A través de su filial Iberbolivia, Iberdrola posee el 89,5% de las acciones de Electropaz y el 92,8% de Elfeo. La primera da servicio a más de 470.000 clientes, de los cuales aproximadamente el 89% del total son particulares, mientras que la segunda que cuenta con más de 80.000 clientes.
«Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y en el área urbana», ha afirmado Morales en un acto celebrado en el Palacio Quemado de La Paz.
Morales, acompañado por el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, ha indicado que la medida «garantizará el derecho humanitario (a la electricidad) de los ciudadanos que bien en el área rural, precautelando su economía».
El mandatario boliviano ha criticado el «deficiente y desigual» el cobro de las tarifas en La Paz y Oruro y citó que en el área urbana de La Paz un usuario paga 0,63 bolivianos por kilowatio/hora (casi siete céntimos de euro) mientras que en el área rural se paga 1,59 bolivianos por kilowatio/hora (más de 17 céntimos), «es más del doble», ha recalcado.
El presidente justificó, además, su medida amparado en los artículos 20 y 378 de la Constitución, que establecen que el facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro y que la cadena productiva no podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados.
Electropaz y Elfeo pasarán a estar bajo control de la Empresa Nacional de Electricidad boliviana (ENDE), con lo que se pone fin a la presencia de Iberdrola en Bolivia. La propia ENDE abonará el precio de las acciones después de que una empresa independiente realice una tasación, para lo cual dispondrá de un plazo de 180 días.
El decreto asegura la continuidad laboral de los trabajadores de base de las empresas eléctricas, aunque no la de los directivos y personal de confianza, ha explicado Morales, al tiempo que ENDE podrá utilizar a la fuerza pública para garantizar la distribución de energía en La Paz y Oruro.
El presidente de Bolivia ya nacionalizó el pasado 1 de mayo las acciones que Red Eléctrica Internacional, filial de Red Eléctrica Española, poseía en la empresa Transportadora de Electricidad (TDE) y ordenó al Ejército que custiodara las instalaciones.
Red Eléctrica Internacional adquirió en 2002 el 99,94% de las acciones de la empresa boliviana TDE, propietaria y operadora del Sistema Interconectado Nacional boliviano (SIN), que atiende el 85% del mercado nacional.
La expropiación se ejecutó el 1 de mayo sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo de compensación económica entre el Gobierno boliviano y la empresa española.
Morales expropió ya en 2010 las acciones de cuatro empresas generadoras de electricidad, incluidas dos filiales de la francesa GDF Suez y la británica Rurelec, que inició un arbitraje a Bolivia en la Corte de La Haya por esa medida.
Además de las eléctricas, el mandatario ha nacionalizado una quincena de empresas de hidrocarburos, cementos y minas, entre otras, desde que llegó al poder en 2006.
Gobierno boliviano promete «justa remuneración» a Iberdrola por expropiación
El Gobierno de Bolivia prometió una «justa remuneración» y un «trato respetuoso» a la empresa española Iberdrola tras la expropiación de cuatro de sus filiales en este país.
«Va a haber una justa remuneración de lo que les corresponde, no vamos a actuar de manera arbitraria», afirmó el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, al tomar posesión acompañado por la policía de una de las oficinas de Electropaz, la filial de Iberdrola en La Paz.
El vicepresidente sostuvo que es un «derecho soberano» de Bolivia «nacionalizar» los servicios básicos para su «distribución equitativa», pero insistió en que «habrá un trato respetuoso hacia el inversionista extranjero, en este caso, la empresa española Iberdrola, que es la dueña de las acciones».
Reiteró que la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) contratará a una empresa independiente que verá «el patrimonio, las deudas, los activos» de las firmas expropiadas y que con esos datos se negociará la compensación.
«Confiamos en que en los siguientes meses, mediante el diálogo y mediante informes técnicos precisos y de carácter independiente, encontremos una salida negociada con la antigua empresa dueña de Electropaz y no tengamos ningún tipo de problema«, agregó.
García Linera aseguró que los servicios eléctricos están garantizados y prometió estabilidad laboral a los trabajadores de las firmas expropiadas.
Iberdrola espera que Bolivia pague el valor real de las compañías expropiadas
Iberdrola espera que Bolivia «pague el valor real» de las cuatro compañías filiales cuya expropiación ha anunciado el presidente de ese país, Evo Morales, según han declarado fuentes de la eléctrica española.
Esas mismas fuentes han informado de que todavía no han recibido comunicación oficial de la decisión de las autoridades bolivianas y de que estudiarán el decreto por el que se ha decidido expropiar a las filiales de Iberdrola.
De acuerdo con datos del mercado, Iberdrola controla esas compañías a través de la sociedad de cartera Iberbolivia de Inversiones, de la que posee el 63,398 por ciento del capital.
