Greenpeace afirma que España podría cerrar las nucleares y las térmicas de carbón en 2025

EFE / Europa Press. – Un informe presentado por Greenpeace afirma que España podría prescindir sin problemas de la energía nuclear y la de carbón para satisfacer su demanda eléctrica en apenas siete años, si las sustituyera por renovables.

Según el informe ‘Único sentido: 2025 sin carbón ni energía nuclear’, la diferencia de costes y emisiones entre las diferentes opciones es «lo suficientemente pequeña como para que no sirva de base para una decisión política» y permite la viabilidad económica de este reemplazo energético. «Con este estudio, Greenpeace demuestra que se termina el falso dilema entre carbón o nuclear: ambos pueden desaparecer simultáneamente y la futura ley de cambio climático tiene que establecer el fin de ambos en 2025″, ha asegurado la responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Raquel Montón.

El análisis ha sido elaborado por el Instituto de Investigación Técnica de la Universidad de Comillas de Madrid y contempla diferentes escenarios futuros en función del crecimiento de la demanda de energías, la aportación de la nuclear y el carbón al mix energético y la variación del porcentaje de generación renovable, incluso en situaciones de estrés hídrico y eólico.

Para la entidad ecologista, existen varias opciones, que se diferencian en términos económicos y de emisiones, al tiempo que apelan a la voluntad política para llevar a cabo el cambio. En este sentido, Montón afirma que «este estudio demuestra que el cierre simultáneo del carbón y las nucleares no es un problema técnico, ni tampoco económico, es solo una decisión política».

Durante la presentación, la responsable de Energía de Greenpeace, Montón, ha señalado que la seguridad del suministro estaría garantizada «hasta en las peores condiciones posibles», además de que «la alta penetración de renovables y el ahorro energético disminuyen los costes».

Por ello, ha incidido en la necesidad de aplicar medidas de eficiencia energética y de flexibilidad en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, sobre cuyo borrador trabaja actualmente el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Para Monton, el sobrecoste que supondría pasar de un escenario continuista a otro sin carbón ni nuclear, con un mínimo crecimiento de la demanda eléctrica y con un nivel alto -65 %- de renovables, sería de 186 millones de euros, una cifra «muy pequeña cuando estamos hablando de cambiar el sistema eléctrico»

En el análisis del estudio, los autores han construido escenarios de demanda eléctrica, de generación convencional y de inversión en energías renovables, para 2025 y 2030 -respetando como mínimo el cumplimento de las directivas europeas-, realizado con parámetros de seguridad y teniendo en cuenta los casos más desfavorables de producción hidroeléctrica o eólica, según explica Greenpeace.

Montón además, ha afirmado que los resultados de este estudio «desmienten las declaraciones ofrecidas, recientemente, por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal» cuando anunció una proposición de ley para evitar el cierre de centrales nucleares porque encarecería el precio de la factura de la luz.

Según la portavoz de la ONG, aunque los costes totales son similares en todos los casos, «precisamente el coste que se traslada de forma más directa a la factura de la luz sería más bajo con un mix energético sin carbón y sin nuclear».

Por ello considera el anuncio de Nadal una «cadena perpetua al carbón y la nuclear» así como una «táctica política» para las zonas de España «donde el asunto del carbón es más sensible, ofreciendo una hipotética continuidad que él mismo sabe que no es posible».

 

 

Los expertos aconsejan acabar con los pagos por capacidad en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

EFE.- Los tres expertos consultados en la comisión parlamentaria de cambio climático han coincidido en que la futura norma debe eliminar las ayudas a los combustibles fósiles, que en España se canalizan a través de los pagos por capacidad, destinados a compensar al propietario por el mantenimiento de una central para que funcione cuando el sistema lo necesite.

El primer interviniente fue Yves Saint-Geours, embajador de Francia en España, quien ha detallado las claves de la Ley francesa de cambio climático, que establece un objetivo de 0 emisiones en 2050, así como presupuestos quinquenales de cuánto carbono se puede emitir para estar en consonancia con esa meta. El cumplimiento de esta ley es evaluado por un comité independiente. La norma lleva asociada una alianza para la descarbonización del transporte, una fecha para el abandono del carbón, 2022, y un calendario de cierre nuclear, que se establecerá este año.

Lara Lázaro, experta en cambio climático del Real Instituto Elcano, ha defendido que la ley española debe aspirar a la neutralidad en carbono en 2050, es decir, a no emitir más de lo que el país pueda absorber por sus mecanismos naturales, y debe desarrollar presupuestos de carbono periódicos para cumplir esa meta. Lázaro ha abogado también porque sea una norma transversal, revisable según la mejor información científica disponible, que cuente con un comité de evaluación permanente, así como con un inventario y calendario de eliminación de los combustibles fósiles.

