de aprobación y que ha recibido el visto bueno de la Comisión Nacional de la Energía».

El Ministerio de Industria, según APPA Biocarburantes, «mantiene paralizada la tramitación del proyecto de orden ministerial que impulsó a mediados del año pasado» este mismo departamento, en respuesta a las peticiones del sector.

Se trata de una norma «que impidería la competencia desleal del biodiésel importado y aseguraría la supervivencia de la industria nacional de biocarburantes».

Según sus datos, entre enero y noviembre de 2010 se importaron en España más de 700.000 toneladas de biodiésel, lo que supone casi el 60% de todo el consumo nacional en ese mismo período, habiendo llegado las importaciones incluso al 80% en el tercer trimestre del año. Más de tres cuartas partes de las importaciones acumuladas el año pasado provenían de Argentina e Indonesia.

La industria de biodiésel acusa a Fabrizio Hernández de parar una orden que evitaría la «condena a muerte» del sector

Según la patronal, «el mercado español de biocarburantes estaba totalmente desprotegido contra la competencia desleal. Si no se actúa ya, las importaciones se harán irremisiblemente en breve con la totalidad del mercado español de biodiésel».

La norma tiene como objetivo contrarrestar esas «importaciones desleales» de biodiésel por parte de países como Argentina e Indonesia, que gravan en menor medida la exportación de este combustible que la materia prima, de modo que en España resulta más barato comprar el producto final que la soja o la palma para fabricarlo. Para APPA, esta normativa «aseguraría la supervivencia de la industria nacional de biocarburantes».

En concreto, la orden ministerial asigna cantidades de producción de biodiésel a plantas españolas y europeas por un total de 5 millones de toneladas, por encima de los 1,3 millones de toneladas de la demanda total del país. El sector reconoce que esta medida podría elevar el precio al que las petroleras compran ahora el biodiésel, pero advierte de que no necesariamente tiene por qué producirse este efecto.

El director de Appa Biocarburantes, Manuel Bustos, calificó de «grave» el «incumplimiento» de Industria y negó que la norma se haya paralizado por presión de las petroleras. Según dijo, hay «indicios indirectos de que el nuevo secretario de Estado debe de considerar que el proyecto es intervencionista o no entra dentro de su ortodoxia económica», puesto que se está «incumpliendo el compromiso adquirido por el Ministerio de ultimar su aprobación por el procedimiento de urgencia, lo que habría permitido que la orden estuviera ya en vigor».

Por su parte, el presidente de la asociación, Roderic Miralles, dijo que «no hay motivo para pensar que la asignación de cuotas provoque un aumento de precios», ya que el volumen contemplado supera en varias veces la demanda española y da cabida a plantas europeas que podrían ejercer presión competitiva y contener los precios.

Miralles precisó que lo que pide el sector «no son medidas proteccionistas», sino que se aplique en España un sistema de asignación de cuotas ya utilizado por otros países europeos.

En todo caso, el sector denuncia una situación «límite» en la que el 95% de las plantas ya ha dejado de funcionar y las importaciones «desleales» equivalieron en 2010 a cerca del 60% de la demanda. Solo de Argentina e Indonesia llegan unas 700.000 toneladas anuales cuyo valor podría rondar los 650 millones de euros.

La avalancha de biodiésel procedente de Argentina e Indonesia tiene su origen en el sistema de tasas diferenciales a la exportación (TDE) que aplican ambos países. Así, el Gobierno argentino viene gravando desde hace varios años la exportación de aceite de soja con una tasa del 32% mientras que el biodiésel producido con dicha materia prima sólo soporta una tarifa bruta del 20%. Por su parte, el gobierno indonesio grava actualmente la exportación de aceite de palma con una tasa del 25%, mientras que el biodiésel producido con dicho aceite sólo sufre una imposición del 10%.

«Siendo Argentina e Indonesia los principales productores mundiales de aceite de soja y palma, respectivamente, son ellos los que marcan los precios de referencia de estas materias primas. La aplicación de las citadas tasas diferenciales les sitúa en una posición de ventaja competitiva desleal respecto a los productores del resto del mundo, permitiéndoles incluso llegar en ocasiones a exportar biodiésel a un precio inferior al de venta en el resto de países de las materias primas que ellos utilizan», explicó.

