Las empresas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Bizkaia Energía, Bahía de Bizkaia Electricidad y E.ON interpusieron recursos contra esa medida, al considerar que pueden beneficiarse de los derechos obtenidos gratuitamente dado que la directiva reconoce que, aunque se concedan gratis, tienen un valor económico y pueden ser comerciados y que, por tanto deben poder conservar las ganancias obtenidas a partir de estos derechos.

El Tribunal Supremo, que analizó el caso, preguntó a la corte europea si la tasa española, cuyo objetivo era reducir el déficit de tarifa, es compatible con las normas comunitarias, al reducir la retribución por la producción de electricidad en función del incremento de los beneficios conseguido por la obtención gratuita de derechos de emisión.

En sus conclusiones, la abogada general del TUE consideró que esa minoración no es contraria a la directiva en el sentido de que se trata de un gravamen sobre la producción de energía eléctrica, en el que la asignación de derechos de emisión es sólo un factor entre varios a efectos de su cálculo. No obstante, Kokott desestimó el argumento de las eléctricas y afirmó que los Estados pueden retirar los beneficios de uso de estos derechos.

Además, señaló que la ley española no obstaculiza el objetivo de crear un mecanismo de mercado de comercio de derechos de emisión y rechazó todos los argumentos presentados por las eléctricas en ese sentido.

En su análisis de los efectos de la tasa sobre los precios al consumo, concluyó que el gravamen no es contrario a la directiva al estar vinculado a un crédito que se prevé que en el futuro paguen los consumidores finales particulares (el «déficit tarifario»), algo que cree que es «demasiado incierto» para perturbar la señal de precios.

No obstante, la abogada afirmó que el sistema que impone la ley española para calcular la minoración sobre la retribución por la producción de energía eléctrica está diseñado de modo que «merma el estímulo para que se reduzcan las emisiones», lo que va en contra de los objetivos de la directiva. En su opinión, socava el objetivo de la Directiva de reducir las emisiones de CO2 y es «incompatible» con ella.

Sin embargo, precisó que «no se cuestiona por ello el gravamen en su totalidad», y sugirió que «basta con aplicar la norma de modo que una mejora de la eficiencia energética de una central no conduzca a un incremento de la minoración que se aplica a la retribución de la empresa productora de electricidad».

Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia final se dictará en un momento posterior y aunque la opinión de la abogada general no es vinculante, el Tribunal de Luxemburgo sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos.

España impuso en 2006 a las compañías eléctricas una tasa por el «sobreingreso» obtenido en el mercado por los derechos de emisión recibidos gratuitamente en el marco de la directiva de 2003 que creó el régimen europeo de derechos de emisión de gases.

En concreto, la medida española en cuestión dispuso que la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica se debía minorar por el importe equivalente al valor de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero asignados gratuitamente a los productores de energía eléctrica para el periodo 2005-2007.

«La Comisión puede confirmar que la industria de la Unión Europea solicitó que las importaciones de paneles solares y sus principales componentes, como módulos y células, de China sean registradas«, según señaló el portavoz comunitario de Comercio, John Clancy.

«Vamos a ser muy claros: el registro de importaciones de cierto producto en los procedimientos de defensa comercial no es nada fuera de lo ordinario», especificó.

El portavoz precisó que ese registro «simplemente permite a la industria afectada marcar una fecha de referencia para que exista la opción de aplicar medidas retroactivas si el caso se resuelve a su favor».

Clancy recordó que este tipo de registro es «automático» en las acciones de defensa comercial que llevan a cabo otros países, mientras que en Europa «tiene que ser solicitado por la industria».

Así, pidió «no interpretarlo como una sugerencia de nada, sino que es simplemente un procedimiento administrativo«.

El representante comunitario apuntó que la posibilidad de registro, «como todos los aspectos de las investigaciones en el ámbito de la defensa comercial» de la Unión Europea, es consultada con los Estados miembros.

En cualquier caso, afirmó que los detalles de tales consultas «tienen que permanecer en la confidencialidad por ley», y añadió que, si la Comisión decide imponer el registro de esas importaciones, la decisión debe ser publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El registro de importaciones permitiría la aplicación retroactiva de derechos «antidumping» por un máximo de 90 días antes de la posible imposición de «derechos provisionales».

En el caso de esta investigación, la fecha límite para adoptar la decisión de si se imponen medidas «antidumping» provisionales es el 6 de junio próximo.

También indicaron que la decisión sobre la retroactividad de los derechos sólo será decidido al término de la investigación, cuya etapa final está prevista para diciembre.

En septiembre, Bruselas abrió una investigación «antidumping» a las importaciones de placas solares procedentes de China al considerar que hay «evidencias» de que pueden estar causando «daños» a la industria europea.

Dos meses más tarde, la Comisión Europea decidió abrir en paralelo una investigación antisubsidios sobre esas mismas importaciones.

El observatorio, que comenzará a funcionar el próximo mes de marzo, velará por la transición de los Estados miembros de una economía basada en los combustibles fósiles a una bioeconomía sostenible, basada en la innovación y la investigación.

La iniciativa, además, contempla un proyecto de tres años de duración para medir el rendimiento a través de indicadores sobre economía, empleo e innovación, así como la productividad, el bienestar social y la calidad medioambiental.

En concreto, pretende optimizar los costes generados por los residuos alimentarios en la Unión Europea, que cuestan entre 55 y 90 euros por tonelada eliminada y producen 170 millones de toneladas de CO2, al tiempo que promueve la transformación de los mismos en bioenergía o en otros productos biológicos.

Por lo que respecta a la industria basada en la biomasa, la estrategia propuso dotarla de un marco regulador que garantice la disponibilidad de esos productos a precios competitivos, sin distorsionar el precio de los alimentos o sobrepasar la capacidad de los ecosistemas.

Por ejemplo, se intentarán combinar los objetivos de una agricultura sostenible con los de la seguridad alimentaria, así como el uso de energías renovables para fines industriales y la protección del medioambiente.

Bruselas recordó que los sectores de la bioeconomía en Europa ingresan al año unos 2 billones de euros y dan empleo a 22 millones de personas, y que más del 80% del territorio comunitario está cubierto por granjas o bosques.

La comisaria europea de Investigación e Innovación, Máire Geoghegan-Quinn, alabó la estrategia y destacó la importancia de llevar a cabo estas acciones para lograr un resultado beneficioso para el medio ambiente y la seguridad alimentaria y energética.

La comisaria también recalcó que el observatorio bioeconómico servirá para «mantener el pulso» de la competitividad europea de cara al futuro.

El Ejecutivo comunitario lleva a cabo esta acción en el marco del programa «Horizonte 2020« (la estrategia comunitaria para proyectos científicos entre 2014 y 2020), que contempla un presupuesto de 4.700 millones de euros para abordar el desafío de la seguridad alimentaría, la agricultura sostenible, la investigación marina y marítima y la bioeconomía.