«Éste es un proyecto que tiene muchos aspectos que están poco o insuficientemente pensados (…), el proyecto HidroAysen adolece de faltas importantes en su ejecución«, declaró a la prensa el ministro de Energía, Máximo Pacheco, al término de la reunión.
Las razones por las que el Gobierno desestimó este proyecto en la Patagonía chilena, que comenzó a planificarse hace siete años, fueron por «no tratar con el debido cuidado los aspectos relacionados con las personas que allí viven».
Tras recalcar que la decisión se tomó «por unanimidad, con tranquilidad y transparencia», el ministro Pacheco puntualizó que ello «en nada compromete» la política energética diseñada por el Ejecutivo.
El Comité de Ministros -integrado por los titulares de Energía, Medio Ambiente, Minería, Agricultura, Salud y Economía- invalidó los acuerdos adoptados el 30 de enero pasado por el gobierno de Sebastián Piñera (marzo 2010-marzo 2014) «por considerarlos ilegales». Dichos acuerdos solicitaban nuevos estudios sobre caudales y asentamiento humano para pronunciarse sobre el controvertido proyecto.
En consecuencia, el gobierno de Michelle Bachelet -quien durante su campaña electoral calificó HidroAysen de «inviable»- tomó en consideración los requerimientos de las comunidades que se oponían al megaproyecto.
La decisión puede recurrirse ante el Tercer Tribunal de Valdivia, en un plazo de treinta días, la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema. Al acoger los recursos de reclamación, el Comité de Ministros también dejó sin efecto la resolución de calificación ambiental.
Una de las razones por las cuales el Ejecutivo adoptó esta decisión son «la inexistencia de un plan de relocalización como medida de compensación para un impacto significativo declarado por el propio titular HidroAysén», detalló el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier.
«Tampoco existe -dijo- una cuantificación adecuada de los impactos ambientales por efecto del cambio de la hidrología de los cursos alterados en el ecosistema acuático».
«Y también hay una inconsistencia respecto a la línea base declarada por el titular en la fauna terrestre, lo que no permite configurar ni cuantificar impactos ambientales y por ende tampoco establecer medidas de mitigación, reparación y compensación», concluyó Badenier.
El proyecto de Hidroaysén había recibido 2.643 observaciones de parte de 32 organizaciones, la mayoría de ellas grupos ambientalistas, aunque también encontró el rechazo de parlamentarios de la coalición que hoy gobierna.
Las cinco centrales se iban a construir en el cauce de los ríos Pascua y Baker, con la inundación de 4.010 hectáreas en un área de la Patagonia chilena de gran valor ecológico, y tenían previsto producir una media anual de 18.430 gigavatios por hora.
Autoridades, parlamentarios y ecologistas, satisfechos
Por su parte, autoridades, parlamentarios y ecologistas se congratularon por la decisión del Gobierno chileno de rechazar el megaproyecto hidroeléctrico de HidroAysén.
«Hoy celebramos el triunfo de todas las personas y organizaciones que han luchado durante estos siete años contra el nefasto proyecto de HidroAysén«, indicaron los representantes del Consejo de Defensa de la Patagonia, una ONG creada para oponerse a esta iniciativa.
Los ambientalistas celebraron que el Gobierno de Michelle Bachelet «cumpliera su palabra» y rechazara la calificación de impacto ambiental de HidroAysén «que, tal como se ha confirmado, estaba plagada de irregularidades».
En este sentido, indicaron que la razón principal por la cual un consejo de seis ministros desestimó el proyecto que se iba a llevar a cabo en la austral región de Aysén era que «no trataba con el debido cuidado los aspectos relacionados con las personas que allí viven».
El director de Greenpeace Chile, Matías Asún, también se mostró satisfecho por la decisión del Ejecutivo e indicó que «éste es el triunfo ciudadano de miles de personas que salieron a las calles a manifestar su oposición al proyecto», especialmente en los últimos dos años.
«La voz de las personas se ha impuesto y ha logrado sepultar el megaproyecto. Es una satisfacción enorme haber sido parte de este enorme triunfo ciudadano, que pertenece a todos los que estuvimos trabajando para impedir esas represas en la Patagonia», expresó Asún.
Por su parte, el ministro portavoz, Álvaro Elizalde, valoró que «lo importante es que con esta resolución se vuelve al cauce institucional que nunca debió perderse». «Todos debemos respetar la legalidad vigente y la institucionalidad ambiental», enfatizó Elizalde.
Asimismo, la presidenta del Senado, Isabel Allende, subrayó que «es importante resguardar la institucionalidad y que todas las iniciativas estén formuladas de acuerdo a lo estipulado en las leyes ambientales».
Allende anunció su «apoyo absoluto» a la agenda energética que impulsa el Gobierno de Bachelet, la cual fue presentada el mes pasado.
En tanto, el senador independiente por la región de Aysén Antonio Horvath manifestó que la desaprobación de HidroAysén es una clara señal pública para que los proyectos se orienten favorablemente a las regiones y a los ciudadanos. «Esta determinación marca un precedente, pues ahora los proyectos hidroeléctricos deberán ser de pequeña y mediana envergadura», agregó.
Para la diputada comunista Camila Vallejo, exlíder del movimiento estudiantil, se trata de «un triunfo de los movimientos sociales que rechazaron consecutivamente que los anteriores gobiernos respaldaran el megaproyecto».
Aún así, el presidente de la ONG Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, advirtió de que hay que tener cuidado, pues aún está pendiente la recuperación de los derechos sobre el agua.