Esta distorsión comercial se ve agravada, además, por el «injustificado trato preferencial que la UE da al biodiésel argentino e indonesio, que están exentos de pagar el arancel del 6,5% aplicable con carácter general a toda importación comunitaria de biodiésel por considerarse ambos países en vías de desarrollo dentro del llamado Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas», concluyeron desde APPA.

Para ilustrar la situación, el directivo de Infinita Renovables Rafael Lorenzo explicó que su grupo ha invertido 300 millones de euros en dos plantas y que, ante «el absurdo de que el biodiésel importado sea más barato que la materia prima», se comunicó la semana pasada la parada de producción y un ERE temporal para la plantilla encargada de esta actividad.

Por otro lado, la asociación acusa al Gobierno de «poca ambición» en la introducción de los biocarburantes, lo que se aprecia en aspectos como la reciente decisión de Industria de rebajar del 5,83% al 4,78% los objetivos de introdución de los biocarburantes en términos energéticos. A su juicio, la reciente rebaja de la obligación de 2010 y la poca ambición de los objetivos para 2011, 2012 y 2013 «confirman la falta de voluntad política de apoyar seriamente a los biocarburantes».

En la actualidad existen en España 48 plantas de biodiésel con una capacidad instalada que supera los 4,2 millones de toneladas al año. El sector, indica APPA, aporta al año al PIB cerca de 350 millones de euros.

Rosa Aguilar, presidenta del Medio Ambiente en la ONU

En Nairobi (Kenya), en su declaración de aceptación de esta responsabilidad para los próximos dos años, Rosa Aguilar se comprometió a trabajar por garantizar una «efectiva participación de la sociedad civil» en los ámbitos de decisión de este organismo.

Según recuerda el Ministerio, el Pnuma es el principal órgano dentro del sistema de Naciones Unidas para el medio ambiente y tiene como misión «dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio ambiente inspirando, informando y dando a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la calidad de vida sin poner en riesgo las de las futuras generaciones».

En este contexto, Aguilar defendió la necesidad de «acercar a la opinión pública la noción del medio ambiente como algo intrínsecamente ligado a la esfera más íntima, a la vida, a los derechos y libertades del ser humano».

«Sólo si somos capaces de ver ese vínculo tendremos éxito en nuestros esfuerzos por conseguir una economía verde, una gobernanza ambiental internacional equilibrada y eficaz y una agenda comprometida en cada uno de los campos de actuación del Pnuma», señaló la ministra.

La nueva presidenta del Consejo de Administración del Pnuma apostó por una «transición justa hacia un nuevo modelo de crecimiento que tenga como seña de identidad la sostenibilidad y que garantice el bienestar de la población mundial creciente sin que esto suponga una mayor demanda y presión sobre recursos y precios».

Teniendo en cuenta que en el año 2050 habrá 9.000 millones de habitantes en el planeta frente a los cerca de 7.000 actuales, Aguilar insistió en que hay que profundizar en el análisis de aspectos como la seguridad alimentaria, la volatilidad de los precios y una agricultura que contribuya desde la adaptación y mitigación a la lucha contra el cambio climático.

Tras los «buenos resultados» obtenidos en 2010 con los trabajos en las cumbres de Nagoya y Cancún en materia de biodiversidad y cambio climático, la ministra considera que la cita de Nairobi se presenta como «una oportunidad a aprovechar para poner en manifiesto que es posible construir un sistema de gobernanza sobre temas globales».

Hasta e 24 de febrero, el Consejo de Administración y Foro Mundial de Ministros del Pnuma celebra en Nairobi su 26º periodo de sesiones, en el que va a discutir sobre economía verde y gobernanza ambiental internacional, al tiempo que elaborará su aportación a la Conferencia de Desarrollo Sostenible, «Río+20».

«LifeWatch», infraestructura de estudio medioambiental, tendrá su sede en España

Según informó el Ministerio de Ciencia, el proyecto cuenta con un presupuesto de 220 millones de euros, que será financiado por diversos países de la Unión Europea.

