Sosa afirmó que fue una reunión «informativa», en un «ambiente cordial», sobre los motivos del decreto que dictó por sorpresa el 1 de mayo el presidente Morales y desmintió «categóricamente» que Bolivia haya fijado ya una cifra sobre el valor de TDE, como aseguraron algunos medios.

«Desmentimos categóricamente que haya un monto», insistió Sosa, y explicó que si mencionó días atrás «un valor casi cercano a los 40 millones de dólares», hablaba de lo que pagó Unión Fenosa cuando se privatizó TDE, pero que ahora es necesario «actualizarlo».

Unión Fenosa compró TDE a mediados de 1997 por 39 millones de dólares y asumió además pasivos con el Estado por otros 70 millones, antes de pasar las acciones a REE.

Por su parte, Folgado dijo que la situación ha «evolucionado» de forma «muy satisfactoria» y, aunque «respeta» pero «no comparte» la decisión del Gobierno boliviano, «mentiría» si dijese que a REE le agrada «el cambio de modelo de gestión de la red de transporte del país desde un modelo privado a uno público» y agregó que en la reunión no hablaron «para nada» sobre cifras de la compensación posible y ratificaron que el camino es contratar a esa firma independiente.

Tras la reunión, se procederá a la «búsqueda y selección conjunta de una compañía independiente de reconocido prestigio internacional que realice una valoración de TDE», en un proceso basado en la «transparencia y objetividad».

Ninguno anunció algún tipo de avances en las negociaciones y se negaron a hablar del anuncio de Linera sobre una compensación «pequeña o diminuta», o que quizá «no hay que pagar nada», palabras que causaron preocupación en los medios españoles poco antes de empezar la cita de Folgado con Sosa.

De hecho, el vicepresidente dijo que se harán «los descuentos que correspondan» y que el Gobierno de Morales aguardará los resultados de la evaluación de TDE que hará una consultora de renombre e independiente, para «tomar decisiones» sobre la compensación por la expropiación decretada el 1 de mayo.

En entrevista posterior, Folgado aseguró que «de momento no hay arbitrajes», a menos que Bolivia no respete su compromiso de transparencia, diálogo y buena fe. «Hasta que no veamos de manera fehaciente que no se cumplen esos principios. Entonces habría un proceso obviamente de plantear (un arbitraje), pero ahora no está en nuestra agenda», agregó.

«Yo no voy a entrar en eso», dijo tajante cuando se le preguntó sobre la indemnización diminuta o nula anunciada por el vicepresidente.

Linera dijo también que el Gobierno de Morales «está atento» a un informe de 2010 de la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) «que dice que la empresa vale 5 millones» (de euros), lo cual Folgado calificó de «absurdo», alegando que esos son sus beneficios anuales.

Ese informe, publicado por medios españoles, señaló que el valor recuperable de TDE hace dos años era de solo 5,88 millones de euros (7,73 millones de dólares), un «dato interesante», según Linera.

Sosa reiteró que el siguiente paso será contratar a una empresa que evaluará los activos y pasivos de TDE, para negociar la compensación con esa base.

«Una vez hecho eso, la empresa nos irá a dar un precio con el cual tenemos que sentarnos a la mesa y recién ahí, en ese ambiente de cordialidad, llegar a una conciliación«, agregó.

En este sentido, Folgado apuntó que desea un acuerdo «lo más rápidamente posible», y con «transparencia» que termine dentro del plazo de 180 días hábiles fijado en el decreto de Morales, o «si puede ser antes, mucho mejor».

«Vamos a caminar juntos en un proceso que, entendemos, tiene que basarse, y así lo manifestó el ministro en la reunión, en la transparencia y objetividad. Y al final creemos que bajo estas premisas llegaremos a buen puerto», añadió el presidente de REE.

Agradeció a Sosa por la «rapidez» con que se acordó esta primera reunión y afirmó que ello «es una demostración clara, desde el principio, de este caminar conjunto para resolver este problema».

Añadió que REE está a disposición del equipo de la firma estatal boliviana Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), que desde hace una semana controla TDE, para lo que precise en lo técnico para garantizar el suministro eléctrico.

«TDE tiene unos niveles de calidad excelentes. La disponibilidad de la red tiene unos índices del 99,7 %. Puedo decir que es de lo más alto que hay a nivel internacional, y eso solo se produce si hay unas buenas inversiones de mantenimiento y unos buenos equipos para todo el tema de la seguridad del suministro», añadió.

Por otro lado, Linera dijo que se tendrán «los diálogos que sean necesarios» con la empresa y el Gobierno español para lograr un acuerdo, pero aclaró que la expropiación «es irrevisable».

«No vamos a retroceder en absoluto. Es un derecho constitucional que tenemos los bolivianos de tener un control del sistema estratégico energético del país«, señaló.

