Laurence Tubiana: «No hay que hablar de cambio climático, sino de beneficios para la salud y desarrollo humano»

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Europa Press.- La directora de la European Climate Foundation y una de las artífices del Acuerdo del Clima de París, Laurence Tubiana, ha señalado que no es necesario hablar de «cambio climático, sino de beneficios para en salud, personal y social, y de desarrollo humano» porque así, la población percibirá las ventajas individuales y será capaz de transformarse para luchar contra el calentamiento global.

«Hay que hablar a los ciudadanos de como mejora su salud con una buena calidad del aire. Hay que decirles que son responsables y perjudicados de un aire contaminado y también que pueden actuar para mejorarlo», insiste. En este caso, observa que es una cuestión de «conexión» con los problemas, por lo que el proceso para valorar que las acciones pueden tener un impacto positivo va del ámbito personal al colectivo porque «la gente necesita un método para abrir los problemas, entenderlos y actuar» en aspectos de aire o transporte que son «cruciales» para el cambio climático. En definitiva, considera que hay que sacar el cambio climático del ámbito político, tecnocráctico y oenegista y aún más importante «despolitizar» la cuestión.

Por otro lado, Tubiana ha querido trasladar el mensaje de que España está «en un momento muy interesante e importante para Europa», porque son necesarios países que «realmente aceleren la discusión y la ambición climática» ligada a los objetivos de desarrollo sostenible. «Estamos en un momento de discusiones y dudas, populismos en algunos países de Europa, sentimiento antieuropeo en otros países, y me parece que el conjunto político español, aunque esté complicado por un gobierno en minoría, está mostrando que el pueblo y la sociedad ve las cosas de una manera muy positiva para Europa. Eso me parece muy importante. Vengo a decir a la gente lo importante que es España para Europa«, ha manifestado.

En ese sentido, Tubiana no ve «ninguna razón» para que la lucha contra el cambio climático se politice porque el problema es global y «no de derechas o de izquierdas». De este modo, opina que despolitizar la cuestión sería «muy fácil» en España ya que son políticas a largo plazo en las que debería fijarse una visión «multipartido» para la acción climática. Por ello, propone la creación de un órgano regulador, independiente del Gobierno, para que fiscalice el cumplimiento de las políticas climáticas a largo plazo. «La meta es clara y debe fijarse mediante un acuerdo nacional aunque el camino pueda ser distinto, con diferentes instrumentos políticos y económicos», comenta.

De hecho, añade que «ningún» partido querría aparecer como responsable de no hacer nada ante esta «responsabilidad histórica» y con la búsqueda de objetivos se beneficiaría también a la industria, que cree que «está gritando por señales claras y estables». «La lucha contra el cambio climático debería ser un pacto de Estado más allá de una o dos legislaturas», apostilla.

Por ejemplo, en ese camino ve «muy tarde» el plazo fijado en 2040 como fecha final de matriculación del diésel en España y en Europa, un elemento «imprescindible» en la acción climática y cree que es «una locura» la controversia creada al respecto. Si bien, confía en que España y Francia lo harán e impulsarán a Alemania a seguir ese camino que también beneficiará a la industria automotriz. En ese contexto, Tubiana ha puesto de ejemplo a China, que ha anunciado que en 2022 tendrá coches eléctricos totalmente competitivos con respecto a los de petróleo.

Por ello, la experta en clima recuerda que la Unión Europea se ha marcado la meta de ser neutra en carbono en 2050 y para llegar a ese objetivo ve necesario abrir un proceso local para «imaginar» el año 2050 en cuanto a movilidad o aire. Tubiana es «optimista» y considera que el proceso de imaginar facilitará el camino ya que si se aspira a un aire limpio y a «todo verde» no se podrá entonces seguir con un coche contaminante. «La atmósfera podría cambiar mucho si las instituciones abren este espacio de discusión y reflexión a los ciudadanos», insiste.

Sin embargo, advierte de que este proceso debe hacerse bien para evitar un «levantamiento social» porque se trata de una cuestión de justicia anticiparse a las reticencias y poner soluciones. En cuanto al inicio de la aplicación del Acuerdo de París en 2020, Tubiana opina que «objetivamente» la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) en diciembre de 2018 fue un «éxito» porque se pudo establecer todo el mecanismo de aplicación del mismo, excepto un artículo que se terminará de definir en la próxima COP de Chile. «La hoja de ruta está terminada. Ya no hace falta nada más para empezar a aplicar el Acuerdo de París en 2020», ha sentenciado.

