El descubrimiento ocurrió durante la perforación del pozo informalmente conocido como Basilisco, según la empresa, que por estos días enfrenta las consecuencias de un gigantesco escándalo de corrupción.

El pozo está localizado a unos 143 kilómetros de la ciudad de Armação dos Búzios, en la costa del estado de Río de Janeiro y a una profundidad de agua de 2.214 metros.

Las acumulaciones son de petróleo pesado y se encuentran en dos diferentes niveles de reservorios.

El consorcio que explota el bloque donde se encuentra el pozo es formado por Petrobras (como operadora con el 65%) y la británica BP (35%) y de acuerdo con las informaciones «dará continuidad a las operaciones necesarias para evaluar la extensión de los descubrimientos, como también el potencial exploratorio».

Una nueva comisión para investigar la corrupción

Por su parte, la Cámara de Diputados de Brasil creó una nueva comisión para investigar a la petrolera estatal por un presunto caso de corrupción que, al igual que otras dos realizadas el año pasado, será dominada por la base oficialista.

La instalación de este grupo parlamentario con amplios poderes se dio a instancias de la oposición, que anunció que había recabado las firmas suficientes para solicitar la creación de la comisión.

Los partidos que apoyan a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tienen la prerrogativa para ocupar puestos claves en la comisión, el de presidente y el de relator, que ejerce un papel similar al de un juez instructor.

Todavía no se anunciaron los nombres de los diputados que ejercerán estas funciones, pero el Partido de los Trabajadores (PT), formación de Rousseff, dijo que reivindicará uno de los dos puestos.

La comisión tendrá un plazo inicial de 180 días para su investigación, que abordará las corruptelas supuestamente cometidas en la empresa estatal desde 2005 hasta la actualidad, y tendrá poderes para convocar testigos y suprimir el secreto bancario, fiscal y telefónico de cualquier imputado.

El año pasado la Cámara de los Diputados y el Senado realizaron sendas comisiones de investigación a Petrobras por las mismas corruptelas, pero ambas, también controladas por la bancada oficialista, concluyeron sin resultados importantes.

La última comisión recomendó el enjuiciamiento de 52 personas por delitos como participación en organización criminal, lavado de dinero y corrupción, aunque 23 de esos ya habían sido imputados por diversos delitos por la Justicia Federal.

El caso se refiere al aumento artificial del valor de decenas de obras de Petrobras con constructoras y proveedores de servicios para alimentar una red que supuestamente pagó sobornos millonarios a ejecutivos de la petrolera, políticos y partidos.

La Policía amplió las investigaciones y decretó la detención de 22 personas, entre ellos el tesorero del PT, João Vaccari Neto, fue llevado a declarar a la sede de la Policía Federal en Sao Paulo, aunque según la fiscalía, no fue imputado por ningún delito.

El fiscal Carlos Fernando Lima explicó que el tesorero fue llamado a declarar porque se sospecha que «solicitó donaciones legales e ilegales» a varias empresas socias de Petrobras, que son investigadas por las corruptelas.

La crisis en Petrobras obligó a Rousseff a aceptar la renuncia de la presidenta de la petrolera, María das Graças Foster, y de la mayoría de la dirección de la empresa, cuyos sustitutos serán designados este viernes.

Según las investigaciones, se sospecha que Alstom pagó un 15% como soborno por la ampliación, sin proceso de licitación, de un contrato suscrito en julio de 1990, y de acuerdo con el fiscal de Justicia del Patrimonio Público y Social de Sao Paulo, José Carlos Blat, se espera recuperar parte del dinero desviado. «Si no hay licitación, es un contrato que no podría ser celebrado. El contrato ya nace totalmente ilegal», señaló el fiscal Blat.

