Bruselas abre una consulta para sellar las metas «verdes» en materia energética vinculantes para 2030

La publicación de este «Libro Verde» -documento para la consulta, que está abierta hasta el 2 de julio- es un primer paso con el que el Ejecutivo europeo espera poder presentar a finales de año propuestas legislativas para un nuevo marco estratégico sobre clima y energía en 2030.

El objetivo es que la iniciativa esté lista para ser negociada en el segundo semestre de 2014, una vez que pasen las elecciones europeas y haya una nueva Eurocámara para tener los objetivos aprobados ese mismo año o en 2015 «a más tardar», dijo el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, en una rueda de prensa.

En la consulta pueden participar todas las partes interesadas, incluidos las administraciones públicas nacionales, regionales o locales y las instituciones comunitarias.

La idea de la Comisión Europea es recabar posturas sobre el contenido que debe tener su propuesta para establecer metas vinculantes a los países para 2030, un punto medio en el objetivo general que se marcó la Unión Europea de reducir las emisiones de CO2 entre un 80% y un 95% en 2050.

La Comisión Europea no quiso adelantar si baraja una cifra para el nuevo objetivo, pero la Comisaria de Acción por el Clima, Connie Heedegard, indicó que los análisis que maneja la institución apuntan a que una reducción del 40% de las emisiones de CO2 para 2030 sería el más eficiente en relación a los costes. Esto supondría doblar el objetivo establecido para 2020, el 20%, que los Veintisiete esperan cumplir sin problemas, según Oettinger.

El comisario señaló que es necesario establecer también nuevas metas vinculantes para 2030 en los otros dos aspectos que se consideraron en 2020: las energías renovables y la eficiencia energética.

«Estamos convencidos de que los objetivos vinculantes son los únicos que son efectivos», explicó Oettinger, quien señaló que hay un margen de flexibilidad para tener en cuenta la situación de cada país a la hora de establecer los objetivos.

Hedegaard defendió la necesidad de establecer una estrategia que oriente a los Veintisiete en sus esfuerzos, especialmente en el contexto de crisis económica, a la vez que dé seguridad a los inversores en el sector energético.

El Ejecutivo europeo también publicó una comunicación sobre el futuro de la captura y el almacenamiento de carbono en Europa, «para abrir un debate sobre las alternativas disponibles para su desarrollo», según la Comisión Europea.

En este documento, evidencia los problemas a los que se enfrenta el desarrollo de esta tecnología, como los bajos precios de los derechos de emisión de CO2 europeos, que no presentan incentivos a las industrias a invertir en sistemas innovadores.

Además, la Comisión Europea aprobó un informe sobre el progreso de los Estados miembros en la consecución de los objetivos de energía renovable fijados para 2020, y otros dos documentos sobre la sostenibilidad de los biocombustibles y los biolíquidos consumidos en la Unión Europea.

«Se precisan más esfuerzos para que el sector (de las renovables) siga avanzado y se alcancen los objetivos fijados para 2020», señaló la Comisión Europea, «en particular, es preciso reforzar la seguridad para los inversores, reducir las cargas administrativas y hacer una planificación más clara«.

Oettinger apuntó a aquellos países, como España, que retiraron los subsidios a las energías renovables con efectos retroactivos, lo que crea incertidumbre entre los inversores, aunque no mencionó a ningún Estado miembro en concreto.

Los planes europeos de energía y clima son «un riesgo inadecuado»

Por su parte, Amigos de la Tierra aseguró que los planes europeos de energía y clima para 2013 suponen «un riesgo inadecuado» y criticó principalmente la falta de objetivos vinculantes para energías renovables y eficiencia energética.

Según Amigos de la Tierra, el documento estratégico de la Comisión Europea únicamente muestra un claro apoyo al objetivo vinculante de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

Así, la organización ecologista echó en falta un compromiso similar que permitiría asegurar el nivel óptimo de energías renovables y de eficiencia energética.

Según indicó, esta decisión se llevó a cabo a pesar de que en el último análisis de la propia Comisión Europea se aseveró que «el desarrollo de las renovables y la reducción de la energía utilizada son claves vitales para mitigar las emisiones europeas».

El documento presentado también sugirió que las acciones planeadas para reducir emisiones sean cotejadas con sus posibles impactos en la competitividad europea.

Amigos de la Tierra consideró que estas preocupaciones están sobredimensionadas, ya que el pasado febrero un informe del equipo de investigación de Ecofys estimó beneficios netos para la Unión Europea de 250.000 millones de euros si se alcanzaba una reducción del 35% del total del uso de la energía para 2030 (equivalente al PIB de Dinamarca).