Respecto al impacto del Brexit en el reparto de esfuerzos europeo admite que en este momento esta cuestión es «un caos» pero confía en que los objetivos climáticos del Reino Unido queden alineados con la ambición europea. «Que la gente se despierte, el cambio climático está pasando ahora y no dentro de diez años. Hay que actuar ya», ha concluido.

Manuel Pulgar-Vidal, director internacional de cambio climático de WWF, considera que la lucha climática solo será posible con apoyo ciudadano

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Europa Press.- El director internacional de cambio climático de WWF, Manuel Pulgar-Vidal, exministro de Medio Ambiente de Perú y hombre clave en las negociaciones que condujeron al Acuerdo del Clima de París, ha advertido de que la lucha contra el cambio climático solo será posible si los ciudadanos son «capaces de asumir y apoyar» la acción y ha vinculado este problema a los objetivos de la Agenda 2030 para frenar la pobreza y favorecer la equidad social.

Pulgar-Vidal ha expuesto la relación entre clima y lucha contra el hambre, la pobreza, la desigualdad y el desarrollo sostenible. Pulgar-Vidal ha advertido de que no se puede alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 sin ser capaces de afrontar las consecuencias del cambio climático y ha añadido que esto debe hacerse en base al concepto de la transición justa que pasa por «planificar las consecuencias» positivas y negativas de la transformación que se busca.

Así, considera necesario planificar las consecuencias negativas de lograr una economía descarbonizada sin combustibles fósiles, sin dejar de pensar que hay «mucha gente involucrada», tanto en su extracción como en su uso para distintos fines. «Todavía somos muy dependientes de los objetos que usan estas fuentes de energía y a su vez hay otras regiones que son altamente dependientes de la extracción de estos recursos», comentó. Por tanto, Pulgar-Vidal insiste en la necesidad de buscar fuentes de empleo alternativas a las personas que dependen de los combustibles fósiles. «Hay que lograr que los salarios de estas personas no se vean perjudicados y, al mismo tiempo, transitar hacia energías limpias», manifestó.

Al respecto de la transición justa, puso de ejemplo la «lección» dada por la crisis de los chalecos amarillos en Francia que se originó por el incremento de precios de los combustibles en el marco de las decisiones climáticas del Gobierno de Francia, y que generó un encarecimiento que la población «no estuvo dispuesta a soportar». «Una acción climática que es definitivamente deseada tiene que considerar ese tipo de respuestas», subrayó el exministro peruano, que opina así que no se puede perder el apoyo ciudadano porque la acción climática «es posible solo si los ciudadanos son capaces de asumir y apoyar ese tipo de acción«.

Pulgar-Vidal ha explicado asimismo las reticencias al cambio por parte de distintos países, sobre todo por los más dependientes de los combustibles fósiles, que requieren que el cambio sea más gradual, o bien, de los países productores, que no desean que su economía quede afectada de forma rápida. Si bien, ha advertido de que a pesar de la dependencia económica de actividades no sostenibles como el carbón o el petróleo, «no cambiar a tiempo puede generar mayores perjuicios económicos«. Por otro lado, se ha referido también a la competencia entre países por no perder competitividad por lo que celebra la existencia de coaliciones, como la Unión Europea, al anunciar su compromiso de alcanzar una economía neutra en emisiones en 2050.

Retrasos con la eficiencia energética

Otro de los pilares de la acción para el negociador climático es el sector privado, los mercados y los inversores a los que pide que se fijen metas sectoriales basadas en la ciencia para poder cambiar conductas. Si bien, ha celebrado la «gran acción climática» del sector de la energía, lamenta por el contrario el retraso y la falta de avances de lo relativo a la eficiencia energética, que «representa el 32% de la solución y que «no avanza tan rápido» como las energías limpias.

