El estudio, presentado en Esade en el seminario «La energía y el medio ambiente como oportunidad empresarial» organizado por la Fundación Gas Natural Fenosa con la colaboración de la Generalitat de Cataluña, contabilizó a las empresas que se dedican a la prevención, mitigación y corrección de los efectos negativos de la actividad humana en el entorno, y les otorgó un peso del 3,6% del PIB nacional.

Utilizó datos hasta 2010 y tuvo en cuenta a los sectores de la energía, el ciclo del agua, la gestión de residuos, la consultoría e ingeniería, y la sensibilización e investigación, que suman una facturación en actividades de medio ambiente de 40.355 millones de euros, el 90% en España, por lo que el documento insta a impulsar la internacionalización, así como a la colaboración entre empresas para ganar tamaño –el perfil medio es el de una SL con 68 empleados y 5 millones de euros en ventas– y la I+D adecuada a las necesidades del mercado.

Respecto a la distribución territorial de las empresas relacionadas con el medio ambiente, el 20% se sitúan en Cataluña, el 13% en Madrid, otro 13% en Andalucía y un 12% en Valencia, como regiones con mayor peso.

Para impulsar el sector, el estudio propuso crear un sistema de financiación español para proyectos I+D ambientales asociados al cambio climático, con fondos de las subastas de derechos de emisión de carbono, y que el Instituto de Comercio Exterior (Icex) del Gobierno cree una unidad especializada en tecnologías ambientales para promocionar en oficinas en el extranjero a las empresas españolas del sector ambiental.

También abogó por crear el sello «Green Tech – Made in Spain» (siguiendo el modelo del gobierno federal alemán), y por realizar proyectos domésticos asociados a tecnologías ambientales que aporten valor para la sociedad, como fondos carbono y subastas asociadas al cambio climático.

En declaraciones a la prensa, el exalcalde de Barcelona y patrón de la Fundación Forum Ambiental, Jordi Hereu, reconoció que desde los datos del estudio de 2010, los efectos de la crisis también incidieron en el negocio del medio ambiente, pero «la importancia estratégica del sector se mantiene».

La facturación de 40.355 millones de euros de 2010 ya fue un 1% inferior que la de 2009, pero el sector duplicó su tamaño entre 2005 y 2010, y pese a la crisis «no se va a volver a los datos de 2005», señaló, y también recalcó que el medio ambiente permite crear empleo cualificado.

Instó a la colaboración público-privada para definir la estrategia a seguir los próximos años, así como a la unión del sector privado, muy atomizado, para ganar fuerza en los negocios y en la interlocución con el sector público.

Preguntado por la paralización normativa sobre las primas a las energías renovables en España, argumentó: «No se puede pasar de todo a nada; es un tema que se tiene que hablar», más aún cuando está en riesgo perder las posiciones de liderazgo internacional conseguidas hasta ahora.

En la inauguración de las jornadas, Pere-A.Fàbregas, director general de la Fundación Gas Natural Fenosa, destacó la oportunidad de negocio que ofrece la eficiencia energética en todos los ámbitos –desde los hogares al transporte, y tanto a nivel nacional como internacional–, que además proporciona una mejora de la competitividad y a la vez la mejora del medio ambiente.

Repasó datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que calculó que entre 2012 y 2035 se requieren inversiones anuales en el sector eléctrico mundial equivalentes al 75% del PIB español.

En el ámbito español de la eficiencia energética, según datos recopilados por Gas Natural Fenosa de varias fuentes, las inversiones previstas en España entre 2012 y 2020 alcanzan los 45.000 millones de euros (el 90% de origen privado) y en Cataluña 8.500 millones de euros (80% privado).

El consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Lluís Recoder, también incidió en que la eficiencia energética «es un yacimiento de empleos y oportunidades de negocio» que cuenta con empresas potentes en Cataluña y que con la crisis se debe potenciar todavía más.

También abogó por implicar a los ámbitos regional y local en la toma de decisiones sobre energía y medio ambiente internacionales, tradicionalmente negociadas entre Estados, ya que la clave es «el trabajo local para conseguir resultados globales».

El estudio se basa en un total de 48 sesiones en las que comparecido un total de 65 expertos. Entre las principales recomendaciones, la Comisión planteaba que la normativa sobre Cambio climático integre la obligación de acompañar los presupuestos generales del estado con presupuestos de carbono; que incorpore la obligación de presentar cuentas anuales con estimación de huella ecológica en el registro mercantil; que determine el contenido informativo sobre huella ecológica en productos alimentarios, químicos y turísticos; y que impulse y coordine la fiscalidad y los incentivos ambientales de las administraciones públicas.

En este sentido, recomendaba revisar y establecer sistemas de fiscalidad que permitan interiorizar las externalidades medioambientales en los impuestos que existen sobre el consumo de combustibles fósiles. En particular, aconsejó la introducción de una tasa sobre las emisiones de CO2 y su afectación al Fondo creado en la Ley de Economía Sostenible.

Por otro lado, sugería una modificación de la Ley de Agua en la que se incorpore, a los efectos de planificación oportunos, las consecuencias que sobre su disponibilidad futura que pudiera producir el cambio climático. Igualmente, aconsejaba una Ley de Ahorro y Eficiencia Energética y otra de Energías Renovables, así como el fomento del coche eléctrico y la ampliación del Plan de Plantación de Árboles.

El texto recogía hasta 101 recomendaciones consensuadas por todos los grupos, salvo el PP, que incorpora en su voto particular sus respectivas recomendaciones en materia energética, de ahorro y eficiencia, en el sector industrial, los proyectos domésticos, los compromisos internacionales y los sumideros forestales.