Asimismo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó que «confía» en que el Gobierno de Bolivia sea «serio y responsable» y «cumpla su palabra» de que pagaría una cantidad justa a REE por la expropiación de su filial y «pague lo que tiene que pagar».

Cospedal denunció que las palabras de Linera son «contrarias a las que hizo el Gobierno de Bolivia en un primer momento» y añadió que el Ejecutivo español «dará la respuesta que tenga que dar».

Aparte de la visita de Folgado, el próximo miércoles llegará a La Paz el secretario de Estado español de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, cuyo viaje fue programado antes de que Morales decretara por sorpresa la expropiación, argumentando «insuficientes» inversiones en TDE.

Gracia se reunirá con varios ministros, entre ellos el canciller, David Choquehuanca, y la titular de Planificación, Viviana Caro, y con otras autoridades bolivianas y empresarios españoles, informaron fuentes diplomáticas.

Precisamente, Choquehuanca justificó la expropiación de TDE, al señalar que la medida responde a un «mandato constitucional», con la que el país andino recobra también «la dignidad y la soberanía sobre los recursos naturales de Bolivia», y que viene recogida en el programa de Gobierno del presidente Evo Morales «está la recuperación de nuestras empresas estratégicas».

La visita de Gracia se programó hace semanas para repasar con el Gobierno boliviano la cooperación y las inversiones de España, aunque ahora es posible que la expropiación de TDE centre buena parte de las conversaciones, agregaron las fuentes.

El populista Morales, que vive momentos difíciles por una oleada de conflictos sociales y ha visto mermada su popularidad, expropió el Día del Trabajo las acciones de REE en TDE, el 99,94 % del paquete accionarial, argumentando una supuesta falta de inversiones y como «homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano, que luchó por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos».

Según las cuentas de TDE, su patrimonio neto en 2011 era de 164 millones de dólares, mientras que en 2010 eran 150 millones.

Según REE, entre 2002 y 2011 fueron invertidos más de 74 millones de dólares en Bolivia, de los cuales 69 millones de dólares se destinaron a la red de transporte local.

A esos 74 millones se deben añadir 14 millones de dólares destinados a proyectos iniciados con anterioridad, con lo que las inversiones totales superan los 88 millones de dólares, muy cerca de los 91 millones de dólares que supuso la operación de adquisición de la empresa boliviana, según Red Eléctrica Española, «lo que refleja el compromiso de la eléctrica por el desarrollo de ese país».

Algunos dirigentes de la oposición y expertos bolivianos afirmaron que fue una medida «política» ante la oleada de conflictos que afronta Morales en las últimas semanas, y que no resuelve el desequilibrio entre la oferta y la demanda de energía en Bolivia.

También aseguraron que las «nacionalizaciones» decretadas por el presidente boliviano, cerca de veinte desde que llegó al poder en 2006, ahuyentan las inversiones extranjeras.

En Bolivia siguen operando unas veinte empresas españolas, entre ellas Repsol, BBVA, Iberdrola, Abertis, Santillana y Maxam.

Esta medida boliviana se suma a la tomada por Argentina, que decidió el pasado 16 de abril expropiar las acciones de la española Repsol de la petrolera YPF.

Una vez aprobada la norma, Repsol denunciará a Argentina ante la Corte de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) de Washington, en la que evocará el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 1991 entre Argentina y España.

En este proceso, que podría activarse en un plazo de seis meses, la compañía presidida por Antonio Brufau debe remitir una carta al Gobierno argentino exponiendo sus reivindicaciones e informando de su intención de acudir al tribunal. Argentina, con 49 reclamaciones, es el país con más casos abiertos ante este tipo de instituciones internacionales.

El responsable jurídico de Repsol, Luis Suárez de Lezo, explicó poco después del anuncio de la expropiación que la compañía no solo reclamará un precio justo por las acciones expropiadas, sino que pedirá también indemnizaciones correspondientes a los daños causados.

Para Repsol, el justiprecio por su 57% de YPF asciende a 10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros), si bien el Gobierno argentino ha sugerido que no pagará esta cifra esgrimiendo argumentos relacionados con la deuda de la petrolera argentina, sus costes ambientales o el flujo de dividendos ya pagado.

Repsol cita los artículos 7 y 28 de los estatutos de YPF como base para sus reclamaciones. En el primero se ellos se indica que una adquisición de control implica la aprobación por parte de la junta de accionistas y el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), mientras que en el segundo se obliga al Estado a lanzar la oferta sobre todas las acciones de clase D para asumir este control.

Además de acudir al arbitraje internacional, la petrolera española pretende iniciar «todas las acciones legales a su alcance», lo que incluye los propios tribunales argentinos o estadounidenses. En paralelo, los accionistas minoritarios preparan acciones legales en Estados Unidos y no se descarta que otros inversores de YPF, entre ellos algún fondo internacional, puedan judicializar el caso.