En opinión de Héctor de Prado, del área de Cambio Climático y Energía de Amigos de la Tierra España, «mientras la Unión Europea mantenga políticas climáticas y energéticas a medio gas, seguiremos dependiendo de combustibles fósiles y, por lo tanto, seguiremos gastando más de 400.000 millones anuales para cubrir nuestras necesidades energéticas».

«Este es un escenario peligroso que nos alejaría de la transición hacia las energías limpias que la tierra necesita», concluyó de Prado.

Rusia y China avanzan en las negociaciones sobre gas natural con la firma de un memorándum

Ante la incapacidad de acordar un precio de fijo durante casi una década, el consorcio gasístico ruso y su homólogo chino CNPC optaron por suscribir un documento marco con ocasión de la visita a Rusia del líder chino, Xi Jinping.

«El plazo del contrato a largo plazo es de 30 años y el suministro comenzará en 2018. El volumen anual de suministro de gas ruso es de 38.000 millones de metros cúbicos», aseguró Alexéi Miller, presidente del consorcio gasístico ruso Gazprom.

Miller destacó que, según el memorándum, el volumen anual podría incrementarse hasta los 60.000 millones de metros cúbicos de gas y que Rusia aceptará pago por adelantado.

«Las partes planean suscribir en junio las condiciones jurídicamente vinculantes y el contrato a largo plazo antes de finales de año», apuntó, citado por las agencias locales.

Según este documento, Rusia suministrará gas siberiano a China a través del gasoducto oriental «La Fuerza de Siberia», es decir, la misma ruta geográfica por la que Moscú ya exporta petróleo al cinturón industrial del noreste del país.

Pekín rechazó el plan anterior de importar gas a través de la región nororiental de Xinjiang, ya que, en ese caso, Gazprom le exigía precios europeos.

Rusia acumula mucho retraso en este terreno en relación con las repúblicas centroasiáticas de Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán, que llevan varios año suministrando a la sedienta economía del gigante asiático, que busca alternativas al inestable Oriente Medio.

APPA Bicarburantes sostiene que la propuesta de la UE de limitar los biocombustibles convencionales no tiene ninguna base científica

La propia Comisión reconoce que estos cambios en el uso de la tierra suponen un «fenómeno imposible de observar o medir directamente» y que su estimación es «inherentemente incierta», afirmó García durante las jornadas ‘Biocarburantes y modelo de transporte’, organizadas por Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y Transport and Environment.

Junto a esto, ha subrayado que el sector se ha dimensionado en la UE para cumplir el objetivo del 10% para 2020 fijado hace cuatro años en la directiva de energías renovables por lo que limitar los biocarburantes convencionales, como propone ahora la Comisión Europea, supone cambiar las reglas del juego a mitad del «partido», lo que resulta «inaceptable».

En relación con las nuevas generaciones de biocarburantes, García ha manifestado que «el sector comparte la necesidad de incentivarlos», para lo que ha propuesto establecer un objetivo obligatorio de consumo del 2% para 2020, en lugar del sistema de contabilidad múltiple que propone la Comisión Europea.

El presidente de APPA Biocarburantes ha señalado además que la alternativa al consumo de biocarburantes sería principalmente el petróleo de fuentes no convencionales, entre ellas arenas y pizarras bituminosas, lo que presenta mayores impactos medioambientales y emisiones de gases de efecto invernadero.

Respecto a la acusación de que el uso de biocarburantes provoca una menor disponibilidad de alimentos en el mundo y un encarecimiento de sus precios, García ha señalado que la incidencia de los biocarburantes ha sido mínima.

Según dijo, estos cultivos utilizan menos del 3% de las tierras agrícolas mundial y su producción es complementaria a la obtención de materias primas para la alimentación animal. El crecimiento de los países emergentes el principal factor de tensionamiento del mercado agroalimentario, dijo.

Óscar García también ha apuntado que la deforestación de los bosques tropicales disminuyó un 25% entre 2000 y 2010 con respecto a la década anterior, mientras que la producción de biocarburantes se incrementó de manera exponencial, por lo que su responsabilidad en esta problemática es escasa.

El Gobierno restringe sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos para facilitar su reciclado posterior

Con este Real Decreto se establecen las normas necesarias para restringir la utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (AEE).

Los aparatos eléctricos y electrónicos son productos muy complejos que generalmente incluyen numerosas piezas y componentes fabricados con materiales muy diversos y de diferente naturaleza. Básicamente se trata de metales (férreos y no férreos), plásticos, vidrios y otros materiales (como madera, caucho, cartón, etcétera).

