El plan de la Comisión Europea -que deberá recibir el visto bueno de los Veintisiete y del Parlamento Europeo para su entrada en vigor- establece objetivos de obligado cumplimiento para los países, de modo que se desarrolle un «nivel mínimo» de infraestructuras para estas fuentes de energía alternativas.

Uno de los protagonistas del plan es el coche eléctrico, para el que la Comisión Europea propone que se establezcan un número mínimo de puntos de recarga en cada Estado miembro, para fomentar la producción en gran escala de estos vehículos limpios y que bajen sus precios para dar confianza a los usuarios para comprarlos y que deberán cumplir con unos estándares comunes europeos sobre su diseño y uso.

En el caso de España,uno de los países líderes en el sector junto con Alemania, Francia, Holanda y Reino Unido, la Comisión Europea propone que se establezca un mínimo de 82.000 puntos de recarga de aquí a 2020, frente a los 1.356 que ya están operativos. El Gobierno español prevé que en esa fecha circulen por las carreteras españolas 2,5 millones de coches eléctricos.

Estas estaciones de recarga deberán estar equipadas con un mismo enchufe, el conocido como «tipo 2», el más usado y el que el Ejecutivo europeo estableció como el conector universal en la Unión Europea. En estos momentos hay fundamentalmente dos tipos de enchufe en Europa, lo que puede provocar que un coche que viaja de Francia a Alemania no pueda recargarse.

El «Paquete Energía para el Transporte» incluye unas recomendaciones para los Veintisiete para establecer una estrategia europea, una directiva legislativa sobre las infraestructuras y un plan de acción para fomentar el uso de gas natural licuado en el sector marítimo.

Además, éste incluye medidas para impulsar desde Bruselas otros sectores «limpios», como el hidrógeno y el gas natural licuado y comprimido.

Por lo que se refiere al hidrógeno, Alemania, Italia y Dinamarca ya cuentan con un número significativo de estaciones para repostar, aunque algunas de ellas no son accesibles al público. Bruselas propone normas comunes para las estaciones con el fin de garantizar la movilidad de estos vehículos y que see aplicarán a los 14 de los 27 Estados miembros que disponen actualmente de una red para hidrógeno.

Respecto al gas natural licuado, la Comisión Europea propuso que se instalen puntos de abastecimiento en los 139 puertos marítimos y tierra adentro que forman parte de la red de transporte prioritaria europea de cara a 2020 y 2025, respectivamente.

El gas natural licuado también se utiliza para camiones, pero en la Unión Europea solo hay 38 estaciones de reaprovisionamiento. Por eso, el Ejecutivo europeo planteó que se establezcan estaciones de servicio que sirvan gas natural licuado cada 400 km de las carreteras que forman parte de la red principal transeuropea, de modo que los camiones puedan también acceder a este combustible.

En cuanto al gas natural comprimido, que se utiliza principalmente para los coches, actualmente lo utilizan 1 millón de vehículos, el 0,5% de la flota, cifra que el sector desea multiplicar por diez de aquí a 2020. Bruselas exigirá implantar puntos suficientes para repostar accesibles al público, que cumplan normas comunes y que estén a una distancia máxima de 150 km entre sí para el año 2020.

El plan presentado no prevé la construcción de nuevas infraestructuras para los biocombustibles, pero sí tratarán de asegurar su sostenibilidad, según la Comisión Europea.

El Ejecutivo europeo recalcó que las inversiones, de aproximadamente 8.000 millones de euros, que serán necesarias para desarrollar estas infraestructuras podrán hacerse contando con el sector privado y no solo a costa de las arcas públicas, que podrá modificar la normativa local para fomentar la inversión, y recalcó que la cofinanciación europea está disponible a través de los fondos comunitarios para redes transeuropeas y los fondos regionales.

La Comisión Europea justificó la presentación de estas medidas para romper el «círculo vicioso» por el que el coche eléctrico no acaba de despegar y que se debe al alto precio de los vehículos, la escasa aceptación de los consumidores y la falta de estaciones para recargar y que impide un mayor desarrollo de los combustibles alternativos.

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Transporte, Siim Kallas, recalcó que el desarrollo de los combustibles limpios permitirá a la Unión Europea «reducir su dependencia excesiva del petróleo y desarrollar una industria del transporte capaz de responder a las demandas del siglo XXI a un coste asequible». La propuesta de estándares comunes además evita el «caos» de que cada fabricante y Estado miembro vaya por su lado, indicó.

