El tema está en la presentación del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) ante un tribunal de arbitraje de una demanda millonaria contra Unión Fenosa, la empresa española distribuidora de energía eléctrica en este país. El presidente ejecutivo de INE, ente regulador del sector, David Castillo, presentó un escrito de 22 páginas, 28 anexos y vídeos ante la Secretaria del Centro de Arbitraje que funciona en la Cámara Nacional de Comercio de Nicaragua.
Castillo declaró a la prensa que la demanda es de seis puntos por varios millones de dólares, supuestamente porque Unión Fenosa no ha cumplido una serie de aspectos del contrato de la concesión que obtuvo en el año 2000 para distribuir la energía en esta nación centroamericana. Explicó que la empresa eléctrica española, luego de ser notificada por el Centro de Arbitraje, tendrá diez días para contestar la demanda y el tribunal dispone de 30 días para emitir un laudo.
El tribunal, instalado el 19 de marzo pasado, lo integran César Vega Masís, designado por el INE, el español Fernando Manzanares, nombrado por Unión Fenosa, y Heberto Incer, designado por un juez de Managua.
Castillo explicó que como las partes en conflicto no se pusieron de acuerdo en nombrar al tercer árbitro, un juez civil nombró a Incer, que además es el presidente del tribunal, para resolver el litigio entre las empresas Disnorte y Dissur, de Unión Fenosa y el INE.
El presidente del INE detalló que la demanda pide que se declare que han habido cobros ilegales a los usuarios del servicio de alumbrado público, y que se mande a las distribuidoras a devolver el dinero a los clientes que supuestamente se les cobró indebidamente. El segundo punto pide que las distribuidoras restituyan todas las garantías a los generadores de energía, que se han vencido, y cancelar todas sus deudas para que no hayan más racionamientos del fluido. El tercer punto demanda que se apliquen descuentos tarifarios por mala calidad del servicio en el año 2005, que es de casi 2,5 millones de dólares.
Explicó que el cuarto punto se refiere al descuento que se aplicó por los racionamientos de energía en los meses de abril y mayo del año 2006, que a juicio de INE «es responsabilidad de la distribuidora» y que asciende a otros 2,5 millones de dólares. Según el titular del INE, el quinto punto es que Unión Fenosa tiene que dar mantenimiento a las redes de distribución de la energía, y estima que esto no lo ha cumplido la eléctrica española, lo que ha ocasionado muchos accidentes, algunos mortales. El sexto punto de la demanda tiene que ver sobre cómo se calculan los llamados «desvíos» y que el tribunal diga si la forma como los calcula el INE es la correcta o no.
Los «desvíos» se refieren a la diferencia que hay entre el precio de referencia de los combustibles que aprueba el INE para las tarifas y el precio real de lo que costó generar la energía. Castillo dijo que si el INE gana la demanda en esta instancia que no es judicial, la empresa eléctrica española, «tendrá que restituir cantidades millonarias en dólares», cuyo monto no precisó.
Asimismo, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió con «intervenir» a la eléctrica española Unión Fenosa, encargada de distribuir la energía en este país, si no garantiza la electricidad en los hogares nicaragüenses. «Estamos en un momento difícil porque hemos hecho esfuerzos por negociar con Unión Fenosa y no cumplen… y no nos va a dejar más caminos que intervenir Unión Fenosa«, señaló Ortega en un discurso ante el pleno del Parlamento Centroamericano (Parlacen), ofrecido en la antigua Casa Presidencial de Nicaragua. «No nos va a dejar más camino que intervenir Unión Fenosa, porque tenemos la responsabilidad de garantizarle la energía al pueblo nicaragüense», agregó.
Según Ortega, en Nicaragua existe un «caos» energético, el cual se originó con la privatización de la generación de las plantas que generan energía y de la distribución, a manos de Unión Fenosa, en el 2000.
«Y Unión Fenosa ha resultado un fracaso», continuó. El gobernante nicaragüense indicó que están «haciendo esfuerzos, todavía, por agotar con ellos la negociación», de lo contrario no tendrán otra salida que «intervenir Unión Fenosa«, reiteró.
En declaraciones a periodistas, tras concluir el acto, Ortega aseguró que una posible intervención de la eléctrica española está permitido por las leyes nicaragüenses. «La ley lo establece, lo tenemos estudiado, estamos preparado para ello, no queremos llegar a ello», añadió. El mandatario nicaragüense insistió en que intenta, todavía, una salida negociada con Unión Fenosa.
Unión Fenosa informó, en un comunicado, su compromiso de continuar invirtiendo y su «voluntad» de permanecer en esta nación centroamericana, pese a las advertencias de Ortega. También ratificó su voluntad de fortalecer sus inversiones en Nicaragua, donde cuentan 640.000 clientes. «Las distribuidoras DISNORTE y DISSUR han invertido 65 millones de dólares en sus seis años de operación, a un promedio de 10 millones de dólares anuales, siendo una de las empresas líderes en inversiones a nivel nacional», resaltó la eléctrica española, en una misiva enviada a los medios de comunicación.
Unión Fenosa señaló que esas inversiones han estado concentradas en la mejora de las redes y de los servicios a sus clientes, que se han incrementado en un 40 por ciento en los últimos años hasta llegar a los 640.000 usuarios actuales. «Estas inversiones están certificadas por las firmas internacionales de auditoría Price Water House y Deloite and Touche«, precisó.
Ante estas circunstancias el sector empresarial de Nicaragua se ha opuesto a una eventual «intervención», por parte del Estado, de la eléctrica española Unión Fenosa, por la alta suma de dinero que tendría que pagársele. Según cálculos de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, Nicaragua tendría que pagar unos 200 millones de dólares a Unión Fenosa si le interviene el contrato que suscribieron en 2000. «Sacar a Unión Fenosa de Nicaragua le va a costar 200 millones de dólares al país…, y de dónde va a salir ese dinero, al final va a salir de todos los usuarios del sector energético», dijo el titular de la Cámara, César Zamora.
Zamora, quien también es gerente general de la empresa generadora Energética Corinto, anotó que la Cámara que representa considera que «Unión Fenosa se tiene que quedar en el país». «La solución más práctica es que se quede Unión Fenosa (y) que invierta los 30 millones de dólares que tiene que invertir», agregó.
También instó a generadoras privadas y estatales a invertir a fin de producir más energía y resolver la crisis que afecta a 640.000 usuarios con apagones de cuatro a doce horas diarias, por el déficit.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara Oficial de Comercio Española en Nicaragua, José Escalante, expresó su «preocupación» por el «lenguaje que se está usando» en el conflicto entre Unión Fenosa y el gobernante Ortega. «Se está hablando ya hasta de intervención, me parece que, si bien es una posibilidad, según dice el presidente, me parece que es muy prematuro para estar hablando de una intervención sin antes no haber dialogado», señaló. El empresario español apostó por un diálogo entre la industria eléctrica nicaragüense, Gobierno, empresa privada y sociedad civil, para buscar una solución a la crisis del sector.
Unión Fenosa ya expresó su compromiso de continuar invirtiendo y su voluntad de permanecer en esta nación centroamericana, pese a las advertencias de Ortega. También ratificó su voluntad de fortalecer sus inversiones en Nicaragua, que según la empresa, ya suman 65 millones de dólares desde que iniciaron sus operaciones en Nicaragua en 2000.
