Los expertos aconsejan acabar con los pagos por capacidad en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

EFE.- Los tres expertos consultados en la comisión parlamentaria de cambio climático han coincidido en que la futura norma debe eliminar las ayudas a los combustibles fósiles, que en España se canalizan a través de los pagos por capacidad, destinados a compensar al propietario por el mantenimiento de una central para que funcione cuando el sistema lo necesite.

El primer interviniente fue Yves Saint-Geours, embajador de Francia en España, quien ha detallado las claves de la Ley francesa de cambio climático, que establece un objetivo de 0 emisiones en 2050, así como presupuestos quinquenales de cuánto carbono se puede emitir para estar en consonancia con esa meta. El cumplimiento de esta ley es evaluado por un comité independiente. La norma lleva asociada una alianza para la descarbonización del transporte, una fecha para el abandono del carbón, 2022, y un calendario de cierre nuclear, que se establecerá este año.

Lara Lázaro, experta en cambio climático del Real Instituto Elcano, ha defendido que la ley española debe aspirar a la neutralidad en carbono en 2050, es decir, a no emitir más de lo que el país pueda absorber por sus mecanismos naturales, y debe desarrollar presupuestos de carbono periódicos para cumplir esa meta. Lázaro ha abogado también porque sea una norma transversal, revisable según la mejor información científica disponible, que cuente con un comité de evaluación permanente, así como con un inventario y calendario de eliminación de los combustibles fósiles.

Finalmente, Joan Grimalt, director del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea), ha subrayado que la futura ley debe ser «el instrumento» que permita «pasar de una economía basada en los combustibles fósiles a un modelo de producción energética fundamentado en las renovables«. «A España le interesan las renovables: si las tenemos en casa, para qué vamos a comprar combustibles fósiles a precios caros y con oscilaciones importantes», ha incidido Grimalt, quien ha subrayado que con el gas natural, «aunque contamina menos, a nivel de lucha contra el cambio climático no ganamos nada».

Unidos Podemos propone no renovar las licencias de las centrales nucleares para poder cerrarlas en el año 2024

Europa Press. – El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado una iniciativa en el Congreso de los diputados instando al Gobierno a no conceder nuevas licencias de explotación a los reactores nucleares operativos en España. De esta manera, conforme vayan expirando las que están en vigor, todo se pretenderá cerrar progresivamente todas las centrales nucleares del país en un plazo de seis años.

Ejemplos de eso, lo tendríamos con la central de Almaraz (Cáceres) que cerraría en 2020, la de Vandellós (Tarragona) en 2020, la Asco (Tarragona) en 2021, la de Cofrentes (Valencia) en 2021, y la de Trillo (Guadalajara) en 2024.

Para este grupo político, «Cada vez es mayor el consenso social y político sobre que España debe transitar de forma urgente hacia un nuevo modelo energético basado en energías renovables, en el ahorro y en la eficiencia energética». Por todo esto, Unidos Podemos pretende, también, actualizar el Plan General de Residuos Radioactivos para «garantizar que la dotación del mismo garantice la viabilidad de asumir los costes del tratamiento de residuos radiactivos y acomodar los planes de gestión al cierre escalonado de las centrales nucleares y a la no disponibilidad del Almacén Temporal Centralizado (ATC)».

 

Terrenos que vuelvan a ser utilizados y «sin peligro»

Para la formación morada, «las instalaciones deben ser descontaminadas de sustancias radioactivas y cerradas de forma que el emplazamiento original «pueda reconvertirse a otros usos, sin peligro alguno para la salud y el medio ambiente». La proposición ha sido firmada por Juan López de Uralde (Equo) y Josep Vendrell (En Comú) reclama además que ENRESA siga siendo la responsable de llevar a cabo, tanto la gestión de los residuos radiactivos, como el desmantelamiento y clausura de las centrales e instalaciones del ciclo de combustible.

Por último, destacar que la iniciativa desea que se modifique la ley española para «establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento de las centrales y planificar la transición económica para los territorios y las personas afectadas por este cierre que, además, «garantice el número de empleos ligados a la actividad de las centrales».