Kallas señaló que China y EEUU planean poner seis millones de vehículos eléctricos en las carreteras de aquí a 2020, por lo que recalcó que Europa debe aprovechar esta oportunidad para establecerse con una «posición fuerte» en un mercado que crece a gran velocidad.

En su sentencia dictada en Luxemburgo, el Tribunal desestimó todas las alegaciones invocadas por Electrabel en su recurso contra la decisión de la Comisión Europea.

La Comisión impuso en junio de 2009 una multa de 20 millones de euros a Electrabel al considerar que había infringido la normativa comunitaria «durante un período significativo», ya que adquirió el control «de facto» de CNR cinco años antes (en 2003) de notificar la operación a las autoridades de competencia de la Comisión.

En diciembre de 2003, Electrabel, que había adquirido con anterioridad títulos de la CNR que representaban un 17,86% de su capital y un 16,88% de sus derechos de voto, adquirió la posesión de títulos que permitieron que su participación ascendiera a un 49,95% del capital y a un 47,92% de los derechos de voto de la CNR.

La corte rechazó la pretensión de Electrabel de que se anulara o se redujera el importe de la multa, para lo que la empresa alegaba que la Comisión «no podía calificar la infracción de grave».

En opinión de Electrabel, dicha institución «había infringido las normas» en materia de prescripción y violado los principios de proporcionalidad, de buena administración y de confianza legítima.

El Tribunal señaló además que Electrabel estaba en diciembre de 2003 «prácticamente segura de obtener el control» de CNR en futuras reuniones de la junta general de accionistas, por lo que procedió en ese momento a efectuar la concentración y, en consecuencia, incurrió en la infracción en cuestión al no notificar a la Comisión Europea previamente la operación.

Por último, el Tribunal concluyó que no hay razones que lleven a reducir el importe de la multa en virtud de sus facultades de competencia jurisdiccional plena, dado que «el importe del que se trata es adecuado a las circunstancias del caso de autos, atendidas la gravedad y la duración de la infracción declarada por la Comisión y los recursos globales de Electrabel».

Por estas razones, el Tribunal desestimó el recurso interpuesto por Electrabel contra la sanción comunitaria.

En una pregunta parlamentaria dirigida al Ejecutivo comunitario, los dos eurodiputados criticaron la medida por considerar que podría dar lugar a «disfuncionalidades, ineficiencias y conflictos de intereses en detrimento de la actividad regulatoria», según un comunicado de la delegación socialista en la Eurocámara.

«La acumulación de diferentes mandatos limita la independencia regulatoria y obstaculiza la cooperación estructurada en el seno de la Unión Europea, quebrando las condiciones fundamentales para el ejercicio adecuado de la actividad reguladora», dijeron los Badía y Sánchez Presedo.

También criticaron que la fusión de los reguladores perjudicará a los consumidores, por lo que reclamaron a Bruselas que tome «las medidas necesarias» para evitarla, si tras su examen constata que la propuesta del Gobierno «puede dar lugar a disfunciones, ineficiencias y conflictos de intereses, en detrimento de la actividad regulatoria».

España es el séptimo país de la Unión Europea donde la electricidad para los hogares es más cara (alrededor de 20 céntimos/kWh), y es el tercer Estado miembro donde más subió el precio de la electricidad entre 2010 y 2011 (casi el 15%), sólo superado por Letonia y Chipre, según un informe del Ejecutivo comunitario sobre el mercado energético europeo.

Los consumidores españoles, destacó el estudio, dan a su mercado eléctrico la tercera puntuación más baja de toda la Unión Europea, con baja confianza en los proveedores y alto nivel de quejas y ocurre lo mismo con el mercado del gas. «Esto está muy probablemente vinculado a las prácticas de venta agresivas (y a veces fraudulentas) denunciadas por las asociaciones de consumidores», señaló.

Para resolver los problemas detectados y completar la liberalización del sector, la Comisión recomendó en primer lugar acabar definitivamente con el déficit de tarifa. Los nuevos impuestos aprobados en septiembre «deben ir seguidos por más reformas del sector de la energía para mejorar la rentabilidad de la generación de electricidad y de las actividades de suministro y crear un marco legal estable y seguro para los inversores».