Además, para su funcionamiento los AEE necesitan sustancias que, una vez que se convierten en residuos, si no se gestionan y tratan adecuadamente son «peligrosas para el medio ambiente y la salud humana».

Por otra parte, los materiales que componen estos aparatos eléctricos y electrónicos son «recursos valiosos» que deben aprovecharse cuando se transformen en residuos mediante el reciclado o su valorización.

Una recuperación efectiva de estos metales o materiales es esencial para que puedan ser utilizados en la fabricación de nuevos AEE, evitando así el consumo de nuevos recursos.

Con esta norma, además, el Gobierno transpone la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en AEE.

Entre las principales novedades que introduce el Real Decreto, destacan la ampliación del ámbito de los aparatos sometidos a las restricciones de utilización de sustancias peligrosas, así como la adaptación del régimen jurídico de los aparatos eléctricos y electrónicos al progreso científico y técnico.

Este Real Decreto, propuesto por los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de Industria, Energía y Turismo, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, contó con el informe favorable del Consejo de Estado, y en su elaboración han sido consultadas las Comunidades Autónomas y los sectores afectados.

Los ecologistas piden a la Unión Europea que reformule sus políticas sobre biocarburantes

Así lo explicó Nusa Urbancic, de la organización europea Transport and Evironment, en el inicio de unas jornadas organizadas por Ecologistas en Acción y con la colaboración de Amigos de la Tierra.

La estrategia de la Unión Europea 20-20-20, aprobada en 2008, establece que en 2020 el 10% de la energía consumida en el sector del transporte provenga de energías renovables, lo que a día de hoy se traduce en el uso de biocarburantes. Un objetivo establecido para reducir la dependencia energética de la Unión Europea de combustibles fósiles, así como las emisiones de CO2.

Sin embargo, un reciente estudio encargado por la misma Comisión Europea alerta de que el uso masivo de agrocarburantes puede generar incluso más emisiones de CO2 que el petróleo, como consecuencia de lo que se denominan las emisiones por el cambio de uso indirecto del suelo (ILUC).

Se trata de las emisiones debidas a la roturación de nuevos suelos para producir los alimentos que ahora se destinan a obtener carburantes. De aplicarse los factores que integran estas emisiones, los principales biocarburantes consumidos en la Unión Europea, el biodiesel de soja y palma de aceite (78%), no podrían recibir subvenciones ni ser contabilizados como reductores de emisiones.

Según Nusa Urbancic, la Unión Europea debe, por tanto, establecer unos factores claros y ajustados a los últimos estudios científicos, que permitan reorientar adecuadamente el uso de biocarburantes hacia aquellos que realmente no producen unas mayores emisiones de CO2, no son la causa de otros impactos ambientales y no compiten por el uso de cultivos destinados para alimentación.

De lo contrario, subrayó, la política de la Unión Europea no estará sino agravando el calentamiento global y las crisis alimentarias que padecen millones de personas, un punto de vista compartido por Abel Esteban, portavoz de Ecologistas en Acción, y Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra.

En plena fase de debate en el Parlamento y Consejo Europeo sobre cómo incluir los factores ILUC y cómo reorientar la política de la Unión Europea en materia de biocombustibles, Transport and Environment, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra pidieron que se revisen los objetivos de consumo de agrocombustibles en el sector del transporte.

También reclamaron que se incluya una manera correcta de contabilizar las emisiones de carbono debido a cambios de uso de suelo (ILUC) en las Directivas RED y FQD, así como que se refuercen los criterios de sostenibilidad también para los llamados biocombustibles de segunda generación.

Asimismo, pidieron al ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que no se oponga a incrementar el límite propuesto por la Comisión Europea para evitar que los biocarburantes consumidos en la Unión Europea procedan de cultivos alimentarios y no sean la causa de futuras crisis alimentarias en el mundo.

Por último, dichas organizaciones recordaron que el problema energético del modelo de transporte sólo puede solucionarse mediante una transformación del sistema completo, que minimice el número de desplazamientos, incremente su eficiencia energética y reduzca su dependencia hacia fuentes energéticas de tipo fósil o no sostenibles.

España pide suavizar la propuesta de Bruselas para limitar el uso de los biocombustibles procedentes de cultivos alimentarios al 5%

Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea discutieron este jueves sobre la calidad de los carburantes diesel y sobre la promoción del uso de energías producidas desde fuentes renovables, un asunto que es de interés para España, según hizo notar Arias Cañete a su llegada a la reunión en Bruselas.

