El titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que las principales petroleras del mundo están recortando las inversiones entre un 10% y un 20%, por lo que estimó que el flujo de las inversiones en México rondarán los 25.000 millones de dólares. Apenas en agosto pasado, Loyoza había estimado esa cantidad en 35.000 millones de dólares, un nivel que ajustó por el desplome de los precios internacionales del crudo, que en el caso del barril de mezcla mexicana pasó de los 100 a los 50 dólares.

El coste de producción del barril en México es de 23 dólares, por lo que «sigue siendo altamente rentable invertir en nuestro país», afirmó Lozoya, que añadió que si no se hubiese aprobado la reforma energética, «Pemex estaría en una encrucijada complejísima». «Con costes baratos y una estabilidad política y jurídica buena» en comparación con otros países, en México hay «un interés muy importante» de invertir en «aguas someras, yacimientos terrestres e incluso en algunos de aguas profundas», destacó Lozoya. «No así en los campos de gas shale, cuya explotación es mucho más costosa», precisó.

Respecto a Pemex, señaló que el recorte de gastos de más de 4.000 millones de dólares supondrá el aplazamiento de varios proyectos de inversión que no habían arrancado, sobre todo de exploración en aguas profundas, «que son los de mayor riesgo». Otros proyectos se dilatarán porque «estamos desacelerando el ritmo de inversión«, tales como la reconfiguración de refinerías y modernización de plantas, afirmó el directivo.

Sobre la renegociación de las condiciones con los contratistas, el ejecutivo dijo que se trata de una «práctica internacional para reducir los costes de las petroleras», que se lleva a cabo «en estricto apego a la ley». A nivel global, los costes de las petroleras escalaron de una «forma dramática», precisó Lozoya, quien consideró esta es una buena oportunidad para alinear los intereses de los contratistas con los de Pemex a medio y largo plazo. El directivo también admitió que próximamente habrá recortes en la plantilla de la empresa pública, integrada por unos 180.000 trabajadores.

La compañía expuso que «en los últimos ocho meses, la industria petrolera mundial vino experimentando ajustes importantes en los precios de referencia del crudo».

Señaló que la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 86 dólares promedio por barril durante 2014, llegando a registrar niveles por encima de 100 dólares. «En la actualidad se ubica en alrededor de 49 dólares por barril, habiendo tocado un nivel mínimo de 37 dólares durante enero», apuntó.

Pemex indicó que en este contexto, y en vista de la meta de balance financiero a la que está sujeta por parte del Congreso, el Consejo de Administración aprobó el 13 de febrero el ajuste presupuestario de 62.000 millones de pesos, equivalente a 11,5% del presupuesto programable autorizado por el Legislativo para la empresa.

«Con ello, la empresa podrá operar con una situación financiera más equilibrada por lo que resta del año y fortalecer su posición financiera para continuar con los planes de crecimiento de mediano y largo plazo, sin necesidad de incurrir en mayor deuda que la considerada», aseguró.

Sin embargo, señaló que «si bien una de las premisas que se utilizó para construir el programa de ajuste al gasto fue mantener la capacidad de abastecer el mercado nacional de petrolíferos, el ajuste es de tal magnitud que se está difiriendo la ejecución de las principales obras en esta materia (es decir, las de abastecimiento del mercado nacional)«.

Entre ellas citó reconfiguraciones de refinerías y los proyectos de gasolinas y diésel limpios.

Asimismo, añadió, «el Consejo instruyó a la Administración a convocar a los contratistas para renegociar contratos», proceso que se efectuará «con estricto apego a la ley».

El Consejo pidió igualmente al director general, Emilio Lozoya, «implementar un esfuerzo importante en bajar el gasto corriente, incluyendo los relativos a recursos humanos y servicios personales, buscando reducir el impacto en los proyectos de inversión productiva de Pemex», puntualizó.

Sturgeon, que en noviembre sustituyó a Alex Salmond en el cargo, aseguró que queda en ese mar el equivalente a 24.000 millones de barriles de crudo y gas, buena parte de los cuales sólo podrá extraerse con nuevos pozos. «Es esencial que tengamos un régimen fiscal proporcionado y estable que incentive la inversión, la innovación y la exploración que se requieren», declaró la ministra principal.

Sturgeon quiere que el Gobierno central, encabezado por el primer ministro David Cameron, reduzca el impuesto básico que se aplica al sector e introduzca desgravaciones y descuentos por inversiones y proyectos de exploración. El sector petrolero británico, ubicado principalmente en Escocia, está preocupado por el impacto en sus beneficios de la caída del precio del petróleo, lo que a su vez afectará a la inversión.

«Necesitamos medidas urgentes del Gobierno británico para asegurar que maximizamos la producción futura y la recuperación económica», declaró Sturgeon. Se espera que el ministro británico de Economía, George Osborne, anuncie medidas de estímulo para el sector petrolero al presentar su presupuesto anual en abril, si bien su aplicación quedaría pendiente del resultado de las elecciones generales del 7 de mayo.