Una válvula de venteo causó la fuga de agua de la central nuclear Vandellòs 2, parada desde que se detectó

EFE.- Una válvula de venteo causó la fuga de agua de la central nuclear Vandellòs II, que sigue parada desde el pasado 2 de marzo, día en el que se detectó la fuga, según indicó la operadora ANAV (Asociación Nuclear Ascó Vandellòs). En consecuencia, se realizará la intervención necesaria para reparar la soldadura de la válvula de venteo que originó la pérdida de agua, notificada al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El equipo técnico de ANAV ha trabajado en la planificación de las tareas a ejecutar y ha decidido ampliar el programa de trabajo a una intervención en la línea de drenaje de los generadores de vapor y una extensión de la inspección a soldaduras similares. La central había estado registrando durante las últimas semanas y, de acuerdo a los procedimientos establecidos, un pequeño aumento del volumen de agua recogido en los sumideros del interior del edificio de contención. En todo momento, este volumen se ha mantenido en valores unas treinta veces inferiores a lo establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la central.

Dentro de estas tareas de seguimiento, el equipo que seguía la incidencia identificó el 2 de marzo, mediante una inspección robotizada, la zona de origen del goteo. Ante la imposibilidad de determinar si la procedencia era o no un componente de la barrera de presión, se decidió iniciar la parada de la planta para acceder y establecer las actuaciones correspondientes. En esta segunda inspección se confirmó la existencia de un goteo de agua en la soldadura de una válvula de venteo, por lo que según lo establecido en las ETF, se determinó llevar a la planta a parada fría y preparar el programa de intervención.

La central se encuentra parada y en condición segura, según ANAV, que también sostiene que el suceso no ha tenido repercusión para las personas o el medio ambiente. En este sentido, Ecologistas en Acción denunció que la central había operado al menos durante dos semanas «de forma peligrosa» y no paró inmediatamente, tal como marcan las ETF, al detectar una fuga de agua «contaminada». Según indicaron, la fuga de agua procede de la barrera de presión del circuito primario, situado dentro del recinto de contención, y acusó al CSN de un «exceso de permisividad» hacia los titulares de las centrales.

La Comisión Europea insta a España a trasponer la nueva normativa comunitaria sobre eficiencia energética y emisiones de los combustibles

EFE.- La Comisión Europea insta a España a trasponer a su legislación nacional en los próximos dos meses la nueva normativa comunitaria en materia de eficiencia energética y de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles, según indicó la propia Comisión Europea.

En el primero de los dos dictámenes motivados, el segundo paso del procedimiento de infracción de la Comisión Europea, el Ejecutivo comunitario solicita a España la «transposición correcta de los requisitos sobre contadores individuales en edificios de pisos, establecidos en la Directiva sobre eficiencia energética». Dicha directiva exige la instalación de contadores de calefacción y de agua caliente en todos los edificios, en aquellos casos en que sea rentable y técnicamente factible, mientras que las medidas de transposición nacionales establecen esta obligación solamente para los edificios construidos después de 2007.

En octubre de 2017, Bruselas remitió a las autoridades españolas una carta de emplazamiento y ahora la Comisión Europea avanza hacia la siguiente fase del procedimiento de infracción. «Las autoridades españolas disponen de 2 meses para subsanar las deficiencias señaladas en el dictamen; de lo contrario, la Comisión puede llevarlas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea«, indicó.

En cuanto al segundo punto, relativo a la calidad del combustible, la Comisión Europea remitió un dictamen motivado a España y otros 9 Estados miembros (Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia, Letonia, Rumanía y el Reino Unido) por no incorporar la normativa de la Unión Europea sobre la calidad de la gasolina y el gasóleo a su ordenamiento jurídico. Las reglas europeas establecen normas para calcular y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y de otros tipos de energía procedentes de fuentes no biológicas.

Dicha regulación tiene por objetivo «obtener información con un nivel suficiente de exactitud, de forma que la Comisión pueda evaluar el comportamiento de los suministradores de combustible a la hora de cumplir sus obligaciones a tenor de la directiva sobre la calidad del combustible», señaló la Comisión Europea. La directiva aspira a conseguir una reducción del 6%, como mínimo, de la intensidad en gases de efecto invernadero del combustible y la energía suministrados de aquí a 2020, agregó la Comisión. En este caso, los países también disponen de dos meses para transponer la normativa comunitaria.