El 36,6 por ciento de Iberbolivia de Inversiones está en manos del fondo Paz Holding, en el que participan, entre otros inversores, la estadounidense General Electric o la sueca Ericson, y un porcentaje reducido es propiedad de Mauricio Valdez Cárdenas.
Iberbolivia de Inversiones posee el 89,5% de las acciones en la Empresa de Electricidad de La Paz (Electropaz), donde también participan el Banco Santander, con el 10 por ciento del capital; José Muñoz Alcocer, con el 0,33 por ciento, y la Cámara Nacional de Industrias, con el 0,12 por ciento.
En la Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo), además del 92,8 por ciento propiedad de Iberbolivia de Inversión, la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro controla el 4 por ciento de las acciones; José Luis Muñoz Alcocer, el 2 por ciento; la Cámara Nacional de Industrias, el 1 por ciento, y Agustín Villegas, el 0,16 por ciento.
Las compañías expropiadas suponen alrededor del 0,2 por ciento del negocio de Iberdrola y unos 6 millones de euros del beneficio total (2.804 millones en 2011).
Empresarios bolivianos consideran injusta la expropiación de Iberdrola
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la mayor patronal de este país, calificó de «injusta» la decisión del Gobierno de Evo Morales de expropiar cuatro filiales de Iberdrola.
El presidente de la CEPB, Daniel Sánchez, lamentó que la nueva expropiación ocurra «cuando la era de las nacionalizaciones supuestamente ya estaba concluida», y en momentos en que la patronal y el Ejecutivo elaboran la nueva ley boliviana de inversiones.
Uno de los principales objetivos de dicha ley, según el Gobierno boliviano, es garantizar la seguridad jurídica de los inversores extranjeros en este país sudamericano.
«Cuando estamos tratando de atraer al capital nacional y extranjero, cuando este año económicamente estaba por cerrar bien, tenemos que soportar nuevamente una arremetida sin razón alguna a una empresa que estaba cumpliendo con su trabajo», dijo Sánchez a los medios de comunicación en La Paz.
«Una empresa de capitales cien por ciento privados ha sido intervenida a través de una normativa que creemos que es injusta, de un decreto que no contiene la realidad de lo que debería ser una compra obligada, pues la empresa no ha demostrado en ningún momento un fallo en el servicio«, agregó.
El Gobierno lamenta la expropiación y reclama una indemnización justa
El Gobierno ha lamentado la expropiación de cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia y ha reclamado una «justa indemnización» para los propietarios de esas compañías, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El Gobierno también ha recordado la necesidad de mantener «la seguridad jurídica», que es una exigencia «insoslayable de cualquier inversión extranjera en Bolivia».
También ha reclamado la conveniencia de que las relaciones entre España y el país andino estén guiadas «por la colaboración y franqueza» en el manejo de éste o cualquier otro asunto de «interés común».
En el comunicado, además de lamentar la expropiación anunciada por el presidente boliviano, Evo Morales, el Ejecutivo español ha precisado que las cuatro empresas nacionalizadas «tienen entre sus accionistas a empresas españolas, argentinas y norteamericanas».
También ha recordado que la expropiación «recae sobre unas compañías que prestaban el servicio público de distribución de electricidad y que nunca antes habían pertenecido al Estado boliviano».
Respecto a la indemnización, el Gobierno ha indicado que «espera que el proceso de evaluación del valor de la empresa nacionalizada se realice con criterios exigentes de objetividad que permitan establecer la justa indemnización a la que los accionistas tienen derecho sin dilaciones innecesarias».
El Gobierno de Bolivia espera tener una reunión «cordial» con Iberdrola en esta semana
El Gobierno boliviano espera tener una reunión «cordial» en esta próxima semana con los ejecutivos de la española Iberdrola, informó el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa.
«Me imagino que ellos (los representantes de Iberdrola) estarán la próxima semana acá, vamos a charlar con ellos siempre en un ambiente cordial para ver de qué manera podemos llegar a una transacción que sea favorable a ambas partes«, sostuvo Sosa en una entrevista con el canal estatal.
Sosa ratificó que el decreto de expropiación que presentó por sorpresa el presidente Evo Morales establece un plazo de 180 días para que la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) contrate a una empresa independiente que tase las cuatro filiales nacionalizadas.
El ministro agregó que con esa información el Ejecutivo se sentará a negociar con Iberdrola «para ver cuál es el monto justo que se le tiene que compensar por esta nacionalización que hemos llevado a cabo como Gobierno nacional».
«Iberbolivia es una empresa que está prestando un servicio de distribución y tiene fin de lucro, lo que le interesa es ganar. Y en el caso del Estado nacional, no tenemos esos fines de lucro, lo que queremos es garantizar la continuidad del servicio tanto en calidad como en una tarifa que sea equitativa«, afirmó.