China, segundo mayor consumidor mundial de petróleo, permitirá a las refinerías independientes que tengan al menos una capacidad para procesar dos millones de toneladas anuales, unos 40.000 barriles diarios, pedir autorización al Ministerio de Comercio para importar, como máximo, el equivalente a su capacidad de refino. El crudo importado podrá ser refinado y usado para fines propios, pero no vendido, según dicta la nueva norma.

Las grandes petroleras estatales como PetroChina o Sinopec son responsables de gran parte de las importaciones de crudo de China, mientras que el resto corresponde a empresas de menor tamaño que normalmente operan asociadas a ellas. Esta regulación tiene también el objetivo de modernizar las técnicas empleadas en el sector, que en algunos casos son anticuadas y altamente contaminantes. En este sentido, la normativa especifica que sólo recibirán el permiso aquellas firmas que cumplan con los estándares técnicos, de consumo de energía y protección medioambiental.

«Todos sabemos que se intenta utilizar el petróleo como instrumento de presión en política. Por eso los países intentamos buscar una solución conjunta y una salida a esta situación», manifestó la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, al término de una reunión en la que el ministro de Energía ruso, Alexandr Novak, se reunió conjuntamente con los representantes venezolanos y ecuatorianos. «Durante el encuentro se abordó la cooperación en diferentes sectores energéticos. También se habló sobre la situación en torno a los precios del petróleo y los posibles medios para su estabilización», informó un portavoz ministerial ruso.

Según informaron fuentes diplomáticas, en la reunión participaron también el ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño; el ministro de Petróleo venezolano, Asdrubal Chávez, y el ministro de Recursos Naturales No Renovables de Ecuador, Pedro Merizalde. «Ha sido una reunión positiva. Seguiremos promoviendo la cooperación en el ámbito de la energía con Rusia y Venezuela», dijo por su parte Patiño.

Precisamente, la caída de los precios del crudo desde junio de 2014, cuando ascendía a 115 dólares el barril, supone un duro revés para las economías de Rusia y Venezuela. Rusia, que no es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pronostica un precio medio del barril para este año de entre 60 y 70 dólares, muy lejos de los 100 que desde Venezuela se considera aceptable.

Pese a que la recesión le obligó a renunciar a algunos proyectos, el Gobierno ruso no está interesado en reducir la extracción o exportación y, de hecho, la petrolera rusa Rosneft tiene intención de duplicar progresivamente los suministros a China. En su momento Alexandr Novak sugirió que Moscú no está a favor de la reducción de la producción al advertir que son «muchos los países que consideran que cualquier acción artificial para cambiar la situación en el mercado es imposible».

Venezuela y Ecuador consideran que Estados Unidos, que con la revolución del fracking se convertirá en el mayor productor mundial de hidrocarburos según las previsiones, está detrás de la brusca caída de los precios del petróleo. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, mantiene que el petróleo se está utilizando como «un arma económica para someter países, regiones y pueblos» y que Washington, al extraer petróleo mediante fracturación hidráulica, está creando un exceso de oferta para perjudicar a Irán, Rusia y Venezuela.

El presidente ruso, Vladímir Putin, insinúa también que existen fuerzas que han mezclado sus ambiciones geopolíticas con los intereses económicos, pero nunca ha llegado a hablar abiertamente de una conspiración. De hecho, Rusia niega que Arabia Saudí le presione para que retire su apoyo al régimen sirio de Bachar al Asad a cambio de que Riad disminuya la extracción de petróleo y suban los precios del crudo. Eso sí, recientemente los ministros de Energía ruso y saudí abordaron «asuntos relativos al petróleo, a la formación de su precio y a la coordinación entre miembros y no miembros de la OPEP».

A mediados de enero pasado, Nicolás Maduro abordó con Putin en Moscú la necesidad de estabilizar el mercado petrolero en el marco de un periplo internacional que le llevó a varios países del cartel exportador como Qatar, Arabia Saudí, Irán y Argelia. Durante su gira, Maduro intentó en vano convencer a esos países de la necesidad de recuperar los precios mediante una reducción de la producción después de que la OPEP decidiera dos meses antes mantener los actuales niveles de producción en torno a los 30 millones de barriles diarios.

En cuanto a Ecuador, en el pasado diciembre el vicecanciller, Leonardo Arízaga, presentó en Moscú un ambicioso programa de diversificación de las exportaciones a Rusia, que incluye la firma de un acuerdo comercial con la recién creada Unión Eurasiática. Arízaga aprovechó su visita para presentar al Gobierno ruso un abanico de proyectos estratégicos por valor de 28.000 millones de dólares en los sectores petrolero, minero, eléctrico, de telecomunicaciones y agua.