Sobre el límite del 5% para los biocombustibles tradicionales que establece la Comisión Europea, «nos parece que habría que reflexionar sobre la posibilidad de elevarlo», afirmó el ministro.

La Unión Europea se marcó como objetivo vinculante para 2020 que el 10% de los combustibles utilizados en el transporte sean biocombustibles, y en octubre pasado la Comisión Europea planteó subdividir este objetivo, de forma que sólo computará hasta un 5% la cantidad de biocombustibles provenientes de cultivos alimentarios. La mitad restante deberá ser cubierta con biocarburantes de segunda generación, es decir, los fabricados a partir de residuos y mediante otras fuentes alternativas como la paja.

«España quiere poner un punto de equilibrio al debate europeo», afirmó el ministro, para que no se frene el apoyo a los biocombustibles procedentes de cultivos alimentarios aunque se apueste por los de última generación.

«Apostamos por los biocombustibles de ultima generación por su desarrollo tecnológico y comercial, pero desde la prudencia de que hemos apostados por los tradicionales, se han hecho esfuerzos de inversión, de investigación, se han desarrollado proyectos empresariales que también tienen que tener una continuidad y una seguridad jurídica», indicó Arias Cañete.

Además, el titular español pedirá que se calcule «bien» la huella de carbono -las emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono (CO2)- que conlleva la producción de los combustibles de última generación, para que «no haya sistemas de contabilidad que contribuyan a un estímulo artificial» sin ponderar cuál es la influencia de estos procesos industriales en los nuevos biocombustibles sobre el cambio climático.

«Pedimos rigor, seriedad, prudencia y legislar de una manera ordenada para los ciudadanos europeos», recalcó el ministro.

Por otra parte, Arias Cañete dijo que durante la discusión que mantendrá con sus socios europeos sobre la revisión de la legislación comunitaria de evaluación ambiental, España defenderá que ésta normativa dé seguridad jurídica «pero que también sea fácil de aplicar, comprensible para los ciudadanos y que se pueda tener la mayor rapidez en los procesos de evaluación medioambiental».

«España está revisando su normativa de evaluación medioambiental en línea con esta directiva, y lo que estamos pidiendo es que cuando se articule definitivamente, se tengan en cuenta esos principios de simplicidad para los ciudadanos europeos, dentro de la garantía del medio ambiente», explicó.

España podría incumplir los objetivos de eficiencia energética de la Unión Europea, según el EEW

El estudio, coordinado por el Foro Europeo para las Fuentes de Energía Renovables (Eurofores), destacó positivamente la existencia de agencias energéticas a distintos niveles de la Administración, los controles que aplica, la presentación de informes y la verificación de sus propios planes.

Esto garantiza a España una valoración intermedia dentro los Veintisiete, a medio camino entre la «alta calidad» de los planes sobre eficiencia energética de países como Alemania y la «baja calidad» de otros como Eslovaquia, según el documento.

El 44% de los expertos consultados consideró que España no logrará los objetivos de ahorro energético, mientras que el 26% cree que los conseguirá pero sin ahorro adicional y el 19% que es posible alcanzarlos, aunque ninguno de ellos piensa que el país vaya a lograr la meta con total seguridad.

La directiva comunitaria en materia de eficiencia energética estableció un objetivo de ahorro orientativo del 9% para 2016, así como obligaciones en relación al ahorro energético y la promoción de la eficiencia y los servicios energéticos.

El informe publicado valoró el nivel de implementación de las distintas políticas nacionales desde que los primeros planes de acción fueron aprobados en 2007, un año después de la adopción de la directiva.

El estudio señaló la laguna que existe en cuanto al desarrollo de políticas en el sector residencial, al no haber establecido sanciones en caso de incumplimientos, y aconsejó mejorar el asesoramiento energético para propietarios de inmuebles.

Otra de las deficiencias apuntadas en el documento es el sector de los transportes, al que criticó la inconcreción de los múltiples instrumentos y medidas que se mencionan en los planes nacionales, así como la falta de incentivos económicos.

Del mismo modo, apostó por incrementar las primas para la substitución de electrodomésticos antiguos por nuevos y más eficientes.

Asimismo, mencionó la estrategia de España para el sector público, en concreto los edificios de propiedad pública, para los que se señalaron que hay pocas medidas de ahorro a parte de la iluminación y suministro y desalinización de agua.

En cuanto al sector industrial y servicios, celebró los incentivos económicos existentes y animó a España a definir metas concretas de ahorro energético.