Los accionistas minoritarios de YPF pueden denunciar el cambio de propiedad, en el que han pasado de ser inversores de una empresa privada a una empresa pública, así como las dificultades que esta nueva circunstancia genera a la cotización de las acciones en Nueva York.

También pueden evocar la obligación de OPA o los peligros que el nuevo entorno genera para la propia financiación de la compañía, ya que algunas cláusulas de financiamiento provocan la aceleración en los vencimientos con anticipaciones.

Al margen de la ley de expropiación, los servicios jurídicos de Repsol también deben responder al decreto de ocupación urgente de las instalaciones de YPF, que se aplicó inmediatamente después del anuncio de la expropiación y que sirvió para echar a los directivos españoles de la sede de la petrolera en Buenos Aires.

El propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, recordó que este decreto se promulgaba sobre una ley de la época del dictador Videla, mientras que Suárez de Lezo advirtió de que su aplicación suponía una toma de control automática de YPF.

Argentina dice Repsol «incumplió con provisión de gas» y niega sobreprecios

El ministro argentino de Planificación, Julio de Vido, aseguró este domingo que la española Repsol «incumplió con la provisión acordada de buques» con gas natural licuado y negó que el Gobierno haya pagado sobreprecios por el transporte de combustible.

De Vido salió así al cruce de la información publicada este domingo por el periódico bonaerense Clarín en la que indica que el Gobierno de Cristina Fernández debió contratar nuevas importaciones de gas por barco el mismo día en que anunció la expropiación del 51 por ciento de las acciones de la petrolera YPF a Repsol, medida aprobada el pasado jueves por el Parlamento.

Según el diario, por seis cargas de GNL que fueron adjudicadas, el Gobierno debió pagar casi un 26 por ciento más que el precio que había pactado con Repsol por diez cargamentos para este año.

«En lugar de decir con todas las letras que Repsol incumplió con la provisión de los buques acordados para perjudicar a Argentina, haciendo que deba pagar más de lo previsto, Clarín justifica esa actitud deliberada, atribuyéndola a la expropiación«, indicó el ministro en un comunicado.

«Ahora que logramos garantizar el abastecimiento de ese combustible, critican su mayor valor omitiendo que fue la decisión unilateral de Repsol la que nos llevó a pagar ese precio», manifestó el alto funcionario.

De Vido insistió además en «el vaciamiento al que fue sometida la petrolera», cuya «estrepitosa caída de la producción obligó a importar cantidades crecientes de combustibles que YPF podía producir en el país».

El ministro negó además que la empresa energética estatal Enarsa haya pagado sobreprecios por el transporte de combustible importado.

Clarín también indicó que Enarsa convalidó «varios pagos de sobrecostos portuarios» destinados al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) en la operación de barcos con gas natural licuado.

«Sin ninguna norma legal que lo habilite, el gremio ha venido trasladando a Enarsa el pago de las ‘excepciones reglamentarias’ que el SOMU debe entregar sin cargo a los buques gasíferos cuando no hay tripulación local capacitada para operar esas naves», señaló el periódico.

Sin embargo, el ministro argumentó que «en los casos en que no existen remolques o prácticos locales adecuados (en los puertos), se da un permiso especial a cambio de un aporte para fomentar la capacitación y la mano de obra argentina, permitiendo que en el futuro trabajadores nacionales puedan realizar esas tareas».

«No es ningún sobrecosto, sino que forma parte del costo de mano de obra habitual en cualquier operación marítima y siempre se paga«, precisó De Vido.

La polémica por los costos en el gas importado se desató tras la aprobación de la ley de expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF y de la empresa YPF Gas a la española Repsol.

El Boletín Oficial publicará este lunes la designación del ingeniero en petróleo Miguel Galuccio como gerente general de la compañía, que «saldrá adelante y ayudará al país en su desarrollo energético», confió el experto en declaraciones divulgadas este domingo por la web del Gobierno.

«YPF es una empresa muy importante para mí, que quiero mucho. Estoy seguro de que podremos tener una empresa moderna, competitiva, profesional, que a su vez tenga un sentido nacional y argentino muy fuerte que va a ayudar a Argentina en su desarrollo energético«, aseguró Galuccio, un experimentado especialista del sector.

En tanto, el titular de la Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV), Alejandro Vanoli, convocó para este lunes a una reunión de directorio del organismo para analizar distintos temas sobre la expropiación de la petrolera, como la definición del nuevo cuerpo directivo de la empresa.

Tras la expropiación, las acciones de YPF se repartirán entre Estado (26,03%), el Grupo Petersen de la familia Eskenazi (25,46%), las provincias petroleras (24,99%), Repsol (6,43%) y el 17 por ciento continuará cotizando en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.