Finalmente, Joan Grimalt, director del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea), ha subrayado que la futura ley debe ser «el instrumento» que permita «pasar de una economía basada en los combustibles fósiles a un modelo de producción energética fundamentado en las renovables«. «A España le interesan las renovables: si las tenemos en casa, para qué vamos a comprar combustibles fósiles a precios caros y con oscilaciones importantes», ha incidido Grimalt, quien ha subrayado que con el gas natural, «aunque contamina menos, a nivel de lucha contra el cambio climático no ganamos nada».

La Comisión Europea insta a España a trasponer la nueva normativa comunitaria sobre eficiencia energética y emisiones de los combustibles

EFE.- La Comisión Europea insta a España a trasponer a su legislación nacional en los próximos dos meses la nueva normativa comunitaria en materia de eficiencia energética y de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles, según indicó la propia Comisión Europea.

En el primero de los dos dictámenes motivados, el segundo paso del procedimiento de infracción de la Comisión Europea, el Ejecutivo comunitario solicita a España la «transposición correcta de los requisitos sobre contadores individuales en edificios de pisos, establecidos en la Directiva sobre eficiencia energética». Dicha directiva exige la instalación de contadores de calefacción y de agua caliente en todos los edificios, en aquellos casos en que sea rentable y técnicamente factible, mientras que las medidas de transposición nacionales establecen esta obligación solamente para los edificios construidos después de 2007.

En octubre de 2017, Bruselas remitió a las autoridades españolas una carta de emplazamiento y ahora la Comisión Europea avanza hacia la siguiente fase del procedimiento de infracción. «Las autoridades españolas disponen de 2 meses para subsanar las deficiencias señaladas en el dictamen; de lo contrario, la Comisión puede llevarlas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea«, indicó.

En cuanto al segundo punto, relativo a la calidad del combustible, la Comisión Europea remitió un dictamen motivado a España y otros 9 Estados miembros (Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia, Letonia, Rumanía y el Reino Unido) por no incorporar la normativa de la Unión Europea sobre la calidad de la gasolina y el gasóleo a su ordenamiento jurídico. Las reglas europeas establecen normas para calcular y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y de otros tipos de energía procedentes de fuentes no biológicas.

Dicha regulación tiene por objetivo «obtener información con un nivel suficiente de exactitud, de forma que la Comisión pueda evaluar el comportamiento de los suministradores de combustible a la hora de cumplir sus obligaciones a tenor de la directiva sobre la calidad del combustible», señaló la Comisión Europea. La directiva aspira a conseguir una reducción del 6%, como mínimo, de la intensidad en gases de efecto invernadero del combustible y la energía suministrados de aquí a 2020, agregó la Comisión. En este caso, los países también disponen de dos meses para transponer la normativa comunitaria.

Arias Cañete apuesta por un nuevo modelo energético para la Unión Europea basado en la eficiencia y las fuentes renovables

EFE.- El responsable de Energía y Acción Climática de la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, ha apostado por un modelo basado en la eficiencia energética y las energías renovables que cree empleo y crecimiento económico. El comisario europeo ha abordado la transición energética que se tiene que afrontar en el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

En este sentido, ve viable avanzar en un modelo basado en la eficiencia energética y las energías renovables, como demuestra que la Unión Europea haya reducido desde 1990 sus emisiones en un 23% y haya aumentado su PIB comunitario un 53%. Cañete ha destacado que Europa sea líder en este ámbito, con los objetivos de reducción de emisiones más altos, y ha dicho que el futuro «no es negro» si se hacen «las cosas bien».

La industria aérea se marca como objetivo alcanzar los 1.000 millones de pasajeros en vuelos sostenibles con biocombustibles en 2025

Europa Press.– La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha establecido como objetivo alcanzar los 1.000 millones de pasajeros en vuelos propulsados por una mezcla de combustible convencional y biocombustible para el año 2025, coincidiendo con el décimo aniversario del primer vuelo en el que se utilizó la mezcla de ambos combustibles.

En febrero de 2008, un Virgin Atlantic Boeing 747 voló de Londres a Amsterdam con combustible de aviación sostenible en uno de sus motores. El vuelo demostró la viabilidad de los biocombustibles, que se pueden combinar con el combustible de aviación tradicional, utilizando la infraestructura aeroportuaria existente. Un vuelo completamente impulsado por combustible sostenible tiene el potencial de reducir las emisiones de ese vuelo hasta en un 80%, según la IATA, patronal que engloba al 83% del tráfico aéreo mundial.