Por otro lado, sobre el mix energético ideal cree que en España, como cada país, debe responder a su realidad sobre los porcentajes de acceso a la energía, su nivel de dependencia de una u otra fuente o su capacidad para transitar hacia una economía descarbonizada en 2050. En concreto, ha recordado que la mayor fuente de emisiones contaminantes en España es el transporte, que representa en torno al 25% y su receta, en este caso, es fomentar la electrificación del transporte algo que considera que «no se está desarrollando aún de la manera necesaria».

En segundo lugar, opina que España debe modificar su generación eléctrica, que es la segunda fuente de emisiones de CO2 y, en tercer lugar, debería favorecer las ciudades sostenibles y la eficiencia energética. En cuanto al mix energético, explicó que las principales resistencias ante la energía nuclear, «que no tiene que ver con lo climático», se deben a sus condiciones de seguridad. Si bien, asegura que de lo que se trata es de «buscar una reducción real de emisiones», es decir intervenir en aquellas fuentes de emisiones y «no buscar otras alternativas» que desvíen del objetivo. «Hay que concentrarse en reducir realmente las emisiones», apostilló.

Finalmente, el exministro de medio ambiente de Perú ha calificado de «interesante» el caso del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció su salida del Acuerdo de París sabiendo que no podrá solicitarlo hasta 2019 y, mientras tanto, en las negociaciones internacionales Estados Unidos «no ha mostrado obstrucciones» en el proceso sino que, al contrario, ha mostrado colaboración para permitir avances. «Espero y confío en que Trump no se vaya del Acuerdo de París. Creo que perjudicaría a sus propios ciudadanos pero si se materializase, estoy seguro que más pronto que tarde, Estados Unidos volvería a la negociación climática. Nadie sabe qué puede ocurrir», ha concluido.

La consultora Everis destaca que la movilidad eléctrica supone una nueva oportunidad de negocio para las compañías energéticas

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Europa Press.- La movilidad eléctrica supone una nueva oportunidad de negocio que las empresas energéticas en España están integrando en su estrategia para complementar su mix de producto, según datos del estudio de la consultora Everis. El informe de Everis destaca que la movilidad eléctrica comprende un nuevo ecosistema con distintos modelos de negocio, «donde tanto empresas tradicionales de movilidad y energía como nuevos actores generan ofertas de valor».

En concreto, estos modelos de negocio incluyen productos y servicios orientados a los propietarios de vehículos eléctricos, el despliegue y aprovechamiento de infraestructura para suministrar energía y el surgimiento de nuevas alternativas de movilidad de pago por uso. El informe, elaborado con la colaboración de empresas energéticas como EDP, Naturgy, Endesa, Podo o Lucera, también señala que las tendencias más destacables por las que apuestan las compañías son aquellas que potencian una propuesta de valor sólida que aporte cercanía a las expectativas del consumidor en términos de productos y servicios.

En este sentido, destaca que las preferencias que los clientes tienen son la preocupación medioambiental y una orientación cada vez mayor a una energía 100% eco, así como la facilidad de contratación online de servicios o el uso de tarifas simples y diferenciales, además de precios más económicos. Así, el informe considera que las compañías energéticas están trabajando para evolucionar hacia el concepto de multi-utility, ampliando su oferta de productos para convertirse en proveedores integrales con el objetivo de incrementar sus ingresos medios por cliente.

El estudio también valora que las energéticas se centran cada vez más en el cliente, pero subraya que esta transformación no está siendo suficientemente rápida. A este respecto, la directora del área de Utilities de Everis, Carmen Velasco, señaló que el nuevo perfil del consumidor energético «requiere que las compañías sean capaces de adaptarse a este nuevo escenario, favoreciendo la innovación, agilidad y la flexibilidad dentro de la organización». «De esta manera, las empresas podrán ofrecer nuevas tarifas, productos y servicios que cubran todas las necesidades de los clientes», añadió.

Entre 192.000 y 337.000 aves mueren en España por electrocución en tendidos eléctricos, según un estudio

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Europa Press.- Entre 192.000 y 337.000 aves mueren en España por electrocución en tendidos eléctricos, según el último estudio realizado por la Fundación Amigos del Águila Imperial. La electrocución o colisión con tendidos eléctricos es una de las primeras causas de mortalidad para muchas aves. Precisamente, la Fundación Amigos del Águila Imperial Ibérica en colaboración con Fundación Banco Santander, Lince Ibérico y Espacios Naturales de Carácter Privado, acaban de presentar el Manual Amenazas en tendidos eléctricos para el águila imperial ibérica.

