Argentina aprueba expropiar YPF a Repsol por ley y retoma su control

La Cámara de Diputados convirtió en ley la expropiación por 207 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones, tras una convocatoria extraordinaria que comenzó el miércoles.

El proyecto de ley recibió el apoyo unánime del Frente para la Victoria (FPV), el partido gobernante, del Frente Amplio Progresista (FAP), y de la Unión Cívica Radical (UCR) y el apoyo parcial del Frente Peronista y la Coalición Cívica, ya que, aunque la mayoría de sus diputados ha votado a favor, algunos se abstuvieron y ausentaron.

El único rechazado unánime fue el de Propuesta Republicana (PRO). Paula Bertol, diputada de dicha formación, criticó que «se está haciendo uso y abuso de las emociones», pese a que «en el recinto de la Cámara de Diputados debería primar la razón».

La aprobación de la iniciativa gubernamental dio paso a una auténtica fiesta entre el oficialismo en el recinto del Congreso, abarrotado con invitados de organizaciones afines, mientras en las puertas del Parlamento cientos de militantes celebraron la decisión con cánticos peronistas y fuegos artificiales.

La ley expropia el 51% de las acciones de Repsol en YPF, las acciones del grupo español en YPF Gas y declara de interés público nacional y como «objetivo prioritario» el logro del auto-abastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, comercialización y transporte.

Las acciones expropiadas se repartirán entre el Estado, con un 51%, y las provincias que forman parte de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), con un 49%. Las provincias recibirán los títulos de forma proporcional a sus niveles de producción y de reservas comprobadas de hidrocarburos.

El texto prohíbe transferir las acciones expropiadas sin la autorización del Congreso –Cámara de Diputados y Senado–, con el apoyo de las dos terceras partes de sus miembros.

A pesar de ello, YPF seguirá operando como una sociedad anónima, sin que se le aplique la legislación sobre empresas públicas, por lo que se le permitirá acudir a fuentes de financiación internas y externas y a la concertación con empresas públicas, privadas o mixtas, tanto argentinas como extranjeras.

Además, establece como metas de la política de hidrocarburos del país la conversión de los recursos de hidrocarburos en reservas comprobadas, la explotación y restitución de dichas reservas, la integración del capital en alianzas estratégicas para explorar y explotar hidrocarburos y la maximización de las inversiones.

En un segundo plano sitúa la promoción de hidrocarburos con alto valor agregado, la incorporación de nuevas tecnologías, la creación de empleo, la protección de los intereses de los consumidores en relación al precio, la calidad y la disponibilidad de los derivados de los hidrocarburos y la obtención de saldos exportables.

También crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, formado por el Estado –a través de los ministerios de Economía y Finanzas, Planificación, Trabajo e Industria–, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El nuevo organismo garantizará el cumplimiento de la ley y elaborará el Plan Nacional Estratégico para la Soberanía Hidrocarburífera de Argentina.

YPF, nacionalizada en dos semanas

La votación se llevó a cabo tras dos jornadas de intensos debates en la Cámara de Diputados en las que intervinieron hasta 55 legisladores y puso fin al proceso iniciado el 16 de abril, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó la intervención de YPF y anunció el envío del proyecto de ley de expropiación al Congreso para su transformación en ley.

En poco más de dos semanas, el Gobierno logró acelerar la tramitación en el Senado, donde el pasado 26 de abril obtuvo una holgada victoria que confirmó que la propuesta sería ratificada en la Cámara Baja.

Para asegurarse el clima de triunfalismo, el gubernamental Frente para la Victoria abarrotó el recinto y congregó a cientos de personas en los alrededores con pancartas con las siglas de YPF, banderas argentinas e imágenes de Cristina Fernández y su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, para seguir el final de la sesión a través de pantallas gigantes.

En el interior, miembros de organizaciones de derechos humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, piqueteros, sindicatos y agrupaciones oficialistas, como La Cámpora, que aglutina a las juventudes kirchneristas, arroparon a los legisladores oficialistas, que sembraron sus escaños con banderitas con las siglas de YPF y portaron distintivos con el antiguo logo de la petrolera.

Mientras la sesión transcurría en el Congreso, la presidenta aprovechaba un acto en la provincia de Buenos Aires para apuntar que Argentina se enfrenta a «un gran desafío» y «tiene que estar alineada a los intereses del país».

«Me hubiera gustado que quienes tendrían que haber cumplido con el país lo hubieran hecho», agregó en alusión a Repsol.

Pese al abrumador respaldo a la propuesta gubernamental, el debate parlamentario permitió a la oposición advertir a Fernández que no tiene un cheque en blanco para el manejo de la principal empresa del país.

«A partir de hoy, en la Argentina, el petróleo deja de ser un commodity para Repsol y pasa a ser un insumo básico para el desarrollo económico del país», afirmó el portavoz del gubernamental Frente para el Victoria, Agustín Rossi.

«Todas las empresas petroleras que funcionen en Argentina, YPF y el resto, tendrán que cumplir con el objetivo de interés publico», agregó, en medio de cánticos y aplausos de los militantes oficialistas que abarrotaron el Congreso.

Ricardo Gil Lavedra, de la Unión Cívica Radical, aclaró que «la gravedad de la situación exige que optemos por la coincidencia para tener una petrolera de mayoría estatal (…) pero no convalidamos la ilegalidad, la negligencia ni la corrupción».

El diputado de la conservadora Propuesta Republicana (PRO) Jorge Triaca justificó su rechazo por considerar que «se ha asaltado una caja, se ha tomado el control para hacerse con los fondos que tenía Repsol».

Mientras el izquierdista Fernando Pino Solanas, que sufrió un atentado por oponerse a la privatización de la petrolera en los años 90, advertía de que se presenta para Argentina una gran oportunidad: «Hagámoslo bien, coloquemos a los mejores hombres al frente».

Solanas fue uno de los legisladores más críticos con el ministro de Planificación, Julio De Vido, que encabeza la intervención gubernamental en la petrolera.

De Vido y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, a quien fuentes del sector petrolero atribuyen la autoría del proyecto de expropiación de YPF, fueron denunciados en la Oficina Anticorrupción por diputados opositores que entienden que sus cargos son incompatibles con sus nuevas actividades en la empresa.

Desde su fundación, en 1922, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) ha sido estratégica para Argentina. En 1999, bajo el gobierno de Carlos Ménem (1989-1999), fue privatizada y vendida a Repsol que, en 2007, dio entrada con un paquete minoritario al grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, afín al entonces presidente Kirchner.

En el momento de su intervención, estaba participada por Repsol (57,43%), Petersen (25,46%), el Estado argentino (0,02%) y el restante 17,09% cotizaba en Buenos Aires y Nueva York.