«El impulso para los combustibles de aviación sostenibles es ahora imparable. Desde el primer vuelo en 2008, superamos el umbral de 100.000 vuelos en 2017, y esperamos llegar a un millón de vuelos durante 2020. Pero eso es solo una gota en el océano en comparación con lo que queremos lograr. Queremos que 1.000 millones de pasajeros hayan volado en un vuelo que utilice ambos combustibles en 2025″, indicó el director general y consejero de la IATA, Alexandre de Juniac.

No obstante, De Juniac advierte de que este objetivo «no será fácil de lograr». «Necesitamos que los gobiernos establezcan un marco para incentivar la producción de este tipo de combustible y asegurar que sea tan atractivo producirlo como los biocombustibles de automóviles», señaló. Las aerolíneas buscan un crecimiento neutro de las emisiones de carbono a partir de 2020 y reducir las emisiones netas de carbono en un 50% sobre 2005.

El Gobierno apoya 62 proyectos para reducir emisiones en España

EFE.- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha seleccionado 62 nuevos Proyectos Clima que promoverán la reducción de emisiones en España, ahorrando un total de 3 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Los proyectos, correspondientes a la convocatoria 2017 con una dotación que ronda los 36 millones de euros, forman parte de la sexta edición de esta iniciativa, con la que el Gobierno trata de impulsar que la compra de créditos por emitir CO2 se lleve a cabo con iniciativas que reduzcan emisiones dentro del territorio.

Según explicaron fuentes del Ministerio, los 62 proyectos contribuirán a la reducción de emisiones en sectores como la agricultura, el transporte, la edificación o los residuos. Entre los proyectos seleccionados están el uso de vehículos eléctricos para los desplazamientos de trabajadores en algunas empresas, la sustitución de calderas por otras menos contaminantes, sistemas para el tratamiento de purines de las granjas con objeto de reducir su carga contaminante, o implantación de soluciones térmicas con energías renovables. Posteriormente, el Fondo de Carbono del Ministerio adquirirá las reducciones verificadas que logren estos proyectos al precio del CO2 vigente en la Unión Europea.

Abogados ambientales del IIDMA piden a los europarlamentarios españoles que acaben con las ayudas al carbón

Europa Press.- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha reclamado a los europarlamentarios españoles miembros del Comité de Industria del Parlamento Europeo que pongan fin a las ayudas al carbón. Así, con motivo del debate sobre el diseño del futuro mercado energético de la Unión Europea y, en concreto, sobre el Reglamento del Mercado Interno de la Electricidad que se está negociando, los abogados ambientales han formulado un conjunto de recomendaciones a los representantes españoles en la Eurocámara.

En concreto, han subrayado la importancia clave de regular los mecanismos de capacidad para evitar el alargamiento de la vida de las centrales de carbón de manera artificial, y los mecanismos de acceso y despacho preferentes, para promover una transición energética a las renovables. El carbón, según recuerdan, es la fuente de energía más contaminante y además impacta sobre la salud y el medio ambiente. Así, recomienda promover las energías limpias como base para una transición energética baja en carbono.

Límite: 550 gramos de CO2/kWh

En cuanto a las evaluaciones de adecuación de recursos y mecanismos de capacidad, estiman que estos mecanismos deben ser reducidos al máximo y controlados con una evaluaciónque certifique su necesidad real y un plan para su abandono posterior. De este modo, aseguran que las centrales con emisiones intensas de carbono, bajo criterios estrictos de límites de las emisiones de CO2 de 550g CO2/kWh, «no deberían recibir subvenciones que alarguen su vida de forma artificial».

La directora del IIDMA, Ana Barreira, ha señalado que este tipo de mecanismos, mal entendidos, permiten que se alargue de forma artificial el uso del carbón a pesar de ser el combustible más contaminante. «No se debe permitir el uso de la legislación para proteger y subvencionar centrales térmicas que están abocadas al cierre en el contexto actual. Es necesario trabajar en un plan ordenado de abandono del carbón y cierre de las centrales térmicas si queremos cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y evitar los efectos más duros del cambio climático», sentenció.

Un 5,4% de la recaudación fiscal de España en 2016 provino de impuestos medioambientales, por debajo de la media europea

Europa Press.- España recaudó un 5,4% por impuestos medioambientales en 2016, por encima de Alemania (4,6%) y Francia (4,7%), pero por debajo del 6,1% que registra la media de los 28 países de la Unión Europea, según un análisis del IEE a partir de datos de Eurostat.