Arias Cañete apuesta por un nuevo modelo energético para la Unión Europea basado en la eficiencia y las fuentes renovables

EFE.- El responsable de Energía y Acción Climática de la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, ha apostado por un modelo basado en la eficiencia energética y las energías renovables que cree empleo y crecimiento económico. El comisario europeo ha abordado la transición energética que se tiene que afrontar en el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

En este sentido, ve viable avanzar en un modelo basado en la eficiencia energética y las energías renovables, como demuestra que la Unión Europea haya reducido desde 1990 sus emisiones en un 23% y haya aumentado su PIB comunitario un 53%. Cañete ha destacado que Europa sea líder en este ámbito, con los objetivos de reducción de emisiones más altos, y ha dicho que el futuro «no es negro» si se hacen «las cosas bien».

Energía acuerda abordar el futuro del carbón con los sindicatos en grupos de trabajo a partir del 12 de marzo

Europa Press / EFE.- El Ministerio de Energía ha acordado con los sindicatos CC.OO. y UGT el establecimiento de un grupo de trabajo para abordar el futuro de la minería del carbón y cuyos detalles se concretarán la semana del próximo 12 de marzo, según anunció el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, tras una reunión con los representantes mineros de sendas organizaciones sindicales en una situación de incertidumbre por la intención de algunas compañías eléctricas de cerrar sus centrales térmicas de carbón.

En lo que ha calificado como un «año importante» para la minería y el carbón, Navia ha reiterado que «es importante trabajar con agentes sociales para lograr una transición ordenada y lógica«. Por ello, subrayó que las reuniones del grupo de trabajo tendrán una frecuencia más elevada y tendrán un carácter eminentemente «técnico» para «tratar cuestiones más concretas que puedan suscitar Administración y sindicatos». El Ministerio concretó que las reuniones técnicas estarán a cargo del gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Joaquín Fernández Dapena, que se sentará con la patronal Carbunión y sindicatos en dos mesas separadas para abordar la cuestión «desde un formato técnico y no político».

El coordinador de Industria de CC.OO., Jesús Crespo, recordó que, si bien «hay que hablar del futuro», primero hay que «resolver el presente». Del mismo modo, destacó la intención de los sindicatos de incorporarse a la plataforma europea de regiones con minería del carbón que se presentó recientemente en España. Desde CC.OO. han resaltado que el grupo en el que participarán los sindicatos se reunirá cada tres semanas y en junio se convocará a los representantes de la comisión de seguimiento para informar de los avances logrados. Además, la organización sindical creará un equipo de trabajo que se reunirá de forma paralela y que dará soporte a las reuniones que se celebrarán en el Ministerio.

El secretario del sector minero de UGT, Víctor Fernández, explicó que el grupo de trabajo contará con 5 representantes de los sindicatos y que el objetivo es reunirse con el ministerio «3 veces cada 2 meses». También ha expresado, por su parte, que las próximas reuniones «deberían ser más ágiles» para llegar a junio «con el tema prácticamente resuelto». Fernández añadió que «para cuando finalice el año» habrán de realizarse «las gestiones oportunas». También ha mostrado disposición a que «nadie se quede en la calle» hasta ese momento. Ambos sindicatos han subrayado la necesidad de involucrar a las propietarias de las centrales térmicas de carbón para que realicen las inversiones medioambientales pertinentes para seguir operando.

Estos encuentros urgen, según los sindicatos, porque este año se acaba el Marco de Actuación de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras (2013-2018) y se necesita un nuevo marco de actuación para activarse en enero de 2019 que no pase por el cierre de las centrales y la pérdida del empleo de los trabajadores. El sindicato UGT destacó que dicho marco debería llevar implícito el desarrollo de un plan social que incorpore medidas como bajas incentivadas y planes de prejubilación para que ningún empleado sea despedido. “Tenemos que ver los sindicatos como lo presentamos», ha apuntado Fernández.

Extremadura saca a información pública 6 plantas fotovoltaicas de 175 millones de euros de inversión

EFE.- El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado los anuncios por los que se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa, el estudio de impacto ambiental y la calificación urbanística de 6 plantas fotovoltaicas que suman unos 250 MWp de potencia instalada y 175 millones de inversión.