Además, como señala Fundación Banco Santander desde 2016 se ha puesto en marcha la aplicación gratuita Alerta Tendidos y una web (www.alertatendidos.org) desde las que registrar, almacenar y gestionar la información sobre tendidos eléctricos peligrosos para las aves con el fin de poner al alcance de cualquier ciudadano interesado la posibilidad de participar en la detección y evaluación de la amenaza y, por tanto, en la aplicación de las mejoras pertinentes. Así, el Manual describe los principales aspectos de la amenaza de los tendidos eléctricos sobre las aves y profundiza en el uso de estas herramientas informáticas creadas en el marco del proyecto Alerta Tendidos.

La publicación ha sido planteada para que pueda ser de utilidad, tanto a los profesionales en la planificación de proyectos de identificación, revisión y evaluación de tendidos peligrosos, como a cualquier ciudadano no especialista interesado en la conservación medioambiental. Como indica Ángel Arredondo, «el proyecto ha marcado un cambio de paradigma en la detección de tendidos peligrosos. Hasta que pusimos en marcha el proyecto, solo técnicos profesionales contratados por administraciones, compañías eléctricas y ONG se hacían cargo de las labores de identificación de tendidos eléctricos peligrosos y evaluación de riesgo».

Según Sol Andrada, «con este proyecto hemos abierto la gestión de esta amenaza, que ha llegado a poner en jaque en momentos concretos la conservación de especies emblemáticas de nuestra avifauna como el águila imperial ibérica o el águila perdicera, a una especie de proyecto de ciencia ciudadana, todo el mundo puede aportar, eliminando limitaciones temporales y de financiación para la detección de esta amenaza». La app garantiza la facilidad de uso y la calidad de la información generada, un interfaz gráfico basado en pantallas secuenciales facilita al usuario determinar las características técnicas del apoyo y sus coordenadas (detectadas automáticamente).

Toda la información es enviada a una base de datos en la nube gestionada por profesionales con experiencia en tendidos eléctricos y en la protección de especies amenazadas. La plataforma web permite a los usuarios visualizar y realizar una gestión básica de la información generada. Dispone además de un espacio en el que se puede consultar documentación de interés sobre la potencial amenaza de los tendidos eléctricos sobre las aves. Actualmente esta aplicación está siendo traducida al francés y el inglés, y adaptada a las características de los tendidos de países del norte de África, con la finalidad de que contribuya a reducir la mortandad de aves en la zona.

Greenpeace y Ecologistas en Acción celebran el aumento del 49% en los Presupuestos para cambio climático pero lo consideran insuficiente

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Europa Press.- Greenpeace observa «ciertos brotes verdes» en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2019, que reconoce como «tímidos avances», ya que celebra el aumento de un 49% de las partidas para cambio climático, aunque lamenta el descenso de un 7% en las partidas ambientales. Por su parte, Ecologistas en Acción también lo celebra, pero considera que los incrementos en cambio climático «quedan muy lejos ante la magnitud de los retos» que España debe afrontar.

El director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha señalado que el cambio climático y las políticas ambientales deben estar «al mismo nivel de importancia» que otros temas sociales como las pensiones. También ha confesado que la ONG empieza a impacientarse al no ver, pese a «ciertos brotes verdes», que el Gobierno de Pedro Sánchez esté apostando, de verdad, por la transición ecológica. «El avance no es acorde con la dimensión del reto del cambio climático y, por mucho que el Ministerio para la Transición Ecológica quiera esta transformación, sin el apoyo del presidente del Gobierno, no es posible. Pedro Sánchez debe pasar de las palabras a los hechos», critica.

Rodríguez pide así unos Presupuestos que estén orientados al reto y ha mostrado su preocupación por el nuevo retroceso en las políticas ambientales. No obstante ve como una buena señal el aumento en el presupuesto para la Oficina Española de Cambio Climático y la nueva fiscalidad ambiental, que reclama, sin embargo, que esta recaudación se revierta en cuestiones ambientales. En definitiva, la ONG reclama una «revisión seria» para adaptar los «ciertos brotes verdes» en los Presupuestos a la lucha contra el cambio climático. Para la ONG es necesaria y urgente la ley de Cambio climático y Transición Energética que pueda obligar a que se concrete en los Presupuestos una apuesta real por la transición ecológica.