«La reforma del sector de la electricidad debería incluir la gradual eliminación del sistema de tarifas reguladas», reclamó Bruselas, «teniendo en cuenta la obligación de servicio universal y la protección de los clientes vulnerables».

Pese a que todos los consumidores españoles pueden elegir proveedor libremente, la mayoría (20,8 millones de 27,7 millones) todavía se acogen a la tarifa de último recurso a precios regulados. Endesa e Iberdrola cubren al 80% de estos clientes, según la Comisión.

Además de suprimir las tarifas reguladas, el Ejecutivo comunitario recomendó incentivar la generación descentralizada y adaptar el sistema de apoyo a las renovables «de forma predecible, con el fin de reflejar los decrecientes costes de producción». «El plan de inversiones en infraestructuras debe revisarse para reflejar las previsiones actualizadas de oferta y demanda con el fin de evitar la infrautilización de activos», afirmó el informe.

El informe de Bruselas denunció que «España tiene uno de los niveles de interconexión más bajos de la Unión Europea» en materia de electricidad. «Aunque la capacidad de interconexión ha aumentado significativamente a través de los Pirineos (del 3% al 6%), la capacidad de interconexión entre España y Francia es todavía escasa, limitando el comercio transfronterizo y poniendo en riesgo la seguridad de suministro», alertó. Por ello reclamó al Gobierno que dé prioridad al aumento de las interconexiones, no sólo con Francia sino también con Portugal.

Con respecto al gas, el Ejecutivo comunitario ve prioritario el desarrollo del corredor de gas África-España-Francia y el establecimiento de un hub de gas ibérico que funcione correctamente.

Finalmente, la Comisión se hizo eco del proyecto del Gobierno de fusionar los diferentes reguladores nacionales en una única autoridad y le pidió que, por lo que se refiere a la energía, respete las normas de la Unión Europea y garantice su plena independencia.

La OCU pide que se mantenga la TUR mientras no se corrijan los «graves desequilibrios» del mercado eléctrico

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consideró necesario, «más que nunca», que se mantenga la Tarifa regulada (TUR) mientras no se corrijan «los graves desequilibrios» del mercado eléctrico en España que señaló en su informe la Comisión Europea.

La OCU comparte en gran medida el diagnóstico de la Comisión Europea sobre nuestro mercado energético y más en concreto el de la electricidad, pero denunció que se apunta en una dirección equivocada al reclamar la desaparición de la TUR.

Para la OCU, el fin de la TUR no haría más que empeorar los problemas de los consumidores. La Comisión Europea señaló que España es uno de los países donde más alta es la factura eléctrica y al mismo tiempo donde más subió el coste de la electricidad.

«Es cierto. Pero hoy por hoy la TUR es lo único que impide que esos incrementos de precio, muy por encima de los de nuestro entorno europeo, sean aún mayores. Una vez eliminada la TUR -o reducida solo a un grupo limitado de consumidores (los llamados vulnerables)- no habrá freno alguno para impedir que las empresas impongan las subidas que consideren oportunas», advirtió.

La OCU sostuvo que en un mercado sin competencia, como es el de la electricidad en España, todos los consumidores son vulnerables frente al poder que tienen las tres compañías que «controlan» el mercado (Iberdrola, Endesa y Gas Natural-Fenosa). «Estas ya han reiterado su petición de subir la electricidad en un 30%. Si la TUR desaparece, nada impedirá que esa subida se aplique a todos los consumidores», alertó la organización.

Ante esta situación, la OCU pidió de forma reiterada que, antes de acometer una «falsa liberalización total» del mercado, se revise profundamente el sistema con el que se fijan los precios del sector, tanto en lo que afecta al precio de la energía como en lo que afecta a las tarifas de acceso.

La OCU también denunció el escaso nivel de satisfacción de los clientes en relación con la calidad de servicio, así como la existencia de prácticas de «venta agresiva y fraudulenta» de las eléctricas. Según la OCU, estas prácticas afectan en estos momentos sólo a los clientes que no tienen derecho a TUR o a los que acuden al mercado liberalizado por propia voluntad, por lo que consideró que la desaparición de la TUR facilitaría la extensión de esas prácticas a la mayoría del mercado.