3 de ellas están previstas en el término de Logrosán (Cáceres) y las otras 3 en Talarrubias y Casas de Don Pedro (Badajoz). Las cacereñas se denominan Hernán Cortés, Zurbarán y Quijote y las pacenses se denominan Navalvillar Solar, Castilblanco Solar y Valdecaballero Solar, idéntico nombre con el que figuran las empresas promotoras de las plantas. Cada una de estas 6 plantas ronda los 42 MWp de potencia instalada. También se somete a información pública la infraestructura de evacuación de electricidad asociada a estas instalaciones.

3 asociaciones civiles se querellan contra cuatro exministros de Zapatero, uno de Rajoy y Florentino Pérez por el almacén Castor

Europa Press / EFE.- El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el proyecto activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) han presentado una querella criminal ciudadana ante la Audiencia Nacional contra cuatro exministros del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y uno del popular de Mariano Rajoy por sus supuestas responsabilidades en la construcción del almacén Castor.

La querella se presenta contra los exministros de Industria, Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE), así como el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria (PP), y a las exministras socialistas de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa. También acusan al exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino; así como a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria con más de un 60% de la mercantil Escal UGS, quien tenía la concesión del almacén de gas; al presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro; yal exsecretario general de Energía del PSOE, Ignasi Nieto.

A todos ellos les atribuyen delitos de prevaricación, estafa, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos por el proyecto Castor de almacenamiento submarino de gas frente a las costas de Vinaroz (Castellón). Según los responsables de las asociaciones demandantes, esta querella se presenta porque «presuntamente ha habido enriquecimiento ilícito» de ciertas personas y porque tanto en los trámites administrativos, de contrato y de indemnizaciones a la empresa concesionaria del proyecto, consideran que hay «anomalías» con políticos implicados “que podrían constituir un delito”. «Se tiene que investigar», sentencian.

El objetivo de la querella es exigir responsabilidades a los dirigentes políticos vinculados al proyecto y evitar que los ciudadanos tengan que pagar 1.350,7 millones de euros, a través de la tarifa del gas, ha explicado Simona Levi, fundadora de Xnet. El decreto de 2014 que materializó la indemnización fue anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional a finales de 2017. Tras la decisión judicial, se han dejado de abonar los pagos a Enagás por el mantenimiento de la instalación y a los bancos a los que el gestor técnico transfirió los derechos de cobro. «La ciudadanía no tiene que pagar por los dolos y negligencias, ni por ninguna operación fallida de ninguna empresa», subraya Levi.

El juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional tiene «competencia en el caso ya que se trata de una defraudación que ha producido graves repercusiones en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional y ha habido perjuicio patrimonial», asegura Levi. Según se desprende de la querella, atribuyen un delito de malversación porque consideran que la «repercusión directa de los gastos de mantenimiento de Castor en los costes regulados del sistema gasista que las empresas comercializadoras de gas acaban repercutiendo al consumidor final debe ser considerado caudal público«.

A su juicio, Enagás, que efectúa actividades de transporte, almacenaje y regasificación incluidas en los costes regulados del sistema gasista y que las comercializadoras acaban imputando al consumidor, «deviene el instrumento para recaudar las cantidades necesarias a través del peaje para sufragar los gastos de mantenimiento de Castor y, por tanto, el instrumento para obtener caudales públicos que, lejos de servir para cubrir finalidades públicas o de interés general, son destinadas a sufragar la plataforma, ideada, planificada, construida y mantenida para enriquecer a los querellados».

Con respecto al delito de prevaricación, la querella apunta que uno de los actos administrativos dictados por los funcionarios públicos y autoridades querelladas, se realizaron «en connivencia con los querellados particulares para garantizar el éxito de la operación». «Constituyen decisiones criminales de los poderes públicos adoptadas al margen de la ley, arbitrarias, injustas y contrarias al interés general, y, por tanto, subsumibles dentro del delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal», indicaron.

Asimismo, la querella también señala que la conducta de los querellados también es «subsumible en un delito de fraude a la Administración Pública». Así, la querella observa «un componente patrimonial, en cuanto se lesionan los intereses económicos de la Administración». «La concatenación de los hechos descritos no puede responder a la causalidad o al azar; el dictado de tantas resoluciones administrativas arbitrarias con el corolario de la millonaria indemnización, siempre en contra del interés general y solo en provecho de un grupo empresarial, solo pueden ser comprendidas desde el concierto entre responsables públicos de la energía y las empresas denunciadas en los términos descritos en uno de los fraudes más grandes jamás imaginados en el sector energético«, concluye la querella.