Transición justa y fiscalidad ecológica

Greenpeace ve «algunos gestos para el optimismo», en especial en abordar la transición justa, pero pide una profunda reflexión tras comprobar que el interés que ha manifestado el Gobierno por frenar el cambio climático y la creación de un Ministerio para la Transición Ecológica no se ven reflejados totalmente en los Presupuestos. Por su parte, la coordinadora del análisis de Presupuestos de Greenpeace, Alicia Cantero, ha destacado que la fiscalidad ambiental es una de las «vías imprescindibles para garantizar la transición ecológica de nuestra economía y la generación de empleo estable y de calidad». «Animamos al Gobierno a asumir su responsabilidad para integrar eficazmente la fiscalidad ambiental en las políticas estatales, favoreciendo una transición más justa y más sostenible«, concluye.

Por su parte, desde Ecologistas en Acción aplauden la reducción de los subsidios al diésel: «Este combustible ha estado bonificado durante años, lo que ha llevado a que el 60% de nuestra flota de coches sean diésel, los vehículos más contaminantes». «Esto provoca grandes problemas de salud e incluso económicos. La subida del impuesto del diésel supondrá un aumento de 670 millones de euros en recaudación», añade. Por otro lado, considera «un craso error«, si lo que se busca es la descarbonización del transporte o la reducción de la contaminación, que el Ministerio de Industria pretenda aprobar el plan MOVEA, que financiará automóviles de gas.

Compromís pide al Gobierno que aborde el desmantelamiento de Castor mientras la banca reclama el dinero prestado para la indemnización

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Europa Press.- El senador de Compromís por Castellón, Jordi Navarrete, ha pedido al Gobierno que «defienda el dinero público» y aborde «con responsabilidad» los pagos vinculados a la construcción y mantenimiento del «fiasco» del almacén de gas Castor, así como el futuro de este proyecto energético «fallido».

Por su parte, Santander, CaixaBank y Bankia presentaron un recurso contra el Ejecutivo ante el Tribunal Supremo en el que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacén Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón), a la sociedad promotora Escal UGS, participada por ACS.

El senador ha asegurado que Compromís mantendrá en 2019 su postura de «rechazo total a este proyecto por peligroso, innecesario; por su opaca tramitación e irresponsable desenlace del Gobierno, que pagó por un proyecto inservible, mal ejecutado y en el que falló todo». Ante esta situación, ha reclamado «un cambio autocrítico de postura del Gobierno y que se ponga del lado del contribuyente, que no tiene por qué pagar miles de millones por un fracaso de tal magnitud, y defienda el dinero de todos y la decencia del servicio público».

Navarrete ha recordado que Compromís intentó crear en el Senado una comisión de investigación sobre el proyecto, una iniciativa que «el PP frenó en solitario para evitar identificar a responsables, acceder con transparencia a los informes y auditorías realizadas sobre la planta o conocer su operatividad antes de indemnizar a los promotores». «Pedimos al PSOE, ahora en el Gobierno, que aborde los pagos para que tanto las retribuciones, mantenimiento de Enagás o el pago a Escal UGS se ajuste a lo que les corresponda legalmente, pues no es de recibo que los consumidores sean quien pague por unas instalaciones inservibles ni que se castigue a quien financió los proyectos o se pague a quienes no lo merecen», ha aseverado Navarrete.

También ha defendido la necesidad de poner en marcha «nuevas acciones a varias bandas, desde dilucidar responsabilidades, ejercer acciones para recuperar el dinero malgastado, auditar los trabajos, devolver el ingresado ilegítimamente a los consumidores y abordar de una vez el desmantelamiento de la planta«. Compromís ha reclamado nuevos documentos al Gobierno sobre el desmantelamiento de Castor en base a «los informes que maneja la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera».

La banca reclama su dinero

Ahora es la banca la que reclama su dinero ante la Justicia después de que en abril Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban dicha devolución, al considerar que, de lo contrario, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras. En su reclamación, las tres entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo para permitir hacer la devolución de una manera flexible. Debido a que el Consejo de Ministros agotó el plazo preceptivo de la reclamación sin haberla resuelto, se entiende que la misma ha sido desestimada y que cabe recurrir ante el Supremo.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia. Por ello la CNMC decidió paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.