Más de 120 ciudades y 50 colegios se suman a «La Hora del Planeta» que tendrá lugar el 23 de marzo

En este año, por primera vez La Giralda de Sevilla se quedará a oscuras durante la Hora del Planeta para difundir la importancia de seguir luchando contra el cambio climático. También se unieron a la iniciativa el museo Guggenheim de Bilbao, las murallas de Lugo y Ávila, el acueducto de Segovia, la Torre del Oro, la Sagrada Familia y el Palacio de Montjuic de Barcelona, la Alhambra, el Generalife y Palacio de Carlos V de Granada.

Además, apagarán su luz la Mezquita de Córdoba, el Alcázar de Toledo, Palacio de la Magdalena en Santander, las Casas Colgadas de Cuenca, las catedrales de Cuenca, Teruel, León, Salamanca, Murcia, Oviedo, Ibiza, Jaén, Santander, Barcelona, Zamora, Jaca y Gerona, la Alcazaba de Málaga o la Torre de Hércules de La Coruña.

Asimismo, 45 capitales de provincia y otros 80 pueblos y ciudades confirmaron su participación. Entre ellas destacan Barcelona, que apagará sus edificios más emblemáticos; La Rinconada (Sevilla); Oleiros (La Coruña); Móstoles (Madrid); Grisel (Zaragoza); La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife); Cehegín (Murcia) o Ibiza (Islas Baleares), entre otros. El ayuntamiento de Jijona (Alicante) dejará a media luz sus principales calles y apagará gran parte de sus edificios emblemáticos, mientras que Esplugues de Llobregat oscurecerá las principales avenidas, plazas y fuentes de la localidad.

Por otro lado, una cincuentena de centros educativos utilizarán el material divulgativo proporcionado por WWF para realizar actividades sobre medio ambiente con alumnos.

En este contexto, todos ellos están invitados a compartir sus iniciativas en un tablón virtual (http://bit.ly/VWlmtT), pensado como punto de encuentro entre los colegios adheridos. Las universidades de Valencia, Castilla-La Mancha, Salamanca, Sevilla, Málaga y la Autónoma de Madrid vuelven a mostrar su apoyo este año, fundamental para conseguir que se siga hablando y debatiendo sobre cambio climático.

WWF sigue animando a los ayuntamientos, centros educativos, empresas, ciudadanos y otras instituciones a que se sumen a esta iniciativa global en defensa del medio ambiente.

Óscar García Moyano es elegido por APPA como nuevo presidente de su sección de biocarburantes

El nuevo presidente de la asociación que agrupa a los fabricantes de biodiésel y bioetanol en España es actualmente consejero delegado de Bio-Oils Huelva, empresa que opera una planta de producción de biodiésel en Palos de la Frontera.

Natural de Barcelona, García Moyano es licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE. Tras iniciar su carrera profesional en el campo de la consultoría estratégica, trabajó posteriormente en el sector eléctrico y en el de telecomunicaciones.

APPA Biocarburantes agrupa en la actualidad a veinte empresas representantes de la mayor parte de la producción de bioetanol y biodiésel en España.

Repsol niega negociaciones con Argentina acerca de YPF

En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras la reunión de la comisión delegada del consejo de administración de la petrolera, la compañía alude a estos contactos como de tipo «oficiosos, exploratorios», de cualquier otro nivel «diplomático» o en el curso del procedimiento ante el tribunal internacional de arbitraje Ciadi.

El consejo de administración considera además «favorable» la posibilidad de que los últimos comentarios hayan podido «significar el reconocimiento del Gobierno argentino de su deber de dar una justa satisfacción económica por la expropiación, en la forma dispuesta en su Constitución».

La compañía reitera además «su mejor disposición para facilitar una solución acordada, de indemnización o de restitución, siempre dentro de la exigencia legítima de que ello cubra la completa recuperación del valor de lo expropiado».

Entre tanto, añade la nota remitida al supervisor del mercado, «Repsol sigue confiando serenamente en la justicia de las vías legales emprendidas».

La compañía ha invitado al presidente de Sacyr, Manuel Manrique, a participar en la reunión de esta comisión delegada, según fuentes de Repsol.

Manrique tomó parte en la reunión en sustitución de Juan Abelló, quien esta semana abandonó el consejo de administración de Repsol tras vender su participación en Sacyr.

En esta comisión delegada también participan el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, junto al secretario del consejo Luis Suárez de Lezo, y los vocales Javier Echenique, Artur Carulla, Henri Philippe Reichstul, Isidre Fainé y el representante de Pemex Luis Felipe Luna.