En concreto, el 81,6% de los encuestados citaron el ahorro energético como principal razón para poner medidas que reduzcan el consumo energético, frente al 57% registrado en 2008, muy lejos del interés por la disminución de la contaminación, que cae del 32,3% al 13,8%. Entre los comportamientos más frecuentes se encuentran apagar la luz y los aparatos eléctricos cuando no se usan, utilizar bolsas propias para comprar, recurrir al transporte público o limitar el tiempo de la ducha.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, encargado de clausurar la presentación de este estudio, incidió en la importancia de que los ciudadanos sean conscientes de que «sus actuaciones cotidianas son determinantes en la generación de emisiones de CO2» e instó a «generalizar» este tipo de actuaciones para favorecer la aceptación de las políticas ambientales implementadas desde las administraciones públicas.

En este sentido, Ramos de Armas recordó que el 30% de gases de efecto invernadero proceden del consumo en los hogares y, añadió que, aunque esta cuestión «ha perdido peso por la los problemas actuales» que afectan a la sociedad, «hay un alto grado de sensibilización». Así, aludió a uno de los datos del informe, que recoge que el 90% de los españoles reconocen el fenómeno del cambio climático.

Por su parte, el director del informe y profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Pablo Ángel Meira, explicó que «hay ciertos hábitos ciudadanos que se están aceptando a raíz de la crisis y que no se van a olvidar», asumiéndose como «algo rutinario», y concluyó que hay una «alta coincidencia entre las políticas estructurales del Gobierno en este campo con la predisposición de la sociedad».

En cualquier caso, el 47% de los ciudadanos consideró que el Ejecutivo debería preocuparse por problemas más importantes que el cambio climático. «La crisis ha trasladado la preocupación por el cambio climático a un segundo o tercer plano», apostilló Meira, sobre una cuestión sobre la que el secretario de Estado también se pronunció: «Hay otros problemas que han hecho de barrera, pero no es incompatible una respuesta a la crisis a corto plazo y un avance a medio plazo hacia una economía verde», añadió.

Ramos de Armas también apuntó hacia el futuro y aseguró que «el camino está ya marcado» hacia una economía «con menos impacto sobre el territorio y menos emisiones». Asimismo, apostó por una generación de nuevos emprendedores responsables ambientalmente y recordó que, aunque las Administraciones deben comprometerse en esta tarea, «no podrán hacerlo solas». Por ello, reclamó la «alianza» con una sociedad comprometida.

Por otra parte, el estudio de la Fundación Mapfre concluyó que «el nivel de desinformación ha aumentado» desde 2008 y aludió a un «distanciamiento psicológico» de los ciudadanos con este problema. Así, recogió que el 76,8% de los españoles reconoció estar «poco» o «nada» informado sobre las medidas de lucha contra el cambio climático y aludió a una «creencia de que se trata de una cuestión lejana en el tiempo y que afectará a otros países».

Según explicó el director de este estudio, «hay datos que pueden contradictorios», pero concluyó que la sociedad española se encuentra en «stanby», «con el piloto rojo encendido, pero esperando a una señal que sitúe la lucha contra el cambio climático en el lugar de relevancia que le corresponde».

Respecto a la relación entre el cambio climático y la salud, el 65% de los encuestados ve «posible» que el cambio climático afecte a su salud, pero «no conocen los problemas que puede acarrear», según matizó Meira. Así, el 80% estimó «erróneamente» que los problemas estarán relacionados con el cáncer de piel, mientras que obvian aspectos como la expansión de enfermedades tropicales.

Por último, el 70% de los españoles consideró que la propia sociedad es la principal generadora de este problema y de sus futuras consecuencias. En este sentido, el informe apostó por trabajar en la «concienciación» y «sensibilización», de forma que el cambio climático se sitúe entre las principales preocupaciones entre los ciudadanos españoles.

En respuesta a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, el Ejecutivo argumentó que el decreto del pasado mes de abril por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios supone la trasposición a la normativa española de la directiva europea de Certificación Energética de Edificios, en lo que afecta a los edificios ya existentes, dado que las normas para las nuevas construcciones ya se había incorporado en 2007.

Así, dicho decreto obliga a todos los propietarios de viviendas que deseen vender o alquilar un inmueble contar con un certificado de eficiencia energética en el que se incluya información sobre las características energéticas de los edificios, «de forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética para favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia y las inversiones en ahorro de energía».

«Por tanto a partir de la aprobación del proyecto del Real Decreto de referencia, los arrendadores o vendedores deberán encargar a cualquiera de los técnicos competentes establecidos para la realización de certificados de eficiencia energética de edificios la elaboración de un certificado, cuyo coste será el que establezca el mercado«, precisó el Gobierno en su respuesta.

Este certificado tendrá un periodo de duración de diez años, tiempo durante el cual también dará derecho a utilizar la etiqueta de eficiencia energética, que se incluirá en todas las ofertas, promociones y publicidades de venta o arrendamiento de dicho inmueble o vivienda.

«De acuerdo con lo anteriormente indicado, se concluye que no va a existir ningún procedimiento de cobro de la etiqueta de eficiencia energética a los propietarios de las viviendas por parte del Gobierno«, concluyó la respuesta parlamentaria.

En respuesta a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, el Ejecutivo argumentó que el decreto del pasado mes de abril por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios supone la trasposición a la normativa española de la directiva europea de Certificación Energética de Edificios, en lo que afecta a los edificios ya existentes, dado que las normas para las nuevas construcciones ya se había incorporado en 2007.

Así, dicho decreto obliga a todos los propietarios de viviendas que deseen vender o alquilar un inmueble contar con un certificado de eficiencia energética en el que se incluya información sobre las características energéticas de los edificios, «de forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética para favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia y las inversiones en ahorro de energía».

«Por tanto a partir de la aprobación del proyecto del Real Decreto de referencia, los arrendadores o vendedores deberán encargar a cualquiera de los técnicos competentes establecidos para la realización de certificados de eficiencia energética de edificios la elaboración de un certificado, cuyo coste será el que establezca el mercado«, precisó el Gobierno en su respuesta.

Este certificado tendrá un periodo de duración de diez años, tiempo durante el cual también dará derecho a utilizar la etiqueta de eficiencia energética, que se incluirá en todas las ofertas, promociones y publicidades de venta o arrendamiento de dicho inmueble o vivienda.

«De acuerdo con lo anteriormente indicado, se concluye que no va a existir ningún procedimiento de cobro de la etiqueta de eficiencia energética a los propietarios de las viviendas por parte del Gobierno«, concluyó la respuesta parlamentaria.