Asimismo, Enagás decidió presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicitaba la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas. Esta decisión de la empresa se producía después de que el Gobierno decidiera finalmente dejar fuera de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 estos derechos de cobro de Enagás, que fueron también paralizados por la CNMC a principios de 2018 tras la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2017.

Greenpeace exige elevar la ambición climática en 2019 para establecer 2040 como año para lograr emisiones netas cero

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Europa Press.- Greenpeace destaca como retos para 2019 elevar la ambición climática de la Unión Europea hasta establecer 2040 como año de emisiones netas cero, manteniendo a España entre los países que reclaman asumir mayores compromisos. También demanda establecer, dentro del Plan Nacional integrado de Energía y Clima, un calendario para el abandono de todas las energías sucias y su sustitución por energías renovables con participación de la ciudadanía.

Asimismo, pide incluir en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética el objetivo de acercar todo lo posible el sistema eléctrico al 100% renovable en 2030 y alcanzarlo en la demanda de energía final total para lograr las emisiones netas 0 en 2040. En 2019, Greenpeace también demanda más compromisos y actuaciones de las ciudades españolas para ser más sostenibles fomentando una movilidad sostenible.

Las ONG ambientales aseguran que lo mejor del 2018 ha sido la eliminación del impuesto al sol y la reducción de los plásticos de un solo uso

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Europa Press. – Organizaciones ecologistas se han puesto de acuerdo en resaltar la eliminación del impuesto al sol en España y que la Comisión Europea haya aprobado la primera Directiva en el mundo que reduce los plásticos de un solo uso, como aspectos positivos del año 2018 en materia medioambiental.

Para la coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, es un «motivo de celebración» que esté en trámite el Real Decreto del Autoconsumo, que elimina el denominado impuesto al sol. «Por fin se permite que la ciudadanía pueda generar energía de una manera diferente sostenible. En cuanto al cambio climático es una lástima que termine 2018 sin que tengamos una ley», ha apuntado.

En el mismo sentido, la coordinadora ha celebrado que «se haya adelantado» y que para 2020 «se vaya a implementar» en todo el Estado la recogida selectiva de materia orgánica. «Es algo en lo que estamos muy retrasados respecto a la Unión Europea en general y a los compromisos que nos ponen».

Para Ruibal también es un «avance muy importante» la Directiva sobre plásticos de un solo uso y la prohibición de algunos plásticos a nivel europeo.

Amigos de la Tierra cree que es una «mala noticia» para España y para la ciudadanía en general el resultado de la Cumbre de Cambio Climático celebrada en Katowice (Polonia). En este sentido, Ruibal ha criticado que ha sido un «fracaso absoluto» porque no ha prevalecido un «enfoque de justicia climática» en el que los países del norte «asuman su responsabilidad». «Los objetivos de los países nos llevan de cabeza a un aumento de temperatura de 3 grados y nos tenemos que mantener en 1,5, eso es un fracaso», ha lamentado.

Por otro lado,  Greenpeace ha celebrado que «tras años de campaña» en 2018 se ha conseguido la eliminación del impuesto al sol y «demás trabas al autoconsumo» de energías renovables. Sobre estas energías, ha destacado su participación en el «primer molino eólico comunitario» del Sur de Europa junto a 500 organizaciones y particulares.

 

Transición ecológica

Greenpeace cree que la creación en 2018 del ministerio para la Transición Ecológica es «vital» para que la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad y el territorio «pasen a ser prioritarios».

De la misma manera, ha celebrado la creación de un gran corredor como Área Marina Protegida en el Mediterráneo libre de extracciones de gas y petróleo que protegerá las migraciones de cetáceos; y la aprobación del Decreto sobre la conservación de la Posidonia en las Islas Baleares, que protege 650 km2 de esta planta marina.

Internacionalmente, la organización ecológica resalta como puntos positivos de 2018 el 32% del objetivo de energías renovables de la Unión Europea; la propuesta de la Comisión Europea de reducir las emisiones a cero para 2050 y del Parlamento Europeo un 55% para 2030; o que, según demuestra el IPCC, es posible evitar el calentamiento de más de 1,5 grados si se actúa con «urgencia y determinación».