«LifeWatch» se dedicará al estudio de la biodiversidad apoyándose en el uso de tecnologías de la información y la comunicación.

Los trabajos de investigación vinculados a esta infraestructura permitirá evaluar en un laboratorio virtual el impacto del cambio global y del desarrollo urbanístico sobre determinadas áreas geográficas.

Para ello, se procesará la información existente sobre la flora y la fauna de un territorio y de sus condiciones ambientales asociadas, se analizarán diferentes escenarios temporales y se pondrán en marcha medidas para preservar su biodiversidad.

Según informó el ministerio, la adjudicación de la sede principal de «LifeWatch» a España ha sido posible gracias «a la excelente calidad científica en el área de la biodiversidad que atesora el país». En este sentido, «ha sido determinante» la experiencia previa en esta materia de la Reserva Biológica de Doñana, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Hasta la fecha son ocho los países europeos que han manifestado su interés en participar en la construcción de «LifeWatch»: Suecia, Grecia, Finlandia, Hungría, Rumanía, Holanda, Italia y España.

Los cinco últimos son los que se han comprometido a trabajar desde la fase inicial en el proyecto, aunque únicamente España, Italia y Holanda albergarán las instalaciones comunes de la infraestructura.

España, además de ser la sede principal, administrativa y legal, contará con las instalaciones centrales relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, lo que «servirá de impulso» para el desarrollo de este sector en el país.

Holanda acogerá un centro de investigación e innovación de tecnologías de la información, e Italia alojará un centro de servicios.

Los ocho países implicados ultiman ahora los estatutos de la infraestructura con el fin de que se constituya como un «ERIC» (European Research Infrastructure Consortium), figura legal recogida en la normativa comunitaria especialmente diseñada para las infraestructuras científicas.

Chacón alerta de que no se puede hacer oídos sordos al cambio climático, puesto que «pone en jaque» al mundo

Durante la presentación en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) del Cuaderno de Estrategia «Seguridad, modelo energético y cambio climático«, Carme Chacón ha recordado que cada año más de 250 millones de personas se ven afectados por desastres naturales, especialmente en los países en vías de desarrollo que, precisamente, son «los menos culpables» de este problema.

«Es imposible ignorar las señales», ha defendido la ministra, que, como ejemplo, ha recordado que en los próximos cien años la temperatura global será tres grados centígrados superior a la actual, cuando en todo el siglo XX el aumento fue de un solo grado.

Por ello, ha insistido en que no se puede «mirar a otro lado» y ha asegurado que el cuaderno editado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos –que ha sido coordinado por el ex presidente del Congreso Manuel Marín– es una valiosa contribución para crear conciencia y avanzar en el debate, ya que ofrece «un diagnóstico realista de la situación».

Chacón ha destacado que cada vez existe una mayor conciencia en las sociedades sobre las consecuencias de este fenónomeno, pero ha insistido en que hay que conseguir que se traduzca en un nuevo consenso internacional que reemplace el Protocolo de Kyoto. En este sentido, ha afirmado que la Unión Europea está dando pasos importantes y el Gobierno de España lleva años defendiendo la adopción de medidas concretas para combatir el cambio climático.

La jefa de Cambio Climático de la ONU admite que llegar a un pacto vinculante en Durban será como un cuento de hadas

«La realidad es que creo que el nivel de ambición que tenemos en este momento, tanto por países industrializados como por países en desarrollo, no va a cambiar de aquí a Durban«, ha lamentado, por lo que ha augurado que «con este nivel de ambición» será con el que habrá que trabajar «durante varios años».

Durante su intervención para explicar la implantación de los Acuerdos del Clima, «El papel de América Latina para combatir el cambio climático» en la Secretaría General Iberoamericana, Christiana Figueres ha añadido que, en todo caso, podría haber posibilidades de subir los niveles de ambición de los acuerdos de Cancún, pero que «no tiene sentido» realizar un segundo periodo de Kioto cuando países como Estados Unidos, Japón, Rusia no participan.

Con respecto a China, opina que está haciendo unos «grandes esfuerzos internos en la lucha contra el cambio climático» y ha indicado que si todos los países hicieran los mismos esfuerzos que China «otro gallo cantaría», aunque ha reconocido que el país asiático no lo hace por amor al planeta sino porque sabe que el mundo se dirige hacia una economía baja en carbono y quiere ganar la «carrera verde».