Esta demanda, registrada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, cuenta con el respaldo de la Red para la soberanía energética (Sxe); Alianza contra la pobreza energética (APE); @15MpaRato (querella ciudadana del Caso Bankia); el Observatorio de Defensa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observatorio DESC); y la asociación de afectados de Castor (Aplaca). Levi ha anunciado que se ha puesto en marcha un buzón para que ciudadanos, de manera anónima, puedan aportar información «sensible» sobre el caso. Por el momento, dos personas contactaron ya con las asociaciones, y esperan que más ciudadanos sumen información «interesante e inédita» que ayude a la querella.

El proyecto Castor consistió en la construcción de un almacén de gas aprovechando un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad y bajo el nivel del mar. Cuando se comenzó a inyectar gas se registraron en la zona cientos de pequeños seísmos, lo que llevó al Gobierno, entonces ya del PP, a paralizar las operaciones. En la actualidad, el almacén permanece hibernado y no se desmantelará por ahora ya que los expertos consideran que sacar en estos momentos el gas conllevaría un alto riesgo.

La industria aérea se marca como objetivo alcanzar los 1.000 millones de pasajeros en vuelos sostenibles con biocombustibles en 2025

Europa Press.– La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha establecido como objetivo alcanzar los 1.000 millones de pasajeros en vuelos propulsados por una mezcla de combustible convencional y biocombustible para el año 2025, coincidiendo con el décimo aniversario del primer vuelo en el que se utilizó la mezcla de ambos combustibles.

En febrero de 2008, un Virgin Atlantic Boeing 747 voló de Londres a Amsterdam con combustible de aviación sostenible en uno de sus motores. El vuelo demostró la viabilidad de los biocombustibles, que se pueden combinar con el combustible de aviación tradicional, utilizando la infraestructura aeroportuaria existente. Un vuelo completamente impulsado por combustible sostenible tiene el potencial de reducir las emisiones de ese vuelo hasta en un 80%, según la IATA, patronal que engloba al 83% del tráfico aéreo mundial.

«El impulso para los combustibles de aviación sostenibles es ahora imparable. Desde el primer vuelo en 2008, superamos el umbral de 100.000 vuelos en 2017, y esperamos llegar a un millón de vuelos durante 2020. Pero eso es solo una gota en el océano en comparación con lo que queremos lograr. Queremos que 1.000 millones de pasajeros hayan volado en un vuelo que utilice ambos combustibles en 2025″, indicó el director general y consejero de la IATA, Alexandre de Juniac.

No obstante, De Juniac advierte de que este objetivo «no será fácil de lograr». «Necesitamos que los gobiernos establezcan un marco para incentivar la producción de este tipo de combustible y asegurar que sea tan atractivo producirlo como los biocombustibles de automóviles», señaló. Las aerolíneas buscan un crecimiento neutro de las emisiones de carbono a partir de 2020 y reducir las emisiones netas de carbono en un 50% sobre 2005.

El Gobierno apoya 62 proyectos para reducir emisiones en España

EFE.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha seleccionado 62 nuevos Proyectos Clima que promoverán la reducción de emisiones en España, ahorrando un total de 3 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Los proyectos, correspondientes a la convocatoria 2017 con una dotación que ronda los 36 millones de euros, forman parte de la sexta edición de esta iniciativa, con la que el Gobierno trata de impulsar que la compra de créditos por emitir CO2 se lleve a cabo con iniciativas que reduzcan emisiones dentro del territorio.

Según explicaron fuentes del Ministerio, los 62 proyectos contribuirán a la reducción de emisiones en sectores como la agricultura, el transporte, la edificación o los residuos. Entre los proyectos seleccionados están el uso de vehículos eléctricos para los desplazamientos de trabajadores en algunas empresas, la sustitución de calderas por otras menos contaminantes, sistemas para el tratamiento de purines de las granjas con objeto de reducir su carga contaminante, o implantación de soluciones térmicas con energías renovables. Posteriormente, el Fondo de Carbono del Ministerio adquirirá las reducciones verificadas que logren estos proyectos al precio del CO2 vigente en la Unión Europea.