En cuanto a las acciones negativas del 2018, Greenpeace critica un recorte del 56,5% del presupuesto destinado al medio ambiente en los últimos diez años; y que en España se pagan 18.000 millones de euros en subvenciones a las «energías sucias» en la factura de la luz. Además, lamenta la aprobación en el Congreso de la reforma de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad «en contra del criterio de la comunidad científica y de conservación».

 

Impuesto al sol

Según el coordinador de Ecologistas en Acción, Paco Segura, la eliminación del impuesto al sol una de las medidas «más claras y más necesarias» porque, en su opinión, era una «auténtica aberración». De la misma manera, para el coordinador, ese impuesto suponía un «freno» a cada persona, familia y vivienda de «utilizar energía limpia». 

Para Segura, «era una cosa inconcebible que no existe en ningún lado excepto aquí. Es una fantástica noticia, va a suponer un revulsivo y un incremento en la instalación de sistemas de energía limpia».

En materia de energía y cambio climático, la ONG ha criticado que en la cumbre de Katowice (Polonia) «se ha demostrado una vez más que los políticos de todo el mundo no están a la altura del reto». «Mientras se siguen incrementando las emisiones de CO2 mundiales y españolas nuestros timoratos planes de reducción de emisiones siempre encuentran trabas y dilaciones».

 

El Gobierno socialista concede una nueva prórroga de 10 años a la plataforma petrolífera Casablanca de Repsol en Tarragona

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Europa Press.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó un real decreto para otorgar la segunda y última prórroga a la concesión de la plataforma petrolífera Casablanca por 10 años más, después de que Repsol haya cumplido con todos los requisitos técnicos y administrativos para su aprobación.

Por tanto, se otorga una segunda prórroga de la concesión con vigencia hasta el 27 de diciembre de 2028, tras la última concedida el 17 de marzo de 2009 por un periodo también de 10 años. Propiedad de Repsol y situada frente a las costas de Tarragona, Casablanca es la única plataforma petrolífera de España. La concesión de explotación de hidrocarburos de la planta fue otorgada por un real decreto de 1978 por un período de 30 años, con dos periodos adicionales de 10 años cada uno. Según indicaron fuentes del sector, había en juego unas inversiones totales cercanas a los 150 millones de euros durante estos últimos 10 años de prórroga de la concesión.

La producción actual de petróleo en la plataforma Casablanca, durante un año, supone un valor aproximado con precios sobre los 60 dólares por barril, de 40 millones de euros. Su producción actual ronda los 2.000 barriles equivalentes de petróleo al día. A eso hay que sumar el conjunto de actividades en el área de transporte, logística o suministros que se generan alrededor de la instalación, que representa una actividad tractora, especialmente en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià.

Además, no renovar la plataforma hubiera supuesto la pérdida de empleo, con cerca de 120 personas, con puestos de trabajo altamente cualificados y bien remunerados, dependientes de la instalación. Asimismo, se hubiera perdido una parte del compromiso de Repsol con el territorio, en forma de convenios (con el Consell Comarcal del Baix Ebre, para garantizar la prestación de un servicio de transporte público adaptado para personas con movilidad reducida y otras necesidades sociales). También otros convenios y colaboraciones, por ejemplo con la Cambra de Comerç de Tortosa, con el Ayuntamiento de Sant Carles de la Ràpita, becas para formación y colaboración en proyectos de investigación.

La plataforma genera actividad empresarial y contratos de servicios, especialmente en las comarcas de Tarragona, por valor de 16 millones de euros al año. De estos, 7 millones de euros corresponden a la contratación de empresas y servicios en las comarcas tarraconenses (logística, compra de combustible, catering, servicio de aduanas, gestión de almacenes y compra de todo tipo de materiales).

En este sentido, la Asociación de Empresarios de las Comarcas del Ebro (AECE) mostró su «total apoyo» a la plataforma petrolífera y mostró su preocupación «por la incertidumbre» en la que estaba. Así, exigió el visto bueno a esta prórroga, ya que de no ser así «supondría una parada de la producción, inestabilidad en su estructura, tanto a nivel de dirección como de personal y un perjuicio económico muy importante».