Figueres ha reiterado que no cree que los países vayan a tener una mayor ambición en Durban por varios motivos como la política de Estados Unidos, la situación económica de España y Europa, es decir que no cree que sea posible por la geopolítica. «Veamos dónde estamos, saliendo de la crisis económica, pero eso no quiere decir que vayamos a tener un Copenhague 2», ha destacado.

Así, ha reflexionado que el problema del cambio climático se ha originado durante cien años y en este momento, a su juicio, el mundo está «como construyendo una catedral» internacional contra el problema. En este proyecto, ha dicho que el mundo está construyendo una «catedral grande, paso a paso y ladrillo por ladrillo». «El ladrillo de Copenhague fue importante, los ladrillos múltiples de Cancún son absolutamente primordiales y tendríamos que buscar cuáles son los ladrillos de Durban», ha valorado.

Además, ha explicado que la XVI Cumbre del Clima celebrada el pasado mes de diciembre en Cancún (México) ha supuesto un «gran paso para la comunidad de naciones pero un lastimoso paso para el planeta».

«Cancún sobrepasó las expectativas de todo el mundo», ha subrayado, al tiempo que, aunque reconoce que los gobiernos han dado un «paso importante», éste es «insuficiente» porque con el compromiso de 80 países de todo el mundo sólo se alcanza el 60 por ciento del esfuerzo que es necesario para frenar el cambio climático. Figueres ha advertido también de que incluso si los Gobiernos consiguieran el 100 por cien del esfuerzo «tampoco esto sería suficiente» para evitar la desaparición de numerosas islas o los problemas hídricos desde el Sáhara hacia el sur.

Asimismo, ha manifestado que de la cita mexicana «salen los cimientos» del esfuerzo colectivo «más trascendental» para reducir las emisiones de gases contaminantes, ya que todos los países industrializados acordaron materializar sus metas de emisiones al tiempo que 37 países en desarrollo oficializaron nuevas metas en Cancún y establecieron su línea de proyección hacia el futuro.

La secretaria ejecutiva ha precisado que los industrializados se comprometieron en la reducción y en el desarrollo de una economía baja en carbono mediante tres ejes: los mecanismos tecnológicos de cooperación; el fondo verde para el clima, que prevé llegar a canalizar hasta 100.000 millones de dólares anuales en 2020 para mitigación y desarrollo verde; y el comité de adaptación.

Además, considera que el tercer logro de la cumbre mexicana es que por primera vez los gobiernos acordaron que «no dejarán que la temperatura suba por encima de los 2 grados centígrados» e incluso acordaron rebajar este objetivo a 1,5 grados centígrados sobre los niveles preindustriales.

Sin embargo, lamenta que en la cita mexicana no se logró establecer un techo para el crecimiento de las emisiones ni reducir esas emisiones sin renunciar al desarrollo económico, a pesar de que la ciencia indica que es preciso bajar en 2050 un 50 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero pero pudiendo proveer de bienestar social al incremento de un 150 por ciento esperado de la población mundial.

Por otra parte, Figueres también ha destacado la estrecha relación que existe entre seguridad y cambio climático y ha resaltado que todas las naciones necesitan una «estabilidad básica» para poder prosperar.

«Lo que es alarmante es reconocer que si la comunidad de naciones es incapaz de estabilizar plenamente el cambio climático, los lugares donde siempre hemos vivido, donde siempre hemos cultivado alimentos y encontrado el agua, podrán verse amenazados. Los cimientos básicos, la estabilidad misma sobre la cual la humanidad ha basado su existencia se podrían ver amenazados», ha afirmado.

Figueres ha defendido que las políticas nacionales de defensa y sobre cambio climático deben converger y ha advertido de que el crecimiento mundial debería estar basado en un bajo nivel de emisiones de CO2. Por eso, ha abogado por una inversión en tecnología con bajo nivel de emisión de CO2 para evitar conflictos y, ha subrayado, «por mucho que cueste, la paz nunca es cara».