La Justicia brasileña determinó el bloqueo de bienes de ocho personas físicas y de tres empresas, entre ellas Alstom, por un valor de 282,2 millones de reales, unos 103,9 millones de dólares, que equivalen a una cuarta parte del valor total del contrato. El contrato fue suscrito entre Eletropaulo y Cegelec, controlada por el grupo Alstom, para la modernización del transporte de energía a través de la ampliación de las subestaciones, en lo que se denominó como Proyecto Gisel II.

Entre las personas físicas a las que les fueron bloqueados bienes está el consejero del Tribunal de Cuentas del Estado de Sao Paulo, Robson Marinho, quien está apartado temporalmente del cargo. «Robson Marinho no sólo fue quien facilitó, él fue quien permitió la ejecución del término anexado al contrato y a partir de eso Alstom y Cegelec consiguieron implementar y entrar en la ejecución del referido contrato», detalló el fiscal.

De acuerdo con el fiscal, el soborno fue pagado entre 1998, cuando se amplió el contrato, y 2012, a través de cuentas de consultoras abiertas en el exterior. «Se trata de una red de corrupción escandalosa. Esta medida de bloqueo representa la real gravedad de este caso», puntualizó el fiscal, quien recordó que en el proceso existe «una contundencia de las pruebas materiales obtenidas, no sólo en Suiza y Francia, sino en Sao Paulo también».

Alstom, por su parte, manifestó que la empresa francesa «ha implementado, en toda su organización, reglas estrictas de conformidad y ética que deben ser adheridas por todos los empleados». Precisamente el pasado diciembre, un juez brasileño ordenó el bloqueo por alrededor de 600 millones de reales, aproximadamente 226 millones de dólares entonces, de los bienes de seis empresas, entre las que también se encontraba Alstom junto a la alemana Siemens o la española Caf, con motivo de una investigación sobre supuestos fraudes en licitaciones de líneas de tren en Sao Paulo, según informaron medios brasileños.

«Esperamos un precio de gas de entre 250 y 300 dólares (por mil metros cúbicos) por parte de nuestros socios europeos, lo que es un poco menos que los 500 dólares que nos ofreció Rusia», dijo el jefe del Ejecutivo ucraniano, citado por agencias locales.

Agregó que «la principal tarea (…) es llenar al máximo los depósitos subterráneos ucranianos en verano por el precio más bajo».

«La caída del precio del petróleo nos ofrece la posibilidad de sacar provecho de la positiva coyuntura en el mercado y no pagar de más a Rusia», aseveró Yatseniuk.

El jefe del Ejecutivo señaló que el 67% del gas que importó Ucrania el año pasado provino de la Unión Europea, mientras que a Rusia sólo le correspondió un 33%.

«Ordeno seguir reduciendo paso a paso la cuota del gas ruso en el balance energético ucraniano», aseveró.

Según los últimos datos del consorcio gasístico Naftogaz, las importaciones del gas ruso cayeron en enero un 64% frente al mismo periodo del año pasado.

Kiev advirtió en varias ocasiones que Rusia ya perdió en los últimos meses parte del mercado ucraniano en favor de las compañías europeas, por lo que «el regreso a las antiguas condiciones (de precios) conducirá a una mayor reducción de la presencia de Gazprom en Ucrania».

Así reaccionó Nagtogaz a las advertencias del presidente de Gazprom, Alexéi Miller, de que a partir del 1 de abril Rusia eliminará todos los descuentos, por lo que Kiev tendrá que pagar en torno a los 500 dólares por cada mil metros cúbicos de gas.

Además, el Gobierno ruso exige a Ucrania el pago de 2.440 millones de dólares de deuda por el gas natural suministrado por Gazprom al país vecino en 2014.

A finales de 2014, Rusia, Ucrania y la Unión Europea se comprometieron a garantizar el suministro de gas ruso y su tránsito por Ucrania hasta marzo próximo, después de que Moscú recibiese «garantías» de que Kiev pagaría una parte sustancial de su deuda antes de finales de año y dispondría de fondos para las nuevas compras de gas.