Entre los impuestos medioambientales destacan los impuestos sobre la energía, que suponen casi un 77% del total, mientras que los impuestos sobre el transporte aportan algo menos del 20% y los que gravan la contaminación y la utilización de recursos alcanzan en torno al 3,4%. En 2016 los impuestos medioambientales alcanzaron una recaudación media del 6,1% sobre el total de ingresos fiscales en la Unión Europea. No obstante, la Unión Europea pretende potenciar la recaudación de los impuestos medioambientales con el fin de lograr una utilización eficiente de los recursos.

De hecho, en 2016 la recaudación de los impuestos medioambientales superó en algunos países el 10% del total de ingresos fiscales. Letonia ocupa el primer lugar, con un 11,6%, y Eslovenia, el segundo, con un 10,5%. Bulgaria, Croacia, Grecia y Rumania se situaron en el entorno del 9%, en tanto que Chipre, Estonia, Países Bajos, Dinamarca, Malta e Italia superaron el 8%, De su lado, Polonia (7,9%) e Irlanda (7,7%) se quedaron levemente por debajo.

En Finlandia, Portugal, Hungría y el Reino Unido los impuestos medioambientales aportan un 7% de la recaudación, y por debajo del promedio comunitario se sitúan un total de 8 países: Eslovaquia (5,6%), Austria (5,5%), España (5,4%), Suecia (5%), Bélgica y Francia (4,7%), Alemania (4,6%) y Luxemburgo (4,4%). De esta forma, la recaudación por impuestos medioambientales en España se sitúa por debajo de la media europea, pero supera a 5 países.

Bruselas concluirá en marzo si lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la contaminación

Europa Press.- Mientras desde Unidos Podemos han pedido la comparecencia de la concejal delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ante la comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados, la Comisión Europea confirmó que ha recibido «información adicional» de España y del resto de países con expedientes abiertos por contaminación atmosférica y ha explicado que tomará la decisión sobre una eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a mediados de marzo.

«Podemos confirmar que efectivamente todos los Estados miembros involucrados han presentado información adicional que ahora evaluaremos y después volveremos al asunto a mediados de marzo», ha señalado la portavoz del Ejecutivo comunitario Mina Andreeva. «En estos momentos no estoy en disposición de dar información más concreta sobre Estados miembros individuales», añadió después. España y los otros ocho países con procedimientos similares de infracción (República Checa, Alemania, Francia, Alemania, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido) debían presentar documentación con medidas «adicionales, creíbles, a tiempo y efectivas» para atajar sus problemas con la calidad del aire.

De lo contrario, tal y como acordó a finales de enero el colegio de comisarios, Bruselas daría el último paso contemplado para este tipo de procedimientos, que es elevar el asunto ante la Justicia europea. Concretamente, el expediente abierto a España afecta Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Jaén), que han excedido de forma «continuada y persistente» los límites de partículas finas (PM10), así como a la ciudad de Madrid, la ciudad de Barcelona y el extrarradio de esta última por sobrepasar los umbrales máximos de dióxido de nitrógeno (NO2).

El Plan A de Madrid

Por otro lado, el motivo de pedir la comparecencia de Sabanés en el Congreso es solicitar información sobre las medidas que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid para reducir la contaminación atmosférica en la ciudad, según Equo. El objetivo de esta comparecencia es responder a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y del comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, sobre la responsabilidad de ayuntamientos como el de Madrid en relación a los expedientes abiertos por Europa a España en materia de contaminación.

El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Madrid aprobó un Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático, denominado Plan A, que supondrá la puesta en marcha de una treintena de medidas para reducir la contaminación y la emisión de gases efecto invernadero, y para cumplir la legislación europea y nacional en materia de calidad del aire. Este plan pretende reducir un 23% los niveles de NO2 en 2020.

España remite a Bruselas las medidas adicionales de Madrid para mejorar la calidad del aire

Europa Press.- El Gobierno contestó a la Comisión Europea para remitir la documentación sobre las medidas que han puesto en marcha las administraciones competentes para mejorar la calidad del aire, según indicaron fuentes ministeriales, que precisaron que la Comisión Europea ya disponía de esta documentación que ahora se ha completado con las nuevas medidas que ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid y con el compromiso de las administraciones competentes para agilizar todas las medidas puestas en marcha.

Respecto a las medidas propias del Gobierno, la Administración General del Estado, en función de sus competencias, ha indicado que remitirá el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II), que se aprobó el 15 de diciembre de 2017 y que es la continuación del Plan Aire I, de 2013. El Plan Aire II cuenta con un presupuesto de 276 millones de euros e incluye 52 medidas agrupadas en ocho áreas (información, fiscalidad ambiental, movilidad, investigación, agricultura y ganadería, sector residencial, sector industrial y transporte). La Comisión Europea espera medidas encaminadas combatir la contaminación atmosférica que eviten una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.